Escrito por Rafael de la Garza Talavera
A poco más de tres semanas de la
desaparición forzada de cuarenta y tres estudiantes normalistas en Iguala,
Enrique Peña insiste en que el fondo del problema es la infiltración del crimen
organizado en las instituciones del estado, particularmente en las
corporaciones policiacas. Con ello procura ocultar el hecho de que es el estado
el que ha utilizado al crimen organizado para mantener el modelo económico,
matriz generadora de la violencia social que vivimos.
Como lo señalé en
otro momento, llama la atención que en tiempos en que las instituciones
garantes de los derechos humanos y de los procesos electorales se han
fortalecido nos encontremos en un país en llamas, azotado por una guerra civil
rampante que rebasa por mucho las cifras de desaparecidos y asesinados que en
su momento oscurecieron la vida de la mayoría de los países sudamericanos en
los años setenta. ¿Por qué si hoy México cuenta con un sistema de protección de
los derechos humanos y un sistema electoral que ha sido puesto como ejemplo
para otros países del mundo la muerte violenta es el pan de cada día?
¿Por qué si, como
afirman algunos, México ha dejado atrás su pasado autoritario y el gasto
militar no para de crecer la violencia ha aumentado? ¿Será una falla
circunstancial o parte de una estrategia política? Al respecto, Raúl
Zibechi afirma tajante en un artículo reciente: el
estado no es garante de los derechos humanos. Frente al dilema de proteger al
modelo económico o proteger a su población, los estados liberales no parecen
ofrecer mucha resistencia para que los grandes intereses económicos impongan su
ley. Y para hacerlo le han arrebatado a la población que dicen representar el
derecho a la autoprotección. En México, el ejemplo más notable de esta dinámica
puede observarse en el trato que se les ha dado a las policías comunitarias y a
los grupos de autodefensa en Michoacán y Guerrero. En el primer caso, el estado
apoyó momentáneamente a los grupos que tomaron las armas para defenderse de los
narcotraficantes pero después los encarceló (es el caso de José Manuel Mireles)
o los enroló en cuerpos policiacos; en el segundo, acosó y fabricó
delitos a distinguidos integrantes de las policías comunitarias, como sucedió Néstora
Salgado y muchos más. En todo caso, la violencia no disminuyó sino todo lo
contrario… hasta desembocar en Iguala.
En este contexto,
el director general adjunto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH),
Raúl Plascencia Villanueva, enfrenta una decidida oposición para reelegirse por
parte de las organizaciones civiles dedicadas a la defensa y promoción de los
derechos humanos. Por lo visto, dichas organizaciones no ven al ombudsman
mexicano muy decidido a honrar su responsabilidad e incluso existen casos de
víctimas de violaciones a sus derechos humanos que se han amparado en contra de las
recomendaciones de la propia CNDH. En el caso Tlatlaya, Plascencia
se apegó a la versión de las fuerzas armadas, declarando: “Tenemos claridad de que se trató de un enfrentamiento”, sin contar
con elementos que corroboraran semejante versión de los hechos pero demostrando
para quien trabaja.
Por su parte, los
partidos políticos han confirmado, otra vez, que están para ganar
elecciones (‘haiga sido como haiga sido’,
Calderón dixit) y no para gestionar los intereses de la población que
dicen representar, mucho menos para protegerlos de la violencia criminal. La
negativa de las bancadas del Senado para llevar a cabo el juicio político en
contra del gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, indica que todos los partidos
mantienen la misma posición, aunque no se descartan manotazos de última hora
pues está en juego una gubernatura. Ya con anterioridad el PRD, en su IX
congreso nacional rechazó -con 291 votos a favor, 15 abstenciones y sólo 4 en
contra- exigir al gobernador que pida licencia al cargo. La perla declarativa corrió
a cargo del diputado Fernando Belaunzarán: “No
le pedimos la renuncie pero no le pedimos que se quede. No lo condenamos ni lo
absolvemos”. O sea, nosotros no tenemos nada que ver, aunque el gobernador
sea de nuestro partido. O mejor aún, y en consonancia con la línea
presidencial: los responsables son los narcos. Han decidido cerrar los ojos
frente a una realidad que no es privativa del estado de Guerrero y ni mucho
menos del PRD: la alianza entre el crimen organizado y los partidos políticos
-en la cual los primeros aportan capital y armas para ganar elecciones,
mientras que los políticos aportan protección legal y lavado de dinero.
Por lo anterior, es necesario apuntar que las
graves violaciones a los derechos humanos en Iguala no son la excepción y no
son tampoco responsabilidad exclusiva del crimen organizado. Al contrario, son
la regla impuesta desde el estado para, como reza el slogan del
presidente, ‘Mover a México’. El
gobierno de Aguirre (y en general todos los gobiernos estatales, no se diga el
federal) se ha caracterizado por la violación sistemática de los derechos
humanos y el fraude electoral. Tal y como lo señala Luis Hernández Navarro en
su artículo Guerrero y la narcopolítica: las relaciones
entre la política y el narcotráfico en Guerrero son un secreto a voces.
La lista de desaparecidos y asesinados es larga pero como dice
el Choky, señalado como jefe de sicarios de Guerreros Unidos: “No toda la culpa la tengo yo”
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