El
pasado 26 de marzo un hecho que desnuda la verdadera vocación del gobierno
federal y estatal, pasó desapercibido para la mayoría de la prensa y por
supuesto ningún reflector se colocó sobre este acontecimiento. Un grupo de once
personas fueron detenidas sorpresivamente por elementos de la policía
ministerial del municipio de Ziracuaretiro y posteriormente conducidas al nuevo
Centro de Readaptación Social ubicado en La Piedad, también municipio de
Michoacán. Dentro de este grupo tres son miembros del grupo de autodefensas de
Taretan y el resto era población que apoyaba la idea de organizarse para limpiar
la zona de crimen organizado. Se trata de Santiago Duarte
Sanabria, Jesús Fernández Alcázar y Víctor Manuel Duarte Hernández, líder de
las autodefensas en Taretan.
Los hechos ocurrieron cuando, luego de una reunión entre autodefensas de
Taretan y habitantes de Ziracuaretiro así como con elementos del gobierno
estatal, hubo una invitación para hacer el registro oficial de las armas de los
comunitarios y al acceder voluntariamente a ello se trasladaron a Uruapan para
efectuar el procedimiento. O al menos eso fue el acuerdo hecho, sin embargo, a
mitad de camino, el convoy de vehículos cambió el rumbo y se dirigió
directamente a La Piedad, lugar en el cual fueron apresadas las once personas.
Cabe destacar que la situación en esta zona de Michoacán aún es compleja y
la presencia de Caballeros Templarios aún es constante y ha dado pie a
asesinatos y secuestros. Un habitante de Ziracuaretiro, en entrevista
telefónica para SubVersiones,
comenta que «hasta la semana pasada el
ambiente estaba muy tenso, no se puede vivir así, por eso estamos de acuerdo en
que se organicen las autodefensas y se limpien los pueblos de Templarios. La
gente detenida el miércoles pasado son personas honestas que hasta el momento
sólo habían colaborado con la policía federal y el ejército para la
localización de criminales, no es justo que ahora los encarcelen y los acusen
de cosas que no son. No se puede permitir esta actitud del gobierno que decide
cuando eres aliado y cuando delincuente».
Varios testigos aseguran que todo transcurría de manera tranquila, el grupo
de autodefensas de Taretan junto con habitantes de Ziracuaretiro se ponían de
acuerdo para organizar el levantamiento de esta última población. A la reunión también asistió el
subprocurador de justicia regional, Iván Martínez Gutiérrez así como varios
elementos de la policía ministerial. A la petición de registrar
las armas de manera oficial para no contravenir el
acuerdo realizado con el comisionado Alfredo Castillo el pasado 27 de enero,
los elementos de las autodefensas subieron a vehículos oficiales (incluido el
del subprocurador) y se dirigieron hacia Uruapan. Fue a mitad de camino que se
dio la detención y se cambió el rumbo del traslado hacia La Piedad. No había
ninguna averiguación previa ni denuncia ni orden de captura que justificara el
proceder de las autoridades.
Tanto familiares como pobladores de Taretan se mantienen unidos para exigir
la liberación inmediata de los tres comunitarios y de las otras ocho personas
que estaba coordinándose para formar un grupo de autodefensas en Ziracuaretiro.
Los tres detenidos son acusados de portar armas de uso exclusivo del ejército y
cuentan con un abogado particular luego de que el abogado de oficio no
cumpliera con los procedimientos jurídicos de manera adecuada. A decir de
muchas personas, «estos tres hombres son
personas honestas que sólo se han preocupado por limpiar su municipio de
Caballeros Templarios, inclusive a uno de ellos le mataron a su padre y fue por
eso que decide unirse al movimiento para combatir al crimen organizado. Han
colaborado con la policía federal para indicarles en donde se esconden los
integrantes del cártel, sobre todo en los ranchos que rodean la población,
también han acompañado al ejército en operativos y los han prevenido de
emboscadas preparadas por el crimen organizado. No entendemos lo que pasa
ahora», afirma un habitante de Taretan que prefiere no dar su nombre por
temor a una represalia, por parte de los Templarios y ahora también del
gobierno.
En
textos anteriores lo hemos referido pero cada vez se confirma la
estrategia del gobierno federal y estatal de fragmentar al movimiento de
autodefensas; es muy claro que una vez que se ha aprovechado del trabajo que
los comunitarios han hecho para limpiar a Michoacán, el gobierno no reconoce
este esfuerzo y comienza a atacar. A
través de engaños está deteniendo gente que no es delincuente. En
opinión de un habitante de Buenavista tomatlán, “el gobierno ayudaría más si se quita y deja de estorbar, porque a los
Templarios ya los estamos acabando pero al Estado cuándo lo vamos a acabar”.
Hasta el momento todavía hay 78 integrantes del grupo de Aquila que
permanecen recluidos en el penal de Mil Cumbres en Morelia y en Peñón Viejo,
Veracruz, así como uno de los líderes más visibles del movimiento, Hiplólito
Mora, quien se encuentra recluido en el penal de Apatzingán. Sorprende a muchos
habitantes de esta región michoacana que la procuración de justicia se vuelva
eficaz y rápida cuando se trata de inculpar injustamente a los integrantes de
las autodefensas y tratándose de integrantes de los Caballeros Templarios no
exista «ni siquiera una averiguación, un señalamiento, algo que nos haga creer
en la justicia, porque hemos denunciado a los responsables de varios
asesinatos, extorsiones y levantones y la policía sigue sin hacer nada»,
expresa un señor que en su tono de voz deja clara la indignación que vive.
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