por Lucía Sepúlveda Ruiz
(Chile)
piensachile.com/derechos-humanos-3/
Publicado el 23 julio, 2015
La
Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad
El 24 de julio se cumplen 40 años de la
publicación de la “Lista de los 119” en
diversos medios nacionales. La impunidad es la regla, salvo para 19 casos en
que la sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los
criminales (ver cuadro 1). La justicia chilena sólo comenzó a actuar después de
la detención de Pinochet en Londres, el 2001, iniciándose la investigación del
montaje que la DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo”. En 2009, sin
embargo, la Corte Suprema absolvió a todos los criminales por la desaparición
de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa,
revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís y aplicando la
total prescripción de los delitos.
“Exterminados como
ratones”, tituló La Segunda el 24 de julio de 1975 refiriéndose a estas
desapariciones. Eran 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline
Drouilly, embarazada) y 100 hombres, todos luchadores antidictatoriales, la
inmensa mayoría menores de 30 años. Sin excepción, amaban la vida y la libertad.
De sus 97 hijos, trece fueron póstumos, y dos nacieron en cautiverio.
Entre los secuestrados del 8/7/74 al 20/1/75 había parejas, hermanos, amigos y
compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas,
actores, sastres y pobladores. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, la
José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de
Antofagasta, o La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Ángeles
y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas,
socialistas, del MAPU o sin militancia. Los sobrevivientes los vieron por
última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Alamos.
Los medios chilenos en dictadura habían encubierto los
crímenes “informando” en grandes
titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas
internas. Reprodujeron notas de Lea y O Día, revistas
creadas para ese fin en Argentina y Brasil. El montaje fue en parte obra de
Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones
Sicológicas de la DINA, quien firmaba como “Alexis”.
Así lo establece el fallo emitido en 2006 por el Tribunal de Ética del Colegio
de Periodistas, al que recurrió el Colectivo 119. Puga no era periodista y no
ha figurado en ningún procesamiento. Los diarios de la cadena El Mercurio
fueron parte crucial de la maniobra, por lo cual Agustín Edwards fue
interrogado en 2013 por el ministro Mario Carroza a raíz de la querella
interpuesta por miembros del Colectivo 119 ese año contra Edwards y los
responsables civiles del montaje. En 2015 Agustín Edwards fue finalmente
expulsado del Colegio de Periodistas. La sanción emitida por el citado Tribunal
de Ética, se basa, entre otros cargos, en los atentados a la libertad de
expresión promovidos por El Mercurio a partir del golpe de Estado de 1973.
Prisión efectiva con pensiones para 10
Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, a
nivel nacional y en este episodio represivo, la impunidad se confirma como la
tendencia dominante. La interminable espera de justicia continúa para 90 de las
desapariciones. Sólo 10 criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de
Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex director
de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi, con 17 condenas
cada uno); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 12 casos); Manuel
Carevic (agrupación Purén, 3); Pedro Espinoza (ex jefe DINA, 4 casos);
Francisco Ferrer (ex jefe DINE, 3 casos); Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán,
3); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA, 3); Orlando Manzo, ex jefe
de Cuatro Alamos (2); y Basclay Zapata integrante de Halcón, por 11 casos. Los
diez continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar,
cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la gran mayoría de los
chilenos.
Concierto contra la impunidad
Para conmemorar el aniversario,
el Colectivo 119 junto a decenas de organizaciones sociales y populares
convocan este viernes 24 al Concierto “Por Justicia Contra la Impunidad”, en el
Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, desde las 17 horas. Se respira impunidad
en estas causas pero también a nivel país, sostienen los organizadores del
Colectivo Familiares y Amigos de los 119. Los ex presos políticos que con sus
testimonios contribuyeron de forma generosa y decisiva al avance de los
juicios, son una vez más ninguneados por el Estado chileno, sordo a sus
demandas de justicia y reparación expresadas en una prolongada huelga de
hambre.
Es turbulento el marco de los 40 años de la publicación
de la Lista de los 119. La Corte de Apelaciones ha puesto en libertad al autor
material de un crimen del caso Degollados, Alejandro Sáez, que había sido
condenado a cadena perpetua. El fallo, considerado aberrante por familiares de
los caídos y las organizaciones de derechos humanos, podría repetirse. Hasta
ahora nuevas sentencias a firme han impedido que Contreras, que postuló en 2011
a la salida dominical, y Miguel Krassnoff que solicitó a la Corte la libertad
condicional, estén libres. Por otra parte, los criminales Daniel Cancino,
Ricardo Lawrence, y Rubén Fiedler están prófugos eludiendo el cumplimiento de
sus sentencias.
El persistente trabajo de rescate de la memoria y de
acompañamiento a los procesos llevado a cabo por el Colectivo
119 Familiares y Amigos impide, sin embargo, que a la impunidad
se sume el olvido
. Diversas iniciativas artísticas y académicas
florecen a contrapelo de la injusticia: en la Universidad de Chile, se abrió
recién un concurso de ensayos sobre “Juicio Público a los Medios de
Comunicación a 40 años de la Operación Colombo”; se estrenó
en 2013 un documental (“119 esperanzas”, de Luis Parra F). En Sao Paulo y
Montevideo se ha exhibido la muestra fotográfica de Cristián Kirby “119”, sin
acogida en Chile como proyecto; hay un libro reportajes (“119 de nosotros”),
varias tesis de grado, y el Museo de la Memoria expondrá el proyecto “Hilos de
Ausencia” durante 119 días, a partir del sábado 26 de julio.
Impunidad “biológica”
The Clinic entrevistó en marzo de 2014, al ya retirado ministro
Alejandro Solís, que durante su desempeño emitió 44 fallos en causas de derechos
humanos, e incorporó en ellos principios del derecho internacional en derechos
humanos. Expresó Solís: “Falta voluntad
de apurar este tipo de causas. Que sea genérico o individual, no lo sé. Si pasa
el tiempo ¿en qué se traduce esto? Se van muriendo los familiares
de las víctimas y se van muriendo los testigos y los inculpados, por razones de
salud no pueden ir a la cárcel. Entonces se produce una impunidad biológica.”
Además de los 29 fallos dictados por la Suprema por casos
de la Operación Colombo, hay 6 sentencias ya confirmadas por la Corte de
Apelaciones que deben seguir su camino hacia la Corte Suprema, y 30 fallos de
primera instancia (ver 2 cuadros anexos). Pero entre julio de 2012 y junio de
2013, las Cortes de Apelaciones fallaron solamente siete sentencias de primera
instancia. Estas demoras son habituales.
Entre las argucias usadas por las defensas, está
solicitar la actualización de exámenes de facultades mentales por el Servicio
Médico Legal. Es obligatorio hacerlo para condenas superiores a 15 años y un
día, o cuando el condenado tenga más de 70 años. Imposible
olvidar que el principal responsable de las acciones de la DINA, Augusto
Pinochet Ugarte, jamás pagó por ninguno de sus crímenes, aunque fue procesado y
prontuariado por estas causas.
Según cifras totales del poder judicial (a marzo 2014),
en las 1045 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en
dictadura, se han dictado 247 sentencias, de las cuales 217 son condenatorias y
30, absolutorias.
El truco de la media prescripción
En 10 fallos sobre casos de la Operación Colombo, a partir de julio de
2007, la Corte Suprema hizo simulacros de justicia que permiten a todos o
algunos de los condenados la libertad, gracias a la figura de la “media prescripción”, que el Ministro
Hugo Dolmetsch y otros aplican sistemáticamente rebajando las sentencias para
posibilitar la libertad de los criminales (ver Cuadro 2). Estas
prácticas revelan que la doctrina internacional de derechos humanos está lejos
de ser asimilada y comprendida por la mayoría de la judicatura chilena, con
honrosas excepciones. El ministro Carlos Cerda ha atajado esta figura en fallos
recientes.
La abogada y aspirante a doctora en derecho Karinna
Fernández analiza este tema en su artículo “La jurisprudencia de la
Corte Suprema Chilena frente a las graves violaciones a los derechos humanos”
(Revista del Magister y Doctorado en Derecho), recordando que la Corte
Interamericana de Justicia es claramente contraria a la aplicación de la media
prescripción. En delitos de lesa humanidad, las sentencias
deben cumplir con parámetros de “proporcionalidad
y pertinencia” que justamente no se dan en estos casos, claramente
contrarios al derecho internacional.
Están libres los criminales
responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico,
Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores;
el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el interventor de la industria
de aceros Franklin, Sergio Montesinos; el estudiante de ingeniería y dirigente
del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el
electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo,
Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.
Sentencias a más de 10 años
Sólo en 14 de las 29 sentencias analizadas, los perpetradores de estos
delitos de lesa humanidad recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por
la
Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor
que desarrolló posteriormente la DINA actuando coordinadamente con los
servicios de inteligencia del Cono Sur y otros. La Corte Suprema dictó en 2004
la primera sentencia por estos crímenes, confirmando el fallo original del
ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex
miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). Así fue
como el 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras
fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera
de una larga serie de condenas. Fue un día de júbilo para Chile y el mundo.
Otra sentencia de trascendencia internacional fue la
emitida a fines de 2014 por el secuestro y desaparición del estudiante de
filosofía y dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau, quien tenía nacionalidad
francesa. La sentencia fue posterior al fallo dictado por la corte francesa en
2011 en un juicio notable por la investigación desarrollada. En Francia se condenó en
rebeldía a Contreras y otros a cadena perpetua. En Chile la más alta condena en
el juicio por el mismo crimen, fue de 10 años. Para tener una instancia de
comparación más próxima, veremos el caso de Argentina. A agosto de 2011 en ese
país el promedio de sentencias finales era de 35,25 años. El promedio de las
sentencias dictadas en Argentina en toda instancia, en 2010 se sitúa entre los
20 y 25 años, con varias condenas a cadena perpetua y una sola menor a 15 años,
según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales
Méritos de Contreras y Krassnoff
Una muestra de amor por la impunidad se encuentra en la sentencia
pronunciada por los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo
Dolmetsch, y Carlos Künsemüller en el fallo por el secuestro de Jaime
Robotham Bravo, emitida en 2011, “condenando”
a 5 años presidio menor (es decir en libertad) a Manuel Contreras, Marcelo
Moren, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Fernando Lauriani, Miguel Krassnoff y
Daniel Cansino por cumplir los requisitos (artículo 15 de la Ley 18.216 sobre
Medidas Alternativas a las penas) “precisamente
en mérito de los antecedentes personales consignados por sus defensas, tomando
en consideración el largo tiempo transcurrido desde la consumación de los
hechos punibles, como asimismo el mérito que emana de los antecedentes…se les
concede la libertad vigilada….por un lapso similar al de la pena principal
sufrida por cada uno de ellos”.
La escuela del ministro Solís
Para el Colectivo 119 es destacable el trabajo del ministro Alejandro
Solís que hasta su retiro investigó en forma intensiva los hechos denunciados,
incorporando en los fallos por primera vez la doctrina internacional de
derechos humanos, así como testimonios y contexto.
Por esa senda caminan ahora los ministros
Leopoldo Llanos y Hernán Crisosto que junto a los magistrados Carroza y
Vásquez, llevan estas causas. Con respecto a la Operación Colombo, el
ministro Crisosto ha dictado ya 13 sentencias en lo que va transcurrido de 2015
y firmó otro fallo en 2014. Por su parte, el ministro Llanos dictó 11
sentencias en 2014 y 2 en 2015, lo que totaliza 30 sentencias de primera instancia
sumando las de otros ministros.
La espera sin fin
De los 90 casos restantes, hay 15 con Acusación formulada, y se espera
el fallo correspondiente. En 25 casos ya se han dictado los procesamientos que
preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero en 14 casos aún no se
adoptan decisiones a nivel judicial. Los procesos están en etapa de sumario, o
bien han sido reactivados hace muy poco. Son los casos del obrero de la
construcción Eduardo Alarcón Jara, del estudiante de Biología y ex
alumno del Manuel de Salas, Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante
valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero;
del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera
Cofré; del joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.
Tampoco hay novedades judiciales en el caso del
militante del MAPU y ex redactor de “Chile
Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan
Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo
Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo
Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la
desaparición de Ramón Núñez Espinoza, el joven estudiante de la USACH de
quien el entonces embajador Sergio Diez, recientemente fallecido, dijo en
Naciones Unidas: “No tiene existencia
legal”.
Cuarenta años después de la Operación Colombo,
la justicia no ha llegado para el dirigente poblacional de La Bandera, Gary
Olmos Guzmán, ni para Jorge Ortiz Moraga, mirista, estudiante de
medicina, y rugbista y para el estudiante de sociología Carlos Salcedo
Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Álamos.
Contradictoria conducta de los tribunales cuya Corte Suprema pidió perdón por
su rol en dictadura, sin que en su conjunto los tribunales actúen
consecuentemente
Cuadro 1: Las 29 sentencias a firme (Corte Suprema)
Tipo de sentencia
|
29
|
Casos
|
Absueltos todos los criminales, Prescripción total
|
1
|
Jacqueline Binfa (2009)
|
Media prescripción = criminales sin pena efectiva o rebaja a
sólo 5 años y 1 día
|
10
|
Manuel Cortez, Félix de la Jara G, Julio Flores, Ofelio Lazo, Sergio
Montecinos, Anselmo Radrigán, Jaime Robotham, Marcelo Salinas, Fernando Silva
C, Claudio Silva P
|
Sentencias de menos de 8 años y 1 día
|
5
|
S. Jorge Espinosa M´, Muriel Dockendorff, Pedro Merino, Patricia Peña
S, Fernando Peña
|
Diez años o más a Contreras y/o otros miembros Plana mayor DINA
|
14
|
M. Teresa Bustillos, Mario Carrasco, Manuel Cortez, Claudio Contreras,
Alfonso Chanfreau, Jorge D´Orival, Alfredo García, María Elena González,
Hernán González, Rodolfo González P., Luis Guajardo, Juan Ibarra, José Jara,
Miguel Angel Sandoval.
|
Fuente: elaboración propia con información del Programa de DDHH del
Ministerio del Interior y el Poder Judicial más archivos personales, al 15 de
julio de 2015
Cuadro 2: Las 90 causas restantes
Estado de la Causa y Cantidad casos
|
Casos
|
6 con Sentencia C. Apelaciones (falta el Paso por C. Suprema
|
Stalin Aguilera, Víctor Arévalo, Bladimir Arias, Agustín Reyes,
Eduardo Miranda, Víctor Villarroel.
|
30 sentencias primerainstancia
|
Miguel Angel Acuña, René Acuña, M. Angélica Andreoli, Rubén Arroyo,
Abundio Contreras, Carlos Cubillos, Bernardo de Castro, Jacqueline Drouilly,
Luis Durán, Teresa Eltit, Modesto Espinoza, M. Isabel Joui, Carlos Gajardo,
Eduardo Lara, Mónica Llanca, Eugenia Martínez, Agustín Martínez, Juan
Molina, Marta Neira, Luis Palominos, Carlos Pérez V, Pedro Poblete, Hugo
Ríos, Gerardo Silva, Enrique Toro, Rodrigo Ugas, Jaime Vásquez, José
Villagra, Manuel Villalobos, Héctor Zúñiga.
|
15 con Acusación formulada (en espera del fallo que fija la
condena)
|
Arturo Barría, Francisco Bravo, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Antonio
Cabezas, Juan Chacón, Héctor Garay, Zacarías Machuca, Rodolfo Marchant, Jorge
Olivares, Vicente Palomino, Daniel Reyes, Ariel Salinas A, Teobaldo Tello,
Eduardo Ziede.
|
25 con procesamientos (en espera de acusación)
|
M. Inés Alvarado, Francisco Aedo, Jorge Elías Andrónicos, Juan Carlos
Andrónicos, Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Roberto Chaer,
Washington Cid, Darío Chávez, Martín Elgueta, Alejandro Espejo, Agustín
Fioraso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, M. Cristina López, Germán Moreno,
Juan Carlos Perelman, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Asrael Retamales,
Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Bárbara Uribe, Edwin van Yurick.
|
14 Sin avances visibles. Varias de las querellas interpuestas hace
poco.
|
Eduardo Alarcón, Luis Fuentes, Néstor Gallardo, Jorge Antonio Herrera,
Ramón Labrador, Sergio Lagos H., Violeta López, Juan Bautista Maturana,
Edgardo Morales Ch, Leopoldo Muñoz A, Ramón Núñez, Gary Olmos, Jorge Ortiz y
Carlos Salcedo.
|
Fuente: elaboración Lucía Sepúlveda con información del Programa de DDHH
del Ministerio del Interior y el Poder Judicial, más archivos personales, al 15
de julio de 2015
– La autora, Lucía Sepúlveda Ruiz, es
periodista
www.periodismosanador.blogspot.com
www.periodismosanador.blogspot.com
Comentarios