Por Tlachinollan
Centro de Medios Libres
23 noviembre, 2015
Este lunes 23 de noviembre decenas de familias Indígenas del
Consejo de Comunidades Damnificadas de la Montaña (CCDM) bajarán a Tlapa para
emprender una marcha-caravana a la capital del estado contra el hambre, la
discriminación y el engaño impuestos por los gobiernos apátridas.
A dos años y dos meses
de la tormenta Manuel y del huracán Ingrid las comunidades damnificadas padecen
los estragos de la naturaleza pero sobre todo la voracidad de las autoridades y
las empresas constructoras que se coludieron para atracar a las familias más
pobres del país, quienes siguen viviendo sobre casas derruidas.
Con lodo y zacate han
tenido que parchar las grietas de sus paredes que están a punto de caerse y
sostener con algún morillo su techo de cartón. La tragedia se volvió el gran
negocio para políticos y empresarios corruptos. Fue la gran oportunidad para
varios patanes del poder que crearon empresas fantasmas para obtener sumas
millonarias del Fondo de desastres naturales (Fonden) y del Plan Nuevo Guerrero
que manejó más de 37,425 millones de pesos en el 2014 y 30,410 millones en lo
que va del 2015 al 2018.
Para asegurar que estos
fondos quedaran dentro de los círculos más cercanos a las cúpulas del otrora
partido de estado, el presidente de la república creo el Consejo Consultivo
ciudadano para la restauración de Guerrero, poniendo al magnate Miguel Alemán Velasco,
como presidente del consejo, “en
representación de la sociedad guerrerense”.
A dos años de la
presentación del Plan Nuevo Guerrero en Chilpancingo, los pueblos de la Montaña
no ven llegar las obras y acciones orientadas a garantizar el derecho a la
alimentación, la salud, la educación, vivienda, agua potable, drenaje,
electrificación, caminos y proyectos productivos como lo especifica el segundo
eje del Plan. Han sido más bien los Pueblos los que se han organizado para
alzar la voz y exigir al gobierno que deje de lucrar con los recursos
destinados a la reconstrucción de su vida comunitaria.
Ante la inconsistencia
de los registros de la SEDATU acerca del número de viviendas dañadas, el mismo
Consejo de damnificados realizó los recorridos comunidad por comunidad para
levantar su propio censo sobre las casas destruidas. Contabilizó 4,250 casas
que no están registradas por la SEDATU y hasta la fecha no hay seguridad de que
estas viviendas cuenten con techo presupuestal para el 2016.
Para estos gobiernos
condenar a más familias a vivir sobre el lodo les tiene sin cuidado, porque su
visión racista les indica que no vale la pena construir en lugares donde la
gente no está acostumbrada a tener una casa con los servicios básicos.
Lo más cruento es lo que
sufren las familias que se ubican en lugares de alto riesgo y que necesitan ser
reubicadas. Son más de 30 comunidades que nunca encontraron respuesta de las
autoridades del estado para conseguirles un terreno apropiado para su
reubicación. Mientras estaba la presión fuerte ante los medios de comunicación,
varias instituciones simularon acciones orientadas a planear su traslado, pero
todo quedo en promesas y engaños. Varias comunidades de Malinaltepec, San Luis
Acatlán, Cochoapa el Grande y Acatepec, se han resignado a vivir entre las
grietas rogándole a Dios que no se desgaje más la tierra.
Alrededor de 40 escuelas
de preescolar y primaria siguen esperando que las empresas concluyan los
trabajos. Las niñas y niños tienen que recibir clases bajo enramadas o techos
de cartón. Los puentes colgantes que arrastró la corriente de agua no se han
podido reparar por falta de material adecuado, mientras tanto, los niños y
niñas tienen que rodear los cerros para llegar a la escuela o colgarse de las
espaldas del papá o la mamá para cruzar el río.
Las pocas casas de salud
que hay en la Montaña no solo carecen de personal médico sino del cuadro básico
de medicamentos. Las caravanas de la salud son un gran ardid para no asignar
personal médico en las comunidades que lo requieren y para informar que existe
una cobertura amplia por el hecho de que lleguen una tarde a la comunidad para
solo levantar registros de las mujeres embarazadas y promover la adopción de
algún método de control natal.
Varias de estas casas
quedaron severamente dañadas. El hospital comunitario de Tlacoapa quedó
colapsado y hasta la fecha los habitantes no cuentan con un lugar apropiado
para la atención médica que es sumamente precaria y escasa. Los trabajos del
nuevo hospital están parados y nadie se responsabiliza de monitorear los
avances de la obra y exigir su conclusión.
Los recursos millonarios
para la construcción de puentes y carreteras han quedado en meros anuncios
espectaculares. Los habitantes de los municipios más pobres tienen que
resignarse a caminar varias horas por los derrumbes y los tramos
intransitables. Se improvisan pasos vehiculares para cruzar los ríos porque a
decir de los funcionarios no están dentro de las obras presupuestadas.
Las siembras
siniestradas por diferentes fenómenos naturales ni siquiera son registradas por
los funcionarios de la SAGARPA ni SDR. Hacen sus reportes a su modo y a las
familias que tienen sus parcelas a varias horas del centro poblacional nunca
aparecen en el padrón de damnificados. Son los mismos productores los que se
han encargado de rehabilitar por dos años sus terrenos para sembrar nuevamente
maíz frijol y calabaza. La sequía de este ciclo agrícola completada con los
vientos de octubre tumbaron las milpas que aún no jiloteaban.
La fiesta de muertos solo
fue posible realizarla con el dinero que llegó de los familiares que trabajan
en Estados Unidos para comprar velas, pan, flores, incienso, frutas,
aguardiente, refrescos y hasta maíz. En los altares ya no se ofrendaron los
frutos de esta temporada.
El hambre en la Montaña
es un drama creciente ante el deterioro de las tierras y la falta de incentivos
para mejorar la producción de básicos. A pesar de las inclemencias de la
naturaleza y la ausencia de las instituciones encargadas de atender la
problemática de los pequeños productores, las familias se mantienen fieles a su
siembra que son parte de su identidad y la fuente de la vida comunitaria. Por
eso han exigido a las autoridades un programa extraordinario de dotación de
granos básicos para atender el déficit alimentario que persiste entre los
pueblos de la Montaña.
El Consejo de
comunidades Damnificadas, en febrero de 2014 presentó una propuesta denominada “que llueva maíz en la Montaña” para
dotar de granos básicos a las familias que sufrieron los estragos de las
tormentas con el fin de atender un derecho básico y apoyar en la reconstrucción
comunitaria. Esta propuesta que fue aprobada en marzo de 2014 por el gobierno
del estado quedó trunca por falta de fondos.
Fue por la presión
ejercida de las comunidades del Consejo que la CDI aceptó apoyar esta propuesta
realizando cinco entregas a lo largo de año y medio. Este planteamiento ha sido
fundamental para cubrir la carencia de alimentos y apoyar en la reconstrucción
comunitaria. Los altos índices de desnutrición infantil han llevado a que el
mismo instituto nacional de ciencias médicas y nutrición Salvador Zubirán,
apoye la implementación de un programa alimentario con la dotación de granos
básicos para revertir estas condiciones de sobrevivencia que ha colocado a la
niñez de la Montaña en el umbral de la muerte.
La lucha del Consejo de
Comunidades Damnificadas de la Montaña es para poner un alto a esta
devastación, sobre todo para contener la depredación del poder político que
sigue socavando la vida de las familias indígenas al malversar los fondos
destinados a garantizar sus derechos básicos.
Este fraude descomunal
que han cometido varias autoridades municipales y estatales amafiadas con
empresas fantasmas creadas por varios políticos, es lo que ha obligado a que
los pueblos de la Montaña se organicen para exigir lo que en justicia les
corresponde y para obligar a que cumplan a cabalidad con las obras que no han
realizado, las que están en pésimas condiciones, y las que no han concluido.
Han decido bajar de sus
comunidades para demandar de manera urgente la construcción de las viviendas
que la SEDATU no tomó en cuenta como parte de su política discriminatoria y
excluyente. Marcharán hasta Chilpancingo para que la SEDESOL y la CDI asuman un
mayor compromiso con las familias indígenas que siempre han recibido un trato
desigual e inequitativo y en todo momento han regateado recursos como la forma
más nefasta de negarle el derecho a reconstruir su vida comunitaria y a contar
con una alimentación suficiente y adecuada.
Es ineludible atender
este déficit alimentario y tomar en cuenta la propuesta del consejo de
comunidades damnificadas de dotar de granos básicos a las familias que
enfrentan un riesgo alimentario para revertir los índices de desnutrición y
alentar las siembras nativas para luchar desde esta trinchera contra el hambre
y la discriminación infligida por gobiernos corruptos y racistas.
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