CNTE: Foro
Nacional “Hacia la construcción del
proyecto de educación democrática: evaluación educativa integral”
Enrique Calderón Alzati
9 de agosto de
2016
Siendo la educación el proceso social por el que cada
generación le trasmite a la siguiente los conocimientos, la cultura y los
valores que recibió de sus ancestros, enriquecida con sus propios logros y
desarrollos, ella constituye la simiente de las naciones y las culturas. En el
caso de México, nuestra Constitución promulgada en 1917, indica con claridad
que la conducción, operación y costos de la educación recaen en el gobierno de
la República, el cual debe proporcionar la educación de manera gratuita y laica
a todos los niños y en igualdad de condiciones.
En las sociedades
modernas, la educación como todos los procesos sociales que requieren ser
mejorados y adecuados a las necesidades cambiantes de la sociedad, de acuerdo
con su evolución histórica deben ser evaluados, por ello la educación y los
procesos educativos, deben ser sujetos a evaluaciones periódicas.
Durante la mayor parte del
siglo XX, el objetivo natural de los sucesivos gobiernos nacionales, fue el
proporcionar educación básica a todos los niños de México, comenzando por la
primaria, después la secundaria y a finales del siglo el bachillerato,
desafortunadamente estos esfuerzos dejaron a un lado, los aspectos de equidad
(diferencia entre escuelas urbanas y rurales, entre regiones ricas y pobres) y
las metodologías empleadas en los procesos de enseñanza aprendizaje.
El crecimiento fue
notable, pero en muchos aspectos improvisado y defectuoso, abriéndose una
brecha respecto a los avances logrados por otras naciones. Por su parte los
sucesivos gobiernos de la segunda mitad del siglo XX, donde se dieron estos
crecimientos, dieron poca importancia a estos problemas, manejando solo cifras
de crecimiento de manera un tanto irresponsable y demagógica.
Las primeras evaluaciones
internacionales realizadas para comparar los niveles de conocimientos y
competencias de nuestros estudiantes mostraron a la sociedad mexicana una
realidad que debía ser superada en varios aspectos.
Los gobiernos de la
República que antecedieron al actual, establecieron las primeras evaluaciones
estandarizadas nacionales, para el sistema educativo en su conjunto,
coincidiendo en sus resultados con las evaluaciones internacionales, mostrando
en los años siguientes modestos avances en el caso de las matemáticas y un
estancamiento en la comprensión del lenguaje y los conocimientos de la ciencia,
las evaluaciones señalaron además las enormes diferencias existentes entre los
estados del norte, del centro y del sur del país, mientras que nuevas
evaluaciones internacionales mostraban la ampliación de la brecha respecto a
las naciones líderes en educación.
Ignorando los problemas de
inequidad en las condiciones educativas que las evaluaciones mostraban, así
como la corrupción imperante en la administración de los recursos educativos y
las fallas existentes en las metodologías y los materiales educativos, un grupo
de empresarios ajenos a la educación y con intereses nada claros sobre la
motivación de sus afirmaciones, señalo a los maestros como únicos responsables
del desastre educativo, lo cual fue tomado por el actual gobierno como una
verdad absoluta para impulsar un nuevo proyecto claramente orientado a
privatizar la educación, haciendo suya la denostación a los maestros y
desconociendo su aportación a la conformación del México moderno, realizada en
muchos casos sin condiciones mínimas para realizar su trabajo.
Para lograr este fin y
pasando por encima de la Constitución, con la complicidad del Congreso
(bautizada como Pacto por México) el
actual gobierno se propuso evaluar a los maestros con objeto de probar sus
niveles de competencia, con amenazas de carácter punitivo, modificando a modo
varios artículos constitucionales, alterando con ello la esencia misma de la
lucha revolucionaria del pueblo mexicano plasmada en esos artículos.
De esta manera, mientras
las evaluaciones realizadas anteriormente del sistema educativo estaban basadas
en los principios elementales del método científico, las evaluaciones
estandarizadas para decidir si un maestro es apto para dar clases luego de varios
años de desempeño, además de ser contrarias a uno de los principio
fundamentales de la ciencia moderna (conocido como el principio de
incertidumbre, que le valió al científico alemán Werner Heisenberg el premio
nobel de física de 1932) es violatorio de uno de los derechos humanos más
importantes: Ningún ser humano puede recibir un castigo sin haber sido antes
juzgado y encontrado culpable del delito o falta de la cual se le acusa.
Cuando un maestro es
sujeto a una evaluación, cuyo resultado puede ser su despido, la pérdida de su
salario y de su condición misma de maestro ejercida por él, requeriría que
fuese sometido a juicio, pues de lo contrario el trato recibido sería diferente
al de un médico que se le impide ejercer, solo después de habérsele hecho un
juicio por su conducta o incapacidad profesional.
Cuando además el gobierno
ha tratado de imponer estas medidas no a un maestro, ni a un conjunto de
maestros señalados de alguna manera, sino al total de los maestros, sus actos
constituyen una conducta propia de los regímenes totalitarios en donde un
conjunto de personas son así distinguidas por una diferencia étnica, económica
o laboral.
La lucha del magisterio es
por eso una lucha social que debe ser (y está siendo) respaldada en todo el
país no solo por los padres de familia de los niños y jóvenes atendidos en las
escuelas públicas, sino por los diversos grupos sociales de trabajadores,
hartos todos de la corrupción y el despotismo de un gobierno que se ha
caracterizado por su deprecio al pueblo que pretende gobernar.
Por ello las prácticas
dilatorias y la presentación de un “nuevo
modelo educativo” preparado al vapor y con errores y omisiones lamentables,
con el solo fin de confundir a la opinión pública y desgastar los esfuerzos del
magisterio deben ser enérgicamente denunciada y rechazada, mediante la
discusión y difusión de la propuesta educativa democrática que ha venido siendo
preparada por la CNTE con el apoyo de académicos y pedagogos convocados por el
magisterio.
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