Colaboración
Agencia SubVersiones
/13 junio, 2016/
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Lejos de diluirse o dispersarse, el movimiento estudiantil
chileno ha demostrado seguir tan vigente como hace ya más de una década,
momento en que empezó a plantearse cambios estructurales tales como: gratuidad universal, fin al lucro y control territorial. Continúan tomándose las calles al no encontrar
cabida dentro de las posibilidades que ofrece el Estado.
Desde 2006 hasta ahora, se
puede registrar un pulso continuo del movimiento estudiantil chileno, pulso que
muestra un ritmo estable y que exhibe sus puntos más altos al promediar el año.
Esta situación quedó en evidencia el pasado jueves 9 de junio cuando alrededor
de 300 mil estudiantes salieron a marchar por el país con demandas que, si bien
formaron parte de las promesas de campaña de Bachelet en su segundo período, no
han podido ser asimiladas por el Estado porque resultan incompatibles con su
proyecto neoliberal.
Diversas organizaciones de
estudiantes secundarios y universitarios: Asamblea Coordinadora de Estudiantes
Secundarios (ACES), Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios (Cones) y
Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) se dieron cita en las
principales arterias de Santiago, Valparaíso, Concepción y Temuco para
manifestar el repudio generalizado que ha provocado la reforma educacional
encabezada por la Nueva Mayoría,
coalición que desde 2013 sustituyó a La
Concertación como agrupación de partidos de centroizquierda en el país.
Este conglomerado político ha sido incapaz de resolver las exigencias del
movimiento social ligado a la defensa de la educación; negándose a comprender
que la lucha por la gratuidad no refiere simplemente a la subvención total de
los costos de arancel y matrícula de los estudiantes del país (lo cual aún no
se cumple) sino que apunta a un cambio sobre la estructura administrativa del
quehacer educativo en todos sus niveles; esto debe garantizar el fin de la
deuda a la que fueron condenados más de un millón de estudiantes por los
créditos, además de asegurar el fin al lucro junto a la elaboración de un nuevo
currículum nacional.
Esta situación no sólo se
debe a la ineficiencia, falta de voluntad política o simple ineptitud
intelectual y ética de las autoridades para comprender lo que se está
exigiendo; se trata mayoritariamente de la incapacidad del estado para digerir
demandas que le son del todo antagonistas. Por ejemplo, el “fin al lucro” parece ser
la principal piedra en el zapato para la clase política, la cual descansa sobre
este pilar principal que sostiene la desigualdad en torno a la distribución de
la riqueza. De este modo, la acumulación parece ser el punto de apoyo de un
sistema capitalista que basa su desequilibrio en la apropiación privada del
trabajo colectivo, lo que inevitablemente progresa hasta caer en el plano del
lucro.
Por otra parte, la Reforma educacional que fuese la
principal promesa de campaña de la neoliberal centroizquierda chilena, ni siquiera
ha podido cumplir con sus propias banderas enarboladas a los cuatro vientos
durante el 2013. La Concertación,
agrupada ahora bajo el nombre de Nueva
Mayoría, tiene muy poco de nueva
y aún menos de mayoría. Como lo “nuevo” encontramos al oportunista partido
comunista que asumiendo el papel de actor invitado exhibe su momento más
oportunista subyugando cualquier demanda en función de sus intereses
particulares.
La falta de unidad e
improvisación han quedado en total evidencia durante estos últimos días al
renunciar sorpresivamente el Ministro del interior, Jorge Burgos, quien antes
de dejar su cargo se preocupó por instalar políticas represivas que quedaron
pendientes en el gobierno de Sebastian Piñera, las cuales fueron duramente
criticadas en su momento por esta misma coalición que hoy las ha promovido y
empleado.
La detención por sospecha
—cuya anulación había sido uno de los pocos triunfos de la timorata democracia frente al legado de la
dictadura— ha sido nuevamente puesta en vigencia por una presidenta que trata
de esconder su carácter represivo bajo una publicitaria imagen maternal.
Los reiterados abusos de
carabineros hacia los manifestantes han alcanzado niveles que escapan de
cualquier marco que se desprenda del Estado de Derecho. Los perdigones, las
lacrimógenas al cuerpo y las detenciones arbitrarias ya no son una simple
salida de madre de la represión o un método empleado en las periferias de los
centros urbanos durante noches de protestas.
Lamentablemente, hoy
parecen ser el modus operandi de un
Estado policial que no puede mantenerse firme sin estos macabros métodos.
Frente a esta realidad,
los secundarios siguen alzándose como la principal fuerza del movimiento social
por la educación, transformándose en la punta de flecha de una demanda que se
le ha calado bien hondo en las costillas a este gobierno. Por su parte, el ala
universitaria del movimiento sigue entrampada en sus mezquinas disputas, siendo
este sector cooptado de manera mayoritaria por el triste reformismo propio de
los partidos políticos que, contenido dentro del envase de la institucionalidad,
continúa autolimitando al movimiento y ampliando la base de representación
social del Estado.
Esta realidad muestra una distancia abismal con lo que
sucede en las tomas de liceos, donde la elaboración de una lucha antipatriarcal
junto a la autonomía predomina. Frente a cualquier expresión de militancia y
obediencia ante los clásicos partidos políticos; estas se denuncian y descartan
por los secundarios, por lo menos en cuanto a términos discursivos se refiere.
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