por Carlos Fazio
Texto completo en: http://www.lahaine.org/mexico-el-fiscal-murillo-karam
La Jornada:
No puede pasar desapercibida la reunión de
la cúpula del Consejo Coordinador Empresarial con los mandos de las fuerzas
armadas.
El
viernes 13 de febrero, el Comité de Naciones Unidas contra las Desapariciones
Forzadas (CDF-ONU) puso en duda la certeza jurídica y la verdad histórica del procurador Jesús Murillo Karam sobre los
hechos de los días 26 y 27 de septiembre en Iguala, Guerrero. Al referirse a
los ataques contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, el comité
con sede en Ginebra, Suiza, dijo que el caso ilustra los serios desafíos que
enfrenta el Estado (mexicano) en materia de prevención, investigación y sanción
de las desapariciones forzadas. Afirmó también que en México la desaparición
forzada es un tipo de delito generalizado en gran parte del país y sus
perpetradores, incluidos servidores públicos, gozan en su inmensa mayoría de
total impunidad, reflejada en la casi inexistencia de condenas por ese delito.
El
comité constató una serie de obstáculos en el acceso a la justicia en casos de
desaparición, incluido el hecho de que las autoridades no inicien de inmediato
la investigación penal (la procuraduría de Murillo Karam se tardó 10 días en
atraer el caso), o clasifiquen hechos de desaparición forzada como otro delito.
El señalamiento no es menor, dado que en el derecho internacional humanitario
la desaparición forzada es una noción que comprende varios crímenes, incluidos
la detención ilegal y la negación del debido proceso, lo que por lo general
implica la tortura y los tratos crueles e inhumanos, y a menudo también el
asesinato (ejecución extrajudicial). Además, según el Tribunal Penal
Internacional (Roma, 1998), si se practica de forma generalizada o sistemática
(incluso en tiempos de paz), la desaparición es considerada un crimen contra la
humanidad, continuado e imprescriptible, sin posibilidad de indulto o amnistía
y debe ser investigado en el fuero común.
Los
crímenes contra la humanidad se consideran parte del ius cogens, las normas legales internacionales de más alto rango y,
por tanto, constituyen una regla no negociable del derecho internacional; lo
que implica que esos crímenes están sujetos a jurisdicción universal. De allí
los esfuerzos de Murillo Karam por reclasificar los delitos de Iguala (con
figuras jurídicas menos graves y atribuyéndoselos a un grupo de la economía
criminal), con la intención de sustraer al Estado mexicano de toda responsabilidad
en los hechos.
México
ratificó en 2008 la Convención Internacional para la Protección de todas las
Personas contra las Desapariciones Forzadas, y es uno de los 44 estados parte.
De allí que, como le recordó ahora el CDF-ONU, tiene la obligación de investigar
de manera efectiva a todos los agentes u órganos estatales que pudieran haber
estado involucrados, así como a agotar todas las líneas de investigación ante
hechos de desaparición forzada, recomendación que recoge una demanda central de
los abogados, padres y compañeros de las víctimas de Ayotzinapa.
Al
respecto, el comité recordó la obligación de sancionar a los superiores
jerárquicos en la cadena de mando de acuerdo con el artículo 6 de la
convención, que establece la responsabilidad penal del mando superior que haya
tenido conocimiento de que los subordinados bajo su autoridad y control
efectivos estaban cometiendo o se proponían cometer un delito de desaparición
forzada, o haya conscientemente hecho caso omiso de información que lo indicase
claramente, y teniendo responsabilidad sobre actividades relacionadas con la
desaparición, no haya adoptado todas las medidas necesarias y razonables a su
alcance para prevenir o reprimir que se cometiese o para poner los hechos en
conocimiento de las autoridades competentes.
Dicha
recomendación es crucial para romper el ciclo de impunidad en México. En el
caso Iguala/Ayotzinapa, resulta evidente que los superiores jerárquicos en la
cadena de mando de los organismos de seguridad del Estado (Sedena, Semar, Gobernación,
Policía Federal, Cisen, Seido, PGR, Brigadas de Operaciones Mixtas, policía
estatal de Guerrero), fueron informados en tiempo real por el Centro de
Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo (C-4) de Chilpancingo y sus
respectivos agentes en la entidad (verbigracia, las bitácoras del 27 batallón
de infantería que intervino en tareas de contención y rastrillaje, y los
respectivos informes de fatiga de las policías estatal y federal), sobre qué
hacían elementos del eslabón más débil de la cadena: las policías municipales
de Iguala y Cocula.
Ya sea
por acción, omisión, negligencia, colusión, protección o complicidad, existe
algún grado de responsabilidad en distintos niveles de la cadena de mando de
los aparatos de seguridad del Estado en torno a las ejecuciones extrajudiciales
de cinco personas, la tortura y asesinato del estudiante Julio César Mondragón
y la detención-desaparición de 43 normalistas. Pero el procurador Murillo se
niega a abrir esa línea de investigación, y de esa forma alimenta y perpetúa la
impunidad castrense en materia de violaciones a los derechos humanos.
Evidenciado
antes por el Equipo Argentino de Antropología Forense, Murillo Karam tuvo ahora
en Ginebra su viernes 13. En ese contexto, y en el de una crisis ideológica
−hegemónica, diría Gramsci− en la coyuntura, de alteración profunda del bloque
en el poder y también de una grave crisis de representación de los partidos
políticos, no puede pasar desapercibida la reunión de la cúpula del Consejo
Coordinador Empresarial con los mandos de las fuerzas armadas, general Salvador
Cienfuegos (Sedena) y almirante Vidal Soberón (Semar), en el Club de
Industriales.
Huelga
decir que el aparato represivo constituye el núcleo central del Estado y que la
clase o fracción hegemónica detenta, en general, el poder de ese aparato.
Aunque con contradicciones en la coyuntura, quienes pusieron a Peña Nieto en
Los Pinos recurren a las fuerzas armadas y piden ¡orden! Como sugirió la
Rayuela de La Jornada del 14 de febrero, ¿asistimos a una privatización de los
cuarteles? ¿Transitamos hacia una suerte de bonapartismo
a la mexicana?
Comentarios