Por Inés Giménez/ LolaMora Producciones
Con información de @Andalalucha y @KarlaTurix
Con información de @Andalalucha y @KarlaTurix
La
participación de las mujeres en la Policía Ciudadana y Popular en la Montaña de
Guerrero
Video de Agencia SubVersiones
Realizado por Andalucía Knoll, Xilonen Pérez y
Karla H. Mares
1er Aniversario de la
PCP, perteneciente a la Coordinadora Regional de Seguridad y Justicia Policía
Ciudadana y Popular (CRSJ-PCP), 9 de febrero 2014 en Cualac, Montaña de
Guerrero, México.
Cada
vez más mujeres le están
entrando, afirma Citlali Pérez Vásquez, líder nahua de la Policía
Ciudadana y Popular (PCP) de Cualac, Guerrero, México.
«Gritamos a todas las luces, a todos
los vientos, aquí la
mujer vale, aquí la mujer participa, aquí la mujer cuestiona, aquí la mujer
propone… pero, la verdad, luego muchos compañeros [de la
policía comunitaria] ¿qué hacen en su casa?, ¿cómo tienen a sus esposas? Y
luego ¿quiénes son realmente las que más destacan en el trabajo?»
En Cualac se encuentra uno de grupos de autodefensa comunitaria que se han
organizado en los últimos años, en la montaña de Guerrero. Que una mujer
indígena sea líder de un movimiento ciudadano quiebra muchos esquemas en estos
municipios. A pesar de ello, Citlali señala que, desde hace un año, los hombres han
ido modificado su conducta y el trato hacia la mujer:
«Si antes veías que con morbosidad
te hablaban, ahorita ya no lo hacen… Además, cuando las mujeres ven a una mujer que está hablando, pues
también se animan, ahora sí se avientan a decir lo que piensan […] Cada vez más mujeres y chicas jóvenes le están entrando… por muchos años no se ha visto esto.»
Mientras las comunidades guerrerenses y michoacanas se organizan contra el
crimen organizado y el saqueo de recursos naturales; algunas mujeres están
buscando poner freno a otros tipos de violencia que han vivido por generaciones
y a la que poca atención se ha prestado: la violación sexual e intrafamiliar,
el tráfico y la venta de niñas y niños, la negación del derecho a decidir, la
muerte materna, el abandono familiar, la falta de derechos económicos, y
un largo etcétera.
«Empezamos una lucha de ideologías
entre hombres y mujeres, pero no para destruirnos, sino para practicar la
soberanía popular… Empezamos a organizar talleres, pero no solo con las mujeres
sino también con los hombres», indica Citlali.
De Cherán a Zitlaltepec,
a Olinalá
Las mujeres purépechas destacaron por su participación protagónica en la
comunidad de Cherán, Michoacán. En 2011, la comunidad de casi 15 mil habitantes
se levantaron contra el crimen organizado y los talamontes. Allí, se
articularon procesos de reflexión profunda con el fin de renegociar el papel de
las mujeres. Poco a poco, y venciendo múltiples obstáculos, también las mujeres
me'phaa, na'savi, ñancue, y nahua participan en la
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), entidad de vigilancia
y justicia comunitaria formada en 1995, donde se organizan más de 70
comunidades de la montaña de Guerrero.
En 2010, como parte del primer encuentro de mujeres
de la montaña en Zitlaltepec, se presentó la Carta de los derechos de las
mujeres. Por aquel entonces, Cándida Vázquez Penafort, presidenta del
comité de mujeres de Zitlaltepec dijo, en su testimonio, recogido por Desinformémonos:
«Nosotras
las mujeres nos organizamos para defender nuestros derechos, pero algunos
hombres no están de acuerdo, porque creen que la carta es para que haya pelea
entre marido y mujer. Les queremos decir que eso no es verdad, [esto es para
que] nos respeten y reconozcan nuestros derechos. Queremos decirles a los otros
comités de mujeres que no se sientan solos, porque ahora todas estamos juntas…»
A pesar de su fuerza, esta carta de derechos
todavía no es muy conocida en la montaña guerrerense. Sin embargo, como Citlali
Pérez, cada vez son más las líderes comunitarias que están asumiendo
protagonismo público. Así sucede también con el caso de Néstora Salgado,
lideresa comunitaria que participó en el proceso constituyente de la policía
del municipio de Olinalá –paralelo al de Cualac– y que se ha mediatizado por la
criminalización que ha sufrido. Señalaba Néstora
Salgado, en julio del año pasado:
«Estábamos
cansados de que nuestras autoridades no hicieran nada, ellos no tenían ojos ni
oídos, tuvimos que organizarnos por necesidad… A qué íbamos a esperar, ¿a que
nos mataran? Pues no. Nos han puesto muchas piedras en el camino pero no
ha sido tanto la delincuencia. El problema más grande aquí ha sido el
ayuntamiento (…) Yo no le tengo miedo a los
sicarios, le tengo miedo a que el gobierno me desaparezca.»
Un mes después, el gobierno mexicano la acusó de secuestro agravado, en perjuicio de seis
personas; por ejercer su labor de policía comunitaria y a pesar de que existe
en el Estado de Guerrero una ley (107) que reconoce la entidad jurídica de la
misma.
Poco después, Salgado era internada, de forma express,
en una cárcel federal en Nayarit, a más de mil kilómetros de Olinalá. Su caso
no es un asunto aislado. Como señala Abel Barrera, del Centro de Derechos Humanos
Tlachinollan: «entre agosto y diciembre
de 2013, el gobierno del Estado de Guerrero ejercitó acciones penales contra 68
personas vinculadas a las policías comunitarias. Trece de ellas permanecen
privadas de la libertad».
Dentro de los procesos comunitarios que acontecen
en Guerrero, muchas mujeres participan, día con día, en diversas tareas y
asumiendo el papel de luchadoras sociales. No todas son conocidas a nivel
nacional o internacional, sin embargo, dentro de sus comunidades cumplen un
papel fundamental para la transformación de la sociedad bajo un óptica más
digna y justa.
Tratamiento informativo y
acuerdos
En el tratamiento informativo que hacen medios mexicanos y extranjeros
del tema, las voces de las mujeres están ausentes casi por completo. Hacen
falta, también, análisis profundos sobre las diferencias de raíz, participación
popular y financiamiento entre distintos grupos de policías comunitarias.
Cuando el pasado mes de enero, la noticia sobre la
confrontación armada entre grupos de autodefensa comunitaria en Michoacán y el
cártel de los Caballeros Templarios
recorrió las portadas de periódicos y agencias, la cobertura mediática tomó
tintes militaristas y se mezcló con la exotización de una única mujer armada
en artículos que parecen responder a un universo masculino
extraído de la industria del videojuego: «Bonita
resguarda su localidad patrullando con su pistola y su rifle R-15 en la
cintura, pero eso sí, con jeans entallados y las uñas pintadas».
“Ingobernabilidad”, “paramilitarismo” o “guerra civil”; fueron términos con los que se describía a un
pueblo alzado en armas, con quien el gobierno federal se sentó a negociar. El
resultado de esas dichas reuniones fue la integración de algunos grupos de
autodefensa comunitaria a las estructuras del estado federal y estatal a través
de los Cuerpos de Defensa Rurales o en las policías municipales.
Este acuerdo levantó toda clase de especulaciones y
sospechas en el –ya de por sí– enrarecido ambiente de la región, en el que la
delincuencia organizada ha corrompido o nace de los diferentes órganos de
gobierno del estado de Michoacán.
Algunos analistas apuntan a la inconstitucionalidad de los acuerdos o a la creación de
grupos paramilitares. Si, como muchos testimonios señalan:
«ninguna autoridad pudo cumplir con su
función [de proveer seguridad] porque
todas ellas eran parte de estos cárteles o estaban en la nómina de estos
cárteles», ¿qué significado tiene un acuerdo de estas características? Y,
sobre todo: ¿dónde quedan el papel y los derechos de las mujeres rurales? En
ninguno de los artículos contemplados en los acuerdos aparecen mencionadas ni
ellas ni sus reclamos específicos.
Más
información en:
Historia y participación de las mujeres en la
Comunitaria
Las
mujeres en La Montaña de Guerrero: el otro brazo de la justicia comunitaria
Entrevista
a Néstora Salgado
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