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Colombia: El Gobierno impone el estado de excepción y asedia a 400 campesinos refugiados en el sindicato cañero

Rebelión, 26-08-2013

Comunicado desde el Valle del Cauca

Desde que inició el Paro Nacional Agrario y Popular el 19 de Agosto en el corregimiento de Chambimbal municipio de Buga, la Mesa de Interlocución Agropecuaria y Popular, MIA, Valle del Cauca, como en todo el territorio nacional, ha recibido un trato militar por parte del departamento de Policía del Valle del Cauca, del Ejército Nacional y por parte de las alcaldías de los municipios de San Pedro, Buga, Guacarí y Palmira.

Entre el 20 y 22 de Agosto, en San Pedro, Buga y Guacarí, tanto el Coronel del Departamento de Policía Valle del Cauca, Coronel Mariano Botero Coy, como el Mayor Wilson Gutiérrez, Comandante del Distrito de Buga, miembros de la SIJIN y del Batallón Palacé del Ejército Nacional, impidieron la movilidad de los campesinos, indígenas y afrocolombianos que convergen en la MIA, prohibiendo el ingreso del colectivo a los municipios mencionados, citando un supuesto decreto de la Presidencia de la República que niega el derecho a la movilización por las carreteras del país a quienes hacen parte del Paro Nacional Agrario y Popular y concede poderes administrativos extraordinarios al Ejército y a la Policía Nacional y los declara como únicos entes que determinan quién se moviliza y quién no, violando los derechos políticos y sociales contemplados en la Constitución Política de Colombia.

Entre la noche del 22 de agosto a la fecha, cerca de 400 campesinos se declararon en Asamblea Permanente en las instalaciones del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Caña de Azúcar, SINTRAICAÑAZUCOL, en Palmira, espacio que ha sido declarado como Refugio Humanitario, dado que a las afueras del sindicato se encuentran por lo menos 100 policías, y aproximadamente un pelotón del Batallón Agustín Codazzi.

En la mañana del 24 de agosto, se hizo presente el delegado de la Personería de Palmira Dr. Isaza, quien manifestó que por “orden de la alcaldía municipal de Palmira del Dr. Ritter López, no se permitiría ningún tipo de movilización o manifestación así esta fuere pacífica, dada la orden de la Presidencia de la República”.

Aproximadamente a las 9:30 de la mañana, tres grupos de campesinos e indígenas que en total no sumaban setenta personas, salieron a informar a la ciudadanía Palmirana sobre el Refugio Humanitario instalado en la sede de SINTRAICAÑAZUCOL, y la Asamblea Permanente declarada como herramienta para garantizar la vida, la integridad física y la dignidad humana de los campesinos, indígenas y afrocolombianos que hacen parte de la MIA, así como solicitar la solidaridad del pueblo para con el Refugio Humanitario.

Sin embargo, el Comandante del Distrito Especial de Palmira de la Policía Nacional, Teniente Coronel Víctor Reina, reiterando las palabras del delegado de la Personería, manifestó a una comisión de Derechos Humanos que “procedería conduciendo a los campesinos, indígenas y afrocolombianos que se encontraban repartiendo volantes, informando y solicitando solidaridad a la ciudadanía palmirana, dado que estas actividades requieren de un permiso especial de la alcaldía municipal firmada por el señor alcalde y por el Secretario de Gobierno de Palmira y que como éste no existía, él procedería a detener a quienes se encontraran realizando estas actividades”.

El constreñimiento por parte del Distrito de Policía Palmira, comandado por el Teniente Coronel Víctor Reina, ha llegado a tal punto que se requisa a todas las personas que pretenden ingresar al Refugio Humanitario a realizar cualquier acto de solidaridad. 

Desde las 7:00 PM del 24 de agosto de 2013, el Coronel Reina instruyó a los efectivos de policía que no permitiría el ingreso de ninguna persona al Refugio Humanitario, sin que existan argumentos certeros para ello. Lo que en verdad pretende el Coronel es impedir que las organizaciones, gremios y personas, conozcan de la situación de confinamiento y no se solidaricen con el Refugio Humanitario.

Reiteramos que estos actos de la alcaldía municipal de Palmira, en cabeza del Dr. Ritter López, de la Fuerza Pública y de la Personería municipal, no solo violan los derechos constitucionales de los colombianos, sino que demuestran una vez más el carácter fascista del Gobierno nacional, departamental y municipal, que trata al Refugio Humanitario instalado en la sede de SINTRAICAÑAZUCOL, como un campo de concentración en el que se encuentran retenidos forzosamente por lo menos 400 campesinos, indígenas y afrocolombianos. 

Desde la MIA Valle del Cauca, instamos a los entes nacionales encargados de velar por el respeto de los derechos de la población, a investigar al Teniente Coronel Víctor Reina y al delegado de la Personería Municipal de Palmira Dr. Isaza, por violar los derechos a libertad de movilización y protesta pacífica que tienen las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas; solicitamos además que la Procuraduría General de la República investigue el accionar de la Alcaldía Municipal de Palmira y determine la legalidad del procedimiento de negar la protesta pacífica, la libertad de información a la ciudadanía y de impedir el ingreso de personas que representan organizaciones sociales y sindicales que vienen prestando solidaridad al Refugio Humanitario, siendo esta una clara muestra de que al régimen lo único que le interesa es bloquear la comunicación, el interrelacionamiento, el derecho a la libre movilidad; procedimiento que a su vez confirma, nuevamente, el secuestro que padecen las comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas que se encuentran en el Refugio Humanitario para salvaguardar su vida de la posible arremetida de la Fuerza Pública.

Hacemos el llamado a los organismos internacionales que velen y exijan el cumplimiento de los tratados firmados por el Estado colombiano en materia de protección de los derechos sociales, políticos, económicos y culturales que están siendo violentados por el Gobierno municipal de Palmira y por el Comandante del Distrito Especial de Policía Teniente Coronel Víctor Reina.

Exhortamos a las organizaciones sociales, gremiales, campesinas, indígenas, afrocolombianas, a los viviendistas, a los defensores de Derechos Humanos, a los estudiantes, a los obreros y trabajadores y, en general a todos los sectores populares a rodear y solidarizarse con el Paro Nacional Agrario y Popular en el departamento del Valle del Cauca, exigiendo al Gobierno nacional, departamental y municipal, el cese definitivo del confinamiento al que han sido sometidos 400 campesinos, indígenas y afrocolombianos que se encuentran en el Refugio Humanitario de SINTRAICAÑAZUCOL y garantizando los derechos constitucionalmente adquiridos.

VIVA EL PARO NACIONAL AGRARIO

VIVA LA MESA DE INTERLOCUCIÓN AGRARIA Y POPULAR-MIA


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