Hace más de 50 años, los
habitantes del municipio de Coyotepec, Estado de México, construyeron con mano
de obra y recursos propios un sistema de agua que desde entonces llaman “autónomo” porque sólo la comunidad
tiene derecho a administrar el líquido que abastece a cerca de 50 mil personas.
Pero hace tres años, con el fin de crear el proyecto “Ciudad Bicentenario” del Gobierno del Estado de México –que
incluye desarrollos urbanos y la instalación de empresas embotelladoras, entre
otros–, autoridades municipales y estatales emprendieron una lucha contra esa
población para arrebatarle el control de su propia agua. El pueblo no se va a
dejar, dice, porque les quitan a ellos, pobres, para dárselos a corporativos
como las refresqueras…
Por Daniela Barragán y
Dulce Olvera
Sin Embargo
abril 28, 2016
Coyotepec, Estado de México, 28 de abril (SinEmbargo).– Gloria
Montiel, de 32 años, guarda historias de su abuelo; de cuando, en 1963, don
Antonio Montiel García y otros habitantes de Coyotepec, rascaron la tierra de
ese municipio de origen náhuatl –ubicado al norte del Estado de México–con
palas y picos.
Gloria ha escuchado en el
pueblo cómo los habitantes de entonces se unieron para construir lo que sería
su Sistema Autónomo y Ciudadano de Agua Potable.
Organizaron bailes,
pidieron cooperación para juntar dinero y hacerse de materiales como cemento y
tuberías. Y tiempo después fundaron el primer pozo ubicado en la plaza central.
El pueblo se erigió en
asamblea y designó a los primeros administradores: todos trabajaron si recibir
ni un peso a cambio.
Casi 53 años después, el
abastecimiento de agua en ese municipio tiene ahora un costo de 50 pesos
mensuales, o 25 pesos para los que tienen menos recursos.
Sin embargo, el
Ayuntamiento ha presionado desde junio de 2013 al Sistema con amenazas y
ataques. Busca controlar la red hidráulica. Quiere entregar el agua y dar concesión
a desarrollos urbanos y embotelladoras. Intenta implementar el proyecto Ciudad
Bicentenario en Huehuetoca, al norte del municipio.
El Gobierno del Estado de
México propuso en 2007 el proyecto llamado “Ciudades
del Bicentenario”, que busca crear poblados autosuficientes y competitivos
que puedan albergar infraestructura, vías de comunicación y recibir incrementos
poblacionales significativos. Estas ciudades –proyectadas para los municipios
de Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Jilotepec, Zumpango, Tecámac y Huehuetoca–
se presentan como alternativas de vivienda, empleo y acceso a educación, salud,
comercio y recreación sin tener que desplazarse grandes distancias.
Bajo un discurso de modernización, desarrollo y competitividad
económica, acusa el Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL),
el Gobierno mexiquense ha despojado a diversas poblaciones de sus bienes
naturales, lo que constituye “una
violación grave” a su derecho a la vivienda, al agua, a una vida digna, a
la salud, a un medio ambiente sano y a la participación en la toma de
decisiones.
Los administradores del
Sistema Autónomo, liderados ahora por Sergio Velázquez Morales, tienen fresco
en la memoria lo que sucedió el 9 de junio de 2013, fecha en la que “hubo un Atenco”. Ese día por la mañana,
el Presidente Municipal –en ese entonces el priista Alfredo Anguiano Fuentes–
llamó a una asamblea en la plaza central y ahí anunció su intención de municipalizar el agua.
“La gente se inconformó y acto seguido, Anguiano Fuentes se
escondió en la delegación. La gente le pidió que saliera y al no hacerlo se
decidió cerrar la autopista México-Querétaro. Tras cuatro horas de bloqueo
llegaron granaderos y miembros de la policía estatal y replegaron a la gente
con balas de goma. Después empezaron a volar helicópteros y desde arriba nos arrojaron
gases lacrimógenos sin pensar si caían en domicilios. La gente se ahogaba, hubo
golpes y gente muy lastimada”, comentó Velázquez Morales.
Amnistía Internacional
denunció en marzo de 2014 que los miembros de la comunidad de Coyotepec “se han opuesto a los intentos del
Presidente Municipal [Anguiano Fuentes] de
hacerse del control del suministro local de agua, pues temen que eso dé lugar a
que el agua se utilice para fines comerciales y a que se reduzca su acceso. Los
manifestantes han hecho protestas ante el ayuntamiento de la localidad y varios
activistas han sido amenazados, en algunos casos por hombres armados
aparentemente relacionados con el Gobierno municipal”.
Ocho organizaciones
civiles denunciaron que en ese periodo registraron “seis ataques –incluyendo disparos de armas de fuego, golpes y
amenazas– en contra de los habitantes del
municipio de Coyotepec que ejercieron su libre derecho de oposición al proyecto
de municipalización del agua”.
Posteriormente, en
septiembre de 2013 Vicente Moreno Domínguez, defensor de derechos humanos de la
comunidad de Coyotepec, fue atacado con una navaja por tres personas afuera de
su domicilio, de acuerdo con el CDHZL y Amnistía Internacional. Dos meses
después, Israel Doroteo fue golpeado en la calle luego de recibir amenazas vía
telefónica.
Para el 11 de enero de
2015, una comisión del Presidente Municipal clausuró la oficina del sistema que
se encuentra dentro del Ayuntamiento. Posteriormente, documenta el CDHZL, Tomás
Mezas García, el anterior presidente de la Administración de Agua Potable de
Coyotepec, fue golpeado para que “firmara
un documento en el que accedía a renunciar, entregar las oficinas y
municipalizar el servicio de agua potable”. Horas después fue liberado.
De acuerdo con José Antonio
Lara Duque, coordinador del CDHZL, el intento de municipalizar el agua en Coyotepec –que ha provocado varios heridos
y un asesinato a lo largo de casi tres años de tensión– es para lograr
construir la Ciudad Bicentenario en Huehuetoca, proyectada para el año 2020 y
que tendrá un aproximado de 104 mil 100 viviendas y 822 hectáreas de área
industrial, según estima la Secretaría de Desarrollo Urbano del Estado.
Después del enfrentamiento
de junio de 2013, y de una escalada de intentos por arrebatar al pueblo el
control del agua, a decir de Lara Duque, la Ley que Regula el uso de la Fuerza
Pública en el Estado de México, conocida como “Ley Eruviel”, que fue presentada en marzo pasado, cobra sentido.
“Por eso alertó en demasía la Ley Eruviel. Ellos [los habitantes
de Coyotepec] son los destinatarios de esa ley. El Estado necesita legalizar la
represión para no tener consecuencias políticas y legales que ahora suponen
esos actos. Aquí la Ley Eruviel adquiere sentido, no es una ocurrencia porque
la necesitan precisamente para controlar a pueblos como este”, comentó Lara Duque y
agregó que de los 125 municipios del Estado de México, alrededor de 80 tienen
un sistema comunitario que no cuadra con los grandes proyectos del Gobierno.
“Lo que pasó en Coyotepec es un modus operandi del Estado de
México con los pueblos originarios […] Para la
clase política, estas formas de organización resultan agresivas y no las ven
como válidas”, dijo.
EL PUEBLO SE OPONE
Coyotepec es un municipio en el que no hay tiendas Oxxo, supermercados
o grandes plazas comerciales. Y la población, comentaron habitantes a
SinEmbargo, tampoco los quiere.
“La lucha es por defender todos los recursos naturales,
nuestros espacios y ellos [el Gobierno] quieren
desvirtuar nuestros usos y costumbres. Si se llevan a cabo esos grandes
proyectos, habría una explosión demográfica; mayor delincuencia que nadie
combate en el Estado de México; mayor contaminación por basura, cuando ya
tenemos cerca de aquí un relleno sanitario; vamos a tener calles saturadas con
autos que sólo vienen de paso; mayor demanda de servicios, es decir, más
extracción de agua. No queremos eso y queremos que se nos respete, no queremos
pagar problemas que nosotros no generamos, al fin, ellos hacen sus desarrollos
urbanos, traen a la gente y se van, no se quedan a sufrir todos los problemas
que generarán”, comentó en entrevista Velázquez Morales.
Actualmente, en la
localidad de Huehuetoca, se está desarrollando una Ciudad Bicentenario, que es
uno de los proyectos más ambiciosos del Gobierno estatal, a decir de Lara
Duque, es el gran modelo de proyecto de país que tiene el grupo Atlacomulco, “ahí están todos sus planes de desarrollo
inmobiliario, industrial, carretero y comercial; quieren construir grandes
ciudades que sean autónomas del centro de la población. El problema es que lo
hacen con despojo y la lógica de lucro rebasa la planeación. Se les ocurrió
poner miles de departamentos y ahorita el problema es cómo dar abastecimiento
de agua, obviamente, necesitan el agua de los alrededores”.
La reacción de la gente
ante la municipalización, es: “Mi abuelo
hizo ese sistema, no te lo vamos a regalar”. El municipio enfrenta una
resistencia popular basada en los usos y costumbres y aunque legalmente les
corresponde la administración del agua, en la práctica los pueblos se
apropiaron de ese papel.
El 3 de febrero del año
pasado las autoridades municipales tomaron el pozo Centro, pero actualmente
está bajo la administración de la comunidad. En noviembre y diciembre de 2015
siguieron los intentos de tomar las instalaciones del sistema “de forma violenta” por parte de grupos
de choque.
Hasta el momento, a casi
tres años de enfrentamiento entre la población de Coyotepec y sus autoridades
municipales, la red hidráulica, los tres pozos y las pipas siguen bajo el
control del sistema comunitario. Ahora, bajo la administración del panista
Pedro Luna Vargas, quien empezó su administración el 1 de enero de 2016, los
habitantes notaron un cambio en el discurso. Se evita mencionar la palabra “municipalización”, pero dicen, en
realidad se persigue lo mismo.
Luna Vargas inició una
campaña para promover una consulta ciudadana que decida el control del agua del
municipio.
“La gente está consciente del problema y no quiere que se
municipalice el agua. Luna Vargas habla de una dirección y un organismo
descentralizado. Lo disfrazan y evitan decir la palabra ‘municipalización’,
pero la gente sabe que son los pasos para eso. La gente les echa abajo sus
juntas y a nosotros nos da cooperación para los volantes”, explicó Gloria Montiel
Solano, Secretaría Interina del Frente Popular 9 de junio.
“La gente no quiere ceder su agua. El servicio quizá no es el
adecuado, pero no tenemos una crisis en el abastecimiento de agua potable, no
hay reclamos fuertes. La gente está preocupada por ponerse al corriente.
Confiamos en que la ciudadanía no aceptará la consulta”, agregó Velázquez
Morales.
LO QUE SIGUE EN COYOTEPEC
Sergio Velázquez reconoce que no se cuenta con el
financiamiento necesario para administrar el Sistema Autónomo, ya que “la mayoría” de los usuarios registrados
arrastran adeudos. El pago por el servicio es de 50 pesos mensuales (con
descuentos a los de menos ingresos), pero algunos deben incluso desde hace 10 o
20 años, calcula señalando las listas de morosos colocadas afuera de la oficina
localizada dentro del Palacio Municipal.
–¿La Comisión Nacional del Agua (Conagua) tiene presencia en Coyotepec? –se le
cuestionó.
–Desde la década de los 70, afirmó, la Conagua tiene 11 pozos que se
alimenta del Río Cuautitlán. Pero el agua la traslada principalmente a la
Ciudad de México y sólo envía a dos barrios de Coyotepec desde el pozo 30. La
falta de ingresos por adeudo ha desembocado en que sólo se utilizan dos de los
tres pozos disponibles para distribuir el agua. Cada día en un barrio distinto
se lleva el líquido de 6 de la mañana a 6 de la tarde de lunes a sábado. Las
personas que no lo reciben pueden acudir a la oficina por un vale que les
garantiza el envío de una pipa o una camioneta con mil litros. Las pipas
distribuyen 10 o 20 mil litros de agua entre los usuarios demandantes.
Además de este problema,
desde noviembre de 2013 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha cortado la
electricidad de los pozos al menos dos veces, por un adeudo de entre 30 y 35
millones de pesos, afirma Velázquez. Esto orilló a los habitantes a abastecerse
de agua a través de las pipas.
De acuerdo con José
Antonio Lara, los cortes de luz son una forma de “asfixiar” al sistema de agua por parte del Ayuntamiento. Los
habitantes también aseguraron que a esa deuda se le agregaron varios millones
de multas que la CFE dio al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la
Familia (DIF) local.
Coyotepec también está en
el camino de independizarse de la CFE y pasar a un sistema de energía usando
paneles solares.
Actualmente, el pueblo
está en alerta. Tienen información de que grupos de choque buscarán tomar de
nueva cuenta la delegación. Se han reunido en asamblea y acordaron establecer
guardias en la oficina para impedir que eso se realice.
Según lo señaló Gloria
Montiel, las personas que integran estos grupos son del mismo municipio y son
gente relacionada con el Partido Revolucionario Institucional (PRI). En varios
enfrentamientos, estos grupos han contado con el apoyo de policía estatal, ya
sea encapsulando a los autónomos o sólo mirando cuando están propinando golpes.
“No será sencillo con el Gobierno. El proyecto de Ciudades
Bicentenario es millonario y ambicioso y no cesarán en su intención de llevarse
el agua. Es un sistema comunitario que tiene bastante actividad y vida, y es
mucha gente la que está involucrada”, concluyó Lara Duque.
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