JORNALEROS NAHUAS
SON VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN EN SAN LUIS POTOSÍ
Redacción
Desinformémonos
Foto:
Cuartoscuro
14
enero 2017
Ciudad
de México / Desinformémonos. Jornaleros
agrícolas nahuas, que incluyen a menores de edad, fueron víctimas de
explotación laboral en una finca en Villa Juárez, San Luis Potosí, además de
vivir en condiciones de vivienda y alimentación “insalubres e indignas”, destacó la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH).
En el rancho, que produce chile y pepino, se
evidenciaron violaciones al libre desarrollo de la personalidad, al trato digno
y al interés superior de la niñez, así como al derecho al trabajo, a la
seguridad jurídica y a la procuración de justicia, señaló el organismo nacional
con base en la investigación de los hechos.
Las faltas a los derechos humanos son “atribuibles a 12 servidores públicos
adscritos a las Secretarías del Trabajo y Previsión Social federal, a su
homóloga local, a la Procuraduría General de Justicia y a la Procuraduría de
Protección de Niñas, Niños, Adolescentes, la Mujer, la Familia y el Adulto
Mayor (PPNNA)”, indicó la CNDH.
El organismo documentó que las dependencias
no investigaron el caso ni protegieron y salvaguardaron los derechos de los
jornaleros, además de que no pusieron en marcha acciones “eficaces y oportunas” en su favor una vez conocidos los hechos.
Ante esto, recomendó a la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social y al Gobierno del estado de San Luis Potosí elaborar
un diagnóstico sobre la situación específica de los jornaleros, que incluya la
participación de académicos expertos en derechos humanos y trata de personas.
De la misma forma, consideró necesaria la
implementación de acciones de prevención de la trata de personas en los
trabajos o servicios forzados en el campo, tanto para jornaleros agrícolas como
para empleadores y dueños de centros de trabajo.
Recomendó instalar un protocolo de actuación
para los servidores públicos, con perspectiva de género y de atención a niños y
adolescentes, que incluya las obligaciones de las diferentes dependencias
involucradas, así como emitir una circular dirigida a todo el personal
involucrado en las visitas de inspección, para que al advertir la presencia de
personas menores de edad se les brinde protección integral y respeto a sus
derechos humanos, sin menoscabo de la protección que se dé a sus progenitores o
núcleos familiares.
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