Por Guadalupe Fuentes
López
Kaos en la red
Resumen Latinoamericano
SinEmbargo.mx
Alguna vez Nelson Mandela dijo: “negar a la gente sus derechos
humanos es desafiar su propia humanidad”, una frase que los gobiernos
de todo el mundo deberían adoptar como propia para que prevalezca la justicia y
la paz entre sus gobernados. En el año que está por concluir, el Gobierno
mexicano fue señalado por diversas organizaciones nacionales y extranjeras por
negar estos derechos y hacer oídos sordos a los reclamos de miles de mexicanos
indignados por la impunidad que se vive en todo el territorio nacional. Esta
crisis de derechos humanos no sólo se concentró en desapariciones forzadas y
ejecuciones extrajudiciales, también incluyó la represión, las detenciones
arbitrarias, el quebranto a los derechos de comunidades indígenas y de los
activistas. Este 2015 no fue un año bueno para México en materia de derechos
humanos, y, como sucede en la mayoría de las veces, los niños, mujeres e
indígenas fueron la población más lacerada ante la indiferencia del Estado
mexicano para hacer frente a esta “grave
crisis”, como lo calificó la CIDH.
Un país donde existen
desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, represión, censura,
detenciones arbitrarias, migrantes maltratados, un sistema de salud obsoleto,
una educación precaria, presos políticos, presos por hambre… El quebranto de
los derechos humanos en todo su esplendor, así es como diversas organizaciones
nacionales e internacionales calificaron a México este 2015.
Un año antes, a raíz de la
desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa en Guerrero, México atrajo la
atención internacional porque durante las investigaciones salieron a la luz
ligas de autoridades con el crimen organizado y violaciones a la integridad de
los estudiantes por parte de éstas.
Antes de Ayotzinapa,
también Tlatlaya, en el Estado de México, levantó la indignación. En ese
municipio, más de una decena de personas fueron ejecutadas por elementos del
Ejército mexicano, y la manera en que el Gobierno del Estado de México, la
Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Procuraduría General de la
República (PGR) trataron de sepultar el caso también mostró la falta de
voluntad política del Estado mexicano para atajar y combatir este problema.
Estos hechos no escaparon
de los organismos internacionales encargados de defender los derechos humanos y
se pronunciaron al respecto con informes, recomendaciones y documentos que
demuestran con cifras y testimonios que México se ha convertido en un país
peligroso para quienes alzan la voz y divergen de las acciones del gobierno.
Pero este 2015 la crisis
de los derechos humanos estalló, las protestas que surgieron en todo el
territorio nacional se extendieron fuera del país, no sólo se escuchó el eco de
los miles de mexicanos reclamando justicia y cese a la impunidad en las calles,
ahora se escuchó la voz, una voz que llegó a oídos de organismos
internacionales ante el silencio del Estado mexicano.
Diversos organismos como
la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Organización de la
Naciones Unidas (ONU), la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH),
Amnistía Internacional (AI) y el Programa México y Derechos Migrantes de la
Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA, por sus siglas en
inglés), han expuesto la grave crisis de derechos humanos que vive el país y
han llamado al Estado mexicano a reconocer el problema y establecer medidas que
protejan la dignidad de las personas.
La crisis de derechos
humanos no sólo se concentra en desapariciones forzadas y ejecuciones
extrajudiciales, también incluye la represión, las detenciones arbitrarias, el
quebranto a los derechos de comunidades indígenas y de los activistas en
diversas partes del país.
Además, los crecientes
ataques a la libertad de expresión, reflejados en asesinatos y secuestros de
periodistas, y atentados contra medios de comunicación, han situado a México
como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.
LAS RECOMENDACIONES
De 2006 hasta el pasado 9 de octubre, el Gobierno de México
sumó 548 recomendaciones por parte de organismos nacionales e internacionales
en materia de violaciones graves a los derechos humanos, de acuerdo con un
recuente hecho por el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC)
llamado “Derechos Humanos: el riesgo de
normalizar la excepción”.
De acuerdo con el
recuento, la CNDH es el organismo que ha hecho el mayor número de
recomendaciones al Gobierno de México con 335, seguida por la CIDH con 142, la
mayoría se refieren a casos de tortura, desaparición forzada y “tratos crueles”.
El pasado 15 de
septiembre, el Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas de la ONU lamentó
observar pocos avances en la implementación de las recomendaciones que realizó
al gobierno de México tras su visita efectuada en 2011 y se dijo especialmente
preocupado por el deterioro que prevalece en el país desde que presentó su
informe.
La Comisión Interamericana
de Derechos Humanos también se pronunció. El pasado 28 de septiembre cuestionó
a diversos funcionarios del Gobierno federal sobre los crímenes contra
periodistas y ataques a migrantes, durante el inicio de su visita de una semana
a México.
El Relator Especial para
la Libertad de Expresión, Edison Lanza, reclamó a México la falta de atención a
periodistas. Dijo a los funcionarios federales que en México “hay una brecha entre medidas de protección,
y violencia y asesinatos contra periodistas”.
Por otra parte, el
Comisionado Felipe González sostuvo que en materia de migración, se ha visto en
México “un grave incremento en la
violación de los derechos humanos”.
El Comisionado James
Cavallaro sostuvo que la CIDH estaba “preocupada
por la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales” en el país,
entre ellas citó la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, las
ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, en el Estado de México, a manos de
militares y el presunto uso excesivo de la fuerza por parte de policías federales
en Tanhuato, Michoacán.
Este último caso ocurrió
este año, el 22 de mayo pasado, en el Rancho El Sol, situado en Tanhuato,
Michoacán, y en un área limítrofe con Jalisco, donde un enfrentamiento entre
federales y un supuesto “grupo armado”,
como plantearon las autoridades federales, dejó un saldo de 42 hombres muertos,
tres más detenidos y un policía federal caído.
De acuerdo con las
autoridades, el tiroteo se dio en el marco de la llamada “Operación Jalisco” y luego de que los propios pobladores de la
zona denunciaron extorsiones, invasiones de predios, secuestros y asesinatos
presuntamente realizados por miembros del Cártel Jalisco Nueva Generación
(CJNG).
Otra organización que
realizó recomendaciones al Estado fue Amnistía Internacional. El pasado 7 de
octubre expuso que México debe cambiar la cultura prevaleciente de abusos de
derechos humanos e impunidad, demostrar que está preparado para hacer de ésta
una verdadera prioridad política y dar pasos firmes para pasar del discurso al
desarrollo de planes integrales y medidas concretas para resolver los problemas
estructurales en materia de derechos humanos.
En materia de violaciones
a los derechos humanos a los presos, el gobierno mexicano también recibió
regaños.
El 15 de octubre la CIDH
advirtió que en los reclusorios federales y estatales de México se presentan
patrones comunes y estructurales, tales como hacinamiento, corrupción, indebida
atención médica, falta de privacidad, ausencia de oportunidades reales para la
reinserción social, maltrato por parte del personal penitenciario a cargo de la
custodia de las personas privadas de libertad, e imposibilidad de éstas para
presentar quejas ante un órgano independiente.
Por su parte, la CNDH
denunció en un documento que existe un problema de sobrepoblación en los
penales en el país, lo cual afecta no sólo la rehabilitación y reinserción de
internos, sino que además les mina la posibilidad de una vida digna y no
permite generar buenas prácticas en el sistema penitenciario.
Si se considera que no
todos los presos son culpables, la cifra de violaciones a los derechos humanos
y las recomendaciones se duplicarían para el Estado.
De acuerdo con cifras de
la Comisión Especial de Reclusorios de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal (ALDF), en México hay aproximadamente 7 mil personas que están
recluidas en las cárceles y purgan una condena de hasta 10 años por robar una
charola de carne, una mantequilla, unas alitas de pollo, un yogurt, leche o
pan, porque no tenían dinero y necesitaban comer.
Este tipo de delito se le
conoce como robo famélico y por lo
general lo cometen las personas de escasos recursos quienes no tienen para
satisfacer sus necesidades básicas de subsistencia y que en México, de acuerdo
con las últimas cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social (Coneval), suman 55.3 millones, un aumento de casi 2 millones
de personas respecto al 2012.
El grupo más vulnerable
que el Estado ha descuidado y donde se han cometido severas violaciones a los
derechos humanos es la niñez.
En octubre pasado, la Red
por los Derechos de la Infancia en México (REDIM) alertó que en la grave crisis
de derechos humanos que vive México, los infantes y los adolescentes son los
que tienen más probabilidades de padecer y perecer.
Juan Martín Pérez García,
director REDIM señaló que en el ámbito de desapariciones, en los registros
disponibles por parte del Estado mexicano hay 23 mil casos registrados de
desaparición de los cuales 6 mil 700 son de personas menores de 18 años. En el
segmento de 15 a 17 años, siete de cada 10 son mujeres adolescentes. Los
estados donde hay un número importante de desapariciones son el Estado de
México, Tamaulipas, Distrito Federal y Guerrero.
NO OIGO, NO OIGO…
A pesar del amplio consenso internacional sobre la gravedad de
la crisis de derechos que existe en el país, las autoridades mexicanas han
reaccionado con intolerancia ante la crítica pública y ante informes de
diversas instancias internacionales.
“Esta intolerancia ante la crítica pública también se ha
manifestado en acciones sobre otros informes presentados recientemente (…) En lugar de matar al mensajero, enfoquémonos en el mensaje”, señaló
el pasado 7 de octubre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Reid Ra’ad Al Hussein.
Entre las propuestas que
hizo el funcionario del organismo internacional para superar la crisis de
derechos humanos en México fue el adoptar las recomendaciones del GIEI de la
CIDH, fortalecer las procuraduría estatales y la capacidad de la policía para
llevar a cabo sus funciones de seguridad pública, en un marco de respeto de los
derechos humanos y sobre el uso de la fuerza, y adoptar un programa de medidas
para desmilitarizar las tareas de seguridad pública del país.
La grave crisis de
derechos humanos por los que atraviesa México y que las autoridades no
reconocen, o al menos no públicamente, ya le pegó a México en lo económico.
El pasado 18 de octubre,
el Departamento de Estado de los Estados Unidos anunció que recortará a México
parte de los recursos que cada año le otorga a través de la Iniciativa Mérida
para combatir el problema de las drogas, debido a “las presuntas violaciones de derechos humanos cometidos por fuerzas de
seguridad mexicanas”.
Como era de esperarse, el
Gobierno federal trató de minimizar el recorte de la Iniciativa Mérida, y en
voz de la entonces Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu,
lo calificó como “insignificante”,
además de señalar que no impactará en las acciones de seguridad ni en la
relación con ese país.
Para analistas y
organizaciones, el Gobierno de los Estados Unidos mandó un mensaje contundente
a México: que en el país no hay avances en materia de derechos humanos.
Ese mismo mes, Perseo
Quiroz, Director Ejecutivo de Amnistía Internacional México, dijo que para que
las recomendaciones emitidas por organismos internacionales tengan un impacto
real en los derechos humanos, es necesario que el Gobierno mexicano reconozca
la magnitud de las violaciones a los mismos.
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