Escrito por
Gilberto López y Rivas
Sábado, 14 febrero 2015
El Equipo Argentino de Antropología
Forense (EAAF) terminó por sepultar la verdad que pretendió pasar por “histórica” la Procuraduría General de
la República (PGR), para dar carpetazo final al caso de los 43 estudiantes
normalistas de Ayotzinapa que sufrieron detención-desaparición forzada por
parte del Estado mexicano. Los colegas integrantes de este respetado y
confiable equipo no encontraron pruebas científicas para demostrar que los jóvenes
fueron asesinados y quemados en el basurero de Cocula, y sus restos esparcidos
en el río San Juan. Asimismo, hicieron públicas inconsistencias,
irregularidades y errores en la investigación de la PGR, que indudablemente
corresponden a un patrón de encubrimiento e impunidad, éste sí histórico, por
parte del Estado mexicano para rehuir su responsabilidad en ese y otros
crímenes de lesa humanidad. Precisamente la pretensión del Estado de no
investigar a fondo ni llegar a las últimas consecuencias en la cadena de
mandos, incluyendo fuerzas armadas, aparatos policiales y de inteligencia, así
como no fincar responsabilidades a las autoridades civiles superiores, forma
parte de la tipificación del crimen de desaparición forzada; esto es, los
delitos cometidos por el poder tienden a ser borrados por el poder mismo.
Desde el año 2008,
la comisión de mediación entre el PDPR-EPR y el gobierno federal pugnó por la
aparición con vida de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez,
militantes de esa organización armada, hasta su disolución definitiva en el año
2012, encontrando una absoluta carencia de resultados en la investigación por
la evidente inoperancia de los aparatos de procuración y administración de
justicia en el país y, en consecuencia, la necesidad de justificar la
intervención de instancias internacionales, como el Grupo de Trabajo de
Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas, en la búsqueda de soluciones
reales a este grave problema nacional.
No obstante, fue
la tenacidad de los familiares de los dos desaparecidos y el profesionalismo de
sus abogados lo que llevó a continuar el proceso legal internamente, esta vez
mediante una demanda de amparo indirecto que impugna los actos de desaparición
forzada cometidos en contra de sus parientes, promovida el 24 de septiembre de
2013. Una vez que dicha demanda quedó radicada en el juzgado cuarto de distrito
de amparo en materia penal en el Distrito Federal, el juez solicitó informes a
todas las autoridades que las promoventes del juicio señalaron como
responsables en la fecha de la comisión del delito, que van desde el secretario
de la Defensa, el comandante de la Fuerza Aérea Mexicana, el director de
Control Militar de Vuelos, el director general de Justicia Militar, el
secretario de Marina, el jefe del Estado Mayor de la Armada, el director
general del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, el procurador general
de la República, hasta todos los mandos de la Secretaría de Seguridad del
estado de Oaxaca, de la Policía Federal, etcétera, haciendo un total de 28
funcionarios, para que dichas autoridades rindieran sus informes respecto de la
suerte o paradero de los desaparecidos. El 25 de febrero de 2014, los abogados
solicitaron al juez que ordenara el desahogo de diversas diligencias con el mismo
fin, así como que demandara al procurador general de la República un informe
respecto al avance de la averiguación previa.
Después de varios
escarceos jurídicos, el tribunal colegiado resolvió que todas las autoridades
señaladas como responsables “se trasladen
a los lugares de posible detención u ocultamiento, en especial, realicen la
búsqueda de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez en las
principales instalaciones militares. Tomen comparecencia a los funcionarios de
la Procuraduría General de la República, a funcionarios estatales o mandos
militares, que hubiesen estado en funciones en mayo de 2007, a fin de que
declaren en relación a los hechos. Informen sobre la inhumación de cadáveres en
los centros de detención o zonas militares que pudieran coincidir con la de las
víctimas, para en su caso realizar diligencias de identificación forense; para
lo cual, dichas autoridades deberán ordenar a los funcionarios competentes que
se realicen las diligencias necesarias para cumplir con lo anterior. Asimismo,
podrán crearse comisiones especiales o realizar todas las diligencias que se
estimen pertinentes a efecto de localizar a Edmundo Reyes Amaya y Gabriel
Alberto Cruz Sánchez”.
El 13 de julio de
2014, el PDPR-EPR me solicita, en comunicado público, y a partir de la
resolución emitida por el noveno tribunal colegiado en materia penal, que “en virtud del conocimiento del tema y de su
participación en la ex comisión de mediación, convoque a otras personas con su
calidad para formar una comisión que en esta ocasión sería de seguimiento y
verificación de la búsqueda, localización y presentación vivos de nuestros
compañeros, en virtud de la orden dada en el resolutivo del 19 de junio del año
en curso por el Poder Judicial de la Federación, porque nosotros tenemos
información sobre nuestros compañeros y de crímenes de Estado realizados en
Oaxaca, que precisamos entregar en sus manos”.
Una vez conformada
esta comisión civil de seguimiento y búsqueda, el 17 de septiembre del año
pasado sus integrantes hicimos público un comunicado en el que denunciábamos el
incumplimiento por parte de la Secretaría de Gobernación para establecer una
propuesta de ruta de trabajo, exhortando a esta dependencia y a las 28
autoridades señaladas como responsables en el amparo, a hacer realidad, a la
brevedad, la resolución del Poder Judicial de la Federación. ¿Entrarán estas
autoridades, una vez más, en desacato?
¡Vivos se los
llevaron, vivos los queremos!
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