Por Renata Bessi y Santiago Navarro F.
Agencia Autónoma de Comunicación SubVersiones
En el
año 2006 un equipo de geógrafos de la Universidad de Kansas realizó una
serie de mapeos de tierras comunales de la Sierra Norte de Oaxaca, bajo el
proyecto denominado México Indígena, como parte de las Expediciones Bowman. Esto
con el objetivo de incorporar por la fuerza o por la vía de acuerdos, los
territorios indígenas al modelo corporativo transnacional de propiedad privada,
con el argumento esencialista propagado por Geoffrey B.
Demarest, que afirma que no
hay paz sin propiedad privada. Dichas expediciones de
interés estratégico para los Estados Unidos, con fines militares y
geopolíticos, han sido coordinadas desde el inicio por Peter Herlihy y el
propio Demarest, este último teniente coronel del ejército de dicho país.
Aldo González Rojas, director de Vigencia de Derechos Indígenas del
gobierno de Oaxaca afirma:
Las expediciones Bowman están dentro
de la lógica de contrainsurgencia de los Estados Unidos y lo denunciamos en el
año 2009. Estas expediciones estaban haciendo una investigación sobre la
información geográfica que poseen las comunidades indígenas de la Sierra
Juárez. Los investigadores ocultaron que estaban financiados por El
Pentágono. Y creemos que esta investigación era una especie de piloto para
ensayar como podrían hacer investigación en otros lugares del mundo en relación
con pueblos indígenas y sus tierras comunales.
De acuerdo con el investigador y antropólogo Gilberto López y Rivas, «los agentes de las expediciones
consideran que las formas de propiedad comunal,
colectiva y autónomas de las tierras representan un obstáculo para los planes
de desarrollo que ya se están ejecutando de una forma muy agresiva, donde hay
capital de empresas mineras, farmacéuticas, energéticas, entre otras». Las
tierras comunales en México se reconocieron después de la Revolución Mexicana
—en el año 1917— y han estado bajo posesión de los pueblos indígenas desde
tiempos inmemorables.
El geógrafo y profesor de la Universidad de Colorado, Joe Bryan, afirma que
como punto de referencia a esta ofensiva hacia las tierras comunales, está el Comando Sur del ejército de
los Estados Unidos, uno de los diez que dicho país tiene desplegados en
el mundo y que abarca el área relativa al Sur del continente
Americano, América Central y el Caribe.
Han vuelto la vista donde no hay
presencia estatal y ausencia de propiedad. Van buscando áreas comunales y
presentan esas áreas como propicias para el narcotráfico y el crimen. Así que
el Comando del Sur está buscando como hacerse socio de los gobiernos y de ONGs
en Latinoamérica y con ese fin utilizan, por ejemplo, la operación llamada Misión Continua, que
promueve servicios de salud a las comunidades, como método de ocupar el
territorio y de contrainsurgencia.
El pensamiento de Demarest, como ideólogo o intelectual orgánico de estas
expediciones, considera que la propiedad colectiva de la tierra es la matriz de
la delincuencia y de la insurgencia y por ello hay que destruirla. Demarest es
uno de los militares que formó la Escuela de las Américas, administrada por el
Ejército de los Estados Unidos y fundada desde 1946 en Panamá con el objetivo
de entrenar a soldados latinoamericanos en técnicas de guerra y
contrainsurgencia. En los últimos años graduados de la Escuela de las Américas
han participado en asesinatos en Colombia; han sido parte del grupo
narcotraficante Los Zetas en México;
y han estado involucrados en el golpe de estado en Honduras en el año 2009,
como lo demostraron los activistas estadounidenses
de SOAW, quienes ganaron una demanda en contra Departamento de Defensa en
febrero del año 2013.
«Demarest es uno de los
coordinadores de estas expediciones. Fue entrenado en la Escuela de las
Américas, posteriormente fungió como agregado militar de la embajada
estadounidense en Guatemala en los años de 1988 y 1991, donde se implementó un
proyecto contrainsurgente que provocó terribles masacres contra poblaciones
indígenas», asegura López y Rivas.
Manual de contrainsurgencia
Según
el manual del ejército de los Estados Unidos (FM-3-24, MCWP 3-33.5), que marca
los puntos estratégicos para desarticular cualquier forma de insurgencia,
publicado en mayo del año 2014, bajo el título Insurgencies and Countering Insurgencies, cuando
los elementos de una población crecen insatisfechos con el statu quo y están dispuestos
a luchar para cambiar las condiciones a su favor, utilizando tanto medios
violentos y no violentos para afectar un cambio en la autoridad que prevalece,
están dadas las condiciones para el surgimiento de insurgencias.
En ese mismo sentido, este manual está hecho para contrarrestar cualquier
tipo de insurgencia con distintos métodos y en colaboración de lo que se
considera como Socios de Acción Unificada, una colaboración en un esfuerzo
integral que va desde empresas nacionales o multinacionales y Organizaciones
Gubernamentales y No Gubernamentales, hasta la presencia de organismos
intergubernamentales como las Naciones Unidas. «Las organizaciones regionales como la Organización de los Estados
Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) o de organizaciones mundiales como
las Naciones Unidas pueden participar en algunas de las operaciones de
contrainsurgencia. Las Naciones Unidas, en particular, tiene muchas agencias
subordinadas y afiliadas activas en todo el mundo», dice textualmente el
manual.
La academia en la contrainsurgencia
«Cada año la Iniciativa Minerva, con
fondos del Pentágono que, entre otros proyectos, busca mapear 59 pueblos
indígenas en Centroamérica, premia a doce proyectos de 300 que se
presentan. En el año 2013, premió a un proyecto que se va a llevar acabo
en Honduras con respaldo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán,
empleando como asistentes de investigación a indígenas y mestizos para mapear
la zonas de propiedad comunal a destruir o aniquilar», afirma López.
En el año 2013 el Departamento de Defensa de los Estados Unidos aprobó un
presupuesto de 1.5 millones, con posibilidad de ampliarlos a 3 millones de
dólares para Jerry Dobson y otros investigadores para poder continuar con las
Expediciones Bowman, ahora con el programa de investigación Minerva.
«La Iniciativa Minerva es un consorcio
que se mueve en relación a los intereses del Pentágono y contacta a las mejores
universidades de Estados Unidos y subsumen a universidades latinoamericanas que
se prestan para recibir fondos del departamento de estudios militares del
Pentágono para realizar investigación para la contrainsurgencia»,
manifiesta López.
Así, hay por lo menos 12 proyectos de investigación con financiamiento del
Pentágono y canalizados por la Iniciativa Minerva para recabar datos para la
contrainsurgencia. «Otro proyecto
canalizado por la Iniciativa Minerva es el megaproyecto de la Universidad de
Washington, en colaboración con Harvard que busca estudiar, el origen, las
características y las implicaciones de los movimientos políticos de 23 países,
contando con una base de datos de 58 países proporcionada por la Iniciativa
Minerva, pretendiendo hacer un mapeo de los movimientos sociales en espacio y tiempo»,
sostiene López.
El caldo de cultivo de los movimientos indígenas
Las
últimas reformas aprobadas en México, que tienen que ver con la privatización
de la educación y el petróleo, por mencionar algunas, impactarán directamente
en la vida de más de 80 millones de mexicanos, considerando que el 40 por ciento
del gasto público del país han sido financiado con ingresos de Petróleos
Mexicanos (Pemex), que en teoría destina dichos ingresos a educación, salud,
infraestructura, seguridad y programas sociales. Un impacto que se verá
reflejado también en el aumento del costo de la canasta básica, factor
principal del aumento de la pobreza en México. Estas reformas son solo
la punta del iceberg de lo que podría ser un caldo de cultivo que comienzan a
provocar y agudizar nuevas movilizaciones sociales —pacíficas y violentas— en
este país, catalogadas como movimientos insurgentes. Solo en tres sexenios de
gobierno se concesionaron a empresas mineras casi la misma cantidad de tierras
repartidas tras la Revolución Mexicana de 1910. Más de 94 millones de hectáreas
concesionadas, una gran parte de estas concesiones se localizan sobre
territorio indígena, a quienes no se les informó nada sobre el asunto. Desde
diciembre del año 2013 Jaime Martínez Veloz, Comisionado para el Diálogo con
los Pueblos Indígenas de México, Ya había previsto que los movimientos sociales
se agudizarían al señalar que «la
situación propiciada en los gobiernos de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe
Calderón podrían provocar confrontaciones sociales en las zonas afectadas».
La reforma sobre la ley de hidrocarburos, junto con la reforma educativa, la
fiscal y la financiera, atentan contra los pueblos indígenas y el pueblo de
México en general, da pase libre a las empresas transnacionales para
expropiación de tierras, en lo que el artículo 33 denomina «para utilidad pública», lo cual contempla a las tierras comunales.
Las comunidades solo tienen en su jurisdicción hasta 30 cm del subsuelo,
después de ahí este es de ámbito federal. Esto «abre la puerta a la expropiación de terrenos por supuesta utilidad pública,
a afectaciones, incluso a reservas de la biósfera, también a una serie de
violaciones a los derechos humanos», afirmó en la discusión que al respecto
se dio en el Congreso, el senador Zoé Robledo.
Estas reformas vienen acompañadas desde los primeros 16 meses de gobierno
del mandatario de México, Enrique Peña Nieto, con un aumento de la criminalización del activismo y la lucha social en este país.
Las desapariciones y detenciones forzadas ya son incuantificables. «Desde aquí le decimos a Peña Nieto que no
va a ser posible que decida por nosotros, porque nuestros pueblos están
organizados, estamos decididos a que nos maten, pero no vamos a ceder las
tierras a nadie», sostuvo Felipe Flores, que junto a otras comunidades
indígenas se oponen a la construcción de una de la presas hidroeléctrica de La
Parota, en el estado de Guerrero, al sur de México.
Para López, las luchas sociales están viviendo un contexto de
militarización y contrainsurgencia, en donde se ve un Estado autoritario que
usa la violencia selectiva, como lo hizo durante la guerra sucia de los años 60
y 70, con las desapariciones forzadas, los encarcelamientos y la persecución.
Guerra irregular
Las
comunidades indígenas, donde se encuentran las bases de apoyo del Ejercito
Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas México, son una muestra viva
donde se aplican los mecanismos de la denominada guerra irregular, como lo determinan los manuales de
contrainsurgencia.
Afirma Gilberto López y Rivas:
No es una Guerra de Baja Intensidad,
sino una Guerra de Desgaste Integral, que va desde la cooptación de comunidades
con programas asistenciales de gobierno, que siguiendo el manual de
contrainsurgencia es quitarle el agua al pez, pero también se crean peces
bravos al servicio del Estado que atacan a los peces insurgentes, es decir,
grupos paramilitares de la misma comunidad, quienes son los que perpetraron el último
ataque al movimiento zapatista, un movimiento que no ha realizado ningún acción
ofensiva en estos últimos 20 años, porque tomaron la vía del apoyo a las
autonomías de sus comunidades.
En los primeros días de agosto del año 2014, las comunidades zapatistas
realizaban un encuentro con pueblos indígenas de México pertenecientes al
Congreso Nacional Indígena (CNI) llamada Primera Compartición de los Pueblos
Zapatistas y los Pueblos Originarios de México «Compañero David Ruiz García», cuando un grupo armado del Ejido
Pojcol realizó actos de ocupación y hostigamiento hacia integrantes de la
Comunidad Autónoma de Egipto. Por esta razón y tratando de evitar un posible
ataque, el 2 de agosto de 2014, 32 personas —mujeres, niñas, niños y ancianos— se desplazaron
forzadamente, caminando durante toda la madrugada, hasta llegar a otro pueblo
zapatista en donde actualmente les albergan, tratando de evitar una
confrontación.
Oaxaca, peligro de insurgencia
Desde el levantamiento armado del EZLN en 1994 y desde la firma de los
acuerdos de San Andrés, en 1996, sobre derechos y cultura indígena, la gran
mayoría de los pueblos indígenas de México hicieron eco de las exigencias
plasmadas en ellos. Oaxaca, siendo mayoritariamente indígena, provocó
preocupación para el gobernador en turno, Diódoro Carrasco Altamirano, y el
entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, quienes optaron por implementar
una política de contención indigenista con una serie de reformas a la
constitución local de dicho estado. Las reformas fueron acompañadas de una
estrategia contrainsurgente elaborada por el Centro de Estudios Gubernamentales
de Oaxaca, que siguió las mismas tácticas de
contrainsurgencia implementadas por la Escuela de las Américas,
quien desde 1953 y hasta 1996, había recibido a cerca de mil efectivos
militares de México para tomar cursos de capacitación, según consta
uno de los capítulos del informe histórico de la Fiscalía Especial para
Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp).
Es así como en 1996, a partir de estas tácticas de
contrainsurgencia, en todo el estado de Oaxaca se implementaron acciones
políticas para cooptar o comprar líderes sociales, tareas de inteligencia, se
crearon grupos paramilitares, como el de «Los
entregadores» en la región Loxicha, un grupo a sueldo de los caciques y cuya
labor más importante era la delación: entregaban a los presuntos guerrilleros y
realizaban acciones de tortura, asesinato selectivo, violación de mujeres y
detenciones arbitrarias. De más de 150 indígenas detenidos en ese periodo, hay
siete presos políticos aún, mismos que son conocidos como «Los presos Loxicha».
En el año 2006 durante el gobierno de Ulises Ruiz
Ortiz, se volcaron a las calles más de 2 millones de personas que pedían la
destitución de dicho gobernador. Desde entonces las tácticas de
contrainsurgencia han sido renovadas constantemente en esta región del país.
Desde este periodo de gobierno, la ciudad de Oaxaca es una de las más vigiladas
del mundo con tecnología C4 Inteligente, con más de 230 cámaras que
forman parte del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4), que
entre otras actividades no sólo filma y guarda los datos recabados en cada una
de las áreas monitoreadas, sino que también es capaz de detectar rostros,
gestos y rasgos, apoyados por sordomudos que analizan cada movimiento.
La guerra en sus diferentes fases, define un
terreno de acción y un enemigo a reducir o controlar, en este caso, parece ser
que los pueblos indígenas son el enemigo potencial que representan un peligro
al conservar sus territorios de forma comunal o con proyectos autogestivos o
autonómicos, donde la resistencia y la cohesión comunitaria, arma principal de
la lucha de los pueblos indígenas, contrasta con el poder bélico y destructivo
de los gobiernos y las empresas.
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