Flor Goche
Foto: Efraín Ascencio
Cedillo, Isaac Guzmán, Carla Morales, Noé Pineda, Fabián Vidal / Colectivo
Tragameluz
Desinformémonos
19 enero 2016
En 15 de febrero próximo, el Papa Francisco arribará a
Chiapas. Estará primero en San Cristóbal de las Casas, un lugar emblemático del
racismo en México que, paradójicamente, se constituye en un valle rodeado de
población indígena combativa y combatida.
Ahí, en el centro
deportivo municipal, en el que se colocará una imagen de la fachada de la
Catedral de San Cristóbal, colorido estandarte de la ciudad cuya plaza
principal es ambientada por los artesanos de la región, oficiará una misa. El
protocolo oficial contempla que, al término la homilía, el primer mandatario de
la iglesia católica en el mundo reciba una Biblia traducida al tzotzil de manos
de una selecta representación de indígenas.
Posteriormente, durante su
primera visita oficial a México, el Papa Francisco se trasladará a Tuxtla
Gutiérrez, sede de los poderes públicos de Chiapas, en donde se reunirá, en un
deportivo de 60 mil metros cuadrados, con un grupo igualmente selecto de
feligreses.
Símbolo de la mexicanidad,
estará ahí el “indio bueno”; el “buen
mexicano”. Esa fragmentada realidad que el gobierno del país desea
mostrarle.
Del erario público se han
destinado cerca de 100 millones de pesos para la organización de la visita
papal. Otra paradoja para un lugar cuyos índices de pobreza van en ascenso,
según lo muestra la estadística institucional, incluidos los índices de
educación, salud e infraestructura. Se trabaja ya en el embellecimiento de la
imagen urbana del lugar; en los recorridos de campo para identificar y atacar
posibles riesgos; en el reclutamiento de más de 30 mil voluntarios.
El catolicismo no tiene la
hegemonía en Chiapas. El 60 por ciento de los indígenas, que representan más
del 50 por ciento del total de la población y que habitan en más del 70 por
ciento del territorio, no son católicos. Muchos son evangélicos, “una avanzada apabullante”, a decir del
antropólogo experto en Chiapas, Arturo Lomelí González. Es evangelista,
incluso, Marco Antonio Cancino, presidente municipal de San Cristóbal de las
Casas.
Dado que el discurso de la
cúpula de la iglesia católica es el del perdón y el olvido, habrá que estar
atentos a la paradoja principal de la vista papal a Chiapas, entidad que como
muchas otras regiones de México y Centroamérica acarrea problemáticas de largo
aliento, cuya resolución se ha postergado en conveniencia de intereses de
índole diversa.
Una de las principales
representaciones de esta paradoja es Las Abejas de Acteal, grupo de origen
maya-tzotzil. Se trata, según refiere Arturo Lomelí, de la organización más
vulnerable de la entidad puesto que no se asume como zapatista aunque sí
mantiene una lucha de resistencia hacia el gobierno.
La demanda principal de
Las Abejas, quien ha “rebasado el
catequismo evangélico de la iglesia católica” y “autocreado su forma religiosa” al incorporar al catolicismo
tradicional elementos indígenas y del maya clásico, es la justicia por la
masacre del 22 de diciembre de 1997, en la que fueron ultimados 45 miembros de
su comunidad mientras rezaban en una iglesia.
“El discurso católico es el perdón y el olvido, pero la
resistencia de Las Abejas es por justicia. Ahí es donde los curitas
conservadores les dicen que deben dejar en paz a sus muertos. Esta es la
paradoja principal. El Papa habla de justicia pero a ver qué ocurre con este
caso”,
dice Arturo Lomelí, autor de Las instituciones político religiosas de los
pueblos indios de Chiapas.
Paramilitarización,
despojo y corrupción
De acuerdo con Pedro Faro Navarro, director del Centro de
Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas (Frayba), con sede en San
Cristóbal de las Casas, en el Chiapas gobernado por Manuel Velasco Coello,
miembro del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), “se vive un panorama bastante oscuro que se pondrá más complicado por
una sostenida acción institucional, corrupta y perversa de generación de
escenarios violentos”.
Consecuencia de ello, en
la entidad habitada por 13 pueblos originarios de raíz maya y zoque, existe “una fuerte crisis humanitaria y de derechos
humanos y una persistente negación y ocultamiento de los conflictos, los cuales
son administrados, en vez de resueltos”.
Esta oscuridad es la que
no verá el Papa Francisco. Tampoco la del control y el despojo territorial, que
hoy, a la luz de la imposición de las reformas estructurales, se agudiza y
vuelve “tierra fértil”.
Panorama adverso frente al
cual emergen diversas alternativas de defensa del territorio, “la columna vertebral de los pueblos
originarios”, y de la vida: la del movimiento zapatista, la de los
adherentes de la Sexta Declaración de la Selva Lacandona y, en general, la de
todos aquellos esfuerzos que pugnan la autonomía.
En contraposición con la
cúpula de la iglesia católica distanciada del pueblo, el Frayba –organización
laica de inspiración católica fundada por iniciativa del obispo Samuel Ruíz
García– se articula en torno a “la
iglesia del pueblo creyente, la cual es fuerte, dinámica y activa”, asegura
Pedro Faro. Se trata, precisa, de “una
iglesia que reivindica las demandas históricas de los pueblos”.
En entrevista con
Desinformémonos, Arturo Lomelí y Pedro Faro refieren las principales
problemáticas que convulsionan a la entidad sureña y a sus pobladores, en su
mayoría indígenas. Panorámica que, por supuesto, no figura en el itinerario de
la visita papal.
Despojo territorial por
megaproyectos, militarización, paramilitarismo, ingobernabilidad,
desplazamiento forzado, vigilancia y hostigamiento contra personas defensoras
de derechos humanos, tortura, encarcelamientos injustos, feminicidio,
migración, presencia de grupos criminales.
“Las plegarias del Papa
no alcanzarán para detener tanta violencia y tantas problemáticas”, sentencia Arturo Lomelí.
Megaproyectos
Sobre territorio chiapaneco pesan un sinfín de megaproyectos
que implican despojo y que se fortalecen a la luz de las reformas
estructurales. Éstos pueden ser mineros, de infraestructura, carreteros,
turísticos y de energías renovables.
Hablando de concesiones
mineras, se sabe que se trata de más de 200, distribuidas particularmente en la
región fronteriza y norte del estado. Como precisa Arturo Lomelí, la minería en
sí misma no es el problema, sino la forma de explotación, es decir, “el capitalismo extractivo, que destruye el
territorio”.
A decir de Pedro Faro, los
megaproyectos vulneran a las comunidades que defienden su autonomía. También
los derechos de los pueblos indígenas consagrados en tratados nacionales e
internacionales, como el de la consulta. “Los
pueblos indígenas están claros en que no quieren esos proyectos porque implican
el arrebato de sus territorios sagrados, de las tierras que han trabajado
ancestralmente y de sus bosques”.
Militarización
Aunque, como refiere Arturo Lomelí, “en términos políticos hay un discurso de respeto al zapatismo, en los
hechos es otra cosa”.
El Frayba asegura que las
incursiones por parte de elementos del Ejército Mexicano continúan
particularmente en los territorios zapatistas, además de la vigilancia y el hostigamiento
militar hacia Junta de Buen Gobierno Zapatista de la Realidad.
A la fecha, Chiapas sigue
siendo el estado con más presencia de campamentos militares, asegura Pedro
Faro. Tan sólo en la zona gris o de conflicto hay cerca de 72. La ocupación militar
como la “estrategia de guerra del yunque
y del martillo que busca cercar al movimiento zapatista”.
Paramilitarismo
y nuevas formas de contrainsurgencia
Desde el surgimiento del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN), se ha logrado documentar la presencia de al menos seis grupos
paramilitares en Chiapas. Aunque su acción más fuerte data de la década de
1990, periodo en el que, con la permisibilidad y el apoyo del Estado, fueron
responsables de desplazamiento, ejecución y desaparición de personas, éstos
jamás fueron desmantelados en su totalidad.
El paramilitarismo se mantiene gracias a la “muralla de impunidad” y a la negativa
de su actuar, sostenidos por el Estado mexicano. Los grupos y las armas están
ahí y se rearticulan cuando el gobierno lo considera necesario, como es el
caso, por ejemplo, del municipio de Tila, asevera Pedro Faro.
A partir del año 2000, el
Frayba ha identificado un cambio en la estrategia de contrainsurgencia oficial,
que antaño se ejercía de manera privilegiada a través de los grupos
paramilitares. Ahora la cooptación y los programas sociales son las
herramientas predilectas en este sentido.
Respecto de la cooptación,
Pedro Faro comenta que diversas organizaciones que antaño eran identificadas
como de izquierda, cambiaron drásticamente de orientación a cambio de
prebendas. Es el caso, por ejemplo de la Central Independiente de Obreros
Agrícolas y Campesinos Histórica, que en 2014 declaró tener grupos de
autodefensas, los cuales, con el cobijo del gobierno, son responsables de
agresiones y desplazamientos contra diversas comunidades.
Estos grupos prevalecen,
sobre todo, “en regiones zapatistas o en
donde surgen proyectos que reivindican la autonomía o generan alternativas al
sistema capitalista”, precisa.
Arturo Lomelí abona al
tema. Refiere que en la década de 1990, alrededor de 70 mil hectáreas fueron
ocupadas por grupos de zapatistas, algunas de ellas en coordinación con
organizaciones que entonces se reivindicaban como de izquierda. Sin embargo, a
raíz de la cooptación gubernamental de los líderes de estas organizaciones
(entre ellas, la Organización Campesina Emiliano Zapata, la Coalición de
Organizaciones Autónomas de Ocosingo y la Asociación Rural de Interés
Colectivo), a principios del 2000, éstas empezaron a desalojar a las familias
zapatistas de alrededor de 70 lugares ubicados en los municipios de Chilón,
Tila, Yajalón, Sitalá, Ocosingo y Las Margaritas.
Ingobernabilidad
En siete comunidades de Chiapas: Oxchuc, Chanal, Huixtán, San
Juan Chamula, Ixtapa y Altamirano, se vive, en mayor o menor medida, una
situación de ingobernabilidad y violencia generada desde el Estado.
Los conflictos se derivan
de pugnas entre las élites políticas que tiene que ver por, ejemplo, con la
imposición de diversos presidentes municipales del PVEM, la fracción política a
cargo de la gubernatura del estado.
Se trata de lugares en
donde la “democracia simulada”, “democracia neoliberal”, resulta más
evidente. Ahí los cargos oficiales se heredan entre familias, ya sea congénitas
o de relaciones políticas; además de que imperan la manipulación y compra de
conciencias, acorde con las peores prácticas del Partido Revolucionario
Institucional, refiere Pedro Faro.
Al respecto, Arturo Lomelí
aclara que a la par del mundo indígena de la izquierda zapatista, existe
también un importante sector articulado al sistema político, el cual depende de
los proyectos y apoyos gubernamentales. Se trata del mundo indígena
progubernamental; ese que participa en las “ferias
de recibir cosas” a cambio del voto.
Desplazamiento
forzado
En Chiapas han ocurrido al menos cuatro desplazamientos
forzados recientes que involucran a unas 70 familias, según el registro del
Frayba: Viejo Velasco (2006), San Marcos Avilés (2010), Banavil (2011), Primero
de Agosto (2012). Éstos se relacionan principalmente con conflictos armados
internos orquestados por el Estado a través de grupos de poder.
Hay otros desplazamientos
relacionados con conflictos religiosos o con la imposición de megraproyectos.
Como consecuencia de la
construcción de la hidroeléctrica Chicoasén II, en la actualidad existe un
latente riesgo de que los pobladores de este municipio sean objeto de
desplazamiento forzado.
Vigilancia y
agresión contra personas defensoras
Símbolo del “terrorismo
de Estado”, en 2015, el Frayba tuvo conocimiento de los siguientes casos de
vigilancia y agresión contra personas defensoras de derechos humanos:
hostigamiento hacia el Centro de Derechos Humanos de la Mujer de Chiapas; tres
allanamientos y agresiones diversas en contra de Servicio Internacional para la
Paz; allanamiento al domicilio de Julio Ortega, integrante de la Comisión Sexta
del EZLN; agresiones, amenazas de muerte y difamación en contra del padre
Marcelo Pérez y del Consejo Parroquial de Simojovel, quienes han destapado a
los poderes criminales que operan en la región; infiltración de elementos del
Ejército para labores de espionaje, como ocurrió en una caravana de solidaridad
con La Realidad.
El mismo Frayba cuenta con
medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la
constante vigilancia de que ha sido objeto, además de las labores de
obstrucción a su trabajo de documentación al interior de los centros
penitenciarios.
Tortura
En 2015, el Frayba documentó 17 casos de tortura,
principalmente contra varones. El patrón identificado es el siguiente: a la
tortura la antecede la detención arbitraria en la que se emplea un uso excesivo
de la fuerza; su objetivo principal es incriminar sobre delitos prefabricados.
Anteriormente, el blanco
predilecto de la tortura eran los luchadores sociales. Hoy se generaliza y
emplea de manera indiscriminada contra cualquiera que manifieste algún reclamo
o, incluso, contra quien de manera fortuita pase por el lugar en donde se
desarrolla una protesta.
Encarcelamientos
injustos
Si bien el Frayba no conoce ningún caso reciente de
prisioneros políticos en la entidad, Pedro Faro señala que las cárceles
chiapanecas están llenas de personas injustamente presas. Muchas de ellas,
precisa, son indígenas encarcelados por no tener abogado, por acusaciones
falsas o, simplemente, por su condición de marginación y pobreza.
El defensor destaca las
malas condiciones carcelarias y las violaciones al debido proceso, características
de estos casos. Y agrega: “Los centros
penitenciarios del estado se convierten en zonas de tortura y terror para
doblegar al ser humano”.
Actualmente el Frayba da
seguimiento a dos casos de feminicidio perpetrados en la entidad. Pedro Faro
alude al repunte de esta problemática, ante la cual “las acciones gubernamentales resultan irrisorias” puesto que las
instituciones estatales, “cimentadas en
un sistema patriarcal”, permiten y toleran la violencia hacia la mujer.
Migración
Aunque la migración tuvo un repunte a finales de la década de
1990, entre 2000 y 2005 el fenómeno ha experimentado un descenso, derivado de
causas diversas. Aun así, la mayor parte de los ingresos de las familias de
Chiapas proviene de las remesas, comenta Arturo Lomelí.
La migración es pretexto
para la prolongación de la presencia militar en Chiapas y, también, origen de
otras problemáticas como la delincuencia y la trata de personas.
Grupos
criminales
Pese al discurso oficial de que Chiapas es una de las
entidades más seguras del país, el Frayba asegura que la presencia de grupos
criminales es evidente, sobre todo en la zona fronteriza de la entidad: en
Tapachula y Palenque. “Desde el Estado no
se hace nada para desarticular a estos grupos. El Ejército y el gobierno local
los protegen y la prensa local los encubre”, dice Pedro Faro.
Comentarios