Escrito por
Arsinoé Orihuela
09 Diciembre, 2014
Fuente: Colectivo la
Digna Voz
Publicado en:
http://www.kaosenlared.net/america-latina-sp-1870577476/al2/mexico/101723-
méxico-¿qué-es-un-narcoestado
Wil G. Pansters, en un
texto que lleva por título “Del control
centralizado a la soberanía fragmentada: narcotráfico y Estado en México”,
documenta que en la víspera de las elecciones presidenciales de 2000, el New
York Review of Books publicó un artículo en el que se inquiría si el Estado
mexicano era un narco-estado. La preocupación en realidad gravitaba alrededor
de la candidatura de Francisco Labastida, exgobernador de su natal Sinaloa, y
sobre cuya persona circulaban rumores acerca de presuntos vínculos con el
narcotráfico. En esa época todavía existían académicos, funcionarios e
intelectuales que sostenían que el narcotráfico era una lacra constitutiva a la
supremacía indisputada del Partido Revolucionario Institucional. Naturalmente,
las expectativas de esos grupos “críticos”
(nótese el entrecomillado) estaban
colocadas en el candidato de oposición: Vicente Fox Quezada, del
proto-falangista Partido Acción Nacional. Sin embargo, la fallida “alternancia” refutaría esos torpes
diagnósticos, y confirmaría que el problema no podía explicarse sólo “en términos de redes y lealtades
partidistas en sí” (G. Pansters).
El texto referido tiene algunas virtudes. Pero, como ocurre a menudo con
los estudios acerca del narcotráfico, yerra en las premisas de fondo, y atiende
el problema admitiendo la hipótesis falsaria que coincidentemente utiliza el
discurso oficial para justificar la guerra contra el narcotráfico: a saber, la
de una disputa entre soberanías, o bien, la de un desafío del crimen organizado
al poder del Estado. Esta lectura es altamente lesiva para la comprensión
del fenómeno en cuestión. E inevitablemente refuerza la tesis de ciertos
autores como Edgardo Buscaglia, que a nuestro juicio distorsiona la trama de la
alianza Estado-narcotráfico en México. Buscaglia escribe: “El crecimiento de la delincuencia organizada extremadamente violenta y
transnacional se alimenta siempre de vacíos y fallas del Estado”. Si se
extiende un poco más este razonamiento, termina desembocando allí donde acaban
casi todos los análisis estériles: en sostener que el Estado mexicano es un Estado fallido. Y por extensión, en
responsabilizar principalmente a la clase política por el drama del
narcotráfico y la narcoviolencia. Esto se traduce en una explicación
insolvente, que el propio Buscaglia resume ciñéndose a una falacia teórica
garrafal: que “el corazón del narco son
los políticos”. Desde luego que los políticos están involucrados en el
narco. Pero conferirles el rol protagónico en la materia, es por lo menos tan
errado como creer que la alternancia partidaria va a resolver el problema.
Por eso se hace necesario definir qué es un narco-estado. Justamente para
evitar estos tropiezos explicatorios.
Narco-estado es más que una mera consigna empuñada al vapor del ciclo de
protestas en curso. Hay quienes piensan que se trata de un neologismo con un
alcance sólo panfletario. La propuesta, no obstante, es que el término tiene un
valor conceptual. Y que por consiguiente connota y denota algo preciso,
concreto.
Narco-estado es más que un maridaje histórico entre el narcotráfico y el
Estado. De hecho, no existe un Estado que se pueda sustraer de esta unión con
la criminalidad, o con los ilegalismos que engloba el concepto de “narco”. El narco-estado es algo más que
esa relación coyuntural o histórica entre crimen y Estado.
Lo que acá se plantea es que un narco-estado es un modo específico de
organización de la violencia y los intereses dominantes. Y que estos intereses
dominantes están orgánicamente articulados a la criminalidad e ilegalidad. Es
la organización de los negocios criminales alrededor del Estado.
Cabe hacer algunas precisiones para entender esta ecuación.
Para situarnos en un terreno común, adviértase que un Estado es básicamente
una forma organizada de la violencia. Y que esa organización de la violencia
–el Estado– responde a los modos de una clase dominante o un poder
constituido. Es decir, el Estado es una violencia al servicio de un poder.
En este sentido, un narco-estado no puede ser llanamente un contubernio
entre un partido político y las redes del narcotráfico, como sugirieran algunos
documentos como el arriba citado. Tampoco se trata de un Estado donde el crimen
organizado tiene injerencia en los procesos y procedimientos de la
administración pública. Mucho menos se puede hablar de narco-estado ahí donde
ciertas empresas criminales cosechan réditos extraordinarios con el tráfico de
la droga. Para tal caso, todos los Estados serían narco-estados.
Por eso es preciso insistir en la especificidad de un narco-estado. En
suma, se trata de un Estado que impulsa ciertas políticas (e.g. la guerra
contra el narcotráfico) que suministran ex profeso una trama legal e
institucional en beneficio irrestricto de los negocios criminales. Es el
predominio categórico del binomio criminalidad empresarial-violencia criminal
en la trama de relaciones sociales comprendidas en un Estado.
Por ejemplo, en México es virtualmente imposible aspirar a un cargo de
elección popular sin el aval y el financiamiento de las organizaciones
criminales. Lo cual resulta cierto para todos los niveles de la cadena de mando
político, es decir, municipal, estatal o federal. Esto implica que el crimen
tenga control de la totalidad de las instituciones de Estado. Por eso se dice
que tenemos un narco-estado.
Otro ejemplo lapidario es la situación de los ministerios públicos o las
instituciones judiciales. Más de un agente ministerial ha confesado en
encuentros con periodistas, que la orden de “arriba”
es desestimar los casos que involucren personas desaparecidas a manos del
crimen, y por consiguiente tienen la instrucción de abortar cualquier
seguimiento a esas ocasiones de delito. Con ligeras variaciones en las
diferentes entidades federativas, el porcentaje de impunidad oscila entre el 98
y el 100 por ciento. Esto no es un desafío del crimen al Estado: eso es un
Estado al servicio del crimen.
Para recapitular, cabe recordar lo sostenido en otra entrega: “Un narco-estado es un Estado
donde la institución dominante es la empresa criminal. Los funcionarios de ese
Estado están todos coludidos con el narco, pero no por una cuestión de
corruptelas personales o grupales, sino sencillamente porque el narco es el
patrón de ese Estado. La narco-política es la cría de los negocios
criminales, creada por y para la empresa criminal. Y con los narco-funcionarios,
los patrones –la empresa criminal– ganan mucho más. En este sentido, la
impotencia o negligencia de las instituciones para perseguir a los delincuentes
es la ley natural de un narco-estado. El Estado es el brazo legalmente
armado de la empresa criminal...” (http://lavoznet.blogspot.mx/2014/11/fin-al-narcoestado.html).
Resumidamente, el narco-estado es la modalidad específica de organización
de la violencia en México. Desde luego que no es un Estado fallido: es un Estado criminal. La guerra nunca fue contra
las drogas o el narcotráfico. La guerra es una política de Estado para
organizar la violencia en beneficio de la empresa criminal. Y el resultado de
esa política es la configuración de un narco-estado.
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