Pelao Carvallo
Fuente: REbelión
Red latina sin fronteras
Publicado: 4 junio, 2016
Han concluido las testificales del juicio sobre la masacre de
Marinakue y solo falta un documento que ingresar en las instrumentales: un pedido
a la policía científica española sobre la cadencia de disparos capturada en
algunos videos de la masacre ocurrida el 15 de junio de 2012 (hace casi 4
cuatro años) que ocasionó 17 muertes, una decena de heridos, medio centenar de
imputados, una quincena de acusados y acusadas, todxs campesinxs, un golpe de
Estado parlamentario y miles de mentiras para justificar la masacre, las
muertes, las heridas, las imputaciones, las acusaciones y el golpe de estado
parlamentario que una semana después de la masacre (el 22 de junio de ese año)
traspasó el gobierno de la centro izquierda a la centro derecha.
Iniciado el 27 de julio
del año pasado, el juicio es una demostración práctica y coherente de cómo
funciona la justicia pos reforma en Paraguay. La reforma judicial en
Latinoamérica, impulsada con el gentil auspicio de Estados Unidos y la Unión
Europea, hecha para acabar con el estilo heredado de la colonia de hacer
justicia, centrado en lo escrito, ha quedado en un mero cambio formal y
parcial.
El juicio Curuguaty ha
mostrado que, por ejemplo, más que la oralidad, importan las actas y los
expedientes, más que la reflexión de fondo y el sentido común, importan las
formalidades y los tiempos. Y que lo elitista, clasista y sexista de la
justicia pre reforma se mantiene e incluso pareciera haber aumentado.
El Tribunal que preside,
coordina, regula y decide el juicio, compuesto por tres varones viejos y
ladinos, se comporta desde el inicio como un apéndice de la fiscalía, salvo
cuando el pudor les ataca y para mantener cierta -a sus ojos- dignidad les
hacen algún caso a las defensas. La construcción del poder del Tribunal durante
el juicio se hace a base de someter, humillar y despreciar a las defensas. La
imparcialidad del Tribunal ha sido solo respecto a las defensas, sus defendidos
y algún testigo no entrenado por la fiscalía, tratándoles con dureza.
En lo sustantivo es la
Fiscalía (Ministerio Público) quien lleva el ritmo y dirige efectivamente el
juicio, subordinando sus intereses al Tribunal, domesticando y preparando a los
testigos quienes mayoritariamente fueron solicitados por la fiscalía, y dentro
de esa totalidad, una gran parte han sido funcionarios policiales o del mismo
Ministerio Público. La fiscalía construyó este juicio (como construye el
sistema judicial paraguayo) con el objeto concreto de otorgar impunidad a las
autoridades (policiales y fiscales) y a los poderosos en cuestión (en este caso
el clan Riquelme, usurpador de las tierras en litigio, Marinakue).
Este juicio no es distinto
a lo que sucede habitualmente en la práctica judicial paraguaya. Una pequeña
encuesta entre abogados penalistas paraguayos incluso señala que este juicio,
por su exposición pública, ha sido un grado menos aberrante que lo normal. En
la normalidad, los abogados penalistas señalan que es siempre mejor un acuerdo
extrajudicial con la fiscalía que un juicio oral pues es ésta la que dirige la
industria judicial paraguaya.
Cómo este juicio, con
todas sus aberraciones, con todas sus violaciones al debido proceso, con todos
las faltas a las garantías no deja de ser lo normal y corriente, lo regular y
rutinario, salvo un “milagro” de un
formato bien concreto: una llamada telefónica desde un poder superior que “oriente” una sentencia relativamente
justa, no debería sorprendernos –pero sí indignarnos y movilizarnos– que tenga
un resultado normal, corriente, regular y rutinario: que se condene a los
pobres, que se proteja a policías, fiscales, jueces, poderosos.
No sería extraño que esta
impunidad que el Ministerio Público ha construido para eximir a la Policía
Nacional de siquiera verse afectada por las ejecuciones sumarias de al menos 7
campesinos ese día 15 de junio y la muerte de 11 campesinos en total, se vea
techada por el Tribunal. Es lo normal.
Por eso la demanda del
pueblo paraguayo de justicia para Marinakue sigue siendo anormal. Cuatro
demandas base enunciadas poco después de la masacre siguen con plena vigencia
hoy: libertad a los presos y desimputación a los imputados; reparación a las
familias de víctimas y víctimas con uniforme y sin él; recuperación de las
tierras de Marinakue para el Estado con destino a la reforma agraria; y
justicia y verdad imparcial, objetiva, histórica y judicial. Todas esas
demandas entran en la esfera de la anormalidad.
Una construcción que
acerque cierta justicia al Paraguay no pasa solo por la reforma a la reforma
judicial, sino una modificación sustancial del contexto elitista, clasista,
sexista y racista al que responde actualmente y en el que se sustenta la justicia
paraguaya. El juicio “Curuguaty” es
un ejemplo de esta urgente necesidad.
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