#Ayotzinapa: ¡LA CONSTITUCIÓN HA MUERTO! ¿QUÉ HEMOS HECHO? ¿QUÉ VAMOS A HACER? Y ¿QUÉ ES LO QUE VIENE?
Por José Aureliano Buendía
16 febrero, 2015
Artículo
La Constitución ha muerto,
publicado en «El Hijo del Ahuizote»,
8 de febrero de 1903.
La
justicia en México, desde hace muchos años –y cada vez más– ha dejado de estar
del lado de las instituciones, el cascarón vacío en que se ha convertido el
Estado es cada vez más evidente. Si bien, éste puede operar sin problema como
un aparato administrativo; caro, corrupto y burocrático en la mayoría de la
ocasiones, el sentido social –del que fue dotado luego de más de diez años de
lucha fratricida en donde murieron por lo menos 1 millón de mexicanos– se
ha ido diluyendo hasta convertirse en la caricatura que es hoy en día, donde el
presidente envuelto en escándalos de corrupción, regala televisores en año
electoral y sus empleados dan «verdades
históricas» cocinadas al vapor y bajo sospechas de tortura, en medio de un
show televisivo donde las cosas nunca son lo que aparentan.
Hace más de 100 años, Ricardo Flores Magón, desde El Hijo del Ahuizote –periódico satírico editado en los albores de
la Revolución mexicana– sentenció a la dictadura que siete años más tarde sería
destronada por un movimiento armado donde confluyeron vastos ideales de
justicia social, reflejados en alguna medida en la Constitución de 1917. A
pesar de que una casta militar capitalizara la lucha revolucionaria de 1910,
los fundamentos del Estado capitalista mexicano se asentaron en las conquistas
del movimiento campesino y obrero de la época, reguladas por un aparato de
Estado clientelar y represivo, único elemento que subsiste hasta nuestros días.
Luego de la multitudinaria
manifestación realizada el 26 de enero de 2015, como muestra de que el
movimiento por la presentación con vida de los 43 normalistas sigue vivo, se ha
desatado una ofensiva mediática del gobierno de Peña Nieto a través de la
Procuraduría General de la República (PGR) en contra de los normalistas y los
familiares de los estudiantes desaparecidos, seguido de una guerra de
declaraciones donde se puede ver al procurador Jesús Murillo Karam, acompañado
por un coro de políticos y empresarios con la urgencia de cerrar el caso.
Haciendo frente a estos ataques están los cuestionamientos de un amplio sector
de mexicanos, encabezados por los padres y las madres de familia de los
normalistas, quienes han hecho llegar su voz hasta la tribuna de organismos
internacionales como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)
y el Parlamento Europeo, poniendo al gobierno mexicano bajo la lupa
internacional. Con el respaldo en las observaciones del Equipo Argentino de
Antropología Forense (EAAF), los familiares de los desaparecidos y los
normalistas de Ayotzinapa rechazan que se den por concluidas las
investigaciones y se preparan para continuar con una lucha de largo aliento.
Convención
Nacional Popular, organizar una lucha a nivel nacional
Respondiendo
a la convocatoria de los familiares y normalistas de Ayotzinapa, miles de
personas se dieron cita en el monumento conocido como «el Caballito» antes del
mediodía del 5 de febrero, para partir de ahí en un enorme contingente que
cruzaría toda la ciudad de Chilpancingo y terminaría en un bloqueo de la
Autopista del Sol. Finalmente se daría un mitin tras seis horas de una larga
caminata.
Pese al enorme número de policías federales –que tienen tomada la ciudad
desde hace varias semanas– no se dio ningún choque con la enorme columna,
nutrida en su mayor parte por maestros de la Coordinadora Estatal de
Trabajadores de la Educación (CETEG) y organizaciones sociales que asistirían
horas después a la convención. Sin embargo, pudo observarse la
presencia de la policía federal en el Congreso estatal, en el cual se
realizó una parada en la que los padres de familia fijarían su posición:
Les decimos que desde aquí, el pueblo de Guerrero, el magisterio de
Guerrero, las organizaciones de Guerrero siguen vivos, siguen en lucha
exigiendo que se esclarezcan los hechos del día 26 y 27 de septiembre. Hoy más
que nunca el pueblo de Guerrero muestra su indignación porque el caso de
Ayotzinapa no puede quedar impune. Una vez más, el pueblo de Guerrero está
exigiendo al gobierno que debe continuar con las líneas de investigación…
Pareciera que el ejército en este país es intocable, en lugar de que estén
cuidando las fronteras de nuestro país están hostigando al movimiento social,
al movimiento pacífico de los padres de familia. En lugar de que el ejército
este combatiendo a la verdadera delincuencia, está intimidando, amenazando al
movimiento
Por parte del Centro de Derechos Humanos de la Montaña-Tlachinollan,
Vidulfo Rosales señaló:
Debe quedar completamente claro que fueron elementos de la policía
preventiva de Iguala con la complicidad y la connivencia del ex gobernador
Ángel Aguirre Rivero, pero también con la complacencia del ejército mexicano,
que está demostrado en el estado de Guerrero ha jugado un papel criminal;
cientos de desapariciones forzadas acontecidas en los años sesenta son
responsabilidad de este ejercito criminal que nada tiene de patriótico.
Ese cuerpo de seguridad y ese Estado hoy se confabulan con el crimen
organizado, le dan protección al crimen organizado, son fuerzas de seguridad
que no cumplen su deber esencial de brindar la seguridad ciudadana… Hoy podemos
ver que un ejército mexicano que debiera defender a la población inerme de
Petaquillas, Guerrero, se pone del lado de los criminales. Lejos de que estos
policías estén cuidando un congreso decrépito, lleno de narcotraficantes, deberían
estar combatiendo a la delincuencia que tanta muerte ha causado en nuestro
estado de Guerrero.
Reiteramos que los padres de familia tenemos una posición firme de no
reconocer la versión oficial del Estado mexicano que pretende destrozar las
esperanzas de las familias y de todo el pueblo de México…Nuestra lucha seguirá
adelante, nosotros estamos en espera que nos devuelvan a nuestros estudiantes y
no vamos a detener hasta llegar a las últimas consecuencias.
Les decimos a ustedes que debemos continuar con la lucha
juntos
La Convención es un espacio de discusión, de reflexión y de análisis: ¿Qué hemos hecho? ¿Qué Vamos a hacer? y ¿Qué es lo que viene? Fueron planteadas como las interrogantes a resolverse durante la convención.
Las mesas de trabajo presididas por familiares y alumnos de la Normal, fueron: Estructura del referente nacional, Programa político y Plan de acción. Las más de 10 horas de análisis y discusión fueron insuficientes para dar por concluidos los trabajos de la Convención, por lo que se acordó reunirse nuevamente en el mes abril. Sentando las bases de un frente de organizaciones, que se articulan en torno a la lucha por la aparición con vida de los normalistas, se acordó realizar la siguiente Asamblea Nacional Popular (ANP) para el día 21 de Febrero.
Por su parte, el maestro Felipe de la Cruz compartió con los más de 300
delegados apersonados en el comedor de la Normal Rural:
Sabemos que esta convención es la semilla que va a germinar para liberar a
este pueblo del gobierno que tenemos ahorita, coludido con la
narco-delincuencia. Que los resultados de esta Convención nacional serán el
principio de un camino para tener un México verdaderamente
independiente. El resultado que queremos nosotros principalmente es
encontrar los 43 normalistas desparecidos y que esto no vuelva a ocurrir, que
sean castigados severamente todos aquellos que participaron en este
hecho. Sabemos que estos políticos son los mismos que se visten de
militares, se visten de policía federal y al final se visten de delincuencia
organizada para evitar que sus castigos sean mayores.
La discusión y el intercambio de ideas entre los asistentes discurrieron en
un ambiente fraterno, sin escapar de los eternos debates y las precisiones en
exceso. En reiteradas ocasiones se mostró la indignación por el caso de Gustavo Salgado Delgado, activista morelense que fue salvajemente
asesinado y cercenado de manos y cabeza en Ayala, Morelos. Él fue
secuestrado al salir de una asamblea con jornaleros que luchan por
vivienda. ¡También fue el estado!, señalaron los miembros de su organización,
responsabilizando al gobierno perredista de aquella entidad.
Mientras se desarrollaba la Convención en Tixtla Guerrero, pobladores de la
comunidad de Petaquillas –en las inmediaciones de Chilpancingo– retenían 5
camiones de policía federal en demanda de la liberación de dos policías comunitarios
del Valle del Ocotito. Con la atención puesta en este hecho fueron constantes
los llamados a solidarse con la policía comunitaria de Petaquillas, surgida
apenas unas semanas antes, así como con el Sistema de Justicia Comunitario
implementado por diversas comunidades en la Montaña y Costa Chica del estado.
En lo general, la Convención se sumó a los cinco ejes planteados por
familiares y normalistas:
1. Presentación con vida de los alumnos desaparecidos
2. Castigo a los culpables
3. Libertad a los presos políticos
4. No a las reformas estructurales del gobierno
5. Fuera Peña Nieto
2. Castigo a los culpables
3. Libertad a los presos políticos
4. No a las reformas estructurales del gobierno
5. Fuera Peña Nieto
¡Vamos con
todo y contra todos! Petaquillas, Guerrero
Ubicada
a pocos minutos de la capital de Guerrero, la comunidad de Petaquillas
–perteneciente al municipio de Chilpancingo– con algo más de
7,500 habitantes, ha vivido una convulsa semana luego de la incursión de
la policía comunitaria de las poblaciones vecinas –aglutinadas en el recién
creado Frente Unido para el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG)– a
petición de los pobladores que vivían en la zozobra, producto de la extorsión y
el amedrentamiento de los diferentes carteles que se disputan el territorio.
Sólo 36 horas bastaron –desde la llegada de los grupos de policías
comunitarios el día sábado 31 de enero por la madrugada, provenientes del valle
de Ocotito– para realizar las primeras 18 detenciones, el decomiso de armas y
39 kilos de marihuana que eran trasladadas en un autobús de pasajeros de la
ruta que va de Colotlipa hacia Chilpancingo. Entre los detenidos se encontraba
un hombre identificado como policía estatal.
La constante aparición de Grupos de Autodefensa y Policías
Comunitarias en el estado de Guerrero se ha diferenciado de lo ocurrido en
Tierra Caliente, Michoacán en el año de 2013, sobre todo debido a la existencia
de diversos proyectos político-organizativos, como la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias en sus diversas vertientes, la Policía Ciudadana y
Popular en la Montaña alta, la UPOEG y, escindidas de ésta organización, las
comunidades del corredor geográfico Chilpancingo-Juan R. Escudero-Acapulco, han
creado el Frente Unido por la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero.
El día 7 de febrero nos dirigimos a la comunidad de Petaquillas. Luego de
presenciar el impresionante operativo de la policía Estatal y elementos del
ejército en la ciudad de Tixtla, una hora después de que un convoy de hombres
armados arribaran a la ciudad en busca del alcalde perredista Gustavo Alcaraz
Abarca. Este suceso se da una semana después de que el medio hermano del
alcalde, José Luis Ortega Abarca, vinculado con el grupo de la
delincuencia organizada conocido como Los Rojos y también director de la
comisión de agua potable del municipio, fuera asesinado por un comando armado
mientras acudía a una reunión con una organización de mujeres priístas.
¡Vamos
con todo y contra todos! Petaquillas, Guerrero
Publicado el 16/02/2015
Ubicada a
pocos minutos de la capital de Guerrero, la comunidad de Petaquillas
–perteneciente al municipio de Chilpancingo– con algo más de 7,500 habitantes,
ha vivido una convulsa semana luego de la incursión de la policía comunitaria
de las poblaciones vecinas –aglutinadas en el recién creado Frente Unido para
el Desarrollo del Estado de Guerrero (FUSDEG)– a petición de los pobladores que
vivían en la zozobra, producto de la extorsión y el amedrentamiento de los
diferentes carteles que se disputan el territorio. Más:
Los uniformes verdes pueblan la carretera que va de Chilpancingo
hasta Tierra Colorada, en apenas diez minutos de trayecto puede observarse
una vasta presencia de militares a bordo de camiones y recién empieza el
horizonte a despejarse de casas, un retén militar nos cuestiona nuestro destino
y revisa rápidamente el auto.
Inmediatamente giramos hacia
la izquierda y a lo lejos se ve el movimiento de gente en la comandancia de la
policía municipal, tomada como cuartel por la policía comunitaria en proceso de
conformación en los cuatro barrios de la comunidad de Petaquillas. En un
comedor sobre la banqueta se sirve pozole a los policías que permanecen en
guardia desde los primeros días de febrero, el mismo trato se da a los
ciudadanos comunes que se mantienen al tanto ante cualquier intento de
incursión de militares y criminales al territorio comunitario. En la parte alta
del edificio se encontraban algunos detenidos en los operativos realizados.
Fuimos invitados a
presenciar una asamblea en el barrio de San Agustín, con unas 40 personas
reunidas en círculo a un lado de la «plaza
de toros», en donde promotores y comandantes del Sistema de Seguridad y
Justicia Ciudadano (SSJC) del FUSDEG explicaban a los vecinos la propuesta de
dicho sistema, la forma de organizar la estructura y los principios de
reeducación comunitaria en contrapartida con la reclusión carcelaria. Al final
invitaron a los ciudadanos a elegir representantes recomendando que estos
fueran los más viejos y con mayor calidad moral para representar los intereses
de la colonia. Diez representantes fueron elegidos, cinco mujeres entre ellos,
para conformar –con los representantes de otras colonias– un consejo de la
comunidad.
Más de dos horas de asamblea
transcurrieron y llegó la noche, con ella los primeros policías comunitarios
elegidos en el barrio de San Agustín por la asamblea de vecinos. Se invitaba a
toda la población para acudir a la asamblea general en la plaza de la
comunidad, en donde se leyó un documento que sería entregado a
representantes del estado y la federación con quienes mantendrían una reunión
el 10 de febrero en Acapulco. Los vecinos hacían libremente el uso de la
palabra para opinar sobre el documento, mientras tanto policías comunitarios
provenientes del Valle de Ocotito, Palo Gordo y Xaltianguis, miembros del
(SSJC) arribaban a la plaza.
Los principales puntos
discutidos en la asamblea y señalados en el documento entregado al
subsecretario de gobernación federal, Luis Enrique Miranda Nava y al delegado
en Guerrero, Erick Castro Ibarra son: libre circulación de policías
comunitarios en el corredor Acapulco-Tierra Colorada-Chilpancingo; designación
del presupuesto que se destina a la seguridad pública en las comunidades donde
opera el FUSDEG; y retiro de los militares y cese al hostigamiento a los
policías comunitarios.
EL MAGISTERIO EN LUCHA
A lo largo de cuatro meses, los maestros del estado de Guerrero han sido
uno de los pilares para el movimiento que lucha por la presentación con vida de
los 43 normalistas. La CETEG, con miles de maestros en sus filas, ha emprendido
jornadas de lucha desde el año 2013, en contra de la reforma educativa que
centraliza la nómina de los trabajadores de la educación y en el caso de
Guerrero de maestros y administrativos afiliados al Sindicato Único de
Servidores Públicos del Estado de Guerrero (SUSPEG). El atraso en el pago de 3
quincenas, así como el de aguinaldos y el desconocimiento de miles de puestos
de trabajo, le ha causado al gobierno federal su primer choque del año con
la Coordinadora Nacional de los Trabajadores del Educación (CNTE) en la ciudad
de México y el puerto de Acapulco, en donde miembros de la CETEG y el SUSPEG
bloquearon el aeropuerto de uno de los destinos turísticos más importantes del
país por más de 12 horas.
El 10 de febrero, en el
puerto de Acapulco, más de diez mil maestros –encabezados por los
familiares y normalistas de Ayotzinapa– marcharon por la costera Miguel
Alemán para después trasladarse al aeropuerto en demanda de una mesa de trabajo
con autoridades federales para resolver el pago de sus salarios y estabilidad
laboral.
La inmediata respuesta del
gobierno federal luego de la determinación de los profesores en sus exigencias
pretende dar aíre al próximo proceso electoral, que en los estados de Guerrero,
Michoacán, Oaxaca y Chiapas enfrenta focos rojos debido a la violencia desatada
entre grupos del crimen organizado –en las primeras dos entidades– y del Estado
hacia los movimientos sociales que se oponen al despojo de tierras, como en los
casos de San Sebastián Bachajón (Chiapas) y Álvaro Obregón (Oaxaca), aunado al
constante asesinato, desaparición y detención de luchadores sociales. La
CNTE tiene su mayor base de apoyo organizada en dichos estados y su
participación en el movimiento por Ayotzinapa –como parte de la ANP, quien se
ha pronunciado por el boicot electoral– ponen a los profesores en una posición
determinante si logran vincularse con las demandas de otros sectores de la
población, como sucede en muchos de los casos.
El movimiento por la presentación de
los normalistas, por verdad, justicia y castigo a los culpables de la masacre
de Iguala, se ha convertido en un eje articulador del hartazgo de miles de
mexicanos. El descontento abreva de los crímenes de Estado en todos sus niveles
y al claro involucramiento con grupos de la delincuencia organizada, con
quienes tiene una relación simbiótica a partir de los intereses económicos y de
control de territorios que acaban reflejándose en el encumbramiento de
personajes como José Luis Abarca y el cartel de Guerreros Unidos en los estados
de Morelos y Guerrero. Las narco campañas están a punto de arrancar y los empresarios
cierran filas con el ejército para preservar sus privilegios.
Al puro estilo orwelliano, los políticos del
Partido Revolucionario Institucional (PRI) se dan aires aristocráticos cada vez
que logran desterrar las conquistas de clase que los mexicanos escribieron con
sangre en la constitución del diecisiete. Los cerdos cambian las leyes para que
al resto de los animales les quede claro que a pesar de ser todos iguales, unos
son más iguales que otros y sólo a unos cuantos les corresponde acaparar y gozar
de las bondades de la granja.
El 5 de febrero,
al tiempo que miles marchaban en las calles de Guerrero, Oaxaca, Chiapas y
Michoacán, en la Ciudad de México un grupo de sacerdotes y activistas
presentaron un proyecto para llamar a la conformación de una constituyente
ciudadana. El obispo de Saltillo, Raúl Vera, llamó a una transformación
pacifica de la sociedad. En el lanzamiento de esta iniciativa estuvo presente
una comisión de Ayotzinapa, aunque, a pesar de ello, no ha logrado conectar en
un primer momento con la lucha desatada en Guerrero. Por veredas diferentes,
las luchas, tal vez, se irán entremezclado en la búsqueda de los mismos
objetivos.
La Convención Nacional
Popular fue convocada –en un principio– para discutir la vía de una nueva
constituyente, se alejó del romanticismo de la fecha y se transformó en un
primer acercamiento donde organizaciones y colectivos buscan dar respuesta ante
la emergencia de que un nuevo proceso electoral legitime el despojo y la muerte
por los próximos tres años. Con las familias y normalistas de Ayotzinapa
al frente, el movimiento social con epicentro en Guerrero, cuestiona en los
hechos, la vigencia de una Constitución cuyas enmiendas no alcanzan a cubrir
las aspiraciones de la mayor parte del país.
Con el horizonte en
procesos sociales como los desatados en Cherán (Michoacán), las comunidades
autónomas zapatistas y las Policías Comunitarias, en Guerrero se busca la
conformación de Consejos Populares en los municipios, en contrapartida al
proceso electoral donde los partidos políticos se disputan el poder y los
recursos del Estado. La presión ejercida por elementos de la gendarmería y el
ejército en municipios como Tlapa y Ayutla –en donde el llamado de Ayotzinapa a
la conformación de los consejos ha tenido mayor eco– ha sofocado la iniciativa,
sin que ésta se haya abandonado aún. Lo significativo en la conformación de
estas experiencias de autonomía municipal es la propuesta de una democracia
diferente a la acostumbrada por los partidos políticos electoreros.
Una señal, como
la manta colocada en 1903 por la redacción del Hijo del Ahuizote, a las afueras de sus oficinas, es la realidad
que en Guerrero sale al paso de la élite política y empresarial del país, a
quienes no caería mal leer los sentimientos que adormecen en la memoria del
México de abajo:
Doloroso nos es causar al pueblo mexicano la merecida afrenta de lanzar
esta frase a la publicidad: «La Constitución ha muerto»
¿Pero por qué ocultar más la negra realidad?
¿Para qué ahogar en nuestra garganta, como cobardes cortesanos, el grito de
nuestra franca opinión?
Cuando ha llegado un 5 de febrero más y encuentra entronizada la maldad y
prostituido al ciudadano; cuando la justicia ha sido arrojada de su templo por
infames mercaderes y sobre la tumba de la Constitución se alza con cinismo una
teocracia inaudita. ¿Para qué recibir esta fecha, digna de mejor pueblo, con
hipócritas muestras de alegría?
La Constitución ha
muerto, y al enlutar hoy el frontis
de nuestras oficinas con esta fatídica, protestamos solemnemente contra los
asesinos de ella, como escenario sangriento al pueblo que han vejado, celebren
este día con muestras de regocijo y satisfacción.
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