Salvador González Briceño
Reporte Global
América Latina en
movimiento
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28 junio 2016
ALAI AMLATINA, 29/06/2016.-
¿De qué “orden y tranquilidad
social” habla el presidente Enrique Peña Nieto, para justificar “que el Estado tenga que recurrir al uso de
la fuerza”, en referencia a los acontecimientos de Nochixtlán, en Oaxaca el
domingo 19 de junio?
¿Qué no el gobierno debe
respetar los derechos humanos, establecidos en la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos? ¿Acaso México es un país moderno y por ello suscribe
todo tipo de acuerdos y tratados con otros países, respetándolos? Se supone que
por el control de convencionalidad, los compromisos son deudas y se cumplen,
porque así lo determinan las leyes internacionales además.
Es por eso que, por
ejemplo, el país vecino del norte, los Estados Unidos de América (EUA o
EE.UU.), exigen el cumplimiento de los acuerdos suscritos en el TLCAN con todas
sus adversidades y México obedece. Los acuerdos pactados no se quedan en el
papel. En este sentido el cumplimiento es de los sucesivos gobiernos, desde su
entrada en vigor en 1994, pese a la oposición de muchos sectores que se ven
afectados en términos de la economía real.
¿Por qué entonces cargarle
siempre la mano al desprotegido, como si careciera de derechos? ¿Para qué es el
Estado de derecho si no es para reconocer los derechos de la población? ¿Los
tiene, o sólo obligaciones? ¿Qué no con la misma lógica de pagar impuestos se
gana el derecho de recibir servicios por parte de los gobernantes a cambio?
¿Entiende este gobierno
cuál es su responsabilidad en materia de derechos humanos —así como otros
derechos— con la sociedad? ¿Acaso el pueblo no puede opinar, expresarse,
manifestarse sobre aquellos asuntos que, convertidos en política pública le
afectan, sólo porque se han convertido en leyes?
¿Qué no —hablando en
positivo— las leyes son y tienen por origen el servir a las mayorías en
términos de bienestar y no para su retroceso? ¿No se entiende —hablando en
negativo— que en este país las leyes se elaboran sin el aval de la
representación legislativa de las mayorías? ¿Acaso las imposiciones legales no
existen? ¿Por qué entonces las críticas a los mayoriteos, a la aplanadora,
al cochupo, para obtener mayorías calificadas y ganar en votos?
¿Qué el actual gobierno no
entiende, o ha comprendido el sentido la existencia de las minorías opositoras?
Ciertamente las minorías legislativas terminan siendo orgánicas para el
funcionamiento de los partidos mayoritarios, pero muchas veces y con dignidad
son la expresión de los sectores no atendidos dentro de la propia producción de
las leyes.
¿De cuándo acá la
sociedad, o una parte de ella, no puede expresar su inconformidad por una —o
incluso la totalidad— de las leyes cuando no se tiene en cuenta el interés
general, como el de la educación, la
salud, las pensiones, los salarios,
por citar algunos?
¿Desde cuándo un Estado
que se declara constitucionalmente democrático
abandona la negociación, el diálogo, la interlocución, la concertación, el
respeto a la opinión del otro y recurre “al
uso de la fuerza”; con qué legitimidad utiliza la imposición, la cerrazón,
cuando un sector importante se resiste a las reformas en materia educativa si
los fines no están claros tanto para los involucrados (profesores) como para
los afectados (alumnos)?
¿Cuál es la parte que el
gobierno no entiende, cuando el sector magisterial organizado en torno a la
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), sólo pide revisar el fondo de dicha reforma que
son los propios fines de la educación de los niveles de primaria y secundaria?
¿Sólo porque se trata de
los críticos dentro del propio Sindicato Nacional de Trabajadores de la
Educación (SNTE)? ¿Es que en el fondo no les asiste la razón y contra ellos se
puede y debe aplicar el Estado de derecho,
entendiendo por esto el uso de la fuerza pública?
Es verdad que México es un
país “abierto al escrutinio de organismos
internacionales que velan por los derechos humanos y que se han creado
instituciones, así como andamiaje legal mucho más robusto para fortalecer la
defensa de las garantías individuales”, señor Presidente según sus
declaraciones desde Quebec, en Canadá al asistir con motivo de la Cumbre de
líderes de América del Norte a efectuarse en ese país.
Pero a su gobierno ni
siquiera los escrutadores le han dado la razón en materia de derechos humanos,
todo lo contrario. Y con esa misma tónica se intenta imponer que ¡ni la reforma educativa ni ninguna otra ley
están sujeta a negociación! ¡De
verdad no se entiende el fondo del asunto! Puras preguntas, ¿y las
respuestas cuándo?
¿Por qué se minimiza el
tema educativo, y se desdeña a la CNTE, cuando ya devino en violencia? ¿Para
tapar otros asuntos mal tratados como la desaparición de los estudiantes de
Ayotzinapa? ¿Para cubrir al presidenciable titular del área, Aurelio Nuño
Mayer, que parece ser el favorito de Carlos Salinas? ¿No vale más un proyecto
de país que un candidato presidencial? ¿Por qué el secretario de Gobernación,
Miguel Osorio Chong, le da tantas vueltas al tema?
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