Amatlán, Ver., 26
de Febrero de 2014.- Luego de cinco años después de que
el ex alcalde, Rafael Pacheco Molina iniciara el proceso contra Juan José
Hernández Andrade por impulsar una radio comunitaria en Paso del Macho, el Juez
del Tribunal Unitario del Primer Circuito ratificó la orden de aprehensión
contra su esposa Paola Ochoa por participar como locutora en “Radio Identidad” de 94.5 FM.
Por ello, hoy
entablaron un encuentro con la Coordinadora Jurídica de la Asociación Mundial
de Radio Comunitarias, para evaluar de qué manera pueden evitar que la locutora
cumpla la sentencia mínima de 2 años de prisión.
En entrevista,
Hernández Juárez, lamentó que a cinco años de que inició este proceso penal que
fue abierto bajo el expediente 52/09 persista el acoso en contra de ellos como
si fueran criminales, cuando ellos sólo fueron representantes de la voz del
pueblo y en consecuencia todos los habitantes eran los dueños de este medio de
comunicación.
“Hoy podemos decir con mucha
tristeza que a pesar que apelamos hace casi un año la sentencia del Juez del
Décimo Sexto Juzgado de Distrito, nada se pudo lograr ya que el Tribunal
Unitario ratificó la sentencia en contra de mi esposa”, refirió.
A la par, comentó
que a él también fue sentenciado a dos años de prisión, estando una semana en
el penal de Perote “y acudir cada 15 días
a firmar como su fuera uno criminal, persista la represión en contra de ellos”.
Nunca abres un
medio comunitario para decir cosas del gobierno, sin embargo al sentirse
escuchada la gente para poder hablar de la situación que le quejaba más cómo el
que no tenía luz, drenaje, servicios básicos, al ex alcalde, Rafael Pacheco
Molina no pudo controlar esa situación y procedió legalmente.
Al citar como
ejemplo que el ex munícipe envió una carta al ex presidente Felipe Calderón
para que interviniera cuando meses atrás también mandaron una carta solicitando
autorización para la radio comunitaria que llevaba al aire dos años y fue más
rápido la respuesta para el edil al mandar cerrar la estación con violencia.
Ante la violación
a sus derechos, enfatizó que organismos internacionales como la Corte Interamericana
de Derechos Humanos y Amnistía Internacional han atraído el caso y analizan
entablar una demanda contra el poder judicial por violar los derechos humanos y
de la libertad de expresión de los ciudadanos Juan José Hernández Andrade y
Paola Ochoa.
Escrito por Ivon Graciano Serrano
Amatlán, Ver.- Por la
represión y autocensura que cometen los tres órdenes de Gobierno e incluso en
complicidad con empresarios, en contra de los medios de comunicación, la
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, consideran a Veracruz como un foco
rojo para ejercer la profesión del periodismo.
Incluso, en el caso de las radios comunitarias, el más específico es el
de Paso del Macho, cuyo proceso aún continúa abierto e incluso se ha
recrudecido.
La coordinadora jurídica de la Asociación Mundial de Radio Comunitarias
oficinas en México, Gisela Martínez, quien lamentó que esta situación está
frenando el ejercicio libre del periodismo por parte de los gobiernos como
incluso de la sinergia que hacen empresarios contra autoridades para acallar
las voces.
Por ello, dijo que es indispensable que la Cámara de Diputados aprueben
reformas “Espejos” de la Ley General
de Bienes Nacionales debido a que actualmente es considerado un delito penal el
espectro radioeléctrico, por lo que pugnarán para que se modifique a fracción
administrativa ya que por esa causa se criminaliza el derecho a la información.
En entrevista, anotó que a través de un recorrido que harán a 7 estados
de la República efectuarán un intercambio y sesiones de experiencias para
conformar un informe sobre la situación de la radiodifusión comunitaria en
México.
Expuso que se debe hacer un balance a partir de la reforma
constitucional en Telecomunicaciones al darse un paso histórico en el país al
reconocer a estos medios como concesiones sociales e indígenas.
“Por ello, hoy se encuentra en
lucha el Congreso federal por la aprobación de las leyes secundarias en esta
materia al existir intereses que los están tratando de excluir”,
refirió.
A la par, expresó su preocupación sobre las condiciones en las que
han sido legisladas ya que existe el riesgo de que se les impida comercializar,
cuando es indispensable que les permitan abrir espacios comerciales para
sostener las radios comunitarias.
Asimismo, pedirán a los legisladores que se reserve el 30% del espectro
para las radio comunitarias ya que en el caso de la Ciudad de México que no hay
frecuencia al estar saturado por las estaciones comerciales
La Coordinadora Jurídica, se pronunció a favor porque a su vez también
sean legisladas bajo una interpretación de derechos humanos, es decir que sea
amplia.
Agregó que pedirán el apoyo del Gobierno para que sufrague el costo de
los equipos que se necesitan para ser parte de la convergencia digital, ya que
muchas estaciones analógicas en esta transición corren el riesgo de
desaparecer.
“Esperamos encontrar el apoyo
de las autoridades por la sencilla razón que hay recomendaciones de organismos
internacionales, por lo que no es un capricho de esta organización sino un
ejercicio de derecho y que todos tengan el derecho de acceder a los medios de
comunicación, de abrir canales de comunicación, romper el cerco de silencio, y
en se sentido haya pluralidad de información, diversidad de ideas y no del tipo
informativo sino culturales, rescate de lenguas en comunidades urbanas e
indígenas”, puntualizó.
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