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Septiembre 2014
Cinco años de la recuperación
de las primeras 31 hectáreas
San Antonio Ebulá continúa
empeñado en ser pueblo
Renato Sales procuró impunidad
y ahora quiere ser gobernador
El caso, en la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
Desplazamiento forzoso, desalojo, destrucción,
violencia, impunidad. Esto enfrentó el pueblo de San Antonio Ebulá hace cinco
años. Contra esto luchó y, en mes y medio, un 24 de septiembre, logró recuperar
las primeras 31 hectáreas de su territorio, donde se asentó el pueblo para
continuar la lucha contra la impunidad y por la reparación del daño.
El 13 de agosto de 2009, un
grupo de particulares contratados por el empresario Eduardo Escalante entraron
al pueblo de San Antonio Ebulá, arrasándolo en su totalidad. Las casas, los
cultivos, animales domésticos, la capilla y la escuela fueron destruidos.
En cinco años, el gobierno de
Campeche, ha regateado el cumplimiento de sus compromisos y se empeñó en
proteger al agresor, lo que negó a las más de 60 familias el acceso a la justicia
y a la reparación del daño. Efectivamente: la Procuraduría de Justicia de
Campeche, a cargo de Renato Sales, desestimó las denuncias, las pruebas
aportadas, los testimonios; nunca citó a declarar a Eduardo Escalante y cerró
el caso.
La destrucción de San Antonio
Ebulá se dio en medio de un juicio agrario iniciado ante los distintos
obstáculos gubernamentales para la regularización de la propiedad de las
tierras de las y los ebuleños. El juicio, que lleva más de veinte años en
trámite, no ha concluido y expone la violación sistemática que sufren distintas
comunidades del país ante la ineficiencia de la justicia agraria, la cual ha
resultado en casos como el de San Antonio Ebulá en un recurso infructuoso.
Asimismo, el caso exhibe el
despojo sistemático que sufren distintos pueblos en la Península de Yucatán
ante grupos económicamente poderosos que pretenden desarrollar proyectos o
lucrar con las tierras de los pueblos.
Ante la impunidad, la falta de
acceso a la justicia, la corrupción gubernamental y la dilación en el juicio
agrario, las familias de San Antonio Ebulá acudieron a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos y actualmente se encuentran a la espera del
informe de admisibilidad del caso.
Los gobiernos estatales y
federales están obligados para la reparación integral a las víctimas y la
restitución de sus derechos. San Antonio Ebulá empeñado en ser pueblo, continúa
su lucha por la justicia, por la reparación y contra la impunidad.
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