Azcapotzalco: 23 de abril, 12 horas. Jornada político-cultural en el kiosco de la videoteca.

En memoria de Bety Cariño,

Solidaridad con Xochicuautla, Atenco y todos los pueblos que defienden la Madre Tierra.

Hasta encontrar a los 43 compañeros de Ayotzinapa.

El sábado 23 de abril, a las 12 horas, en el kiosco de la videoteca (cerca del hospital infantil y del mercado de Azcapotzalco).

Contaremos con la participación solidaria de:

Axolotl Teatro,

con la obra colectiva:

Nos apagarán

Dirigida por Olimpia Zárraga

Trova Cósmica

Fernando Medina Ictus (rolas)

Las Memelas (son)

y la agrupación de teatro independiente

Ángeles Extremos,

con la obra escrita y dirigida por Maykol Pérez

"Amor a 12 meses"

Bety Cariño, Jyri Jaakkola y decenas más de activistas solidarios se dirigían, en una Caravana Humanitaria, el 27 de abril de 2010 a San Juan Copala, comunidad triqui que en enero de 2007 había iniciado, junto con otras comunidades de la región, la construcción de un proyecto autonómico, asentando ahí la sede del naciente Municipio Autónomo.

Pero el gobierno decidió no permitir que cundiera ese “mal ejemplo” en Oaxaca, así que ordenó a los grupos paramilitares a su servicio hostigar a los impulsores de la autonomía. Asesinaron a hombres y mujeres, jóvenes, niños y ancianos, entre ell@s a dos conductoras de La Voz que rompe el silencio, radio comunitaria autónoma.

En noviembre de 2009 sitiaron San Juan Copala, desde los cerros circundantes apostaron francotiradores de los grupos paramilitares. Nadie podía entrar ni salir de la comunidad. Cortaron agua, luz y teléfono. Buscaban rendirlos por hambre.

Por esto, Bety, Jyri y otros activistas organizaron una Caravana Humanitaria, para llevar agua, alimentos y medicinas a los y las compañeras triquis sitiadas. Pero los paramilitares no dejaron que la Caravana llegara a San Juan Copala. Abrieron fuego contra ella. Ahí fueron asesinados Bety Cariño y Jyri Jaakkola, hace ya seis años.

Decenas de autónomos fueron asesinados desde entonces. Estos crímenes siguen impunes. Desde el gobierno de Ulises Ruiz y con su sucesor, Gabino Cué. Nada cambió.

Los paramilitares asesinos pertenecen a dos organizaciones sociales. Una es del PRI, se llama Unión de Bienestar Social de la Región Triqui (Ubisort), la otra es una organización social y política que dice ser de “izquierda”: el Movimiento de Unidad y Lucha Triqui-Partido de Unidad Popular (MULT-PUP)…, sí, el mismo carga con estos crímenes y que en su pragmatismo político electoral (lo mismo hace alianzas electorales con el PRI que con el PAN, con el PRD o con Morena).

En 11 de abril, pese haber ganado un amparo que dictaminó la suspensión definitiva de la construcción de la Carretera privada Naucalpan-Toluca, los comuneros de San Francisco Xochicuautla fueron sorprendidos en horas de la madrugada por la irrupción de maquinaria de la empresa AUTOVAN y cientos de granaderos. Sin que mediara diálogo alguno, los invasores procedieron de inmediato a derribar las casas que “estorbaban” al paso del proyecto de carretera y continuaron talando árboles del bosque sagrado nahua-otomí.

El pueblo de Xochicuautla se movilizó de inmediato. Al llamado de solidaridad se presentaron contingentes de otros pueblos y colectivos diversos, organismos de derechos humanos independientes y oficiales. El 12 de abril se estableció una mesa de diálogo. Se logró frenar la obra. El gobierno se comprometió a “reparar los daños” y a retirar la fuerza pública… Estemos pendientes, ya sabemos cómo “cumple su palabra” el gobierno.

Mientras esto ocurría en Xochicuautla, también irrumpió un operativo policíaco militar en tierras ejidales de San Salvador Atenco, con el pretexto de proteger a topógrafos que trabajan en el proyecto del nuevo aeropuerto. Los ejidatarios de Atenco se movilizaron de inmediato, formaron una valla humana y obligaron a retirarse a militares, policías y topógrafos. Colocaron una malla metálica para delimitar los terrenos ejidales e instalaron un campamento en los cerritos Huatepec y Tepezingo a fin de impedir la invasión de sus tierras, se declararon en alerta permanente y anunciaron que montarán guardias.

Por su parte, la comunidad de Álvaro Obregón, en el Istmo de Tehuantepec, que se opone rotundamente a los parques eólicos, ha decidido construir su autonomía, pues ha constatado el nefasto papel de engaño y manipulación que juegan todos los partidos políticos. En junio no permitirá que se instalen casillas electorales, pues esta comunidad hace valer su derecho a nombrar a sus autoridades en asambleas comunitarias.

De igual forma, el Ejido Tila, en la Zona Norte de Chiapas, expulsó de su territorio a las autoridades oficialistas que les estaban despojando de su territorio y decidieron autogobernarse, sin partidos políticos ni elecciones que sólo sirven para dividir al pueblo, así lo reiteraron el 10 de abril, en el 97 aniversario del asesinato del General Emiliano Zapata: “Zapata vive en nuestra autonomía ejidal”.

Este 26 de abril se cumplen ya un año y siete meses desde la desaparición forzada de nuestros 43 compañeros de la Normal Rural de Ayotzinapa. Las madres, padres, familiares y compañeros de la Normal Rural sostienen una lucha sin descanso “hasta encontrarlos”. Sostienen que si vivos se los llevaron, vivos los queremos.

Pese a haber sido desmantelada la “verdad histórica”, (según la cual los 43 compañeros fueron asesinados e incinerados en el basurero de Cocula), por las investigaciones realizadas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la PGR insiste en sostener esa versión, por ello le resulta tan molesto el GIEI, por eso ha orquestado a través de los medios de difusión una campaña de desprestigio y ansían que ya termine la coadyuvancia en la búsqueda de la verdad que les fue encomendada por la CIDH.

Madres y padres exigen que el GIEI continúe la investigación, pues no le creen nada a la PGR.

Por nuestra parte consideramos que esta lucha debe ser abrazada por todos nosotros, porque los desaparecidos nos hacen falta a todos, los 43 y decenas de miles más que han desaparecido desde que se inició en 2006 la mal llamada guerra contra el narco. Esa guerra se ha continuado durante el actual gobierno y suman ya más de 150 mil muertos, decenas de miles de desaparecidos, decenas de miles de desplazados, no narcos, no militares, marinos o policías, sino campesinos, indígenas, mujeres, periodistas, jóvenes que nada tenían que ver con los cárteles ni con las fuerzas armadas del Estado. Cínicamente el gobierno los llama “daños colaterales”.

¿Guerra contra el narco? Todos nos damos cuenta de la complicidad amafiada entre los cárteles y los gobiernos (desde los municipales hasta el federal), incluyendo a sus fuerzas represivas (ejército, marina, policía federal, policías estatales y municipales). No es que unos policías se corrompieron. Es que toda la estructura gubernamental y el narco están asociados, son parte del mismo negocio. Toda esa farsa que llaman “guerra contra el narco” ha sido el control del mercado, la delimitación de plazas, no su combate.