De la Corresponsalía
Periódico La Jornada
Lunes 28 de diciembre de
2015, p. 3
Tuxtla Gutiérrez, Chis.
Ejidatarios
denuncian la “ambición de control” de
Édgar Leopoldo Gómez.
Se coordina la
organización con equipo de comunicación del gobierno municipal, señalan.
Ejidatarios de Tila adherentes de la Sexta Declaración de la
Selva Lacandona acusaron al presidente municipal Édgar Leopoldo Gómez Gutiérrez
de reactivar “para su servicio” el
grupo paramilitar Paz y Justicia, por
“la ambición de controlar” a los
habitantes de esa población cho’l.
En un comunicado, el presidente
del comisariado y el consejo de vigilancia del ejido de Tila responsabilizaron
a Mateo Rey, de la comunidad de Cruz Palenque; a Mateo Guzmán, de Agua Fría, y
a Don Pascual, de El Limar, de incentivar las actividades del grupo armado.
A Paz y Justicia se le imputa, entre 1995 y 2000, la muerte o
desaparición de 122 indígenas en el norte de Chiapas y el desplazamiento de más
de 4 mil indígenas choles y tzeltales en esa región.
El Centro de Derechos
Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, representante de los familiares de las
víctimas, afirmó que la acción del grupo paramilitar respondió a la guerra de
baja intensidad del Ejército contra la insurgencia zapatista.
En noviembre de 1997,
miembros de Paz y Justicia emboscaron a una caravana pastoral integrada por el
entonces obispo de San Cristóbal de Las Casas, Samuel Ruiz García; el obispo
coadjutor, Raúl Vera, dos catequistas y el mayordomo del santuario del Señor de
Tila, Manuel Pérez. Ruiz García y Vera López resultaron ilesos, mientras los
otros tres fueron heridos.
“Hasta la fecha se han mantenido impunes y quieren nuevamente
imponer al presidente (municipal) a sangre y fuego; estas gentes viven de
nuestros impuestos, son aviadores que cobran sin trabajar y por eso es que en
las comunidades no se concluyen las obras que prometen los políticos, porque
parte del dinero sirve para mantener a estos sinvergüenzas”, expusieron las
autoridades ejidales de Tila.
Señalaron a Regino, de la
zona media de Tila, y a Nicolás, agente rural de la comunidad de Unión Juárez
del anexo al ejido Tila, de ser unos “vividores
y traidores” y los responsabilizaron, junto con los tres antes citados, de
lo que pudiera ocurrir en el ejido.
Denunciaron que utilizando
el equipo de comunicación del gobierno municipal de Tila estos individuos han
comenzado a coordinar al grupo paramilitar Paz y Justicia con el objetivo de
someter a quien esté en desacuerdo con las disposiciones del edil.
Los comuneros adherentes a
la Sexta Declaración de la Selva Lacandona del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) expresaron su temor a sufrir un ataque armado, por lo que
alertaron a las organizaciones sociales y de derechos humanos a estar muy
pendientes de lo que pueda ocurrir en el ejido Tila, ubicado en la cabecera
municipal.
Los ejidatarios reclaman
la devolución de 130 hectáreas que les pertenecen según la resolución
presidencial de 1934, pues en 52 de ellas fue construida ilegalmente la cabecera
municipal hace 72 años.
El pasado 16 de diciembre
cientos de integrantes del ejido, que aseguraron haber sufrido hostigamiento y
arbitrariedades, realizaron una marcha que culminó con la quema y destrucción de
algunas áreas de la alcaldía.
Recordaron que en 2008 el
tribunal agrario emitió una resolución en favor de los ejidatarios, pero como
no fue ejecutada ellos acudieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
(SCJN), que no ha resuelto el caso, presuntamente porque ocasionaría un
problema social, pues sería necesario reubicar prácticamente toda la cabecera
municipal.
En el comunicado el
presidente del comisariado y el consejo de vigilancia del ejido de Tila
acusaron que agentes rurales de otros ejidos que apoyan al ayuntamiento los
están provocando.
“Si tanto quieren al ayuntamiento que se lo lleven a sus
comunidades, nosotros los expulsamos por las constantes violaciones a nuestras
garantías individuales, así como la violación al amparo número 73/2014 que se
ganó para que no fuera destruido el casino del pueblo, sin el permiso de la
asamblea general de ejidatarios”, manifestaron.
Los ejidatarios de Tila
acordaron no emprender ningún diálogo ni negociaciones con los gobiernos,
“porque nuestras tierras no se no se negocian ni se venden y seguiremos
luchando para evitar cualquier despojo o contra cualquier imposición.
“En México la violencia la hacen siempre los tres niveles de
gobierno escondiéndose tras los grupos paramilitares a su servicio para que
ellos digan después que es un conflicto entre comunidades”, concluyeron.
Comentarios