LEY BALA: modelo permisivo del uso de fuerza letal contra manifestantes. En Puebla se gobierna a balazos.
Escrito por Simón Hernández León
Centro Prodh/(@simonhdezleon)
* Texto
publicado en el blog La
lucha cotidiana de los DH en Animal Político
A José Luis Alberto
Tehuatlie Tamayo
México, DF, 17 julio. En Puebla
asistimos a una disputa entre una forma de gobierno, impulsada por el panista
Rafael Moreno Valle, fundamentada en prácticas autoritarias y la represión,
frente a una ciudadanía que defiende de múltiples formas sus derechos. Su
resolución en favor de una gobernanza vertical o del Estado de derecho tendrá
implicaciones a escala nacional. Puebla y su “Ley Bala” son
la avanzada en la conformación de una gobernabilidad autoritaria en el país.
La primer semana de julio los juzgados federales aceptaron a trámite
amparos ciudadanos contra la “Ley Bala” (Ley para Proteger los Derechos Humanos y Regular el Uso Legítimo de la
Fuerza por parte de los elementos de las Instituciones Policiales del estado de
Puebla), una movilización pacífica en Tehuacán fue disuelta
mediante el uso de la fuerza: detenciones y personas heridas fueron los
resultados de la primera aplicación de esta Ley.
La segunda tuvo lugar la semana pasada en San Bernardino Chalchihuapan. El
saldo es aún más alarmante: más de medio centenar de heridos, entre ellos José Luis
Alberto Tehuatlie Tamayo de tan sólo 13 años, quien caminaba
por el lugar y hoy se encuentra en un estado de salud crítico. La versión
oficial responsabiliza a las y los manifestantes; su madre asegura haber sido
presionada para admitir esa versión y afirma que fue herido por un proyectil
que provino de los policías.
Estos acontecimientos corroboran que la administración de Moreno Valle no
se distingue del modelo priista: la estructura política mantiene una alta
concentración de poder en la figura del Ejecutivo que domina a los otros
poderes del Estado. Los proyectos de intervención en la zona arqueológica de
Cholula, la construcción de un teleférico y una rueda de la fortuna, han
permitido verificar la imposición y el autoritarismo, a la que ahora se suma la
represión.
Que la Secretaría de Seguridad
Pública de Puebla sea encabezada por Facundo Rosas, cuya trayectoria está
marcada por violaciones graves a derechos humanos en contextos de
manifestaciones, como la muerte de dos estudiantes en
Ayotzinapa, Guerrero, que dio lugar a la Recomendación 1VG/2012 de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos (CNDH), confirman que, la óptica de mano dura y de
represión, constituyen los mecanismos para hacer frente al disenso, a la
movilización y a la manifestación en Puebla.
En México persiste la práctica de desnaturalizar figuras jurídicas para
criminalizar las manifestaciones. Una racionalidad instrumental en la que la
legalidad es empleada no para garantizar derechos fundamentales sino para
perseguir, estigmatizar y castigar a quien protesta. Pero más grave todavía es
la creación de derecho con ese propósito. La “Ley Bala” surgió para
atajar las críticas a los abusos y como una forma de “regular” el uso de la fuerza. Sin embargo, lo que
se ha registrado desde el año pasado en Puebla y en otros lugares del país es
la conformación de un andamiaje normativo que legaliza la represión, los abusos
y la violencia policíaca.
Pero el modelo autoritario no es sólo personal, es una cuestión
estructural. La “Ley Bala” fue
aprobada por PRI, PAN y PRD. La responsabilidad de estos operativos es del
conjunto de poderes formales, que con estas acciones evidencian una crisis de
legitimidad y el temor que tienen frente a la movilización ciudadana en las
calles. La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Puebla y la CNDH también son
responsables: subejerciendo su mandato no interpusieron acciones de
inconstitucionalidad contra esta Ley; la Dirección General de Asuntos Jurídicos
de la CNDH incluso la avaló al señalar que “no
existen temas de inconstitucionalidad o inconvencionalidad en materia de
derechos humanos en dicho ordenamiento”. En suma, hay una responsabilidad
de Estado en estas legislaciones regresivas.
La involución es preocupante: a
diferencia de décadas pasadas, la represión ya no se focaliza en los opositores
al régimen, ahora alcanza a campesinos, estudiantes, trabajadores, ciudadanos
comunes que reclaman la vigencia de derechos en el país y
que, bajo esta estructura legal, corren el riesgo de ser detenidos, golpeados o
encarcelados por defender las elementales libertades democráticas.
La “Ley Bala” constituye hoy día
la avanzada en una
nueva forma de relación del Estado y la ciudadanía, basada en un modelo de
gobernabilidad autoritaria. De mantenerse la tendencia, las
legislaciones serán cada vez más restrictivas. Ya no se limitarán a restringir
las manifestaciones con permisos, horarios o prohibición de lugares como en
Chiapas, Quintana Roo y el Distrito Federal, sino irán hacia un modelo
permisivo del uso de fuerza letal, hacia la ley balanización de
la protesta.
En esta disputa, el Poder Judicial Federal tiene ante sí un reto significativo
ya que los amparos ciudadanos contra esta legislación están en su esfera de
competencia. De su definición dependerá la consolidación del modelo autoritario
o la recuperación del Estado de derecho.
José Luis Alberto Tehuatlie Tamayo |
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