El 10 de
junio se cumplirán 15 años del operativo policíaco militar que pretendía
desmantelar los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas. Fuerzas federales,
estatales y municipales aplicaron una estrategia de la Guerra de Baja Intensidad,
ocupando militarmente algunos de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas,
con la finalidad de restar bases sociales de apoyo al EZLN, aislarlo y
finalmente aniquilarlo. Ese era su objetivo. Habían tomado ya las comunidades de Taniperla, Municipio
Rebelde Ricardo Flores Magón; Nicolás Ruiz, declarado Municipio en Rebeldía 17
de Noviembre; Amparo Agua Tinta, Municipio Zapatista Tierra y Libertad.
Estos operativos comenzaron en abril
de 1998, 4 meses después de la masacre de Acteal. La conmoción mundial causada
por esta masacre, obligó al gobierno a esperar unos meses para desatar esta
ofensiva, calculado que la tensión hubiera disminuido para continuar con su
plan contrainsurgente.
Hay que recordar cuando de perpetró
en crimen de estado en Acteal Emilio Chuayffet era el secretario de
gobernación (ahora está en la SEP). Las repercusiones de la masacre obligaron a Ernesto Zedillo a
sustituirlo por Francisco Labastida, quien para darle continuidad a la
estrategia contrainsurgente en Chiapas se hizo asesorar por un viejo conocedor
de la problemática sociopolítica en Chiapas: Adolfo Oribe.
Oribe había trabajado en la década anterior
en un proceso de organización de cooperativas productoras y comercializadoras
de café, del que surgió la Asociación Regional de Interés Colectivo (ARIC),
pero previo al levantamiento zapatista de 1994, numerosas bases de esta
organización la abandonaron para sumarse a las filas del EZLN. Al lograr ser
incluido como asesor en el equipo de Labastida en gobernación, encontró el
momento de cobrarle al EZLN la sustracción de “sus bases”.
Lo cierto es que las bases de ARIC
que se pasaron a filas zapatistas fue a consecuencia de que no veían ya ninguna
perspectiva en una lucha economicista que se perdía en los laberintos
burocráticos de Inmecafé y Conasupo-Coplamar. En cambio el proyecto emancipador
zapatista, aunque más arriesgado, era más convincente por honesto y porque ahí
sí contaba su palabra. El levantamiento armado no fue impuesto militarmente,
fue discutido, consensado y decidido en asambleas comunidad por comunidad.
Las comunidades de Unión Progreso,
Chavajebal y San Juan de la Libertad (El Bosque), como parte del proyecto
autonómico zapatista fueron uno de los blancos de la contrainsurgencia
gubernamental. Pero el cruento resultado de este operativo –la masacre en El
Bosque- obligó al gobierno a suspender el plan de desmantelamiento de los Municipios Autónomos Rebeldes Zapatistas. Se
pasó a otras modalidades: paramilitarización, asistencialismo, criminalización
de luchadores sociales. Claro ejemplo de esto último es el caso del profesor
Alberto Patishtán, originario de la comunidad de El Bosque, que dos años
después, en junio de 2000 es acusado falsamente de haber dirigido una emboscada
contra 7 policías en las inmediaciones de esta localidad. El 19 de junio
Patishtán cumple ya 13 años en prisión, sentenciado a 60 años por un crimen que
no cometió.
A continuación dos documentos
relativos a la Masacre en El Bosque:
Comunicado
de Representantes de las comunidades y Consejo Municipal
Autónomo de San Juan de la Libertad (antes El Bosque) y
Boletín de Prensa del CDH Fray
Bartolomé de las Casas
(La Voz del Anáhuac)
MASACRE
EN CHIAPAS
SAN JUAN DE LA
LIBERTAD (ANTES EL BOSQUE) CHIAPAS,
10 DE JUNIO DE 1998
A la opinión publica
A la prensa nacional e internacional
Al pueblo de México
A todos los organismos de derechos humanos
A la sociedad civil nacional e internacional
A la prensa nacional e internacional
Al pueblo de México
A todos los organismos de derechos humanos
A la sociedad civil nacional e internacional
Nosotros los representantes de las comunidades del Municipio de San Juan
de la Libertad, denunciamos ante la opinión pública, ante la Nación y ante el mundo
la ola de violencia y persecución en que vivimos en este momento en nuestro
municipio, ordenado por el gobierno de Roberto Albores Guillen y Ernesto
Zedillo Ponce de León; desde ayer y anoche, cientos de elementos de la
Seguridad Pública, soldados federales, judiciales y hasta los grupos paramilitares
han entrado en la cabecera municipal y en varias comunidades para atacar a las
bases de apoyo del EZLN y al Consejo Municipal Autónomo.
En la comunidad de
Unión Progreso desde anoche entraron mucha Seguridad Pública y soldados
federales y judiciales, en este momento tienen ocupado el pueblo y están
destruyendo viviendas, todas las pertenencias y están persiguiendo a sus
habitantes...
En la comunidad de
Chavajebal, mucha Seguridad Pública y soldados federales entraron disparando
sus armas y ahora hay varios muertos y heridos en las bases de apoyo
zapatistas.
En este momento se
están movilizando muchos soldados y Seguridad Pública por tierra y por aire,
para seguir entrando a las comunidades y capturar a las bases de apoyo del
EZLN. Se vive en este momento una situación de terror y persecución en nuestro
municipio, pero también en otros municipios de los Altos de Chiapas hay mucha
amenaza militar; lo que estamos viendo en este momento hace difícil evitar el
choque o algún enfrentamiento con los zapatistas.
Por todo esto,
solicitamos urgentemente la intervención de los organismos de derechos humanos
nacionales e internacionales y la presencia de la Cruz Roja Internacional a que
intervengan para detener esta guerra y persecución desatada y provocada por el
gobierno de Chiapas, Roberto Albores Guillén y el gobierno federal de Ernesto
Zedillo Ponce de León en contra de los pueblos indígenas de Chiapas que luchan
por sus derechos y por defender su dignidad como pueblo.
Le pedimos a los
medios de comunicación que acudan a estos lugares mencionados para atestiguar y
digan la verdad de los hechos.
ATENTAMENTE
Representantes de las comunidades y Consejo Municipal Autónomo de San Juan de la Libertad (antes El Bosque), Chiapas, México.
Representantes de las comunidades y Consejo Municipal Autónomo de San Juan de la Libertad (antes El Bosque), Chiapas, México.
Junio
de 1998, el entonces gobierno federal, y debido al conflicto por el
levantamiento armado del Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, llevó a
cabo una guerra de baja intensidad con la finalidad de restar bases al
movimiento y atemorizar a la población que se pusiera del lado de los
insurgentes.
Tales
acciones desembocaron en la matanza del municipio El Bosque, con un saldo de 8
civiles y 1 policía muertos, 53 detenidos (2 menores de edad), robo con
violencia y tortura.
CONTEXTO
El ataque al municipio zapatista San Juan de la Libertad, estuvo precedido por los ataques promovidos por Roberto Albores Guillén, entonces gobernador interino, a las comunidades de Taniperla, municipio rebelde Ricardo Flores Magón; Nicolás Ruiz, declarado en rebeldía aunque no eran zapatistas; Amparo Agua Tinta, municipio zapatista Tierra y Libertad.
El ataque al municipio zapatista San Juan de la Libertad, estuvo precedido por los ataques promovidos por Roberto Albores Guillén, entonces gobernador interino, a las comunidades de Taniperla, municipio rebelde Ricardo Flores Magón; Nicolás Ruiz, declarado en rebeldía aunque no eran zapatistas; Amparo Agua Tinta, municipio zapatista Tierra y Libertad.
Albores Guillén fue el
instrumento de las autoridades federales para implementar una fase de la Guerra
de Baja Intensidad, dirigida a golpear los municipios autónomos zapatistas y la
militancia en dicha organización; también fue juez y parte de las
investigaciones de violaciones a derechos humanos en el caso de la masacre de
El Bosque. A pesar de existir pruebas de abuso de autoridad en contra del
entonces gobernador interino Roberto Albores, hoy goza de total impunidad,
actualmente es un activo político que hasta se propuso como candidato por el
PRI para ser gobernador del estado.
El caso de El Bosque, es una
muestra de la impunidad que prevalece en Chiapas de cara a los eventos en el
contexto de una Guerra de Baja Intensidad de un conflicto armado no resuelto,
muestra de ello son los más de 70 campamentos militares existentes en
territorio indígena. La masacre del 10 de junio en El Bosque, es muestra de la
brutalidad de los cuerpos de seguridad del Estado contra los ciudadanos,
brutalidad que se repite, ayer en El Bosque, hoy en Atenco. La impunidad de la
que gozan las autoridades responsables de los hechos, no sólo atenta contra la
dignidad ciudadana, sino que es muestra de que la clase política goza de un
fuero "extra institucional".
LOS HECHOS
Campesinos asesinados en El
Bosque:
El
día 10 de junio se efectuó un operativo conjunto del Ejército Nacional Mexicano
(ENM), policía de Seguridad Pública (PSP), policía Judicial del Estado (PJE) y
policía Judicial Federal (PJF); con la presencia de varios agentes del
ministerio público, tres notarios y agentes del Centro de Información y
Seguridad Nacional, dependiente de la Secretaría de Gobernación. El operativo
según el notario Edgardo Robles Sasso tenía el objeto de "reinstalar en sus funciones al Ciudadano Presidente Municipal
Constitucional del lugar" y según el notario Fernando Reyes Cortes "cumplimentar órdenes de aprehensión en
contra de un grupo de delincuentes organizados que habían emboscado a un grupo
de indígenas no simpatizantes de los activistas. Habiendo herido a cuatro y
matado a uno".
El operativo se hizo
simultáneamente en cuatro comunidades indígenas tzotziles de dicho municipio.
En la comunidad de Álvaro Obregón elementos del ENM intentaron ingresar a la
comunidad pero un grupo de mujeres bloqueó el acceso, y después de algunas
horas de diálogo el ENM se retiró del lugar.
En la comunidad de Chavajebal
un convoy de 75 vehículos, inclusive tanquetas artilladas Hummer, intentó
ingresar en la comunidad, pero un grupo de mujeres bloqueó el acceso. Elementos
de la PSP lanzaron al grupo de mujeres gases lacrimógenos e hicieron disparos
al aire. Las mujeres huyeron y se refugiaron en las montañas aledañas. La
policía continuó los disparos y algunos hombres de la comunidad respondieron la
agresión con armas de fuego. El ENM hizo uso de sus vehículos artillados y de
al menos un helicóptero. En el tiroteo resultaron muertos tres civiles y un
policía. Asimismo resultaron 2 policías y un sargento del ENM heridos. Los
campesinos muertos son: Cristóbal Sánchez Sánchez (49), Maximino Gómez Sánchez
(22) y Antonio Gómez Gómez (50). El policía muerto es Rubén López Magnate. Los
policías heridos son Juan Manuel Cruz (herido en la pierna derecha) Ramiro López
Domínguez (pierna izquierda) y el sargento Antonio Casta López (pierna
derecha).
Los tres civiles muertos en el
poblado de Chavajebal presentan una gran cantidad de impactos por arma de fuego,
dos de ellos (cadáveres 7 y 8) presentan tiros por la espalda como consta en
las necropcias realizadas a los cuerpos y el tercero, (número 9) presenta un
disparo en la frente, además de otros 7 impactos de bala distribuidos por todo
el cuerpo.
En la comunidad de Unión
Progreso otro contingente con elementos de la PSP, PJE y ENM ingresó a pie. En
las inmediaciones de la comunidad fueron encontrados seis jóvenes campesinos,
presuntamente Bases de Apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), a quienes se les disparó por la espalda mientras huían. El joven
Sebastián Gómez Gómez (17) fue herido en un brazo mientras que Andrés Gómez
Gómez (29), Antonio Gómez Gómez (20) Adolfo Gómez Díaz (20), Bartolo López
Méndez (24) y Lorenzo López Méndez (18) resultaron muertos. Las mujeres de la
comunidad salieron huyendo y los hombres fueron detenidos. A los hombres se les
concentró en la cancha de Basquetbol, se les hizo acostarse en el suelo y un
campesino encapuchado, perteneciente a una comunidad vecina de Los Plátanos,
identificó a varios de los hombres acostados en el suelo. Elementos de la
Policía separaron a los identificados y los forzaron a ponerse paliacates
cubriéndose el rostro y a tomar un arma de la propia policía para fotografiarlos.
Los cadáveres fueron
trasladados en un camión de redilas hacia la capital del Estado.
La entrega de los cadáveres el
13 de junio a sus familiares en la comunidad de Unión Progreso causó gran
indignación dado que la Procuraduría General de Justicia del Estado los entregó
en pésimas condiciones de conservación, debido a la gran negligencia en su
tratamiento, presentando exposición amplia de vísceras y larvas en casi todo el
cuerpo. En el mejor de los casos se puede interpretar como negligencia. También
puede suponerse que es deliberado a fin de manifestar a la población el
desprecio que se les tiene.
Cabe señalar que se les
practicaron dos necropsias, una de oficio y la segunda a petición de la CNDH.
Existen controversias entre el comunicado de prensa No. 796/98 expedido por la
Coordinación de Comunicación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Chiapas y
las conclusiones que observó el Dr. José Ramón Fernández Cáceres, director del
Servicio Médico Forense del Distrito Federal, quien comentó que "el día 10 de junio del presente año
los cadáveres se encontraban sin signos de putrefacción a excepción del cadáver
número 6" y que dos días después (12 de junio) día en que se solicitó
la renecropsia, éstos presentaban ya "un
avanzado estado de putrefacción caracterizado por enfisemas y flíctenas
pútridas, red venosa póstuma, mancha verde y presencia de una multitud de
larvas postmortem". También establece que la acelerada putrefacción de
los cadáveres se debió a las condiciones climáticas y de humedad existentes,
además de un aumento de temperatura debido a que los cadáveres estuvieron por
tiempo prolongado en féretros de madera. Sin embargo, en el susodicho
comunicado de prensa, que emitió la PGJE se señala que "las necropsias fueron realizadas de acuerdo a las técnicas
usualmente aceptadas por la medicina forense y que ocho cuerpos fueron
depositados en la cámara de refrigeración del SEMEFO.
Por otra parte, en el
operativo fueron detenidos 53 campesinos. Algunos de ellos se les detuvo en
otros lugares que nada tenían que ver con los operativos, como en la carretera
que conduce a Bochil, en la plaza municipal o en otros caminos.
Se cuenta con el testimonio de
una víctima que fue detenido por elementos de la PSP en la carretera Bochil -
Simojovel que fue llevado a la plaza de El Bosque, ahí fue golpeado junto con
otros detenidos. A las seis de la mañana fue llevado a la comunidad de Los
Plátanos, pasando por el entronque de Puerto Caté, para que "los policías recibieran
instrucciones". En la comunidad de Los Plátanos fue tratado "muy bien por la policía" le
dieron de desayunar y a los detenidos los separaron en pequeños grupos. El
encargado de la policía que los custodiaba los amenazaba de rato en rato, con
el rifle en la mano, diciendo que "si
alguno de ellos caía, matarían a uno de los detenidos". Siendo las
11:00 hrs. fueron subidos a vehículos de la Policía y trasladados a la
comunidad de Chavajebal. Ahí el testigo se confundió entre la gente y pudo
escabullirse, no así los otros detenidos quienes fueron entregados a elementos
del ENM y trasladados a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, donde fueron acusados de
homicidio calificado, asociación delictuosa, entre otros.
Los 56 detenidos - dos de
ellos menores de edad - señalan que fueron maltratados por la policía y
muestran señales de tortura.
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