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Rebelión, 24-05-2013
En México, desde hace tres décadas, desde
que los neoconservadores tomaron el poder político, el precio del dinero, es
decir, la tasa de interés, tiene un comportamiento anómalo: es muy grande la
diferencia entre lo que recibe el ahorrador o inversionista y lo que cobran los
bancos por prestar o conceder un crédito. Técnicamente, a esa diferencia se le
dice en inglés spread.
Histórica y universalmente, esa diferencia o spread
ha sido de unos cuantos puntos porcentuales al año, digamos dos o tres, si bien
algunas veces llega a la media docena. Por ejemplo: el banco paga al
depositante el seis por ciento, mientras le cobra al prestatario el 12. Ésta,
como se ve, ya es excesiva. Es el sueño dorado de cualquier comerciante: una
ganancia del ciento por ciento. Comprar naranjas a peso el kilo y venderlo a
dos pesos. O casi el ciento por ciento si consideramos los gastos de
administración, así como las otras fuentes de ingresos de los bancos:
comisiones, sobretasas, penalizaciones, y diversos servicios, siempre
carísimos.
Pero en México, desde la época citada, esa diferencia es
monstruosa: de hasta 40 puntos. Y a veces, como un caso que acabo de conocer
por la prensa especializada, esa diferencia alcanza el 83 por ciento anual.
Todo esto, desde luego, con la complicidad o, mejor dicho, la servidumbre
gubernamental.
Pero ahora, regalo maravilloso, el señor secretario de
Hacienda, Luis Videgaray, por órdenes de su jefe, el licenciado Enrique Peña
Nieto, promete y está trabajando una reforma financiera, anunciada, como se
dice popularmente, con bombo y platillos. ¿Se reducirá el spread?
¿Pasará éste a ser de, digamos, cuatro puntos, tasa estándar universal, en vez
de los actuales 40, 50, 60 o más?
No, no, nada de eso. No es hora de ingenuidades. El
licenciado Videgaray tiene claro que su primer deber es velar por la
prosperidad de los bancos y no por la creación y extensión de un crédito barato
a la producción y al consumo.
En lugar de estas tonterías propias de populistas, el secretario
de Hacienda propone eliminar las actuales trabas legales a la ejecución
judicial de las garantías de un crédito concedido: hipotecas, pagarés, letras
de cambio y cualquier otro instrumento que sirva para garantizar el pago de un
préstamo.
Videgaray, cual portavoz de los banqueros, dice que los
bancos no prestan más, a pesar del negociazo que tienen en las manos, porque a
veces prestan y luego no pueden cobrar. Esto se debe, afirman los banqueros y
su portavoz gubernamental, a que es difícil ejecutar las garantías, es decir,
embargar los bienes dejados en prenda.
No discuto, desde luego, la justeza de esta medida. Si una
persona pide prestado para comprar un automóvil, y deja como garantía el
vehículo adquirido, y más adelante no paga el crédito, pues es apenas lógico
que pierda su propiedad. Se trata de un riesgo calculado que casi todo el mundo
conoce.
Hasta ahí podría decirse: santo y bueno. Pero cuál es la razón de que el préstamo otorgado
deba cubrir una tasa anual de 50 por ciento, lo que implica un spread de
al menos 40 puntos porcentuales.
Por ello los críticos de Videgaray dicen con justa razón que
la propuesta de reforma financiera es, en verdad, una contrarreforma. Por un
lado no abarata el crédito, y por la otra sin duda inhibirá la demanda de
préstamos ante la expectativa de una más fácil y más expedita ejecución de las
garantías. Una contrarreforma que, por añadidura puede ser calificada de
usurera.
Muy pronto, si Peña Nieto y Videgaray logran que su
propuesta de reforma se convierta en ley, México se encontrará en el paraíso en
el que ahora viven, entre otros, griegos, gringos y españoles. Y franceses y
rusos. Y búlgaros, italianos, checos, ingleses, rumanos y portugueses.
Rebelión ha publicado
este artículo con el permiso del autor mediante una licencia
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