Nicaragua: del rojinegro de la revolución al color de la
dictadura
Video de Agencia SubVersiones
Publicado el 13 dic. 2016
El
contexto de Nicaragua es complejo, pero tiene la misma lógica. En el gobierno
esta el FSNL, que reivindica un pasado de lucha popular y socialista, pero que
ha agotado la posibilidad de un rumbo diferente. En el presente, con Ortega a
la cabeza, va por su cuarto mandato en el poder con tintes dictatoriales
denunciados tanto por la derecha partidaria como por movimientos campesinos.
Esta nota es un avance de
un proyecto de investigación que Avispa Midia publicará en próximas fechas como una
cobertura especial de Centroamérica.
Por Santiago Navarro F, Renata Bessi y Aldo Santiago
Rigo del Calvario López es una persona mayor, la vida le
ha hecho surcos en la piel, le gusta cantar y hacer fotografía. Una especie de
satisfacción le arranca una sonrisa al saberse pobre, “no le debo nada a nadie”, dice mientras recuerda algunas anécdotas
de cuando hacía parte de la guerrilla sandinista en los años 1970. Hablar del
sandinismo para este viejo ex-guerrillero en tiempos del presidente Daniel
Ortega es un tema de nostalgia y de rabia. Toma su tiempo, como mirando hacia
dentro.
“El
ser sandinista era aprender de los principios del general Augusto César
Sandino, que entre los años 1926 y 1933 dirigió la resistencia contra el
ejército de ocupación estadounidense en Nicaragua. Él no quiso ser ni
terrateniente ni presidente. Nosotros en el programa original del Frente
Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) agregamos que no queríamos ser ni
empresarios ni millonarios y ni mucho menos presidentes. Sucedió todo lo
contrario, se hicieron terratenientes, presidentes, empresarios y millonarios.
Sólo utilizan la bandera rojinegra para cobijarse, y eso no es ser sandinista”.
En la Nicaragua de Daniel Ortega del año
2016, el rojinegro, símbolo del sandinismo, pero también de la resistencia en
Latinoamérica, ha pasado a teñirse al color magenta o rojo purpúreo intenso,
cuya inspiración es la coloración de las flores del arbusto llamado en el mundo
de las modas como Fiusha. Un tono que
le ha dado un toque a las prendas que se deslizan en los desfiles de moda en
Nicaragua, organizados por Camila Ortega, hija del actual presidente de este
país. El mismo color con el que Daniel Ortega promovió su reelección.
Campesinos del sur
nicaragüense en su camino para las protestas en Managua. Foto: Rigo del
Calvario
|
Simulacro
Días antes de los comicios del 6 de noviembre de este año
2016 en Nicaragua, el equipo de este reportaje intentó ingresar a este país de
forma legal, mismo con que en Nicaragua, en menos de tres semanas, habían sido
detenidos cinco mexicanos y una investigadora tuvo que abandonar el país a toda
prisa, lo que provocó incluso una alerta de la embajada mexicana donde
desaconsejaba a sus ciudadanos acercarse a actividades políticas en Nicaragua.
El equipo pasó por un amplio interrogatorio,
registros minuciosos del equipaje y la espera sin justificación de más de siete
horas en una oficina de migración, frontera entre Honduras y Nicaragua, donde
una bandera rojinegra del FSLN acompañaba un cartel con fondo fiusha, parte de
la campaña para la reelección de Ortega. Al final no se le dio al equipo de
corresponsales el permiso de quedarse en el país, y apenas se le concedió 12
horas para cruzar hacia Costa Rica.
Durante la larga espera en la oficina, el
equipo de este reportaje pudo identificar en la sección de aduanas, un
periódico mural con un comunicado emitido por la dirección de la oficina
dirigido a los funcionarios de migración: “Domingo
6 de noviembre de 2016, después de realizar su voto dar la siguiente
información: puesto de trabajo, local de voto y hora de voto”.
Otra orientación era de que los funcionarios
no faltaran al trabajo después de votar. Según nos explicó anónimamente un
funcionario, el objetivo de los jefes de la oficina era revisar si el dedo de
los funcionarios públicos estaban teñidos, ya que todo ciudadano es obligado a
dejar sus huellas digitales durante la votación. “O sea, es una forma de obligar a los funcionarios públicos a votar y
como son obligados a informar el local y hora de votación a sus jefes,
fácilmente les pueden vigilar y hacer una cacería de brujas”, explica el
funcionario quien no se quiso identificar por temor a represalias.
A pesar de un abstencionismo generalizado,
incluso de algunos miembros del FSLN, el día 7 de noviembre, con el 72.1% de
votos, Ortega se proclamó victorioso por cuarta ocasión en su historia, esta
vez junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. “¿Cómo es posible que hubo un 70% de los
votos? Ninguno de nosotros fuimos a votar, no hubo presencia de los campesinos
y de nosotros los pobres. Algunos de los que fueron a votar fue porque les
dieron un chancho –un cerdo-, una
gallina o el plan techo –programa de insumos básicos para mejorar las
viviendas de las familias más pobres-”,
dijo Fátima Duarte, de la comarca El Cangrejal, quien fue removida de su cargo
como concejal del FSLN por participar en protestas contra las políticas de
Ortega.
Zanjas en los principales
caminos hacia la capital nicaragüense obstaculizaron el paso de los
manifestantes, quienes sortearon el intento de desmovilización a pie.
Fuente: Onda Local |
Evidencia de los disparos
con armas de fuego que la policía utilizó para reprimir e impedir el paso de la
Caravana Campesina hacia Managua. Fuente: Onda Local
|
Color sangre
Calles y puentes destruidos, profundas zanjas abiertas en
medio de las carreteras, árboles centenarios derribados obstaculizando las
principales vías, fuerzas antimotines desplegadas, retenes de la Policía
Nacional. Este era el escenario a menos de un mes de las elecciones. La
estrategia del gobierno de Daniel Ortega era impedir que campesinos e indígenas
de las comunidades del Tule, Nueva Guinea y la Región Autónoma del Atlántico
Sur (RAAS), zonas rurales remotas, llegaran a la capital del país, Managua, en
los días 30 de noviembre y 1 de diciembre. En dichas fechas, movimientos de
todo el país se reunirían para protestar contra la construcción del canal
interoceánico, concesionado a la empresa china Hong Kong Nicaragua Development
(HKND), así como para rechazar el resultado de los comicios en los que el
presidente Daniel Ortega obtuvo un tercer mandato sucesivo.
Se estima que la construcción de dicho canal
va despojar directamente a 350 mil personas de sus tierras, en su mayoría
campesinos e indígenas. La empresa china HKND tiene, por ley, la garantía de
expropiar tierras donde considere necesario en todo el territorio nicaragüense.
El Canal de Nicaragua esta proyectado en 278 kilómetros de largo, de 230 a 520
metros de ancho, y hasta 30 metros de profundidad. Llegaría a ser el proyecto
de infraestructura más grande del mundo y tres veces más largo que el Canal de
Panamá.
La región donde se intensificó la represión
se ubica en la zona oriental del país, en la ruta canalera que pretende cruzar
el Lago Cocibolca para conectar los océanos atlántico y pacífico. La acción del
gobierno fue respaldada por la Ley de Seguridad Soberana que establece como
amenaza casi cualquier actividad que el Ejecutivo considere en contra del
Estado.
“Estábamos
saliendo de los territorios rumbo a Managua, pero el gobierno nos mandó
militares para obstruir los caminos, tumbó puentes para que nuestra caravana de
camiones no pudiera pasar. No pudimos viajar en buses, porque los militares
amenazaban a los choferes con quitarles sus concesiones, entonces lo que
hicimos fue salir con camiones que usamos para cargar ganado o granos básicos
que producimos”, explica el campesino Medardo Mairena
de la región de Punta Gorda, municipio de Bluefields, costa atlántica de
Nicaragua.
Desde la noche del 28 de noviembre, oficiales y agentes
antimotines de la Policía Nacional mantuvieron militarizada la zona, con al
menos cinco retenes desde Managua a Nueva Guinea y tres puestos de mando en las
comunidades más estratégicas de la zona. Aún con la presencia militar,
alrededor de 1,000 personas de diferentes comunidades protestaban el 29 de
noviembre a un kilómetro del núcleo urbano de Nueva Guinea en un lugar conocido
como Puente El Zapote, donde seguirían hacia Managua. “Los militares procedieron con violencia, lanzaron bombas de gas
lacrimógeno y balas de goma. Dispararon con armas de fuego, AK-47. Por lo menos
diez personas fueron heridas, cuatro de gravedad, una de ellas (Pedro Guzmán
López) con una bala en el estómago”, cuenta la campesina Francisca Ramírez,
integrante del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, Lago y Soberanía,
de la comunidad La Fonseca, en Nueva Guinea.
Con el argumento de labores de reparación del puente El
Zapote, el gobierno había socavado un día antes, el 28 de diciembre, el único
punto de comunicación de las comunidades con la ciudad de Nueva Guinea. No
bastándose con la represión, informaron organizadores de la marcha anticanal,
que antimotines ingresaron a Nueva Guinea a detener a sus integrantes, cuando
regresaban a sus hogares el miércoles 30 de noviembre por la tarde.
El
pueblo El Tule fue atacado con bombas de gas lacrimógeno en el centro de
la comunidad. Sus habitantes denuncian el uso de armas de fuego por la policía.
Las
comunidades La Unión, La Fonseca, Puerto Príncipe, El Tule, San Miguelito, El
Castillo, todas ubicadas en la franja de la ruta canalera, sufrieron la
represión más intensa, aunque el despliegue policiaco-militar se extendió en
por lo menos 13 distritos del país, desde el día 27 de noviembre. Organizadores
de la protesta del 1º de diciembre relatan que por lo menos 102 personas que se
dirigían con rumbo a Managua fueron detenidas en retenes de carreteras, según
ellos, de forma ilegal y arbitraria.
La organización Front Line Defenders relata en un informe, que el 30 de noviembre de 2016, en
Nueva Segovia, Ana Patricia Martínez, Directora de la Fundación para la
Promoción y el Desarrollo de las Mujeres y la Niñez “Blanca Araúz”, estuvo detenida durante tres horas por la policía.
Las autoridades también se apoderaron de su vehículo, el cual pertenecía a su
organización. Martínez regresaba de una comunidad rural donde estaba realizando
un taller con mujeres sobrevivientes de violencia de género. Cuando se le
preguntó por qué estaba detenida, la policía respondió que era porque estaba
ayudando a transportar a la gente para que pudieran participar en la marcha.
El Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Lago
y la Soberanía denuncia que se sumaron por lo menos 20 heridos, cuatro de
gravedad, y 20 desaparecidos, además de un número incontable de detenidos en
todo el país.
Captura de pantalla de un
mapeo colectivo demuestra la dimensión del operativo policiaco contra los
manifestantes campesinos en todo Nicaragua.
|
En la mira
Las manifestaciones coincidieron con la llegada a
Nicaragua del secretario general de la Organización de Estados Americanos
(OEA), Luis Almagro, quien tuvo la misión de establecer un diálogo con diversos
sectores sociales del país por las controvertidas elecciones de este año 2016,
cuando se consumó el tercer mandato presidencial consecutivo a Daniel Ortega.
Entre los abusos que se le atribuyen al
mandatario esta el estrangulamiento de lo que acostumbran llamar “pluralismo democrático”, ya que en
junio la Corte Suprema despojo al líder opositor Eduardo Montealegre, de la
representación legal del Partido Liberal Independiente (PLI) de tendencia
derecha-liberal, con lo cual Daniel Ortega fue el único candidato importante en
la disputa. Aunado a ello se eliminó la figura de observación electoral,
mediante la prohibición de la presencia de observadores internacionales.
El 16 de octubre, la OEA lanzó un comunicado sobre el proceso electoral en
Nicaragua donde anuncia que el secretario general de dicha organización envió
un informe al gobierno de Nicaragua ponderando los hechos. El informe no es
público.
El gobierno de Nicaragua “recibió el informe con disposición a trabajar en una Mesa de
conversación e intercambio constructivo con la Secretaría General de la OEA
para analizar en forma conjunta los temas relacionados”, dice el
comunicado. En función de lo anterior, “el
Secretario General de la OEA y el Gobierno de Nicaragua implementaron un
mecanismo de conversación e intercambio a tales efectos”, continua el
comunicado. Esta fue la primera visita del secretario después de establecer lo
que llaman diplomáticamente de “mecanismo de conversación”, pero que en
realidad pone a Nicaragua en la mira de la OEA.
En este contexto, uno de los objetivos de la
Caravana Campesina era llegar a Managua y tener una cita con el secretario
Almagro. La Caravana, por toda la adversidad, no llegó, pero envió a Francisca
Ramírez a la capital, donde pudo hacer las denuncias ante el secretario general
de la OEA, quien simplemente escuchó. “Planteamos
todo lo que estamos viviendo. El secretario todavía no se ha pronunciado.
Esperamos entonces que se pronuncie para saber si él tomó en serio nuestra
situación”, sostiene Mairena.
Al final, en una conferencia de prensa dada
por Francisca, un periodista lanzó la pregunta de “¿Cuáles son las fuerzas políticas que financian a los campesinos?”.
Francisca soltó una carcajada y le contestó: “Nadie, nosotros con mucho o poco nos financiamos. Estamos aquí porque
queremos que el mundo sepa que no están permitiendo en este país que expresemos
nuestras discordancias con este gobierno que quiere despojarnos de nuestro
territorio”.
Política sin
colores
Hay un esfuerzo, o mejor, un vicio de las viejas
practicas políticas, y eso incluye una tendencia de la derecha y también de la
llamada izquierda institucionalizada o partidaria, por intentar reducir experiencias
de movimientos sociales y populares a colores partidarios. Muchos movimientos
acaban por sucumbir a esta lógica, pero lo que se ve a lo largo y ancho de
Latinoamérica es que la lucha anticapitalista avanza sobre todo con los pueblos
indígenas y campesinos generalmente alejados de los centros urbanos, sin
colores partidarios y sin viejas insignias rojas de otrora. Defender su modo de
vida es en si mismo anticapitalista. Lo que les urge es proteger sus
territorios, lo que significa defender no apenas su modo de vida, pero también
la vida de la Tierra donde todos habitan. Y esta visión no es romantizada. Les
ha costado la tranquilidad necesaria para vivir y producir, donde la muerte
siempre esta al acecho.
El contexto de Nicaragua es complejo, pero
tiene la misma lógica. En el gobierno esta el FSNL, que reivindica un pasado de
lucha popular y socialista, pero que ha agotado la posibilidad de un rumbo
diferente. En el presente, con Ortega a la cabeza, va por su cuarto mandato en
el poder con tintes dictatoriales denunciados tanto por la derecha partidaria
como por movimientos campesinos.
En lo que se llama oposición está
una derecha liberal fracturada en diversos frentes, con un pasado turbio por
los vínculos con los Estados Unidos para desarrollar la contrainsurgencia
contra la guerrilla sandinista. En cuanto a la lucha contra el canal y contra
los megaproyectos que deben venir acoplados a él, como los complejos turísticos
y zonas de libre comercio, se están aglutinando campesinos en todo el país
quienes se reivindican sin colores partidarios. Así como Francisca que se
define “ni liberal ni sandinista”,
también el campesino Medardo Mairena de la región de Punta Gorda, municipio de
Bluefields, costa atlántica de Nicaragua, afirma que los campesinos se han organizado
sin colores partidarios.
“Somos
autónomos. La verdad es que no estamos acostumbrados a estar en este tipo de
lucha. Nosotros tenemos la prioridad de labrar la tierra, esta es nuestra
costumbre, nuestra tradición. Ahí aprendemos a trabajar con nuestros ancestros
y es donde obviamente también estamos enseñando a nuestros hijos. Pero ahora es
distinto, nos vimos obligados a organizarnos porque nadie estaba al frente de
esta situación para apoyarnos. Somos los verdaderos campesinos que estamos
organizados”, sostiene Mairena que es vice
coordinador del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la
Soberanía, una organización campesina autónoma.
El movimiento no tiene fondos económicos,
afirma Mairena. “Nosotros campesinos nos
movemos por nuestra propia cuenta. Hemos movilizado gran cantidad de gente. Un
campesino que vende una gallina, o un kilo de frijol, de esta forma vamos
recaudando fonditos para poder movilizarnos. Ahí está nuestra autonomía. Así
nos movemos, no tenemos respaldo económico de ninguna organización nacional o
internacional”.
Cuestionando al campesino si hay oportunistas
que intentan apropiarse del movimiento, afirma que sí, siempre los hay, pero
que “ya no queremos seguir siendo
utilizados, estamos cansados de tanta mentira, traición, gente que dice que nos
representa y nos ha dejado solos, no creemos mas en estos líderes, creemos en
nosotros”.
En relación a la traición, “me refiero a las organizaciones partidarias
que en su momento estuvieron en el poder, creímos que las cosas serian
diferentes, que Daniel Ortega nunca crearía condiciones para marginar a este
pueblo, pero desgraciadamente no sucedió así”. Y añade que “no reconocemos al gobierno, nosotros no lo
vamos a reconocer, no fue electo por el pueblo, hubo un abstencionismo
generalizado, apenas 15% de los nicaragüenses votaron, el resto no votamos”.
El Consejo Nacional en Defensa de Nuestra
Tierra, el Lago y la Soberanía ha pagado un precio caro por su posición
crítica. “Tenemos gente encarcelada,
gente hospitalizada solo por el hecho de protestar en contra de los impactos
que causará este megaproyecto”.
Campesinos queman una
bandera del FSLN en repudio a la represión contra el movimiento campesino que
exige derogar la ley 840, la cual posibilita la expropiación de tierras en todo
Nicaragua. Foto: Rigo del Calvario López
Política sin
colores
Hay un esfuerzo, o mejor, un vicio de las viejas
practicas políticas, y eso incluye una tendencia de la derecha y también de la
llamada izquierda institucionalizada o partidaria, por intentar reducir experiencias
de movimientos sociales y populares a colores partidarios. Muchos movimientos
acaban por sucumbir a esta lógica, pero lo que se ve a lo largo y ancho de
Latinoamérica es que la lucha anticapitalista avanza sobre todo con los pueblos
indígenas y campesinos generalmente alejados de los centros urbanos, sin
colores partidarios y sin viejas insignias rojas de otrora. Defender su modo de
vida es en si mismo anticapitalista. Lo que les urge es proteger sus
territorios, lo que significa defender no apenas su modo de vida, pero también
la vida de la Tierra donde todos habitan. Y esta visión no es romantizada. Les
ha costado la tranquilidad necesaria para vivir y producir, donde la muerte
siempre esta al acecho.
El contexto de Nicaragua es complejo, pero
tiene la misma lógica. En el gobierno esta el FSNL, que reivindica un pasado de
lucha popular y socialista, pero que ha agotado la posibilidad de un rumbo
diferente. En el presente, con Ortega a la cabeza, va por su cuarto mandato en
el poder con tintes dictatoriales denunciados tanto por la derecha partidaria
como por movimientos campesinos.
En lo que se llama oposición está
una derecha liberal fracturada en diversos frentes, con un pasado turbio por
los vínculos con los Estados Unidos para desarrollar la contrainsurgencia
contra la guerrilla sandinista. En cuanto a la lucha contra el canal y contra
los megaproyectos que deben venir acoplados a él, como los complejos turísticos
y zonas de libre comercio, se están aglutinando campesinos en todo el país
quienes se reivindican sin colores partidarios. Así como Francisca que se
define “ni liberal ni sandinista”,
también el campesino Medardo Mairena de la región de Punta Gorda, municipio de
Bluefields, costa atlántica de Nicaragua, afirma que los campesinos se han organizado
sin colores partidarios.
“Somos
autónomos. La verdad es que no estamos acostumbrados a estar en este tipo de
lucha. Nosotros tenemos la prioridad de labrar la tierra, esta es nuestra
costumbre, nuestra tradición. Ahí aprendemos a trabajar con nuestros ancestros
y es donde obviamente también estamos enseñando a nuestros hijos. Pero ahora es
distinto, nos vimos obligados a organizarnos porque nadie estaba al frente de
esta situación para apoyarnos. Somos los verdaderos campesinos que estamos
organizados”, sostiene Mairena que es vice
coordinador del Consejo Nacional en Defensa de Nuestra Tierra, el Lago y la
Soberanía, una organización campesina autónoma.
El movimiento no tiene fondos económicos,
afirma Mairena. “Nosotros campesinos nos
movemos por nuestra propia cuenta. Hemos movilizado gran cantidad de gente. Un
campesino que vende una gallina, o un kilo de frijol, de esta forma vamos
recaudando fonditos para poder movilizarnos. Ahí está nuestra autonomía. Así
nos movemos, no tenemos respaldo económico de ninguna organización nacional o
internacional”.
Cuestionando al campesino si hay oportunistas
que intentan apropiarse del movimiento, afirma que sí, siempre los hay, pero
que “ya no queremos seguir siendo
utilizados, estamos cansados de tanta mentira, traición, gente que dice que nos
representa y nos ha dejado solos, no creemos mas en estos líderes, creemos en
nosotros”.
En relación a la traición, “me refiero a las organizaciones partidarias
que en su momento estuvieron en el poder, creímos que las cosas serian
diferentes, que Daniel Ortega nunca crearía condiciones para marginar a este
pueblo, pero desgraciadamente no sucedió así”. Y añade que “no reconocemos al gobierno, nosotros no lo
vamos a reconocer, no fue electo por el pueblo, hubo un abstencionismo
generalizado, apenas 15% de los nicaragüenses votaron, el resto no votamos”.
El Consejo Nacional en Defensa de Nuestra
Tierra, el Lago y la Soberanía ha pagado un precio caro por su posición
crítica. “Tenemos gente encarcelada,
gente hospitalizada solo por el hecho de protestar en contra de los impactos
que causará este megaproyecto”.
Incongruencia
Para López, el partido del FSLN y algunos gobiernos
autodenominados progresistas o de izquierda en Latinoamérica han dejado de ser
cuestionados por sus orígenes, “y esto es
un peligro, porque detrás de sus programas político-económicos están las mismas
políticas neoliberales, la continuación de los proyectos de extractivismo que
deben permitir al capitalismo mantenerse de pie. Es falso que debamos practicar
más extractivismo para salir del extractivismo”, dice López.
Efectivamente, los gobiernos progresistas o
llamados de izquierda han adoptado el
mismo paquete de políticas económicas que ha dictado el Fondo Monetario
Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para los partidos de derecha y ultraderecha
como una condición para poder sostener dichos gobiernos.
Posterior al conflicto armado en Nicaragua,
en los años 90 el FMI se concentró en imponer drásticos programas “estándar” de estabilización y ajuste.
Tras la derrota electoral del FSLN, en 1990, el FMI establecía en septiembre de
1991 su primer acuerdo, bajo la forma de un Programa “Stand By” de 18 meses. Posterior a este se implementaron tres
programas más. El quinto Programa trianual fue acordado con el FMI ya en el
periodo de gobierno de Daniel Ortega 2006-2010.
Entre otras condiciones del FMI durante estos
programas estuvieron: Evitar toda recapitalización de los bancos estatales;
Reglamentar la Ley de Privatización; Terminar de privatizar las empresas
mineras; Aplicar medidas de “recuperación
de costos” (cobros) en la educación secundaria; Aprobar una Ley que
dividiera la Empresa Nicaragüense de Energía Eléctrica (ENEL) en entes
separados que ejecutaran la generación y distribución de energía eléctrica y
que permitiera la privatización de dichos servicios; Aprobar la Ley del Sector
de Hidrocarburos para permitir a privados la exploración y la explotación:
Ofrecer al sector privado 38 empresas remanentes de las Corporaciones
Nacionales del Sector Público (CORNAP).
“Nosotros
vamos a seguir trabajando con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco
Mundial (BM) y el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID)”,
sostenía Ortega en su precampaña del año 2006.
A pesar de que el Orteguismo ha asumido
dichas políticas, antes de su reciente reelección, la Cámara de Representantes
de Estados Unidos aprobó por unanimidad la iniciativa de ley conocida como
Nicaraguan Investment Conditionality, o llamada coloquialmente Nica Act. El
objetivo principal de dicha ley es que los representantes de Estados Unidos se
opondrán a las solicitudes de crédito del gobierno de Ortega en las
instituciones financieras multilaterales como FMI, BM y el BID.
Aún falta que la ley se apruebe por el Senado
y el presidente Barack Obama, de no ser así, regresaría al congreso y tendría
que ser aprobada por Donald Trump. En el plazo de 120 días después de ser
aprobada la Nica Act, ente el Departamento de Estado de los Estados Unidos, y
con el apoyo de los organismos de inteligencia de este país, deberán presentar
ante el congreso estadounidense un informe de los altos funcionarios del
régimen nicaragüense involucrados en actos de corrupción, incluyendo el Consejo
Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia.
“Al
mismo tiempo en que el gobierno de Ortega esta políticamente en la mira de la
OEA y de los Estados Unidos, justamente por ser reconocido internacionalmente
como sandinista, internamente enfrenta una derecha que se alía a los Estados
Unidos para boicotear su gobierno, mientras tanto, el Estado mantiene proyectos
de desarrollo y políticas económicas, orientadas por organismos
internacionales, que lastiman y destruyen su país y la vida de su pueblo,
además de usar métodos dictatoriales”, sostiene López.
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