Mayor ilegalización de los clientes, mayor explotación sexual. Por la dignificación del trabajo sexual
Jaime
Montejo/ Agencia de Noticias Independiente Noti-Calle
Publicado el lunes 11 de noviembre de 2013
La responsabilidad de
la trata de personas no recae sobre todos los clientes sexuales, sino sobre un
Estado nacional que provee de cuerpos–mercancía a la industria sexual con su
política económica.
“El
anonimato del cliente sexual, es un aliciente para los esclavistas.
De
eso no cabe la menor duda para nuestra organización.
¿Pero
y los demás clientes, intermediarios y proveedores
de
insumos de las otras modalidades de Trata de personas?
Seguramente
seguirán pasando inadvertidos, como hasta ahora
y
no como el cliente sexual, cuyo linchamiento mediático
incita
al odio hacia las trabajadoras sexuales.”
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa
Martínez”, A.C.
México, Distrito Federal. El castigo a los
consumidores de servicios sexuales no abolirá la trata de personas; refuerza el
control sobre las trabajadoras sexuales libres y aumenta las ganancias para los
explotadores.
Se debe castigar al cliente
que consume prostitución infantil y trabajo sexual forzado, haciendo una clara
distinción entre trata de personas con fines de explotación sexual y el trabajo
sexual adulto producto de la necesidad económica.
¿Se ha puesto a pensar que en
la construcción de la casa o departamento en el que usted vive, se pudo
utilizar mano de obra esclava de migrantes centroamericanos, víctimas de trata
laboral? Incluso, la madera utilizada en los andamios de la industria de la
construcción o en la industria de los
muebles puede proceder de Cherán, Michoacán,
digno pueblo azotado por el crimen organizado, que ha asesinado a 15 comuneros
y desaparecido a otros 13, y usted no lo sabe todavía.
¿Qué piensa de los alimentos
que usted y su familia consumen todos los días? ¿Sabe que el precio del aguacate
puede haber aumentado por la inseguridad y la extorsión que el crimen
organizado impone a los aguacateros?
¿Está usted segura de que las
frutas empacadas con el letrero “Made in
USA” fueron producidas por agricultores libres de trata de personas? ¿Y qué
piensa de los productos que compra a la cadena Wal-Mart? ¿Sabe que dicha
trasnacional vende armas en los Estados Unidos, las mismas que probablemente
llegan a manos del crimen organizado en México –el mismo que incluyó entre sus
negocios más rentables la trata de personas? Dichas armas han provocado
muchas de las más de 60 mil muertes ocurridas desde que el expresidente Felipe
Calderón le decretó la guerra a los cárteles del narcotráfico.
¿Qué decir de las condiciones
laborales de quienes se ganan la vida en dichas tiendas, que no permiten que
sus trabajadoras cuenten con un sindicato? El personal de Wal-Mart cubre horas
extras sin retribución adicional y firma su carta de renuncia al mismo tiempo
que su contrato. Ninguna autoridad hace nada al respecto, afirmó una
trabajadora sexual tapatía -cuya hija es sometida a condiciones de abuso
extremo en dichas tiendas-, indignada por el trato recibido y el falso rescate
que protagonizaron autoridades ministeriales del estado de Jalisco.
¿Sabe usted que las tiendas de
ropa Zara, donde mucha gente “pudiente”
o con aspiraciones de clase pequeño burguesa compra su ropa, fue denunciada en
Argentina por tener talleres de maquila donde se explota mano de obra esclava?
¿La cambiaría por otro proveedor con “responsabilidad
social”? Dicha empresa abastece a Inditex, propiedad de Amancio Ortega, el
tercer millonario más rico del mundo según la revista de negocios Forbes.
Ortega seguramente aporta recursos a algunas causas filantrópicas a nivel
global olvidando los excesos de Zara.
¿Se ha puesto a pensar que la
marca Nestlé, del cereal que usted y su familia comen todas las mañanas, fue
denunciada por utilizar trabajo infantil y otros abusos laborales? ¿Qué piensa
de los tenis Adidas que le compra a sus hijas? Más de la mitad de la mano de
obra de dicha empresa es de menores de dieciocho años.
Cuando va al cine con sus
hijos e hijas menores de 12 años, ¿procura no ver películas de Disney? ¿Sabe
que dicha empresa es abastecida por plantas de maquila que utilizan mano de
obra femenina menor de edad y que no hizo nada por mejorar la situación de
dichas niñas trabajadoras?
¿Qué hace cuando tiene antojo
de hamburguesas? Mucha gente compra estos productos en MacDonald’s sin saber
que en las maquiladoras vietnamitas se elaboran las figuras de las bolsas Happy
Meal, en condiciones insalubres y contratando a niños y niñas de 12 y 13
años.
¿Está usted seguro de que
cuando alguien de su familia utiliza un iPhone de la marca Apple no está siendo
cómplice de trata laboral? Se ha denunciado que menores de 13 años trabajan 16
horas al día en su fabricación.
¿Cuando usted tiene sed, toma
algún refresco de la marca Pepsico? ¿Sabe que las condiciones laborales en esta
empresa pueden considerarse como explotación laboral? Al menos eso denuncian
trabajadores mexicanos, sometidos a condiciones de abuso laboral y privación de
la libertad.
Cuando usted paga con tarjeta
de crédito, débito, cheque o transferencia electrónica de fondos de una cuenta
a otra, ¿está segura de que su banco de confianza no está vinculado con lavado
de dinero de procedencia ilícita –por ejemplo, de la trata de personas-, como
ocurrió con HSBC, acusado en México y en Argentina de lavar dinero para la
delincuencia organizada? ¿Recibe dinero de algún familiar que trabaja en los
Estados Unidos y le envía recursos económicos a través de Western Union? La
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó casos de
transferencias internacionales realizadas a través de esa empresa para pagar a
los delincuentes que extorsionan, secuestran, violan, explotan sexualmente y
asesinan migrantes. ¿Sabe que muchas y muchos de esos migrantes son víctimas de
trata y dicha empresa ha sido cómplice del delito?
¿Qué sabe usted de los hoteles
donde se hospeda cuando sale de negocios o de vacaciones con su familia?
¿Conoce la situación laboral del personal que allí trabaja? ¿Está usted segura
de que dichas empresas respetan los códigos éticos, donde mencionan que se
oponen a la trata de personas y la explotación laboral? ¿Sabía que la
trasnacional hotelera Sol Meliá, de origen español, fue acusada por la
violación de derechos laborales en Yakarta, Indonesia?
¿Está usted seguro de que la
cerveza con la que festeja a su equipo de fútbol favorito está libre de
responsabilidad en cuánto a beneficiarse económicamente de la prostitución?
¿Qué piensa de la gente que
cuenta con el apoyo de empleadas del hogar para ayudarle en sus quehaceres
domésticos? ¿Está segura de que dichas mujeres no son esclavas? Y cuando llegan
a los domicilios donde trabajan acompañadas de menores de 18 años, ¿se puede
garantizar que no hay trata de personas en su modalidad laboral, o incluso
acompañada de abusos sexuales infantiles?
Y los choferes que transportan
a sus vecinas al trabajo, a la escuela o al cine, ¿son víctimas de trata de
personas y explotación laboral? ¿Cómo saberlo cuando no hay contratos laborales
escritos?
Y el repartidor de pizzas de
tu marca favorita, ¿no trabaja bajo condiciones de esclavitud o explotación
laboral, sin que usted siquiera lo imagine? A lo mejor esto no importa a muchos
compradores de este producto. Y los chicles y caramelos que peatones y
automovilistas compran en los cruceros a niñas, muchas veces menores de
12 años, ¿benefician a algunos explotadores? Seguramente en este caso se
criminalizará a sus progenitores, castigando la extrema pobreza de innumerables
familias de origen indígena.
Las empresas mencionadas y
muchas otras pueden publicar anuncios en los diarios para solicitar personal.
Incluso lo puede hacer Telmex, una de las empresas propiedad de Carlos Slim –el
segundo hombre más rico del mundo-, que cuenta con un ejército de
desempleados que venden a destajo sus tarjetas telefónicas en los cruceros de
todas las grandes ciudades mexicanas, sin ninguna seguridad social. Sin
embargo, la prohibición de los anuncios sexuales se vende como una de las
grandes panaceas de la lucha contra la trata de personas. Afecta a miles de
trabajadoras y trabajadores sexuales que ya no podrán hacerlo por su cuenta, si
no con la “protección” de funcionarios públicos coludidos con el crimen
organizado.
El Centro de Estudios e
Investigación en Desarrollo y Asistencia Social, A.C. (CEIDAS) señala que para
disminuir la demanda de comercio sexual, se debe disminuir la oferta; una forma
de hacerlo es prohibir los anuncios sexuales por ser proclives a la trata de
personas. ¿A poco los anuncios de las demás sectores económicos están lejanos
de promover la trata de personas, en su modalidad de trabajo o servicios
forzados, esclavitud, prácticas análogas a la esclavitud, servidumbre,
mendicidad, extracción de órganos o trata militar al servicio de carteles del
narcotráfico, paramilitares o grupos rebeldes?
Para casi todas las industrias
prevalece la libertad de expresión; para quienes desean anunciar la venta de
servicios sexuales, no la hay. La carga moralista es innegable. Al respecto, la
Red Mexicana de Trabajo Sexual es clara: algunos medios impresos, virtuales y
hasta televisivos, así como anunciantes que concentran las inserciones, se
benefician de la explotación de la prostitución ajena. Pero, ¿qué pasará con
quienes desean mantener su autonomía con respecto a tratantes y explotadores?
¿Tendrán que dejar de pagar sus anuncios y trabajar en el sexo en
condiciones de mayor abuso y extorsión por parte del crimen organizado y las
autoridades? Así es, y uno de los costos de esta medida “humanitaria” es que la prostitución se hará más clandestina y en
condiciones de mayor riesgo para quienes ejercen el trabajo sexual.
Organizaciones como la
Coalición Regional Contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el
Caribe consideran que los programas de salud sexual y promoción del uso del
condón coadyuvan directamente con este delito, sin importar que la pandemia del
Sida afecte a más mujeres trabajadoras sexuales. Al respecto, las dos últimas
administraciones del Centro Nacional para la Prevención y el Control del
VIH/Sida e ITS (CENSIDA) guardaron silencio.
En pleno siglo XXI, cualquier
persona puede ser cómplice directa o indirectamente de la trata de personas, a
menos que se trate de hippies o integrantes de una okupa aislada del
mundo, que produce todo lo que requiera para vivir y no utiliza materia prima
de ninguna procedencia que no sea su isla urbana de libertad. Estamos hablando
de complicidad con la trata de personas en cualquiera de sus modalidades, o al
menos de beneficiar a quienes en alguna parte de la cadena productiva de
cualquier artículo de consumo, bien, servicio o propiedad, sacan provecho
económico de la nueva esclavitud humana.
Pese a ello, grandes esfuerzos
legislativos y acuerdos civiles de incidencia política se concentran en
implementar leyes y preceptos penales que sólo buscan castigar al cliente
sexual y prohibir los anuncios sexuales, como respuesta global ante la trata de
personas (fundamentada en la moral y las buenas costumbres de algún sector
social “mocho” por vocación, con
independencia de partido político). Cualquier respuesta que pretenda resolver
los retos planteados por la trata puede resultar insostenible al no responder a
contextos y situaciones sociales específicas como las que plantea la realidad
mexicana.
La pregunta en este momento en
el que se globaliza la trata de personas y en muchos casos se pierde el rastro
de la esclavitud infantil y adulta, cuando no se trata de explotación sexual,
es qué hacer ante esta situación que sobrepasa a la sociedad civil, pueblos
originarios, iniciativa privada y gobiernos. Algunas activistas inspiradas en
el evangelio y otras en un feminismo decimonónico se centran en la abolición de
la prostitución, la penalización de los clientes sexuales y la prohibición de
los anuncios sexuales. ¿Y qué hacer contra los clientes de trata de personas en
las demás modalidades? Al respecto hay un silencio hipócrita que se uniforma en
la industria del rescate de las víctimas de trata, impulsado por lo que en ese
momento sea lo políticamente correcto en el mundo de las organizaciones no
gubernamentales y sus financiadoras, impulsadas por el gran capital financiero
y gobiernos como el de Estados Unidos y Suecia. ¿Sólo boicots comerciales a las
empresas esclavistas, a sus socios y funcionarios públicos que les
protegen? ¿Cuántas personas están dispuestas a responder a dichos “embargos
ciudadanos”? ¿A cuántos consumidores les interesa afectar a las empresas esclavistas
que resuelven asuntos claves de sus estilos de vida? ¿Bastará con educar al
consumidor para que se dejen de producir dichos artículos o servicios? ¿Será
suficiente con denuncias públicas y juicios que no afectan la integridad de las
riquezas obtenidas con la explotación infantil y adulta? A nosotras nos parece
que estas son medidas necesarias, pero no suficientes, e incluso inútiles en
algunos contextos sociales.
Algunas activistas sociales
critican con toda razón que en algunos foros se hable de desalentar el consumo
de sexo comercial infantil y prostitución adulta forzada. Se debe castigar al
cliente que consume prostitución infantil, adolescente y trabajo sexual
forzado, haciendo una clara distinción entre trata de personas con fines de
explotación sexual y trabajo sexual adulto producto de la necesidad de muchas
personas que recurren a él para sobrevivir en una sociedad donde cada día es
más difícil mantener a una familia en la economía formal. Coincidimos en esto
con la maestra Marta Lamas. ¿Qué protocolos se utilizarán para distinguir entre
trabajadoras sexuales libres y mujeres que son objeto de trata sexual? ¿Y los
demás clientes mencionados? ¿Se les aplicará la extinción de dominio, como a
los trabajadores de hoteles acusados de explotación sexual, lenocinio,
incitación a la prostitución o trata de personas?
En el movimiento nacional
contra la trata de personas ni siquiera se busca el repudio de toda esa gama de
clientes mencionada en esta reflexión. No son su prioridad. Lo bonito, lo de
hoy, es combatir la prostitución sin importar los efectos colaterales que ello
traiga, dado que a juicio de algunas analistas, eso se puede corregir con el
tiempo sin importar cuánto se tenga que esperar. Total, las mujeres que ejercen
el comercio sexual y declaran que es por su libre decisión se ganan a pulso la
violencia policíaca. Quién las manda a no aceptar la ayuda de sus redentoras.
Será que tienen vocación de madrotas y están esperando el momento para
iniciarse en la libre empresa de la industria sexual.
Quizás por ello, los
promotores de las leyes federales contra la trata de personas de 2007 y 2012 no
escucharon las voces de las trabajadoras sexuales, las educadoras de calle y
los periodistas comunitarios que denunciaron el uso faccioso de las disposiciones
de los códigos civiles de los estados y la federación, que quitan la patria
potestad a las mujeres que se dedican a la prostitución. Dicha situación es
utilizada por tratantes y explotadores como un mecanismo de control para
obligar a quienes son madres a entregar su cuota diaria que puede oscilar entre
el 30 y el 100 por ciento de sus ingresos por concepto de sexo comercial.
Se cree que es suficiente con
que las empresas establezcan códigos de conducta donde expresen su repudio a
condiciones laborales abusivas o al ejercicio de la prostitución, que muchos
consorcios empresariales no están dispuestos a cumplir y mucho menos a
supervisar que sus proveedores lo hagan. En este momento histórico, las
prácticas de explotación del hombre por el hombre constituyen la piedra angular
de la economía de mercado; son el sustrato esencial del capitalismo y su
acumulación originaria, basada en la guerra, el neocolonialismo y las nuevas
formas de esclavitud y super-explotación patronal, que lejos de ser
exterminadas, consumen a nuestros pueblos en todos los hemisferios. El Derecho
constituye a su vez la defensa de un régimen que protege con sus fuerzas
armadas a quienes cosechan grandes fortunas con la trata de personas. El mejor
ejemplo es la ley general en materia de trata de personas, que criminaliza a
las trabajadoras sexuales y clientes y promueve la impunidad de tratantes y
explotadores.
¿Cuál es la situación del
consumidor final de toda la gama de productos, servicios y bienes que rodean
cotidianamente a la trata de personas en sus diferentes modalidades? ¿Será
castigado por comprar su despensa en su cadena de supermercado favorita? ¿Será
detenido todo aquél que compre ropa, cereales, celulares o refacciones de
computadora, porque se empleó la mano de obra esclava de menores de edad?
¿Serán procesadas quienes ven cine infantil, cuando algunos promocionales
utilizaron mano de niñas y niños esclavos? ¿Condenará la justicia a quienes
ahorran en bancos acusados de lavar dinero del narcotráfico y la trata de
personas? ¿Se iniciarán averiguaciones previas contra las mexicanas que reciben
remesas de sus paisanos a través de empresas ligadas al crimen organizado?
¿Recibirán algún castigo penal los publicistas y sus anunciantes por utilizar
equipo de cómputo de empresas que emplearon a menores de edad en su cadena
productiva? La gran cantidad de consumidores de refresco ¿estará en la mira de
las abolicionistas de la esclavitud? Quienes utilizan las instalaciones
de grandes cadenas hoteleras que se aprovechan de la necesidad de sus
empleados, ¿serán consideradas enemigos de la humanidad por promover la trata
de seres humanos? ¿Cambiarán las condiciones de contrato abusivas con choferes,
empleadas del hogar, personal de intendencia, capturistas y otras empleadas de
innumerables empresas mexicanas y trasnacionales? Si hacen esto las ladies de
la trata de personas, ¿se reducirá el abuso laboral, la esclavitud por deudas o
la mendicidad?
Otro asunto es el relativo a
los abusos que se presentan en la prostitución y en otro tipo de trabajos, ya
que no todo abuso laboral es esclavitud, como lo planteó El Centro de Reflexión
y Acción Laboral (CEREAL), en las jornadas de discusión en el marco del
“Diagnóstico nacional sobre la situación de la trata de personas en México”,
convocadas por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
(UNODC) y el Instituto de Investigaciones Doctor José Ma. Luis Mora. En muchas
ocasiones, dichos abusos son el pretexto para establecer políticas migratorias
que pretenden controlar el ingreso de trabajadoras migrantes de países
periféricos hacia los países más ricos del mundo. También son la coartada
perfecta para convertir a las trabajadoras sexuales en cómplices del delito, al
transformar en delincuentes a todos sus clientes e incitar al odio hacia ellos
y sus prestadores de servicios sexuales.
Por nuestra cuenta, seguiremos
generando corrientes de opinión pública favorables a una respuesta nacional y
global hacia la trata de personas que respete los derechos humanos, que no
intimide a las víctimas de trata sexual y que respete el derecho a decidir de
las trabajadoras sexuales mayores de edad. Denunciaremos a tratantes y
explotadores, previniendo la trata de personas en lugares de origen, tránsito y
destino de este fenómeno social y movilizando a trabajadoras sexuales y otros
sectores contra la trata de personas y los abusos policíacos que trae consigo.
Ese es el itinerario de Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa Martínez”, organización dedicada
desde hace más de 20 años a la prevención del VIH/Sida y a la lucha contra la
prostitución infantil y la prostitución forzada, hoy llamada por algunas voces
de la academia y la industria del rescate “trata
de personas y explotación sexual infantil, adolescente y adulta”.
Estamos convencidas de que la
responsabilidad de la trata de personas no recae sobre todos los clientes
sexuales y demás clientela de las otras modalidades de trata. La
responsabilidad del auge de la trata de personas la tiene el Estado nacional,
que provee de cuerpos–mercancía a la industria sexual con su política
económica, que impide a muchas personas (particularmente mujeres de todas las
edades) satisfacer sus necesidades básicas a través de empleos bien pagados. El
Estado también permite que la imagen de las mujeres sea cosificada a través de
la publicidad sexista de casi todo tipo de productos y servicios, lo que genera
una demanda desbordada de servicios sexuales al reducirse a las mujeres a meros
objetos de placer al servicio de los varones, apuntalando valores y actitudes
patriarcales.
En este momento, la respuesta
nacional hacia la trata de personas debe mejorar la situación de las mujeres,
promover masculinidades libres de violencia y discriminación de género y no
centrarse en la censura, sino en la promoción de la educación sexual
científica, desde el pre-escolar hasta el posgrado, libre de ataduras
religiosas. Debe abolirse la violencia simbólica hacia las trabajadoras
sexuales, que las hace invisibles como sector de la ciudadanía con derechos y
obligaciones plenas como el resto de la sociedad y la clase trabajadora. Esta
violencia sólo permite que se les nombre como víctimas o victimarias del delito
de trata de personas, lo cual facilita que otras personas ajenas a las sujetas
sociales señaladas usurpen su representación.
La violencia simbólica hacia
las trabajadoras sexuales no es ajena a la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH), a la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF)
y al Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (CONAPRED), instituciones
encargadas de promover el respeto a los derechos humanos y la no
discriminación. La CNDH dejó de incluir a las trabajadoras sexuales en la
Agenda de Derechos Humanos que Raúl Plascencia Villanueva, presidente de dicha
institución, entregó al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
el 8 de abril de 2013. La CDHDF silenció la voz de las trabajadoras sexuales
por temor a que un puñado de feministas le acuse de facilitar la trata de
personas, al no emitir una cartilla sobre los derechos humanos de las
trabajadoras sexuales, propuesta por Brigada Callejera y aceptada por dicha
institución en noviembre de 2011. Para la CONAPRED, las trabajadoras sexuales
no son ni siquiera un grupo humano que sufra discriminación en este país y que
deba nombrarse en sus documentos oficiales.
Un Estado nacional como el
mexicano, con vocación proxeneta construida desde la invasión a los pueblos
originarios en 1492, facilita el camino de la explotación sexual y la privación
de la libertad de muchas personas, particularmente niños, niñas y mujeres, a
través de la publicidad sexista que prevalece en todos los rincones del país.
Utiliza el control sanitario recaudatorio de las trabajadoras sexuales y la
instalación de zonas de tolerancia, verdaderos campos de concentración donde el
crimen organizado esclaviza a muchas mujeres, promovido a nivel municipal o
estatal con el silencio de las autoridades federales. Utiliza al crimen
organizado para el cobro de cuotas por el derecho de piso a quienes trabajan en
el sexo, sin importar el volumen tan alto de feminicidios en este sector de
mujeres. Por otro lado, la prohibición federal de los anuncios sexuales y el
llamado legal a castigar penalmente al cliente hace más clandestinas algunas
modalidades de prostitución, lo que genera mayores ganancias -como las que
genera la guerra contra el narcotráfico.
Estas situaciones,
contradictorias entre sí, abonan el terreno para que el capital alcahuete
crezca protegido por la clase política con el menor esfuerzo posible, a costa
de la vida, la seguridad, la salud y la dignidad de muchas mujeres, niñas y
adolescentes que han sido víctimas de trata, aplicando la máxima del general
Plutarco Elías Calles: “Todo el
apoyo y la comprensión a mis amigos y todo el peso de la ley a mis enemigos”.
Estas contradicciones reproducen un sistema económico prostituyente, que
constituye el alimento espiritual de la trata de personas y de todo tipo de
explotación de los seres humanos, varones y mujeres, adultos y menores de edad.
Ante esta situación, las salvadoras de las víctimas de trata sexual sólo
perpetúan dicha práctica al no atender las causas económicas fundamentales, que
le dan vida al carácter patriarcal de esta forma de vivir la prostitución,
reproduciéndola a través de los años y las normas sociales que le dan sustento
a nuestra mexicanidad.
En los últimos 13 años, desde
la expedición del “Protocolo de Palermo”
contra la trata de personas, convertimos a la respuesta a este fenómeno en un
ídolo por encima de nosotras, seres de carne y hueso, y a este delito lo
elevamos a rango de demonio, dejando a un lado el hecho de que ambas
situaciones son el producto de relaciones sociales concretas y no cosas por
encima de la ciudadanía. Una sola solución a los retos que plantea este
fenómeno social no puede tener cabida en todos los rincones del planeta tierra,
como si se tratara de un acto de prestidigitación que puede repetirse en
cualquier lugar, una y otra vez. Como lo señala la Alianza Global Contra la
Trata de Mujeres (GAATW, por sus siglas en inglés), de la cual forma parte
Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer “Elisa
Martínez”, una solución global puede resultar insostenible. Existe la
necesidad de ofrecer múltiples respuestas ante los diferentes contexto sociales
donde se presenta esta práctica social deshumanizante.
Un paso importante que es
necesario dar en la respuesta hacia la trata de personas es trabajar en la
abolición de la propiedad privada y del régimen económico que le sustenta. Ello
no es suficiente y mientras ocurre, necesitamos que las relaciones sociales
basadas en la apropiación del otro y la otra sean cuestionadas por las nuevas
generaciones, con el fin de erradicarlas algún día. Una de las prioridades en
este momento es promover una revolución cultural bajo las premisas de
feminismos no hegemónicos, que desmantelen los valores y actitudes patriarcales
para que las mujeres, niñas y adolescentes y el mundo de la diversidad sexual
puedan vivir en contextos sociales libres de violencia de género y
discriminación. Un mundo donde la condición para que las trabajadoras sexuales
participen no sea que dejen de ofrecer sexo comercial, en el mercado público de
los emparejamientos. Ya Provida, organización católica fundamentalista de
extrema derecha, propuso aceptar a los homosexuales con la condición de que
dejen de tener relaciones sexuales con personas de su mismo sexo. El sociólogo
Rodolfo Stavenhagen expresó que para que los indígenas pudieran sobrevivir en
una civilización ajena a la suya, tenían que “dejar de ser indios”. Este académico al menos ya pidió perdón a
los pueblos originarios por dichas aseveraciones. La propuesta de un sector del
feminismo hegemónico es que las prostitutas cesen de su pretensión de ser
reconocidas como trabajadoras sexuales y dejen el mundo de la prostitución para
liberarse de las garras de una de las expresiones más misóginas del
patriarcado.
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