EL GASOLINAZO Y LA GOBERNABILIDAD
Luis Hernández Navarro
La Jornada
07/02/2017
Enero me gustó pa’ que te vayas, le cantan integrantes de la Asamblea del Pueblo a
Francisco Kiko Vega,
gobernador panista de Baja California, parafraseando la letra de Amarga Navidad, de
José Alfredo Jiménez. Y, al grito de ¡Fuera
Kiko!, exigen la renuncia del mandatario.
El malestar por el gasolinazo no cesa. El 28 de enero, una
multitud enfurecida le exigió al gobernador una reunión, y cuando, en lugar de
recibirlos él puso pies en polvorosa,
lo persiguió al salir de sus oficinas, le gritó ratero y lo zarandeó. Entre
empellones, su equipo de seguridad tuvo que emplearse a fondo para que su jefe
terminara, sano y salvo, su graciosa
huida.
Unos días después, el 2 de
febrero, en Zacatecas, integrantes de la Asamblea
Estatal de Resistencias Ciudadanas y Civiles tomaron el
pleno del Congreso del estado. La asamblea está integrada por diversas
organizaciones, campesinos y ciudadanos sin partido. Exige a los legisladores
locales la realización de un periodo extraordinario de sesiones para derogar
los impuestos que propuso el gobernador del PRI, Alejandro Tello Cristerna.
Los ocupantes del Congreso
entonaron el Himno Nacional y guardaron un minuto de silencio por la
Constitución Política de 1917, cuyo espíritu ha muerto. Efectuaron una sesión
del pleno popular, y leyeron un exhorto en el que exigen: dar marcha atrás al gasolinazo; eliminar el fuero, bonos y
prerrogativas a legisladores y partidos políticos; reducir el salario de todos
los diputados, y subsidio al campo.
El 26 de enero, integrantes del
colectivo Guanajuato Despertó tomaron durante
algunas horas las instalaciones del nuevo Palacio Legislativo en la entidad.
Demandaron el desafuero inmediato del Presidente; revertir el aumento al precio
de combustibles; la abrogación de las leyes contenidas en la reforma
energética, y atender puntual y estrictamente otras demandas del pueblo.
Apenas el pasado 5 de
febrero, 12 mil personas del movimiento No
al gasolinazo marcharon
en Hermosillo y trataron de ocupar el edificio del Congreso. Diversos problemas
logísticos les impidieron hacerlo.
El 19 de enero, pobladores
del Valle de Mezquital, Hidalgo, retuvieron en la batea de una camioneta a
cuatro diputados locales del PRI durante una hora. Exigieron la presencia de
los legisladores de la entidad, para derogar el aumento a las gasolinas y hacer
justicia a los dos jóvenes de Ixmiquilpan asesinados por la Policía Federal el
pasado 5 de enero.
Esa inconformidad está
articulada en torno al Movimiento Civil
contra el Gasolinazo. Acusan de traidor y vendido al alcalde panista
Pascual Charrez. El 26 de enero sus integrantes llegaron a la presidencia
municipal a caballo y en vehículos, y colocaron dos mantas contra el edil con
mensajes como Pascual asesino, te olvidaste de quienes te
apoyamos.
Simultáneamente a esas
acciones, los más disímbolos grupos ciudadanos en prácticamente todo el país
siguen protestando: tomas de
casetas, obstrucción de carreteras y marchas pacíficas. Apenas el pasado primeo
de febrero, en Reynosa, Tamaulipas, ex trabajadores de Pemex bloquearon la
salida de pipas de una planta de la petrolera.
Estas protestas representan
para las autoridades gubernamentales un severo problema de gobernabilidad. Lo
son, al menos por seis razones.
Primero,
porque si las distintas policías recibieran la orden de reprimir
simultáneamente todas estas expresiones de rabia social, no podrían hacerlo por
falta de elementos. En lugar de apaciguar los ánimos, el uso de la fuerza
pública para desalojar plantas de Pemex y carreteras, radicalizó y extendió el
encono social.
Segundo,
porque los representantes del gobierno no tienen en muchos casos con quién
negociar. Las organizaciones tradicionales y los partidos políticos fueron
rebasados por la ola de enfado y, a más de cinco semanas de su estallido,
siguen sin poder conducirla. Esos nuevos liderazgos emergentes son abiertamente
antipartidos y han comenzado a estructurarse regionalmente, formado frentes y
asociaciones, que garantizan la permanencia y continuidad de la protesta.
Tercero,
porque el descontento ciudadano tiene una base pluriclasista. Aunque en las
movilizaciones participan gremios organizados, su dinámica no es gremial. Eso
hace que el gobierno no tenga margen para desmontar el encono ciudadano
solucionando demandas laterales.
Cuarto,
porque la lucha contra el gasolinazo se
convirtió, en varios estados, en conducto para canalizar viejos agravios y
problemas no solucionados. El aumento a los combustibles fue la gota que derramó el vaso de la
inconformidad. El resultado final es un explosivo coctel de irritaciones
sociales.
Quinto,
porque el choque directo con gobernadores, la ocupación de congresos y el
bloqueo masivo de oficinas públicas son un indicador de que la radicalidad y la
extensión de la lucha social en el país está pasando a otro nivel. Estamos ante
un grado de insubordinación ciudadana inédita, emparentada (aunque distinta)
con la explosión solidaria hacia el EZLN que se vivió en 1994, con la lucha de
la APPO en 2006 y con los 124 días de insurgencia magisterial de 2016.
Y sexto, porque la necesidad gubernamental de contar con recursos
frescos y su pretensión de ofrecer márgenes de ganancia elevados a los
inversionistas del sector, choca de frente con la demanda de dar marcha atrás
al incremento de los precios de los hidrocarburos. Por lo pronto, la movilización
ciudadana obligó ya a la SHCP a cambiar su política.
Nada parece indicar que el
sentimiento nacionalista abierto por
la guerra comercial que Donald Trump declaró a México pueda suprimir o mitigar
la expresión masiva de este profundo descontento. El enojo ciudadano es muy
profundo y los variopintos llamados a la unidad
nacional hechos por diversos actores no tienen asidero para atemperarlo.
Con permiso de José Alfredo, la multitud le seguirá cantando a los políticos y
funcionarios: Febrero me gustó pa’ que te
vayas…
Comentarios