La Ley de Seguridad
Interior constituirá una amenaza para los derechos humanos
Redacción
Desinformémonos
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Cuartoscuro
27
enero 2017
Ciudad
de México/Desinformémonos.
“Cualquier medida de despliegue militar no va a tener el efecto
deseado por la gran impunidad existente”
en México, aseguró el representante del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para Derechos Humanos, Jan Jarab, con respecto a la Ley de Seguridad Interior,
la cual otorgaría poder y control a las Fuerzas Armadas.
Jarab insistió en que: “no es la militarización de combate a la delincuencia, sino la certeza
de que se castigará el delito” lo que realmente contribuirá a la lucha
contra el crimen organizado, por lo que llamó a “cambiar el paradigma” sobre la presencia del ejército en funciones
policiacas.
Por otra parte, admitió que se requiere una “ruta de salida gradual” para el retorno
de los militares a sus cuarteles.
Frente a esto, Jarab enlistó 17
recomendaciones en caso de que se dictaminen las cuatro iniciativas existentes
en materia de militarización, entre las que se señala que el uso de las fuerzas
armadas “no implique ninguna suspensión
de derechos”, que los militares “no
participen en labores de investigación y de inteligencia” sobre los
delitos, y que su vigencia sea “temporal
y breve”.
Además, urgió a que los ciudadanos puedan
denunciar violaciones de los militares sin sufrir consecuencias, que exista un
control de las autoridades civiles de los tres niveles de gobierno, mecanismos de
rendición de cuentas, medidas de supervisión de la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) y medidas para la protección de periodistas y
defensores de derechos humanos.
Por otra parte, Santiago Aguirre Espinosa,
del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro, denunció que entre el 2000 y
el 2006 se presentaron mil 135 quejas contra las Fuerzas Armadas y sólo se
emitieron 11 recomendaciones por parte de la CNDH, y que en los últimos diez
años se presentaron más de 10 mil quejas y sólo se emitieron 146
recomendaciones.
Es decir, “el
promedio anual de quejas es de alrededor de 190, y de recomendaciones menos de
dos al año. Hoy, tras el despliegue iniciado en 2006, el promedio anual de
quejas ha sido alrededor de mil 75 por año, y de recomendaciones más de 14”,
señaló Aguirre.
Tan sólo el año pasado se registraron 700
quejas contra las Fuerzas Armadas y sólo emitieron 12 recomendaciones. “En suma, hay razones de peso,
constitucionales, convencionales, de derechos humanos, de efectividad, para
afirmar que desde la perspectiva de derechos humanos, la aprobación de una ley
de seguridad interior no es el camino adecuado”, concluyó.
Varias organizaciones coincidieron en que la
aprobación de la Ley de Seguridad Interior constituirá una amenaza para los
derechos humanos y el Estado de Derecho, sin solucionar la crisis de
inseguridad y de corrupción que vive el país, y reiteraron que la
reglamentación del concepto de seguridad interior “incumpliría abiertamente la Constitución”, así como los tratados
internacionales que México se comprometió “a
respetar y garantizar”.
“No
es el camino adecuado normalizar lo que hoy es irregular, ni dar un barniz de
legalidad a lo que hoy es ilegal; máxime cuando el propio Secretario de la
Defensa Nacional ha aceptado que el Ejército y la Marina no están capacitados
para las labores que hoy realizan”,
aseguraron.
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