por Sergio Ferrer
Domingo, 27 de octubre
de 2013
A un año del levantamiento
armado del pueblo de Olinalá en contra de un grupo de la delincuencia
organizada que estaba asolando a la comunidad con: secuestros, robos, cobro de
piso, narcomenudeo, corrupción de menores de 18 años; aún hay presencia del
Ejército y La Marina sin embargo, la Policía Comunitaria de Olinalá ha sido
reprimida, lo mismo por la autoridad municipal que por la Federal.
La gente recuerda que el 27 de octubre de 2012, día siguiente de que
fuera encontrado un joven taxista asesinado, al entierro del joven llegaron
habitantes a decir que había un presunto desaparecido, mucha gente se encabronó
y tomó su rifle, su machete -varios de éstos después se retractaron o se
alejaron del movimiento- ese día hubo un llamado de unidad de una mujer de
nombre Néstora Salgado García.
Pobladores comenzaron a organizarse, Néstora Salgado tomó el altavoz y a
bordo de una patrulla comenzó a pedirle al pueblo que se uniera para sacar a
las personas que estaban haciendo mal. Testigos de los hechos, que prefieren el
anonimato porque aún reciben amenazas, narraron que en el lugar en el cual se
resguardaban delincuentes encontraron a una menor drogada.
Los maleantes lograron irse, uno de ellos que fue retenido y entregado a
la Policía Municipal de Olinalá pero sería liberado minutos después lo que
enojó también a la población que ya de antes desconfiaba de la municipal e
incluso del Ministerio Público. Aquella vez el síndico procurador acudió para
llevarse pruebas pertenecientes a los delincuentes.
La delincuencia se reactivó al final del periodo de la presidente
municipal actual diputada, local Luisa Ayala Mondragón, pero se incrementó
considerablemente al entrar el alcalde priísta Eusebio González Rodríguez.
Habitantes recuerdan que paseaban, como ahora se oyen carros a gran
velocidad, camionetas con jóvenes armados que por las noches soltaban descargas
de arma de fuego, la situación era insostenible, pero el valor el requerido.
Casi una semana después de la instalación de retenes en cada una de las
entradas de esta localidad de La Montaña, el gobierno mandó representantes y
arribó La Marina y el Ejército.
El gobernador llegó el 15 de noviembre. Primero, en el Tecnológico alabó
en público el actuar de la Policía Comunitaria y dijo que se apoyaría la
instauración de dicho sistema de justicia comunitaria, se reunió acompañado del
senador Sofío Ramírez y otros funcionarios con el concejo social olinalteco, a
cuyos representantes les pareció positiva y llena de promesas la postura de
Ángel Aguirre Rivero.
Ese día también anunció una inversión de 95 millones de pesos para la
sustitución del Hospital de Olinalá, cuya construcción aún no se ha visto, la
aún inexistente obra tendrá espacio para 24 camas, quirófanos y varias áreas
más.
Sin embargo, a pesar de haberse hecho públicas las denuncias de llamadas
de extorsión, corrupción de menores de edad al presidente municipal y
representantes del gobierno, junto a la petición de un MP para que tomara
cuenta de la situación de peligro que corrían jovencitas, hubo oídos sordos y
se dejó al aire esta situación.
La convicción de la ciudadanía que se había organizado continuó
acercándose al proceso legal a través de la adhesión de voluntarias y
voluntarios a la Policía Ciudadana de Olinalá que se unió a la Coordinadora
Regional de Autoridades Comunitarias Policía Comunitaria (CRAC-PC) bajo el
respaldo de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Comenzaron a actuar a través de denuncias en casos de violencia,
abigeato, estupro, remitiendo a varios retenidos a la Casa de Justicia de
Ayutla de los Libres, incluso a tres jóvenes a petición por escrito de las
madres de familia.
Los familiares cambiarían la versión de su testimonio luego de que el
síndico procurador fuera retenido en Huamuxtitlán cuando intentaba llevarse una
vaca que era parte de las pruebas de un doble asesinato de hurtadores de
ganado, lo cual generó una primera acusación de secuestro en contra de Néstora
Salgado García que sería consignada con rapidez para que fuera detenida por El
Ejército y La Marina el 21 de agosto y trasladada a un penal de máxima
seguridad violándose varios de sus derechos humanos durante este proceso, en el
cual aún permanece aislada y prácticamente incomunicada.
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