Reducir el uso, promover alternativas y ser menos
dependientes del consumo de recursos energéticos
Opinión de Gerardo Honty, analista de CLAES (Centro Latinoamericano de
Ecología Social)
América Latina sin fronteras
Foto: RT
16/01/2017
El pasado 1º de
enero entró en vigor una decisión del gobierno mexicano que pretende liberar
los precios de los combustibles, medida que ha generado movilizaciones de
rechazo en todo el país. Las protestas -en contra de lo que se llamó el “gasolinazo” han alcanzado ribetes en
extremo violentos. Tres personas murieron en los enfrentamientos con la policía
y al menos 1.500 personas han sido arrestadas en estos días.
El
objetivo principal de la medida es abandonar los subsidios a los combustibles y
alinear los precios internos con los internacionales. Seis años atrás, en
diciembre de 2010 el gobierno boliviano intentó una medida similar -también
designada popularmente como “gasolinazo”-
que provocó el mismo tipo de revuelta popular. Más allá de las situaciones
particulares de cada país, y el tipo de reformas que ambos gobiernos
propusieron o proponen, el problema de fondo trasciende a las ideologías y a los gobiernos: el fin del
petróleo barato.
Los
componentes de la crisis
Más allá del
debate sobre las virtudes de la liberalización o estatización del sector
hidrocarburos, y de las responsabilidades por errores o aciertos del pasado, la
medida del presidente Peña Nieto responde a una realidad económica y financiera
insostenible. La producción de hidrocarburos es cada vez más costosa, la
empresa estatal está fundida y la demanda de combustible es creciente. Sin
dudas pudieron haberse adoptado otras medidas en el pasado y en el presente
para evitar este desastre actual. Sin dudas Pemex pudo haber sido mejor
gestionada y la Reforma Energética pudo haber sido diferente. Pero nada de eso
hubiera evitado, más tarde o más temprano, el aumento de los combustibles.
Uno
de los componentes que conducen a esta situación es el aumento del consumo de
derivados de petróleo en la economía mexicana signada fuertemente por el
aumento del consumo de combustibles en el transporte. El transporte representa
el 46% del consumo energético total y dentro del transporte, el 91% corresponde
al consumo vehicular. El crecimiento del parque automotor mexicano ha sido
constante, como lo ha sido en todos países de la región latinoamericana. En 2012
había en México 300 vehículos por cada 1000 habitantes -el doble de la tasa del
año 2000- y había alcanzado los 35 millones de vehículos, dos tercios de los
cuales eran automóviles privados. Entre 2006 y 2014 el gobierno tuvo que
destinar subsidios por 53.000 millones de dólares para sostener bajos los
precios de la gasolina y el diésel.
Otro
de los elementos de la crisis es la caída en la producción nacional de
hidrocarburos. La producción de petróleo y la refinación de derivados se han
reducido sustancialmente en los últimos años. En 2004, la producción petrolera
mexicana se encontraba en los 3,4 millones de barriles diarios pero en la
actualidad no alcanza a 2 millones, el menor nivel desde 1980. Por otra parte
la capacidad de refinación apenas cubre el 60% de las necesidades del país lo
cual ha obligado al gobierno a importar 2 millones de barriles diarios de
gasolina desde los Estados Unidos, más de la mitad de lo que se consume en el
país.
Finalmente,
las reservas actuales son más caras de explotar. México cuenta con unos 100 mil
millones de barriles de hidrocarburos en recursos prospectivos –diez veces más
que sus reservas petroleras actuales-, pero estos ya no son los yacimientos “convencionales” que hasta ahora el país
había logrado explotar a costos medios de 6 dólares por barril. Se trata de
recursos no convencionales en aguas profundas, o que requieren de fractura
hidráulica (fracking) para ser
extraídos y que –según analistas internacionales- tienen costos de explotación
por encima de los 50 dólares por barril.
Estos
costos son imposibles de asumir para una empresa como Pemex que ha
arrojado pérdidas por USD 40.000 millones en 2015, y arrastra deudas por casi
USD 100.000 millones. Pero aunque lo pudiera hacer, no podría sostenerse con
los precios actuales de la gasolina. Hay muchas críticas al manejo que se ha
hecho de la empresa y seguramente hubiera podido ser mejor. Pero vale la pena
recordar que todas las grandes compañías petroleras, de la región y del mundo,
están sufriendo situaciones similares, tomando deuda y vendiendo activos para
tratar de sobrevivir. Más aún las compañías que en los últimos años se han
dedicado a la explotación de no convencionales. De manera que, si bien es
probable que haya problemas de gestión en Pemex, parece evidente que este es
más bien un problema estructural para toda la industria
petrolera en la actualidad [1].
En
julio de 2015 el sector de los hidrocarburos mexicanos se abrió a la participación
privada después de 70 años de monopolio estatal. Más allá de las razones “ideológicas” que pudiera tener el
gobierno de Peña Nieto respeto a las bondades de la privatización del sector,
lo cierto es que los mejores yacimientos se han agotado en México y el sector
privado no va a invertir en recursos prospectivos costosos si el precio de los
combustibles no contempla esta realidad. A menos que el estado subsidie la
diferencia.
Situaciones
similares fueron las que obligaron a Bolivia y a Argentina a darle mayores
beneficios a las empresas privadas para aumentar la explotación y exploración
de hidrocarburos cada vez más caros.
Una
vida sin petróleo
Peña Nieto
había asegurado que la Reforma Energética en México no implicaría aumentos en
las gasolinas. Ese fue un gran error. Más allá de la incidencia que haya podido
tener esta reforma, es más que probable que las gasolinas hubieran
aumentado de cualquier manera. Los hidrocarburos son cada vez más costosos y
difíciles de extraer y los gobiernos latinoamericanos no tienen ni recursos ni
tecnología para hacer frente a esta explotación y deben recurrir a empresas
extranjeras.
Atraer
las inversiones extranjeras conlleva necesariamente una política de precios que
asegure cierto retorno económico para las empresas. Esto puede hacerse
liberando los precios al mercado –lo que aumenta los precios al consumo-
o aplicando subsidios, directos o indirectos, para mantener los precios bajos.
Ni México, ni ninguno de los países latinoamericanos están en una posición económica
que les permita sostener esos subsidios.
La
particular situación mexicana debería alertar a los demás gobiernos de la
región: deben prepararse para unos combustibles cada vez más caros. Seguir
alentando sistemas productivos, de transporte y de consumo final basados en
hidrocarburos, conducirá inevitablemente a estallidos sociales en el futuro.
Porque los ciudadanos tienen su vida organizada en torno a combustibles baratos
y dependen de todos los servicios energéticos que estos proveen para su vida:
movilidad, calefacción, cocción, etc. El aumento de los precios de estos
servicios serán insostenibles para la mayoría y los gobiernos solo tendrán la
opción del subsidio para mantener precios bajos.
Las
inversiones públicas o el fomento de la inversión privada deberían comenzar a
orientarse hacia sistemas productivos y de consumo para una era pos petrolera.
Por ejemplo, debería invertirse más en sistemas de transporte fluviales o
ferroviarios y ya no invertir en carreteras. Debería invertirse en trasporte
público más que en ampliación de avenidas o construcción de autopistas urbanas
que aumentan el parque vehicular privado. Debería invertirse más en exploración
eólica y solar más que en exploración de hidrocarburos. Y al contrario de
asegurar que los precios de la energía no van a aumentar, comenzar a transmitir
que la energía será cada vez más costosa y habrá que irse adaptando a esa nueva
realidad.
La
Agencia Internacional de la Energía (AIE) lanzó una alerta a fin del año
pasado: no se están realizando inversiones en explotación de combustibles
fósiles debido a los bajos precios actuales del petróleo y esto traerá como
consecuencia un desabastecimiento en el corto plazo. Necesariamente los precios
del petróleo y de los combustibles serán más altos porque ya no existe la
posibilidad de producir hidrocarburos a costos bajos como ocurrió en el pasado [2].
El
aumento de los precios de la gasolina no es responsabilidad del gobierno
mexicano, así como no serán responsabilidad de ningún gobierno los futuros
aumentos que se avecinan en la región. Esta es una realidad que hay que asumir
porque se acabó la era del petróleo barato. La verdadera culpa de los gobiernos
es cerrar los ojos ante esta realidad evidente y no asumir ante los ciudadanos
que de ahora en adelante la energía será más cara y hay que adaptarse. Es deber
de los gobiernos decirle a la población que ya no habrá gasolina barata, a
menos que esté dispuesta a dedicar una parte cada vez mayor de sus impuestos a
sostener los subsidios.
La
culpa de los gobiernos es no alertar a sus votantes que deben hacer cambios en
las formas de apropiación y uso de la energía para sobrevivir. Es no generar
políticas para reducir su uso, hacerse menos dependiente de su consumo
creciente, promover alternativas de vida menos demandantes de los recursos
energéticos. Deben comenzar a hacerlo o sucumbirán. Y los costos sociales serán
enormes, como lo demuestran todas las experiencias latinoamericanas que han
tratado en los últimos años de adecuar los precios de la energía a sus costos
reales.
[1] Véase: “El adiós al petróleo barato en la
globalización”
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