Vecinos de San Pedro Mártir en una movilización de enero pasado contra la instalación de un Wall Mart. Foto Archivo / Carlos Ramos Mamahua
Por
Agustín Salgado
30
diciembre, 2013
México, DF. Habitantes del pueblo de San
Pedro Mártir de la delegación Tlalpan e integrantes del Movimiento Popular de
Pueblos y Colonias del Sur exigieron a los gobiernos federal y capitalino poner
fin a los actos “intimidatorios,
negligentes, y violatorios de los derechos humanos” que “han sufrido” al oponerse, primero a la
construcción y ahora a la puesta en operación de la gasolinera ubicada en el
kilómetro 19 de la autopista México-Cuernavaca.
En una conferencia de prensa,
realizada este mediodía, los ciudadanos aseguraron que en el operativo
policíaco de la madrugada del 25 de diciembre participaron “2 mil 480 granaderos”. El despliegue de la autoridad, a decir de
los opositores a la estación de servicio, tuvo el objetivo de “sitiar” su comunidad y desmantelar el
campamento pacifico Ixtliyolotl.
“Ante el clima de ilegalidad, corrupción,
arbitrariedad, negligencia, intimidación, agresión y violación de derechos
humanos que hemos sufrido con la construcción de esta gasolinera ilegal,
hacemos un llamado enérgico para que las instituciones públicas de gobierno
suspendan este tipo de acciones dolosas, cometidas en agravio a la ciudadanía”.
Los pobladores aseguraron que
la puesta en operación de la gasolinera de la empresa CorpoGas es una “acción ilegal” pues aún están abiertos
varios procesos jurídicos y administrativos como son el juicio de amparo
777/2013 y dos juicios de nulidad (I-52703/2011 y I-71002/2011) en el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal.
En su pronunciamiento también
hicieron un llamado a la sociedad civil para que “vigile” que las autoridades cumplan con la normativa.
“Las autoridades públicas deben estar siempre al
servicio eficaz y transparente del pueblo. Ningún interés privado puede estar
por encima del bien común. Toda acción gubernamental debe estar apegada a
derecho e impulsada por principios universales de justicia que permitan
desarrollar dignamente la vida de la comunidad”, advirtieron.
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