por Anayeli García Martínez
Viernes, 26 de julio de 2013
Fuente: Cimac
México, DF. En unos meses el gobierno
mexicano deberá responder las severas acusaciones de un grupo de activistas que
demanda al Estado por permitir que a las mujeres se les viole sexualmente, se les desaparezca y se les
asesine.
El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) presentó en
febrero pasado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU un informe en el
que sustenta que en cuatro años (2009 a 2012) se agravó la violencia de género
en México.
Luz Estrada, coordinadora del OCNF, explicó a esta agencia que en el
documento se hace énfasis en el feminicidio, la violación sexual y las
desapariciones de jóvenes, tres temas que han sido soslayados por las
autoridades mexicanas.
La intención, acotó la activista, es que en el marco del próximo Examen
Periódico Universal (EPU) se exponga ante la comunidad internacional la
realidad que padecen miles de mujeres.
En octubre próximo, en Ginebra, Suiza, México deberá responder las acusaciones del OCNF, que en primer
término asegura que de enero de 2011 a junio de 2012 se registraron 3 mil 976
desapariciones de mujeres en 15
estados del país.
En opinión de Estrada, las desapariciones de mujeres también deben considerarse “desapariciones forzadas”, pese a que Naciones Unidas diga que para
que los casos se cataloguen con este término debe haber complicidad o
participación del Estado.
La explicación del OCNF es que aunque no se puede comprobar que las
autoridades estén involucradas en las desapariciones de mujeres, sí se puede afirmar que son omisas al no hacer nada para
protegerlas o localizarlas.
Los datos recopilados por la agrupación indican que el 54 por ciento de
las desapariciones se concentran en Chihuahua y el Estado de México, y que en 51 por ciento de los
casos las mujeres tenían entre
11 y 20 años de edad.
La activista mencionó que en México
hay herramientas que no funcionan para proteger la vida de las mexicanas, por
ejemplo la Alerta Amber, un sistema
de búsqueda inmediata que en caso de jóvenes de 18 años o más no se puede
activar.
Por otro lado, dijo, los protocolos de búsqueda no siempre resultan
eficientes porque no garantizan la vinculación entre autoridades como las
secretarías de Seguridad Pública y las procuradurías de Justicia estatales, en
caso de ser necesario.
Un elemento más es que en muchos casos el personal judicial que toma la
denuncia o reporte de desaparición de una mujer alega que la víctima en
realidad está ausente, como si ella se fuera por propia voluntad o se hubiera
perdido porque no sabe dónde está su casa.
Estrada apuntó que es necesario que los operadores de justicia
consideren que muchas de estas desapariciones de mujeres jóvenes –que no son ausencias o extravíos– pueden estar
ligadas a la trata de personas.
Deficiencias judiciales
Otro tema que para el OCNF
debe ser objeto de escrutinio internacional son los asesinatos de mujeres por razones de género, ola de
violencia que de 2007 a junio de 2012 dejó 4 mil 112 víctimas en 13 estados del
país.
Estrada explicó que una forma de evitar que se pierda la vida de más mujeres es la tipificación del
feminicidio. No obstante, criticó que en los estados donde el delito está
tipificado las autoridades no consignan los asesinatos de mujeres como feminicidio, sino como
homicidios, lo que resta importancia al tema y baja los registros de incidencia
de este crimen.
Otro problema, abundó la abogada, es que cada entidad tiene una
definición distinta del delito y en algunos casos es tan complicada que es muy
difícil acreditarlo.
Para Estrada el resultado de estas deficiencias es que cada día se tiene
noticia de una mujer asesinada a golpes, con armas punzocortantes o asfixiadas,
sin que haya investigaciones que den con los responsables de tales crímenes.
Con todo esto, la activista dijo que aún se puede sumar un tema más de
violencia de género: las violaciones sexuales. En este delito, consideró,
además de la falta de acceso a la justicia tampoco se garantiza la salud de las
víctimas.
El OCNF documenta que de enero de 2011 a junio de 2012 hubo 3 mil 834
violaciones sexuales atendidas en los servicios de salud de 16 estados. Lo
alarmante, detalla, es que ninguna institución reporta haber ofrecido el
servicio de interrupción legal del embarazo.
De acuerdo con información proporcionada por las secretarías de Salud,
los datos no existen o se desconoce, y sólo el Estado de México dijo haber avalado nueve
interrupciones del embarazo de 2011 a 2012.
Estrada indicó que estos problemas que enfrentan las mujeres deben ser ventilados a nivel
internacional, y por ello la relevancia de presentarlos ante el EPU a fin de
tener recomendaciones que presionen al Estado mexicano a proteger a las mujeres.
La defensora confió en que las recomendaciones sean similares a las que
emitió en julio de 2012 el Comité de la Convención
sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer
(CEDAW, por sus siglas en inglés), y que este año se haga un planteamiento
específico sobre la ineficacia de los mecanismos de protección para las mujeres.
En particular, precisó, respecto a la Alerta de Violencia de Género, un mecanismo que debería servir para
proteger a las mexicanas, pero que en la realidad no sirve y es necesario
reformarlo, aseguró.
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