Escrito por Ixchel Cisneros
Soltero
Fuente: Cencos
Trece años, trece años tiene la niña que con rabia grita al micrófono “¡Que muera Moreno Valle!”. El pueblo de
San Bernardino Chalchihuapan encabronado le contesta al unísono: “¡Que Muera!”.
Esa jovencita de pelo negro hasta
los hombros, suéter azul marino, camisa blanca, falda gris debajo de las
rodillas, calcetas blancas y zapatos negros perfectamente boleados, era
compañera de José Luis Tehuatlie Tamayo en la Telesecundaria Flores Magón del
poblado ubicado a 20 minutos de la capital de Puebla.
Se nota molesta. Molesta porque su
comunidad está dividida, porque sus demandas sobre la desaparición del registro
civil no han sido atendidas y más aún, porque han asesinado a uno de sus
compañeros de clase.
La plaza principal de Chalchihuapan
está repleta, alrededor de 500 personas escuchan en silencio la misa de cuerpo
presente que el Vicario episcopal, Miguel Viveros dedica a José Luis.
El ambiente, saturado de azucenas,
huele a muerte. “José Luis está con Dios
y es el consuelo para ustedes, sus familiares”, asegura el vicario mientras
señala a Elia Tamayo, madre del niño quien llora por momentos y en otros fija
su mirada al infinito.
“Señor, me has mirado a los ojos. Sonriendo, has dicho mi nombre”, se escucha a ritmo de mariachi mientras los pobladores pasan a recibir el
cuerpo de Cristo a un lado del féretro blanco con detalles plateados.
A José Luis lo mataron. Fue agredido
el miércoles 9 de julio en el enfrentamiento ocurrido entre pobladores y la
Policía Estatal en la autopista Puebla-Atlixco. Donde los locales se oponían al
retiro del registro civil.
Víctor Carrancá, Procurador de
Justicia del Estado de Puebla asegura que según sus pruebas periciales, el niño
de 13 años murió por una onda expansiva proveniente de un cohetón lanzado por
los disidentes. Los originarios de Chalchihuapan y la propia madre sostienen
que fue una bala de goma la que fragmentó el cráneo del menor.
Balas de goma que los manifestantes
han mostrado en repetidas ocasiones, a pesar de que el gobierno de Puebla dice
nunca haber tenido este tipo de artefactos en su posesión.
La misa no ha terminado y mientras se deban la
mano como símbolo de paz, el silencio fue roto por un grito de ¡Fuera Moreno Valle! tras el cual vino
un ¡Fuera! contundente. Acallado por
el sacerdote quien pidió respeto.
A pesar de esto, poco a poco van saliendo
cartulinas entre los fieles donde se lee: Moreno
Valle cavernícola y opresor; Moreno
es tu apellido y negra tu conciencia; Abajo
la ley bala; Enfermo de poder, digno
del infierno; Un angelito nos ampara
MV a ti nadie te salva.
Al finalizar la ceremonia religiosa, vienen una
serie de discursos de presidentes auxiliares de otros poblados, Diputados y
Senadores de la República y, el de Araceli Bautista, madre Javier Montes
Bautista, Presidente Auxiliar de Chalchihuapan y quien ahora enfrenta varios
cargos, uno de ellos, incitar a la violencia.
En su participación, la mujer expresa entre
sollozos que sabe que su vida y la de su hijo estaban en peligro, que no hay
quien los defienda, que el pueblo está dividido y de seguir así, pronto los
acallarán.
Y sí, Edmundo Velázquez, reportero del periódico
Central, me explicaba que desde hace años, el poblado está partido en dos. De
un lado los que coinciden con el grupo Antorcha Campesina, el cual tiene
orígenes priístas y los del Movimiento los de Abajo, de origen perredista.
Además, decir que está dividido no es una
exageración, literalmente de la iglesia principal a la salida están los de
Antorcha Campesina y de la iglesia al panteón los del Movimiento los de Abajo.
Los segundos acusan a los primeros de haber
alertado a la policía de la manifestación del 9 de julio.
La misa del niño asesinado no pudo realizarse
adentro de la iglesia, él y su familia están “del lado” perredista y la capilla está tomada por los priístas,
entonces la hacen en la plaza central.
Mientras los pobladores caminan rumbo al panteón
entre tierra y piedras por la calle Insurgentes centro, que nada tiene que ver
con la gran avenida de la Ciudad de México, en el Congreso de Puebla se discute
la abrogación de la llamada #LeyBala.
Ley, cuyo nombre oficial es: “Ley para proteger los derechos humanos y
que regula el uso legítimo de la fuerza por parte de los elementos de las
instituciones policiales del estado”, que el 19 de mayo aprobaron los
diputados locales con 32 votos a favor y 5 en contra; y la cual avala el uso de
armas de fuego por parte del gobierno del estado para dispersar
manifestaciones.
Tras los hechos en San Bernardino Chalchihuapan
el gobernador del Estado, Rafael Moreno Valle pidió su abrogación y en la
exposición de motivos se lee: “En virtud
de que esta ley desde su aprobación ha sido estigmatizada con temas que, a
pesar no estar incluido en su texto, han generado una errónea percepción del
mismo, considero pertinente una revisión integral a fin de emitir un nuevo
ordenamiento que lo sustituya".
La realidad es que las agresiones contra los
derechos humanos en el Estado de Puebla han aumentado desde que Moreno Valle
tomó posesión, organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación
aseguran que en 6 meses han detenido a 37 personas que protestaban en defensa
de sus derechos.
En 2013, Carlos Rocha del periódico El Popular informó sobre la detención de
tres jóvenes: Néstor López Espinoza estudiante universitario, participante en #YoSoy132, Eduardo Salazar Velázquez
quien trabajaba en un negocio familiar e Iván Guisasola Vázquez, oriundo de
Oaxaca que trabajaba en Puebla. Ellos, fueron aprehendidos por publicar en "Facebook" que asistirían a
una movilización que se desarrollaría presuntamente durante el desfile del 5 de
mayo.
Ahí está el caso de Juan Carlos Flores Solís detenido
y trasladado al penal de Cholula, Puebla acusado de extorsión, despojo, motín,
ataque a la infraestructura hidráulica, robo de celulares y oposición a que se
ejecute una obra pública.
Y también los de Enedina Rosas y Abraham
Cordero, presos en el CERESO de Atlixco, ella acusada de oposición a obra
pública y de robo agravado por supuestamente haberle quitado con violencia a un
trabajador dos celulares; y él acusado de oposición a obra y de privación
ilegal en el fuero común, pero aún cuando en el fuero común no es considerado
grave, la procuraduría pidió que se le tratara como peligroso social y se le negara el derecho a fianza.
Todos ellos se oponían a la construcción del
Proyecto Integral Morelos que incluye un gasoducto en la zona del volcán Popocatépetl, dos termoeléctricas en Huexca y un acueducto.
Además, el pasado 4 de junio el defensor
de derechos humanos, Antonio Esteban Cruz fue asesinado en el paraje El Rincón, a orillas del río Apulco en
Cuetzálan, Puebla. Él defendía el derecho a la tierra y era Presidente de la
Mesa Directiva del poblado Paso María Cristina y fue opositor del mega proyecto
hidroeléctrico en la comunidad de Cuamono.
Y actualmente existen denuncias sobre la
existencia 10 órdenes de aprehensión en contra integrantes de las comunidades
de San Lucas Tulcingo, San Juan Amecac y Zacatepec, Adela Ramos, Eusebio
Aguilar, Alvino Villalba, Federico Villalba, Juan Gutiérrez, Avelino Velázquez
y Alejandro Torres.
Hoy, la #LeyBala
ha tomado la vida de un niño de 13 años y a pesar de estar en proceso de
abrogación, otra nueva ley tomará su lugar. Los detenidos siguen en la cárcel y
el gobierno de Rafael Moreno Valle continúa criminalizando la protesta y
frenando la libertad de expresión.
Los proyectiles (balas de goma y granadas de gases) que el gobierno de Puebla niega que utiliza para reprimir la protesta social.
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