Tanto Carmen Aristegui como Fabrizio Mejía Madrid han sido objeto de amenazas y hostigamientos por su labor periodística Fotografía: Heriberto Paredes |
Por Jorge Luis Sierra
Knight International Jornalism Fellow, Centro Internacional para Periodistas
28 Junio 2013
Este
texto forma parte del informe anual ¿Por
qué tanto silencio? Daño reiterado a la Libertad de Expresión en México 2012, que
será publicado a finales del mes de junio. Es resultado del trabajo permanente
de monitoreo, registro y documentación con enfoque de derechos humanos, de las
agresiones a periodistas y medios de comunicación que Cencos realiza desde los
años 80.
Podrás
encontrar más información en los próximos días a través del hashtag #PorQueTantoSilencio y a
través de las cuentas @Cencos y de la Campaña Permanente de Protección a Periodistas
@Campperiodistas en Twitter y Facebook previo a la presentación del informe.
El reto más
grave de los periodistas en 2012 fue el simple ejercicio de su profesión en
entidades afectadas por el enfrentamiento entre grupos rivales de la
delincuencia organizada y de éstos contra las fuerzas federales, principalmente
el Ejército y la Armada de México.
Tratando de silenciar a los medios o convertirlos
en su caja de resonancia durante los enfrentamientos entre sí o con las fuerzas
federales, las bandas de la delincuencia organizada mantuvieron una presión
exacerbada contra periodistas que incluía la amenaza de muerte, el secuestro,
los golpes, la desaparición forzada y el asesinato. En algunos casos
documentados en este informe, los grupos delictivos también recurrieron al uso
de explosivos y granadas contra instalaciones de medios de comunicación.
Esa violencia contra periodistas fue más intensa en
los estados de Veracruz y Coahuila, lugares donde se ha extendido una serie de
enfrentamientos armados entre la Nueva Federación, una coalición de grupos
criminales que incluye al Cartel del Golfo, al Cartel Sinaloa, La Familia
Michoacana, además de otros de reciente creación como Jalisco Nueva Generación,
contra Los Zetas, un grupo que fue formado originalmente por ex soldados del
ejército mexicano.
En 2012 ocurrieron 8 asesinatos de periodistas, 6
de ellos del estado de Veracruz, y 4 casos de desaparición, 2 en Veracruz, uno
en San Luis Potosí y otro en Tamaulipas.
Esas agresiones extremas han contribuido a crear un
clima de angustia y zozobra permanente que ha llegado a provocar el abandono de
la profesión o el éxodo masivo de periodistas que abandonan sus empleos y se
desplazan a localidades de menor riesgo. Algunas organizaciones periodísticas
han preferido no publicar más información de violencia relacionada con la
delincuencia organizada, aunque eso no les ha protegido de las agresiones
provenientes de grupos criminales y funcionarios públicos corruptos.
Los grupos criminales han impuesto distintos
niveles de agresión a periodistas y medios que no siguen sus instrucciones al
pie de la letra. En el caso de Coahuila, los grupos criminales empezaron a
realizar secuestros al azar de empleados de los medios locales para presionar a
éstos a cubrir incidentes a su conveniencia y satisfacción. Esto puso en
evidencia que no sólo reporteros y editores estaban en riesgo, sino que también
personal administrativo y de producción. Las amenazas provenientes de la
delincuencia organizada se extendieron a todos los medios de comunicación de
ciudades como Torreón.
Los periodistas, particularmente los que cubren la
fuente policiaca, han tenido que aprender el modo y ejercicio particular de las
agresiones de cada organización delictiva hacia los medios de comunicación.
Periodistas de Tamaulipas, por ejemplo, reportan
que el Cartel del Golfo no permite la publicación del nombre de sus integrantes
que mueren asesinados o en enfrentamientos, ni tampoco el nombre de las
personas que sus miembros asesinan. Para este grupo lo importante es mantener
la noción pública de que en sus zonas de control hay paz relativa.
La colusión de este cartel con funcionarios
públicos se hace evidente cuando sus integrantes prohíben a los medios la
difusión de noticias sobre la corrupción de ciertos funcionarios. Según
reporteros de la zona, las prácticas de este grupo hacia los medios son siempre
agresivas, con amenazas, y sus miembros suelen citar y golpear a los reporteros
que no obedecieron las órdenes para cubrir eventos de su interés.
El contacto directo y amenazante entre grupos
criminales y periodistas se ha multiplicado en el país. Los grupos criminales
mantienen presión sistemática a periodistas locales a través de llamadas
telefónicas, mensajes de texto y mensajes electrónicos.
En algunos estados del país, los grupos delictivos
obligan a los periodistas a asistir a reuniones de control. Periodistas de
Tamaulipas reportan que, en otro ejemplo de esa tendencia, Los Zetas llamaron a
reuniones a periodistas de Nuevo Laredo que cubren la fuente policiaca para
convocarlos a la colaboración a cambio de prebendas. Aquellos colegas que rehúsan
colaborar con el grupo criminal se ven obligados a dejar la fuente policiaca,
cambiar de medio y en ocasiones, salir de la ciudad.
La intimidación a periodistas se ha vuelto una
práctica extendida a todo el país. Según testimonios de reporteros de Michoacán,
el grupo Los Caballeros Templarios, presentándose como un grupo de empresarios
del aguacate, convocaron a una reunión a reporteros, editores y productores de
los medios de comunicación del estado para informarles sobre sus planes de
inversión. En la reunión, los integrantes de esa organización criminal
amenazaron de muerte a todos los periodistas reunidos y les exigieron que no
perjudicaran la imagen de Michoacán y sólo publicaran notas aprobadas
previamente por el grupo criminal.
El secuestro intimidatorio de periodistas se ha
vuelto otra tendencia en el país, junto con el silencio de las víctimas y de
sus propios medios de comunicación. Ese parece ser el caso de los medios de
comunicación de Torreón, Coahuila, donde las amenazas de la delincuencia organizada
se han concretado en el secuestro de periodistas o de empleados que salen o
entran de las instalaciones de los medios. Los grupos criminales secuestran
periodistas con el fin de que sus medios publiquen noticias a modo del grupo de
interés. Los grupos rivales responden con el secuestro y golpes contra los
periodistas que firmaron las notas y publicaron la información conveniente al
grupo rival.
No todas las entidades con presencia de los
cárteles del narcotráfico presentan las mismas tendencias de agresión hacia
periodistas. Algunos estados como Nayarit, Baja California Norte y Jalisco no
han presentado los mismos niveles de agresión, aunque persiste ahí la práctica
de los grupos criminales de dejar mensajes o mantas con el objeto de que su
contenido sea divulgado en los medios de comunicación.
Las agresiones extremas ocurrieron en el contexto
de varios factores como: las elecciones federales, estatales y locales; el uso
predominante de la fuerza militar en la ofensiva gubernamental en contra de la
delincuencia organizada; el reacomodo de las organizaciones criminales en
algunas regiones del país y los niveles de impunidad en la investigación de los
crímenes contra periodistas; que contribuyeron a incrementar el nivel de riesgo
general y tuvieron como resultado un número muy elevado de ataques contra
periodistas en el país.
Análisis de las
estadísticas disponibles
Por lo general,
no existen en el país estadísticas completas sobre ataques contra periodistas
debido entre otras cosas a la dificultad de obtener información sobre esos
crímenes y al silencio de las víctimas de la agresión. A eso se agregan las
diferencias de criterios entre las organizaciones que se dedican a la
protección de periodistas para reconocer casos de agresión originados por
motivos profesionales.
Algunas organizaciones como el Centro Nacional de
Comunicación Social (Cencos), Reporteros sin Fronteras, el Comité de Protección
a Periodistas de Nueva York y la organización Article19, están trabajando de
manera permanente para registrar y documentar casos de agresión contra
periodistas.
Éstas son algunas aproximaciones al análisis de los
datos presentados por Cencos en el registro de casos ocurridos en 2012, el
último año del sexenio de Felipe Calderón, y uno de los peores que haya
registrado la historia reciente del periodismo en México:
Durante 2012, los reporteros que trabajan para
medios estatales y locales son los de mayor riesgo y sufren las agresiones más
graves. Todos los casos de agresión grave que resultaron en muerte,
desaparición o atentados contra periodistas ocurrieron en poblaciones del país
donde existe una presencia importante de la delincuencia organizada y donde
ocurren enfrentamientos frecuentes con las fuerzas federales. Ninguno de ellos
ocurrió en el Distrito Federal o en alguna de las grandes zonas metropolitanas.
Esa situación podría implicar que la mayoría de las agresiones graves
ocurrieron en poblaciones relativamente pequeñas con uno o dos medios locales
donde el periodista está muy reconocido o identificado. Las condiciones de
vulnerabilidad en estas poblaciones se agravan cuando los medios locales están
sujetos a la presión de funcionarios públicos o de grupos criminales.
Fotografía: Heriberto Paredes |
Veracruz fue la entidad
donde ocurrió el mayor número de agresiones graves a periodistas (seis de ocho
asesinatos y dos de cuatro desapariciones). Sin lugar a dudas, esas agresiones
tuvieron lugar en medio de una lucha armada entre grupos criminales que se
disputan el control de la ruta del tráfico de drogas por el Golfo de México,
así como de las ciudades donde existen facilidades relativas para las
industrias del secuestro, la extorsión y la trata de personas. Durante 2011 y
2012, la entidad estuvo afectada por manifestaciones de violencia inusitada que
incluyeron la matanza masiva de presuntos narcotraficantes a manos de grupos
delictivos de otras partes del país en una aparente disputa territorial con
organizaciones criminales antagónicas.
A esa situación podemos agregar dos factores más:
la aplicación de la fuerza naval y/o militar para controlar la situación de
violencia, así como la posible existencia de fuerzas criminales interesadas en
provocar desestabilización política a través de agresiones a periodistas. Esos
crímenes ocurrieron antes de las elecciones federales y estatales del 1° de
julio, lo que lleva a pensar en la posible existencia de elementos de política
local o federal en la decisión de asesinar a los periodistas.
Los periodistas de la Fuente policiaca
siguen siendo los que están en mayor riesgo y sufren los ataques más graves.
Según el recuento de Cencos, los periodistas de la fuente Policiaca
experimentaron el 42% del total de agresiones graves en 2012. Lo que se eleva a
67% si incluimos en la misma categoría a periodistas de la fuente de Seguridad.
Esa condición de vulnerabilidad expresa la encrucijada que viven muchos
periodistas del país que reciben órdenes, a menudo encontradas, para publicar
información de policía que beneficia a un grupo criminal y perjudica a otro.
Algunos reporteros de Torreón, Coahuila, por ejemplo, se quejan de que un
cártel les da instrucciones para guardar silencio sobre un incidente, mientras
que el grupo rival fuerza a los editores a publicar información sobre el mismo
incidente.
La agresión Física/Material fue la categoría
más numerosa en el registro de casos (poco más de 51% del total de 258
agresiones registradas en el país durante 2012), seguida por la Amenaza (15.9%)
y la Detención (12.8%). Es posible que en estos casos exista una cifra
negra de periodistas que no denuncian la agresión sufrida con tal de conservar
su seguridad. De acuerdo con la investigación de Cencos, los cinco municipios
con más agresiones físicas registradas son Ensenada, Baja California; Saltillo,
Coahuila; Morelia, Michoacán; Totolapan, Morelos; San Pablo Huixtepec y Oaxaca
de Juárez, en el estado de Oaxaca.
El mayor número de agresiones Físicas/Materiales
con armas de fuego o explosivos contra instalaciones y oficinas de medios de
comunicación ocurrió en Tamaulipas y Nuevo León, ambos estados donde ocurre una
confrontación aún no resuelta entre el Cartel del Golfo, Los Zetas y
células de otras organizaciones de narcotraficantes provenientes de otras
partes del país, y en donde el gobierno federal ha ocupado principalmente la
fuerza militar y naval en contra del narcotráfico y otras expresiones de la
delincuencia organizada.
En 2012, las instalaciones de Televisa Matamoros
y El Mañana de Nuevo Laredo sufrieron dos ataques cada uno. Las
instalaciones del Expreso de Matamoros y Hora Cero también fueron
víctimas de ataques semejantes. El Norte de Monterrey experimentó tres
agresiones y la distribuidora Dipsa sufrió un incendio provocado. Un
total de 37 medios de comunicación del país sufrieron ataques en 2012.
La Amenaza de daño a la integridad física o
psicológica fue el segundo tipo de agresión contra periodistas con 41 casos
registrados en el país. Aunque la mayor parte de las amenazas de daño ocurren
de manera verbal, los grupos criminales lanzaron una amenaza contra periodistas
a través de un mensaje abandonado cerca del cadáver de personas asesinadas.
También ocurrieron cuatro amenazas vía electrónica, dos por Twitter y otras dos
por correo electrónico. En el caso de Coahuila, Durango y Michoacán, las
amenazas son lanzadas contra el gremio periodístico en general con el objeto de
silenciarlo o forzar su anuencia para publicar datos que beneficien los
intereses del grupo criminal.
Los funcionarios públicos son los supuestos
responsables de la mayor parte de los 258 casos de agresión registrados. Es
posible que esa cifra esté determinada por el hecho de que los periodistas
estén más inclinados a reportar agresiones provenientes de funcionarios
públicos que a reportar agresiones cometidas por grupos de la delincuencia
organizada. Sin embargo, el hecho de que el 55.04% de las agresiones
registradas sean atribuidas a funcionarios públicos es una evidencia de la
necesidad de monitorear a las autoridades que muestran rechazo al escrutinio
público a través de los medios de comunicación y están inclinadas a reprimirlo.
Algunas aproximaciones generales
Los periodistas están
siendo sujetos de agresión principalmente en contextos locales donde podríamos
presumir que existe contubernio entre autoridades civiles y policiales con
organizaciones criminales, o bien existe negligencia y desinterés de las
autoridades para investigar los casos de agresión y propiciar su impunidad.
Los asesinatos de periodistas en Veracruz nos
permiten establecer la hipótesis de que grupos criminales y grupos políticos
han estado interesados en la muerte de periodistas como una forma de ejercer
presión ante la proximidad de las elecciones estatales y federales en la
entidad. Esto cambiaría por completo los parámetros futuros de cobertura
electoral en el país, pues los procesos políticos podrían estar contaminados de
una mezcla de intereses políticos, económicos y criminales que actúan con
relativa impunidad y constituyen un factor de riesgo para los periodistas.
Es necesario resaltar que los periodistas que
trabajan para medios del Distrito Federal no están exentos de riesgo. Aunque
ninguno ha experimentado un ataque grave como los ocurridos en otras entidades
del país, algunas experiencias recientes nos indican que esos periodistas
aumentan su nivel de riesgo cuando salen a los estados a cubrir incidentes sin
conocimiento del terreno, del contexto, y sin fuentes confiables que puedan
facilitar su labor. Por otra parte, en la ciudad de México y su zona metropolitana
está ocurriendo un proceso de control criminal por parte de grupos delictivos
que tienen su sede en otras entidades del país, pero mantienen operaciones
importantes en la capital. Esa condición es indudablemente una situación de
riesgo para periodistas que debe tomarse en su magnitud adecuada.
A pesar de que tienen la intención de recuperar
territorio controlado por la delincuencia organizada, las operaciones militares
han resultado irrelevantes para evitar o prevenir los atentados contra
periodistas. Esto es particularmente grave, porque a pesar de los esfuerzos
federales, los indicios de contaminación criminal en las filas policiales a
nivel municipal o estatal siguen constituyendo un factor de alto riesgo para el
gremio.
Los grupos responsables de ataques contra
periodistas están utilizando explosivos o secuestros aleatorios en operaciones
de intimidación y control de medios de comunicación. Este uso de explosivos,
aunque no ha resultado en la muerte o daño masivo de empleados de los medios
atacados, podría ser el preámbulo de ataques terroristas de una magnitud mucho
mayor, si no se define una política gubernamental diseñada específicamente para
prevenirlos a través de sus sistemas de inteligencia o la coordinación con los
medios de comunicación.
El predominio de agresiones hacia reporteros y
editores que trabajan para medios locales en poblaciones relativamente
pequeñas, donde está registrada una alta actividad de grupos criminales, hace
pensar en la necesidad de que autoridades federales, estatales, municipales
trabajen con una intensidad y niveles de cooperación no observados hasta el
momento para proteger a comunicadores, prevenir futuros ataques en su contra y
sancionar a los responsables.
Es importante también observar que un número
significativo de reporteros de la fuente política o de la fuente general sufrió
ataques en el ejercicio de su labor. Los asesinatos y ataques contra candidatos
en procesos electorales hacen visible que la política y el crimen pueden
coincidir en momentos determinados, lo que podría ser un elemento desfavorable
para la seguridad de los reporteros de dichas fuentes que no están capacitados
para cubrir crímenes y carecen de información del contexto de criminalidad.
Sigue siendo una prioridad la inversión de recursos
para capacitación de los periodistas que cubren la fuente policiaca y de
seguridad. En la medida en que las organizaciones criminales buscan de manera
activa y planificada controlar mediante el terror a los equipos de reporteros y
editores de esa fuente, las organizaciones periodísticas deben reforzar sus
esfuerzos de entrenamiento, cuidado y prevención hacia estos periodistas.
Dado que en 2012 hubieron varios casos registrados
de agresión contra reporteros ciudadanos que carecen del mínimo de
infraestructura empresarial o de redes de apoyo profesional a su labor, la
protección gubernamental debe extenderse a ellos.
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