Pietro Ameglio
Desinformémonos
11 noviembre 2016
México es un país, en ciertos sectores, sin “memoria activa”, con una gran “memoria fosilizada”, permanentemente
impulsada por la clase política y todos los aparatos institucionales a través
de continuos homenajes, medallas, monumentos, premios, dedicatorias. El aparato
del poder –en toda su variedad institucional- es una permanente máquina de
erradicación de la memoria como un problema nacional de verdad y justicia, para
trasladarla al ámbito del “recuerdo”,
de la simulación o del olvido: Iguala, Tlatlaya, Tanhuato, Apatzingán son los
casos más recientes. Eso explica, en parte, mucha de la impunidad e injusticia
que nos atraviesa.
Profundizando, señalaba
muy bien el Dr. Juan Carlos Marín, en la inauguración del Centro de estudios de
la memoria y los DDHH en Chile, que “la
memoria activa nos exige no sólo reclamar justicia sino también saber más de
todo esto (genocidio de la dictadura militar) para no desarmarnos ante lo que
no ha dejado de producir injusticias ni nos ha dejado de amenazar”. De lo
contrario, estamos colaborando en “ampliar
nuestra indefensión ante la amenaza de una reiteración del horror”.
De qué otra forma podría
explicarse que alguien como Margarita Zavala – la “candidata”- aspire, con mucha fuerza real, a ser presidenta de la
república. Para nuestra sociedad resulta ofensiva ya sólo la posibilidad de que
pueda siquiera imaginarse que lo sea, pensemos lo que sería si llegara a serlo.
Es la esposa de un genocida. Ante ello, surge enseguida, desde el poder, la instalación
del “infantilismo social” alegando
que ella no es Calderón, que una cosa es lo que hizo su marido y otra lo que
hará ella. ¡Qué ingenuidad histórica y sociológica!
El genocidio es la acción
de muchos sobre pocos, aunque estos sean 65 mil muertos, 20 mil desaparecidos y
decenas de miles de desplazados [1],
que son las cifras con las que su esposo dejó envuelto en un indescriptible
dolor al país cuando se fue, en la impunidad total. Por una ingenua y, a
propósito, mal construida lectura de la historia creemos que la violencia, de
la cual el genocidio es su máxima expresión de inhumanidad, son realizados por
unos pocos “desequilibrados” –casi
por naturaleza- sobre otras víctimas, pero, en cambio, una lectura más precisa
de la operación del orden social nos muestra que para que se realicen acciones
violentas, genocidas, es necesaria la participación y articulación de muchos
cuerpos sobre pocos. Se trata de una enorme empresa intelectual, judicial,
tecnológica, mediática, de redes de complicidades implícitas y explícitas,
directas e indirectas, en la que grandes sectores de la sociedad civil
participan en múltiples formas y niveles.
¿Quién puede afirmar que
Margarita Zavala no sabía lo que sucedía con las víctimas de la tan mal llamada
“guerra al narco” –declarada por su
esposo apenas subió al poder-, así como de la complicidad e impunidad estatal?
Y ¿qué hizo –con fuerza y proporcionalidad- al respecto en aras de la verdad,
la justicia, la reparación…la paz?
Fuí testigo de múltiples
testimonios de los familiares de desaparecidos ante ella, y todo el aparato
gubernamental y partidista político, y de la total inoperancia y simulación de
éstos. Ella, como una enorme cantidad de actores políticos, y de otras
múltiples institucionalidades nacionales, operó a favor de la política de “paz armada” que ha llevado al país
actualmente a continuar siendo atravesado –cada vez con mayor intensidad- por
una guerra de “exterminio masivo”
(más de 105 mil muertos; 32 mil desaparecidos; cientos de miles de desplazados)
y “exterminio selectivo” (cientos de
activistas sociales, periodistas, defensores de ddhh… de todos los rangos y
niveles asesinados o desaparecidos, empezando por los 43 estudiantes de
Ayotzinapa).
Para colmo de evidencias
de esta “continuidad bélica”, en la
que la clase política y sus múltiples aliados delictivos han instalado al país
y a toda la sociedad, el presidente Peña Nieto acaba de entregar un
reconocimiento ¡en mano! a Calderón en los 70 años del ITAM, en un viceversa de
cuando Calderón le entregó el reconocimiento al fraude electoral del 2102.
Por tanto, ¿con base a qué
se puede afirmar que ella va a detener esta guerra de exterminio contra la
población y los pueblos-comunidades mexicanos, si fue parte de estas decisiones
en el sexenio de su marido que potenció esta nueva etapa de la guerra en
México, si ha estado totalmente callada en la intensificación de esta guerra en
el actual sexenio? Pura ilusión, sin ninguna esperanza real. Reitero, resulta
inverosímil para la memoria y dignidad de toda la sociedad mexicana, y
especialmente para los familiares de víctimas de la actual guerra, que se pueda
siquiera llegar a plantear la posibilidad que ella sea presidenciable.
Duele, entonces, observar
el nivel de “normalización de la guerra”,
de la impunidad y violencia que tiene la clase política –que lucra en todo
sentido con ella-, pero sorprende más todavía esa “normalización” en la sociedad civil pues no se han levantado voces
claras y fuertes públicas contra esta candidatura vergonzosa, en el sentido de
su papel central en la guerra que nos atraviesa y hacia las cientos de miles de
víctimas.
Pero sí, en cambio, es
tema de gran “polémica nacional” el
que el CNI (y el EZLN como parte de él) se hayan atrevido a lanzar una consulta
a sus bases, acerca de la posibilidad de presentar en las elecciones presidenciales
de 2018 a una candidata mujer e indígena. Como si no fuera legal y legítimo que
una organización social tuviera ese derecho. Pero lo que más queda al desnudo
es la “doble moral” social que, por
un lado, esgrime todo tipo de argumentos acerca de la “falta de memoria del EZLN” respecto a sus declaraciones y acciones
pasadas, y, por otro lado, tienen una desmemoria total con la política genocida
que el esposo de Margarita Zavala –y ella directa e indirectamente- instalaron
en el país hace 10 años y que han llevado a un nivel de descomposición social,
delito organizado y muerte como nunca antes se había vivido en el México.
Como señala el Equipo
Bourbaki (2016), lo que ofrece la candidatura del CNI “es una salida real a quienes ya no creen en este sistema político y
que tampoco buscan ya su representación ciudadana, en concreto para estas
elecciones federales, pero expresarían de esta manera su anuencia a la
candidata propuesta por los pueblos originarios, en donde han construido el
‘mandar obedeciendo’ como forma y ejercicio de gobierno…la sola presencia de un
Consejo indígena de gobierno y una mujer que lo represente, altera los ‘usos y
costumbres’ del sistema electoral, lo evidencia en su crisis y en el apego a
esos procedimientos de la simulación permanente de lo legítimo”.
Nos parece, como decíamos
al inicio, que no es posible en México seguir postergando una lucha clara y
decidida por la verdad, la justicia y la reparación en esta guerra que nos han
impuesto y cuyo costo es brutal y de grados de inhumanidad similares a los
peores territorios de violencia mundiales, especialmente para la sociedad civil
en todas sus clases sociales. Por ello, perder la capacidad de una “memoria activa”, es perder el respecto
a la dignidad de la lucha de cientos de miles de víctimas en todo el país, es
renunciar a la posibilidad de “¡Parar la
guerra!”.
Como sociedad civil:
¿Vamos a cooperar en
prolongar otros 6 años la guerra en que nos han metido, sin la mínima consulta
ni legitimidad, funcional sólo a sus inmorales negocios?
¿Para cuándo un “¡Ya basta!”, un “Hasta la madre” o “¡Que se
vayan todos (los políticos)” más decidido?
¿Estamos para aguantar 18
años ininterrumpidos de guerra cada vez más violenta y creciente?
[1] Cifras del sexenio de Calderón tomadas de
Aristegui Noticias, Animal Político y el Semanario Zeta.
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