Colaboración
Por Renata Bessi y
Santiago Navarro F. / Fotografías: Aldo Santiago
Agencia SubVersiones
Una versión en inglés de este texto fue publicada en TruthOut
/16 julio, 2016/
Río de Janeiro, Brasil. Hace tiempo ya que esta ciudad
atraviesa un proceso de transformación con el objetivo de preparar las
condiciones para la llegada de los Juegos Olímpicos de este año 2016, que se
realizarán entre los días 5 y 21 de agosto. Esta será la primera vez que los
juegos van a tener su sede en América del Sur y la segunda vez en América
Latina, después de México en el año 1968. Los proyectos de transformación –que
comenzaron con la Copa del Mundo del año 2014– incluyen obras de reforma de las
instalaciones deportivas, así como equipos deportivos, infraestructura de
movilidad, urbanización de barrios precarios, proyectos de reestructuración
urbana y embellecimiento de espacios públicos. Estas fueron las promesas de las
autoridades brasileñas para convertir Río de Janeiro en la sede de los Juegos
Olímpicos.
Desde el primer momento en
que se anunció la sede para este evento, los medios de comunicación, los
políticos y analistas han destacado las oportunidades derivadas de la
ampliación de las inversiones en la ciudad. En contraste, activistas y
organizaciones civiles consideran este proceso como un ataque directo hacia los
sectores más vulnerables.
Por lo menos 22,059
familias ya fueron desalojadas en la ciudad de Río de Janeiro, un total de casi
77,206 personas, entre el año 2009 –cuando Río de Janeiro fue escogido como
sede de las Olimpiadas– y el 2015, de acuerdo con el informe elaborado por el
Comité Popular Río – Copa y Olimpiadas, un colectivo que reúne a sindicatos,
organizaciones no gubernamentales, investigadores, estudiantes, afectados por
las intervenciones de la Copa y los Juegos Olímpicos.
Aunque el gobierno evita
proporcionar estadísticas concretas en relación a los eventos deportivos, el
Comité Popular estima, con base en sus registros realizados en sus propias
comunidades y con fuentes oficiales, que al menos 4,120 familias han sido
desalojadas y 2,486 familias más están a la espera de posibles desalojos para
dar paso a las obras de infraestructura que requieren los Juegos Olímpicos.
La mayoría de los
desalojos se encuentra en zonas donde el sector inmobiliario ha especulado
obtener altos rendimientos y ganancias. En los últimos tres años, el precio del
metro cuadrado de los bienes vendidos en la ciudad de Río de Janeiro ha
aumentado, en promedio, 29.4%, pero en algunas zonas, como en la favela Vidigal,
la valorización ha llegado a 481%.
«Las reubicaciones vinculadas a los Juegos Olímpicos han
afectado a miles de familias por medio de la coacción y de la violencia
institucional, violando gravemente los derechos humanos», se señala en el
documento realizado por el Comité.
Otra promesa hecha por las
autoridades brasileñas en el año 2009, para garantizar su candidatura como
ciudad anfitriona de los juegos, fue la mejora de la seguridad pública de la
población en su conjunto. Según el gobierno brasileño, la planificación de la
seguridad pública ha comenzado ya con los Juegos Panamericanos en el 2007, y
con la Copa del Mundo en el 2014.
Mientras tanto, el informe
de Amnistía Internacional en Brasil llamado ¡La violencia no es parte de estos
juegos! Riesgos de violaciones de los derechos humanos en los Juegos Olímpicos
de Río 2016 muestra cómo las autoridades brasileñas y los organizadores de los
juegos están poniendo en práctica las mismas políticas de seguridad pública que
han llevado a un aumento en el número de asesinatos y violaciones de los
derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad, desde la Copa del Mundo
2014.
Desde el año 2009, 2,500
personas fueron asesinadas en operativos de la policía en la ciudad de Río de
Janeiro y la «justicia fue aplicada a una
proporción mínima de los casos», argumenta Atila Roque, Director Ejecutivo
de Amnistía Internacional en Brasil. La inmensa mayoría de las víctimas en las
operaciones de la policía han sido jóvenes negros que viven en las favelas y en
barrios populares.
Las autoridades han
anunciado recientemente que cerca de 65 mil oficiales de la policía y 20 mil
militares de las Fuerzas Armadas participarán en la seguridad de los Juegos
Olímpicos. Esta es la mayor operación en la historia de Brasil, según Amnistía
Internacional. En el plan se prevé enviar una parte de este contingente para
ejecutar incursiones en las favelas. En ese sentido, existen registros en el
pasado de un alto índice de violaciones a los derechos humanos y en el presente
ya comienza a reflejar los primeros efectos.
De acuerdo con Larissa
Lacerda, quien forma parte del Comité Popular, desde el comienzo del año 2016
las redadas de la policía en las favelas de Río de Janeiro han promovido un
verdadero genocidio de jóvenes pobres y negros que sólo tiende a empeorar con
los pocos días que restan para que inicien las Olimpiadas, algo muy semejante
sucedió con los Juegos Panamericanos y la Copa del Mundo.
«Se observa una creciente militarización en la ciudad, en el
marco de una política de seguridad belicista y racista, que afecta
particularmente a los jóvenes negros que residen en barrios populares y en la
favelas, que diariamente son asesinados por la policía. Pero todos y todas
están afectados por esta política que se basa en el miedo, a través de la
creación de muros, visibles e invisibles, que promueven la segregación
socio-espacial de la ciudad, y por la creciente criminalización de los
movimientos sociales»,
sostiene Lacerda.
Favelas – Río de Janeiro,
una ciudad con por lo menos 11’800,000 habitantes, tiene un grave problema con
los asentamientos informales llamados favelas donde habitan entre 1.5 y 2
millones de habitantes distribuidos entre 900 y 1000 favelas. Las favelas son
barrios marginales que se caracterizan generalmente por ser asentamientos
informales, con viviendas de mala calidad, acceso limitado a los servicios,
elevada densidad de población y una fuerte vulnerabilidad por la propiedad de
la tierra.
«Higienización social»
Desde el año 2011, para la preparación de la ciudad para los
mega-eventos deportivos, se han intensificado los operativos de «limpieza social» de las zonas de
interés turístico en la ciudad, incluyendo a niños y adolescentes que viven en
las calles. «A pesar de ser difícil poder
obtener datos precisos sobre la violencia creciente hacia a los jóvenes y
también de los adultos que viven en situación de calle, las denuncias se han
incrementado mucho en este periodo”, señala Larissa Lacerda.
La práctica ha sido
catalogada por organizaciones de derechos humanos, por los Defensores Públicos
y el Ministerio Público como ilegal. Es una violación sistemática e
institucionalizada de las leyes internas del país y de los tratados y convenios
internacionales suscritos por Brasil.
El Comité de los Derechos
del Niño de la ONU en el informe del año 2015 sobre la situación de la juventud
en Brasil denunció la tentativa del gobierno de «limpiar» la ciudad de Río de Janeiro para las Olimpiadas y lanzó
la siguiente advertencia: «El Comité está
profundamente preocupado por el gran número de niños en las calles que son
vulnerables a ejecuciones extrajudiciales, tortura, desapariciones, ser
reclutados por grupos delictivos, abuso de drogas y la explotación sexual».
Incluso indicaron la necesidad de promulgar leyes para prohibir la detención
arbitraria de los niños de la calle.
Estado
fallido
Son escasos 20 días para el inicio de este evento y en este
país se vive un clima de crisis política y económica tras la decisión tomada
por el Senado federal de suspender durante 180 días de sus funciones a la
presidenta Dilma Rousseff, en el marco de un proceso de destitución considerado
como un golpe de Estado por una buena parte de la opinión pública nacional e
internacional. Durante este tiempo será sometida a juicio político por la
supuesta manipulación de las cuentas públicas en los años 2014 y 2015.
«Río de Janeiro vive un verdadero caos social y económico», relata el ciudadano
Felipe Araujo, morador del Barrio Bangu quien también es investigador de la
Universidad Federal de Río de Janeiro. «Los
profesores del sistema de educación estatal y dos universidades más han estado
en huelga durante más de tres meses, los sueldos de los docentes están
retenidos. Los estudiantes continúan en la movilización como muestra de su
solidaridad, a pesar de la represión que han sufrido. La policía civil está en
huelga, por salarios y la falta de estructura para trabajar, y el sistema de
salud está sufriendo una crisis seria», agrega el investigador.
Mientras tanto, Michel
Elías Temer, del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), quien
asumió de forma interina las funciones de presidente de Brasil, afirmó en su
primer día de gobierno que los Juegos Olímpicos del año 2016 son una
oportunidad porque «servirán para la
recuperación de la imagen» de Brasil y ayudarán a «la inserción internacional de nuestra economía».
El gobernador del estado
de Río de Janeiro, Francisco Dornelles, decretó el 17 de junio de este año:
calamidad pública en la administración financiera estatal, justificando no
tener dinero para mantener los servicios públicos, como salud, transporte y educación.
Ante esto, el gobierno interino de Temer aprobó el 22 de junio un importe de
aproximadamente 850 millones de dólares para amortiguar la crisis. Un monto que
tendrá que destinarse, según afirma la ley en carácter de urgencia publicada
por el gobierno federal, «a cubrir los
gastos en seguridad pública para que se realicen los Juegos Olímpicos».
En cuestiones de seguridad
pública, cabe destacar que Brasil es un país que no cuenta con policías
antidisturbios, por lo tanto, son militares los que están en las calles
conteniendo el descontento social. Una estructura militar heredada desde el
golpe de Estado de 1964 y formados bajo la doctrina militar estadounidense y
francesa.
Parece ser que las líneas
de seguridad antiterroristas sugeridas por Estados Unidos a este país, han
cobrado mayor importancia en los mega-eventos deportivos, como la Copa Mundial
2014 y ahora con las Olimpiadas.
En el año 2010 se firmó un
acuerdo de cooperación militar Brasil-Estados Unidos, durante el segundo
mandato del gobierno de Luiz Ignacio Lula da Silva, a partir del cual la
empresa estadounidense Academi (antes Blackwater) ha entrenado a la policía
militar de Brasil para contener acciones terroristas durante la Copa Mundial
2014 y para los Juegos Olímpicos 2016. Aunque durante la Copa no hubo ninguna
señal de algún acto terrorista, en los Juegos Olímpicos se vuelve a retomar el
discurso con el presidente interino.
Promesas no
cumplidas
Si bien el objetivo del Estado es la seguridad, que en
realidad se utiliza para ampliar la segregación entre ricos y pobres de esta
ciudad, el Comité Popular muestra en su informe que las autoridades brasileñas
no están cumpliendo con la mayoría de sus promesas de mejorar las condiciones
de vida en Río y los proyectos que se están llevando a cabo están haciendo caso
omiso de los derechos humanos básicos.
El gobierno de Río de
Janeiro prometió, por ejemplo, una «revolución
del transporte público» a través de las obras de los grandes eventos. El
Comité Popular, no obstante, muestra que las enormes inversiones en transporte
público están distribuidas de manera desigual. La inversión sólo beneficia a
una pequeña parte de la población, concentrándose en mejorar el transporte en
las zonas ricas de la ciudad. Al mismo tiempo, han cortado las líneas de
conexión entre las zonas ricas y pobres de la ciudad.
En relación con las
condiciones de trabajo, el informe del Comité Popular denuncia las medidas
represivas del gobierno contra los vendedores ambulantes, derivadas,
principalmente, por la imposición de las zonas comerciales exclusivas en las
cercanías de instalaciones deportivas, impuesta por la FIFA y sus
patrocinadores.
Otra grave violación de
los derechos humanos, denunciada por el Ministerio Público del Trabajo de Río
de Janeiro, es en relación a una de las constructoras encargadas de la
construcción de la Villa Olímpica. Esta constructora mantenía a 11 trabajadores
en una situación semejante a la esclavitud.
En cuanto a la
preservación del medio ambiente, según el informe, desde la elección de la
ciudad de Río de Janeiro como sede de los Juegos Olímpicos, el tema es
publicitado como un elemento importante que acompaña las grandes
construcciones. Sin embargo, se ha edificado la construcción de una plaza,
llamada Vía Transolímpica, que implicó la destrucción de 200 mil metros
cuadrados de Bosque Atlántico, por citar un ejemplo. Estos proyectos están
violando las mismas leyes ambientales que en otros tiempos fueron utilizadas
para justificar la expulsión de comunidades enteras en nombre de la conservación
y para reducir el calentamiento global.
De acuerdo con Larissa
Lacerda, la herencia que van a dejar los Juegos Olímpicos en Río de Janeiro es
una ciudad aún más segregada y excluyente. «La
Ciudad Olímpica fue construida a través de la profundización de las
desigualdades socio-espaciales, sobre la base de una política de “limpieza” de
la ciudad», finaliza.
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