Por Equipo Indignación
A.C.
25 abril, 2015
Las y los
habitantes desplazados de San Antonio Ebulá presentaron un amparo en contra del
Gobierno de Campeche para exigir reparación por sus viviendas destruidas en
2009. La demanda fue admitida ayer 23 de abril por el Poder Judicial de la
Federación y será resuelta por el Juzgado Primero de Distrito con sede en
Campeche.
El 13
de agosto de 2009, un grupo de personas entraron violentamente a la comunidad
resguardados por cerca de cien elementos de la Policía Estatal Preventiva de
Campeche y apoyados por tres tractores y camionetas de la empresa del señor
Eduardo Escalante. Setenta y seis familias fueron desplazadas violentamente, al
mismo tiempo en que sus pertenencias y propiedades fueron destruidas por el
grupo de parapolicías contratados por el empresario Eduardo Escalante. Las viviendas
fueron destruidas y quemadas, así como la escuela y la capilla del pueblo.
Las y
los habitantes de San Antonio Ebulá han intentado durante más de veinticinco
años el reconocimiento de la propiedad de sus tierras a través de las
autoridades agrarias, encontrándose con obstáculos procesales que hasta la
fecha no han sido resueltos. Debido a la demora excesiva de la justicia agraria
y la negación sistemática de la justicia penal para sancionar a los
responsables, la población desplazada presentó el 22 de agosto de 2013 una
petición en contra del Estado Mexicano ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos, misma que se encuentra actualmente en trámite.
Sin
embargo, la necesidad de reparar las viviendas destruidas se ha vuelto
prioritaria para las y los desplazados internos y es un derecho que se les ha
negado, a pesar de que el gobierno de Campeche reconoce el desalojo y a pesar
de que el propio gobierno obstaculizó el acceso a la justicia.
Efectivamente,
el gobierno de Campeche firmó un acuerdo con las y los pobladores de Ebulá a través
del cual otorgó las tierras para la reubicación en 2009, independientemente de
que el litigio agrario siguiese su curso. En ese convenio reconoce el desalojo,
el desplazamiento y la destrucción, pero sujeta la reparación del daño al
proceso penal; sin embargo la procuraduría, cuyo titular era Renato Sales,
obstaculizó el proceso y finalmente cerró el expediente negando la justicia.
Para
obtener la reparación, el pasado 6 de octubre de 2014 pobladores de Ebulá
presentaron una solicitud escrita ante las autoridades de Campeche para
garantizar la reparación en materia de viviendas. Conforme a los estándares
internacionales en materia de desplazados internos, corresponde a las
autoridades garantizar el derecho a la vivienda por las vías posibles. En
respuesta, el Gobierno de Campeche negó los derechos de la población negando la
existencia de un desplazamiento interno, a pesar de que ya lo había reconocido
previamente en el convenio firmado el 24 de septiembre de 2009.
La
negativa del Gobierno de Campeche viola los derechos a la reparación, a la
vivienda y a la garantía de audiencia establecidos en los artículos 1 y 4 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; los artículos 1.1 y 26
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; los artículos 1 y 11.1 del
Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos,
Sociales y Culturales; los artículos 1, 2 y 11 del Pacto Internacional de
Derechos Económicos, Sociales y Culturales; los artículos 1, 2, 5, 6, 8, 11,
12, 13 y 14 de los Principios Sobre la Restitución de las Viviendas y el
Patrimonio de los Refugiados y las Personas Desplazadas; los artículos 2, 3, 6,
18 y 21 de los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos; y los
artículos I, II, VII, y IX de los Principios y directrices básicos sobre el
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas
internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho
internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones.
El
Equipo Indignación exhorta al Juzgado Primero de Distrito a aplicar los
estándares internacionales aplicables a un caso de esta naturaleza con el
objetivo de que los derechos a la reparación y a la vivienda sean asumidos como
un deber real por las autoridades del Estado de Campeche y restituyan en algo
los graves daños ocasionados al pueblo de San Antonio Ebulá.
Equipo
Indignación A.C.
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