Vivimos tiempos de guerra,
tiempos sin sol.
Bertold Brecht
Eduardo Nava Hernández
Fuente original: Cambio de
Michoacán
Rebelión
23.05.2016
Ningún gobierno anterior había tratado a los maestros como lo
ha hecho el de Enrique Peña Nieto. La imposición de la falsamente etiquetada
como reforma educativa ha llevado a
niveles nunca antes vistos de enfrentamiento entre los poderes federales y el
magisterio.
El estallido del paro
nacional magisterial este 15 de mayo ha escalado el nivel de la conflagración
entre la administración del presidente Peña y los maestros. La estrategia de
aquél se ha desplegado en dos campos: el amedrentamiento y las amenazas de
descuentos y despidos, por una parte; la minimización y el desdén a la
movilización a través de una campaña de medios que presenta el paro como un
fracaso, por la otra. La de los docentes, el recurso, otra vez, a la
movilización masiva en marchas y plantones, y la suspensión indefinida de las
labores en gran parte del territorio nacional.
Ambas partes saben lo que
se está jugando. Para el régimen, su inviolable principio de autoridad, su apuesta a la derrota total de la
oposición magisterial y la recuperación del control del gremio más grande del
país y de América latina; para los profesores, la defensa de la fuente de
trabajo, de la autonomía sindical y la participación democrática en el proceso
de enseñanza, así como principios constitucionales como la no retroactividad de
las leyes, la estabilidad en el empleo y la bilateralidad en la contratación.
Si bien la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la Educación encabeza la movilización magisterial a
partir de sus contingentes consolidados tradicionales (Oaxaca, Chiapas, D. F.,
Guerrero, Michoacán), lo cierto es que el paro incorpora también amplios
segmentos de muchos otros Estados del país, aun donde la presencia de aquélla
es minoritaria.
La reforma tuvo desde el
inicio, sin duda, un objetivo no educativo, sino político y laboral, y como lo
afirma el rector de la UNAM Enrique Graue Wiechers, y como ya lo han señalado
investigadores expertos en el tema de la educación como Manuel Gil Antón, Hugo
Aboites —también rector de la UACM— y varios más, además de muchísimos maestros
que resisten a su unilateral y arbitraria imposición. Es una reforma concertada
entre los actores políticos desde el llamado Pacto por México, a espaldas de los maestros que supuestamente
serían los beneficiarios. Pero al final, el avance de la enmienda se ha dejado
no en manos de los políticos sino de las fuerzas “del orden”: policía federal, policías estatales y hasta el
Ejército y la Armada. Cinco mil elementos cuidan la aplicación de la evaluación
magisterial en Morelia, Michoacán, aunque se presentan sólo 724 de los maestros
convocados; nueve mil policías federales se han trasladado a Chiapas; un número
semejante a Oaxaca. Ya antes el gobierno federal había aprehendido y trasladado
a un penal de alta seguridad a cinco profesores dirigentes del movimiento en
esta última entidad: Roberto Abel Jiménez Othón Nazariega Segura, Juan Carlos
Orozco Matus, Efraín Picaso Pérez y Aciel Sibaja Mendoza. Muy probablemente,
durante las actuales jornadas habrá más detenciones y reclusiones como
respuesta al movimiento.
Para aplicar la nueva
legislación laboral magisterial Enrique Peña seleccionó a Aurelio Nuño Mayer,
sin antecedente alguno en el sector educativo pero uno de sus amigos y
colaboradores más cercanos, que anteriormente venía ocupando la jefatura de la
Oficina de la Presidencia de la República y a quien los maestros disidentes
llaman El Sargento, por su capacidad
para movilizar policías.
Se trata de una represión
en escala sin precedente contra los maestros, aun cuando se puedan encontrar
algunos antecedentes históricos. Los gobiernos del PRI, y también de los
panistas Fox y Calderón, siempre tuvieron, por una vía o por otra, la cercanía
y el control corporativo del sindicato magisterial. Apoyándose en cacicazgos
fuertes como los de Manuel Sánchez Vite, Carlos Jonguitud Barrios o Elba Esther
Gordillo, la lealtad de la gran mayoría de los docentes estaba asegurada. Los
maestros fueron como regla general utilizados para el activismo electoral y en
consecuencia para asegurar los triunfos del oficialismo en turno. La oposición,
siempre minoritaria, neutralizada o reprimida sólo selectivamente; unos pocos
de sus dirigentes, los más identificados, llegaron a veces a las prisiones; el
asesinato, como el de Misael Núñez Acosta, era un recurso extremo pero también
excepcional.
La brutalidad con la que
ahora se busca imponer la pretendida reforma corresponde, sin embargo, a otra
lógica; no meramente la de la conservación de la estructura corporativa de
poder y su uso para fines políticos, sino la del control absoluto y aun la
desarticulación de cualquier forma de salvaguarda de derechos que se tenían por
consagrados. No es la lógica de una nueva propuesta educativa sino la misma que
movió a la reforma laboral de 2012: la de la precariedad en el trabajo, la
disminución de prerrogativas al trabajador —ésas que el secretario Nuño llama “privilegios”— y a su sindicato, y la
ampliación casi absoluta de la capacidad de control por la parte patronal por
medio de la flexibilización del trabajo.
Se trata de un proyecto de
mera gestión administrativa de la fuerza laboral, similar asimismo al que el
gobernante francés François Hollande ha impuesto, también unilateralmente, a
los trabajadores de su nación: flexibilización del mercado de trabajo,
facilidades para el despido sin costo para los patronos y disminución del gasto
público. En el caso de los maestros de México, la evaluación universal,
estandarizada, es el instrumento que permitirá remover sin desembolsos ni “responsabilidad para la Autoridad
Educativa” (Art. 53 de la Ley del Servicio Profesional Docente) a los
maestros que no aprueben una tercera evaluación —siempre elaborada
unilateralmente por las autoridades del “autónomo”
Instituto Nacional de Evaluación de la Educación, INEE—, aun cuando éstos
tengan ya una plaza de base y antigüedad en el empleo. Por eso afirman los
disidentes que evaluarse es poner a disposición de la SEP, o de la SEE en su
caso, sus plazas. La sedicente reforma
educativa coloca a los docentes, así, en una situación de excepción entre
los servidores públicos y en condiciones de indefensión. Por eso es igualmente
una declaración de guerra contra el magisterio en general y en particular contra
los disidentes.
La amenaza actual es el
despido de todos los profesores que participan en el paro nacional, y también
el de los que, habiendo sido convocados, no acudieron a la evaluación. Nuño
afirma tener listos 26 mil nuevos profesores para sustituir a los despedidos;
sin embargo, los participantes en el paro podrían ser 150 mil o 200 mil en todo
el país.
Por otro lado, está la
movilización de los estudiantes de las Vocacionales del Politécnico, que
también desconocen al secretario Nuño y se oponen a la centralización del mando
de su institución en manos de éste. Con alrededor de un mes en paro, la
resistencia al verticalismo que se quiere imponer también es manifiesta.
Nos hallamos en un momento
crucial para la reforma y para quienes la resisten. Las fuerzas han vuelto a
tensarse, con un resultado incierto. Lo seguro es que el costo social de la
unilateralidad gubernamental, de su intransigencia en imponer un proyecto
excluyente, sin consulta con los involucrados ni aceptación de éstos, ha sido ya
muy alto, y sus efectos negativos para el proceso educativo. Paros, marchas,
plantones, enfrentamientos, movilización policiaca, amenazas, despido y prisión
son la marca de una enmienda sin contenidos didácticos ni propuesta educativa.
Parafraseando a Bertold Brecht: vivimos
tiempos de guerra, tiempos sin sol.
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