Por César Baeza Hidalgo*
Sábado 13 de abril de
2013 La inmensa movilización estudiantil del pasado
jueves en Chile pone de manifiesto la maduración de las reclamaciones. Ya no
sólo se trata de exigir una educación pública y universal, sino que los
movimientos apuntan a un cambio de modelo, a una nueva forma de entender la
democracia. Aquí puedes encontrar algunas de las claves para entender lo que
acontece en Chile en este año electoral.
La
diferencia entre la cifra oficial de Carabineros (policía uniformada), que
habla de 80 mil personas marchando en Santiago de Chile, con la que marca la
organización -150 mil- no es nada extraña, lo habitual es que los primeros
minimizan y los segundos magnifican. En el país suman más de 200 mil personas
las que marcharon por Educación gratuita, digna y de calidad.
Pero
la principal diferencia no radica en las cifras, sino en la concepción que
persiste frente a un modelo educativo, que los primeros, en el lado de la valla
que representa al Estado y al Gobierno, defienden que debe auto sostenerse, y
los segundos, quienes insisten –para algunos de manera majadera- en exigir
mejoras en la calidad, en que sea gratuita, para todos y todas quienes aspiren
a educarse, y en todos los niveles (escolar, medio, técnico y universitario).
La
fiesta de la marcha, que comenzó el jueves pasado (11 de abril) a las 11:00 de
la mañana, copaba la tradicional Plaza Italia –ombligo simbólico de la ciudad-
desde las diez. Letreros de diversas facturas, mensajes de FIN AL LUCRO, una de
las principales consignas de los estudiantes desde 2011, cuando saltó a la
escena mediática el movimiento estudiantil, con Camila Vallejo y Giorgio
Jackson como sus principales voceros. Y otros mensajes exigiendo salud, o
renegando de la política tradicional, fueron llenando la Alameda a ritmo de
tambor, de cánticos y consignas.
¡Vamos
compañeros, hay que poner un poco más de empeño, salimos a la calle nuevamente.
/ La educación chilena no se vende!… ¡SE DEFIENDE! Se escuchaba de punta a rabo
de la marcha que copó la principal arteria de la ciudad.
La evolución
de las demandas desde 2011
En 2011, la primera gran
marcha fue considerada un éxito. La organización habló de entre 30 y 40 mil
personas, y las cifras oficiales daban a 10 mil o 20 mil. Y de la misma manera
en que ha crecido el número de manifestantes, también lo fue haciendo el apoyo
ciudadano, que el año pasado, en las encuestas, marcaba cerca del 89% de
respaldo a las demandas de los estudiantes.
Si se
considera que los políticos mejor evaluados bordean el 40%, se puede decir que
si en algo está de acuerdo la mayoría de chilenos y chilenas hoy, luego de dos
años de movilizaciones, es en que la educación es un derecho y que no se
debería hacer negocio con ella.
Esta
semana que termina marca un nuevo hito en la lucha por la Educación, puesto que
la semana anterior se votó en la Cámara de Diputados una acusación constitucional
en contra del ministro de Educación, Harald Beyer, que propone su destitución “por no hacer su trabajo”, dado que la
legislación ordena que las instituciones de educación superior deben ser “sin
fines de lucro”, y parece evidente que las que han hecho negocio con este
derecho proliferan en decenas, o cientos, de rincones del país.
Aunque
la capacidad de sorpresa se ha agotado, no parece tan difícil de comprender
cuando se sabe que tanto políticos de la derecha, como de la Concertación, o
tradicionales de izquierda, participan de las acciones o los directorios de las
universidades privadas, que pululan con sus ofertas desde diciembre, cuando se
hacen las postulaciones, hasta marzo, cuando comienzan las clases.
El
Ministro y su sector sostienen que es una vergüenza que se haga “politiquería barata” con el tema, y que
el Parlamento las emprenda en contra del único que ha sido capaz de fiscalizar
el tema en los 23 años que han pasado desde que la dictadura le entregó el
poder político a los civiles.
Los
reclamos educativos son también por cambiar el modelo
Es en ese escenario que
hoy, en Chile, desde el interior del movimiento estudiantil se cuestiona el
modelo de desarrollo, cada vez más, reconociendo el problema de la desigualdad
en un síntoma que toca bolsillos y aspiraciones, como es la Educación. La
enfermedad pasa a ser más profunda y ya no se trata solo de estudiar, sino de
remediar un sistema que todo lo deja en manos de las leyes del mercado.
“Lo que se ve es una articulación de los
distintos movimientos sociales, y por sobre todo, comprender que a pesar que
hemos llegado a marchar más de 300 mil personas en la calle y que contamos con
sobre el 80% de aprobación de la ciudadanía, no hemos logrado ningún cambio
estructural”, dice Diego Vela, presidente de la Federación de
Estudiantes de la Universidad Católica (FEUC), organización que pertenece a la
confederación de Estudiantes de Chile, convocante de la marcha del jueves
pasado.
Para
Vela, en este año, que es de elecciones presidenciales y parlamentarias, “se hace más relevante que la ciudadanía se
haga protagonista de los cambios que queremos construir y que no dejemos que se
entienda la democracia como ejercer el voto cada cuatro años sino, por sobre
todo, generar los cambios que nos hacen falta como país”.
El
representante estudiantil manifiesta que hasta ahora el logro ha sido que para
la gran mayoría en Chile no es indiferente que sigamos siendo el segundo país
más segregado del mundo en materia educacional, y ese grado de conciencia “es un activo permanente que vamos a tener
como país para que no se sigan vulnerando nuestros derechos”, sentencia.
Del
mismo modo, Eloísa González Domínguez, vocera de la Asamblea Coordinadora de
Estudiantes Secundarios (de los últimos años de colegio), asevera que los y las
estudiantes se han convertido en una vocería política, no solamente
estudiantil, puesto que “hemos tocado
otros temas que apuntan a una crítica al modelo en su conjunto. Hoy en día, el
rol fundamental del movimiento estudiantil es lograr articular, convocar, y
levantar propuestas y alternativas de construcción para el conjunto de la
población chilena”.
La
joven, de 17 años, quien saltó a la palestra con 15 años, manifiesta que las
comunidades deben tener incidencia en la manera en que se aplica el modelo de
educación y que a eso apuntan en lo específicamente formativo. Para ella y su
sector, eso debe trascender e incidir en el modelo que se aplica en materia de
trabajo, de salud y de otros derechos fundamentales.
Sumar
voluntades para curar la enfermedad
Desde 2011 a la fecha no
se han conseguido esos cambios, pero coinciden los/las representantes en que es
un objetivo logar entrelazarse con representantes de otros sectores, para que
las pugnas se articulen y lograr la incidencia política que se requiere.
En
cada convocatoria de marcha se han ido sumando nuevos actores sociales,
gremiales, y sectoriales. El Colegio de Profesores primero, luego
organizaciones multisindicales como la Central Unitaria de Trabajadores (CUT),
trabajadores de la salud, el movimiento por los derechos de las minorías
sexuales, organizaciones de derechos humanos, surgen nuevas organizaciones
estudiantiles, y mucha gente de a pie. Se siente la necesidad de agruparse y de
salir a la calle a manifestar el descontento.
El
presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECh),
Andrés Fielbaum, asegura que en los últimos años “se ha ido consolidando la unificación entre distintas luchas.
Entendemos que la Educación en ese camino juega un rol estratégico, porque
prefigura en gran medida la sociedad desigual, la sociedad injusta, la sociedad
segregada en la cual vivimos, y por eso sigue siendo el principal énfasis”
de las demandas.
Pero,
según opina el representante de la FECh, también comprenden que las injusticias
que se ven en el mundo educativo están en muchas otras partes. “La educación es causa y síntoma: por un
lado que el sistema educativo que tenemos consolida la segregación y la
desigualdad, pero el problema de fondo es que tenemos un Estado totalmente
ausente, los derechos están convertidos en un negocio, y que al final del día
este país marcha en función de los bolsillos de los empresarios y no de las
necesidades de la mayoría de su población”.
Diego
Vela agrega que “tenemos una enfermedad como
país, que fue impuesta en cierto momento, y uno ve que tenemos cánceres como el
lucro en la Educación, que hace que dependiendo de la cantidad de dinero que
tienes eso determina tu derecho a educarte, o de tener acceso a la salud. Y
vemos que finalmente que lo único que tenemos son aspirinas para terminar con
este moribundo y no una limpieza o cirugía mayor que nos permita comprender un
país, donde todos valemos lo mismo, donde todos tenemos las mismas
oportunidades para poder desarrollarnos”.
Vela
sostiene que se debe lograr “dar pasos
reales para avanzar hacia derechos sociales, para terminar con los negociados
que finalmente están convertidos en que nuestras necesidades son la oportunidad
de abuso para otras personas”.
El año
electoral y la distancia con la ciudadanía
Este año electoral, el
movimiento estudiantil marca distancia con el mundo de la política
tradicionalmente entendida -con candidatos/as y asistir a las urnas-, en sus
discursos de cierre de la marcha, enfatizaron en que no quieren que los
aspirantes al sillón de La Moneda (palacio presidencial), o al Congreso se
apropien de esta lucha que se ha realizado desde la bases, rechazando un guiño
que hizo en la semana la precandidata de la Concertación -ex presidenta
Michelle Bachelet-, a quien se le atribuye que no emprendió los cambios
necesarios cuando estuvo al frente del poder Ejecutivo.
El
movimiento estudiantil ha dejado en claro que no se prestarán para facilitar
campañas de uno u otro sector, y que la responsabilidad del descalabro en
materia de derechos y de no avanzar en un país más justo corresponde tanto a la
derecha política –que gobernó en dictadura y los últimos tres años-, como a la
Concertación –que gobernó los 20 años intermedios-.
El año
plantea el desafío de consolidarse como motor de cambio, como dice Eloísa
González, quien sostiene que ese cambio no se ha dado ni a través del voto ni
con la institucionalidad, sino que es “desde
el interior de los movimientos sociales desde donde se deben plantear las bases
para los cambios políticos reales” que requiere el país.
Enfrentamientos
con la Policía
El balance de las
autoridades políticas y policiales habla de 109 detenidos, de los cuales 24
serían menores de edad, y ocho carabineros (policía uniformada) heridos. El más
grave es el capitán Héctor Torres, de Fuerzas Especiales (antimotines) quien
recibió un ataque con ácido en sus piernas.
El
intendente metropolitano, Juan Antonio Peribonio, autoridad de quien dependen
los permisos para las marchas, indicó que se cuestiona seguir autorizando que
los manifestantes salgan a las calles, dado que el balance de destrozos a la
propiedad privada y pública es de un alto costo.
Por
otro lado, son al menos cuatro las denuncias de personas heridas con balines en
su rostro, disparados por la policía uniformada, dos de los cuales se
encuentran a riesgo de perder el ojo en el Hospital del Salvador. Las familias
estudiarían acciones legales en contra de la autoridad que autoriza el uso de
este tipo de armas, consideradas “disuasivas”,
por parte de Carabineros.
*César Baeza es
colaborador de Otramérica y coordinador de GPS (Grupo Periodismo y Sociedad)
Comentarios