Silvia Ribeiro
Investigadora del Grupo
ETC
América Latina en
movimiento
27/06/2016
El 5 de junio, día de la Tierra, tres relatores de Naciones
Unidas se pronunciaron denunciando que defender la tierra y el medio ambiente,
son “emprendimientos letales” en
algunos países, y que los derechos humanos de las defensoras y defensores son
violados continuamente, incluso el derecho más elemental, a la vida. México
está entre los cinco países que encabezan esa lista a nivel global. Siete
países, la mayoría en América Latina –Brasil, Colombia, Honduras, Filipinas,
México, Perú, Guatemala– suman 913 homicidios de activistas de los 1024 que
denuncia el reporte de la organización Global Witness sobre asesinatos a
ambientalistas del 2002 al 2014. Varios de esos países encabezan también la
lista global de asesinatos a sindicalistas (Colombia, Guatemala, Honduras) y
México va camino a colocarse entre ellos.
Los que hicieron el
comunicado son John Knox, Relator sobre los Derechos Humanos y el Medio
Ambiente, Michel Forst, Relator sobre la Situación de los Defensores de los
Derechos Humanos y Victoria Tauli Corpuz, Relatora sobre los Derechos de los
Pueblos Indígenas. El asesinato de la líder indígena Bertha Cáceres en Honduras
el 3 de marzo 2016 –que sigue impune– fue uno de los casos de alerta mundial
que lo motivaron. En mayo 2016, Michel Forst estuvo México. En esta visita no
oficial, declaró que entrevistas con más de 80 defensores revelaron una
situación altamente preocupante de violación sistemática de derechos humanos en
el país.
La decisión de hacer un
comunicado conjunto fue porque los ataques, violaciones y asesinatos no están
referidos a defensores del ambiente o derechos humanos solamente, sino también
a luchadores por la tierra, territorios, por el derecho a sus culturas y formas
de vida, a vivir dignamente en sus pueblos y comunidades.
Todas luchas que forman
parte también de las condiciones y luchas de los maestros y maestras de la
CNTE, como los que el 19 de junio fueron atacados salvajemente por policías de
varias niveles de gobierno en Oaxaca, resultando en 11 muertos (en el ataque y posteriormente),
decenas de heridos y más de veinte desaparecidos. Entre los asesinados había
también pobladores que los estaban apoyando. No sólo porque compartían su
lucha, también porque los maestros son como ellos, indígenas, campesinos e
hijos de campesinos. La lucha de esos dignos maestros y maestras contra la
llamada reforma educativa (en
realidad una reforma laboral para echar maestros críticos y hacer de la
educación un mercado “competitivo”)
es por su sobrevivencia, pero también por la educación pública y no está
separada de otras luchas de sus pueblos, contra mineras, represas y
megaproyectos, robo y contaminación de agua, contra transgénicos, tala de
bosques y otros despojos. A menudo son maestros los que informan, explican,
trasmiten, apoyan, organizan. Eso lo saben las autoridades, por eso nada les da
más rabia que un sindicato independiente como la CNTE.
Esta masacre se suma a
otros asesinatos contra luchadores y defensores de los pueblos, comunidades,
barrios que luchan por defender sus localidades, sus formas de vida y sustento,
y que a través de ellas nos enseñan y cuidan a todos. Sigue abierta a flor de
piel la herida por el asesinato de 6 personas y la desaparición de 43
estudiantes, futuros maestros, de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa
la noche del 26 de septiembre de 2014. Otra vez, como con el caso de
Ayotzinapa, el país entero se levanta para protestar contra la masacre de
maestros, exigir que se castigue a los culpables, que termine la represión en
lugar de diálogo, que se libere a los maestros presos, que renuncie el
Secretario (i)rresponsable. Desde todo el mundo aumentan las muestras de
protesta y solidaridad, que se suman y expanden las protestas al gobierno de
México por los crímenes contra los estudiantes de Ayotzinapa y la reciente “expulsión” gubernamental del Grupo
Internacional de Expertos Independientes (GIEI), para evitar que salga la
verdad a la luz.
Como en el caso de
Nochixtlán, Iguala y otros, las autoridades intentan cínicamente culpar de los
hechos a las propias víctimas, encarcelan a los luchadores con acusaciones
falsas y las difunden a través de los medios vendidos. Métodos similares usan
en Brasil y Paraguay.
El 7 de abril 2016, la
policía y pistoleros de la papelera Araupel en el estado de Paraná, Brasil,
asesinaron a dos militantes del Movimiento Sin Tierra (MST), Vilmar Bordim y
Leonir Orback, e hirieron a 6 más que estaban ocupando una tierra asignada para
reforma agraria. Los policías afirmaron falsamente que habían sido “emboscados” aunque los Sin Tierra no
traían armas, el crimen sigue impune.
En Curuguaty, Paraguay,
300 soldados atacaron el 15 de junio 2012 a 60 campesinos, mujeres, hombres y
niños que ocupaban Marina Kué, tierra destinada a la reforma agraria; mataron a
11 campesinos y a 6 de sus propios policías, para poder decir que fue una
emboscada y justificar el juicio político que depuso al entonces presidente
Lugo. La policía declaró que las mujeres y niños eran un señuelo para
emboscarlos. Tras cuatro años de cárcel injusta, once de los propios campesinos
afrontan un juicio falseado, acusados de los asesinatos. Hay una campaña
mundial para exigir su liberación y absolución (https://absolucionya.wordpress.com/).
Las mentiras del poder van
cayendo cada vez más rápido, por la reconstrucción y memoria colectivas. Los
ataques siguen, pero no logran imponer sus cuentos y así se desarma el terror
que quieren sembrar. Al contrario, cada lucha es ejemplo de dignidad y
fortalece a las que siguen.
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