Internet y DESC: ¿Por qué enfocarnos en los derechos económicos,
sociales y culturales?
Anriette
Esterhuysen,
ALAI
AMLATINA,
URL
de este artículo: http://www.alainet.org/es/articulo/183493
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento, No 521, febrero 2017:
Artículo publicado en la Revista América Latina en Movimiento, No 521, febrero 2017:
Internet y derechos económicos,
sociales y culturales, coeditada por ALAI y APC.
(Traducción APC y ALAI).
13/12/2017.
¿Avances en un enfoque de derechos para las
políticas de internet?
El reconocimiento de
internet como “medio de comunicación
vital para que las personas puedan ejercer su derecho a la libertad de
expresión o el derecho de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de
toda índole, sin consideración de fronteras, como se garantiza en los artículos
19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de
Derechos Civiles y Políticos” fue establecido expresamente por primera vez
en el informe de julio de 2011 de Frank la Rue, el Relator Especial del Consejo
de Derechos Humanos de la ONU (CDH) para la promoción y protección del derecho
de libertad de opinión y expresión. Él
plantea además que:
El derecho a la libertad de opinión y de expresión es
un derecho fundamental en sí mismo, a la vez que factor coadyuvante de otros
derechos, entre ellos los derechos económicos, sociales y culturales, como el
derecho a la educación y el derecho a participar en la vida cultural y gozar de
los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones, así como los
derechos civiles y políticos, como los derechos de libertad de asociación y
reunión. Así pues, al
funcionar como catalizador del derecho personal a la libertad de opinión y de
expresión, internet también facilita el ejercicio de otros derechos humanos
diversos[1].
Para
mediados de 2012 quedaba claro que otros Relatores Especiales de Naciones
Unidas estaban tomando el tema de los derechos humanos e internet muy
seriamente –incluyendo el Relator Especial sobre el derecho a la libertad de
reunión pacífica y de asociación[2];
él de derechos culturales[3];
violencia contra las mujeres; y racismo, discriminación racial, xenofobia e
intolerancia–[4]. El 5 de julio de 2012, 85 países
firmaron la resolución del CDH liderada por Suecia afirmando el simple hecho de
que los mismos derechos que las personas tienen fuera de línea deben ser
protegidos en línea[5].
Desde
esta resolución clave del 2012, el CDH ahora toma en consideración una
resolución relativa a internet cada dos años, que han ido del reconocimiento
básico de la aplicabilidad de los derechos humanos en el entorno en línea, a
cubrir temas críticos como buscar soluciones para la brecha digital de género,
los ataques a las personas por ejercer sus derechos en línea y terminar con las
interrupciones intencionales de acceso a internet. La resolución de julio de 2016
relaciona los derechos humanos en línea con el cumplimiento de los Objetivos de
Desarrollo Sostenible[6].
Por
lo tanto, parece que más gobiernos están comprometiéndose seriamente con
concretar las libertades en internet, utilizando el discurso de derechos
humanos y sus mecanismos para lograrlo. Podemos
encontrar mayor evidencia de ello en el lanzamiento de la Freedom Online Coalition de gobiernos en diciembre del 2011[7] y una mayor participación y aceptación de los derechos humanos como un
tema legítimo a tratar en el Foro de Gobernanza de Internet (FGI)[8].
Ambivalencia
Pero ¿cuán profundo es
el compromiso de los gobiernos en realidad? Los grupos de la sociedad civil
desconfían, particularmente cuando, gracias a las revelaciones de Snowden,
miembros de la Freedom Online Coalition como Estados Unidos y Gran Bretaña
salieron a la luz como violadores de los derechos de privacidad. Tres años más tarde, la situación aún
continúa luciendo bastante desalentadora.
El
bloqueo y filtrado de contenidos[9] son comunes: en algunos países la práctica es endémica[10]. El gobierno ruso aprobó en 2013
una ley que le permite bloquear selectivamente contenidos que considere dañinos
para los niños. Los
activistas de derechos humanos consideran que la ley de protección infantil
está diseñada como “una fisura que posibilita una censura más amplia en
internet”. A mediados de
2013 el gobierno británico ha introducido el uso obligatorio de filtros de
pornografía infantil. Muchos
países en desarrollo, particularmente en África, Asia y Medio Oriente también
practican activamente la censura online[11]. Aún los gobiernos comprometidos
en general con la libertad de expresión están tomando acciones para limitarla
en línea, tal como la decisión de Ecuador de junio de 2013 de establecer una “política de nombre real” que prohíbe la
opinión anónima en línea[12]. Y las interrupciones de acceso a
internet se están volviendo frecuentes en África y parte de Asia,
particularmente durante las elecciones o protestas políticas[13].
Polarización Norte-Sur
Muchos gobiernos de los
países en desarrollo continúan siendo ambivalentes[14]. Se resisten a apoyar activamente
las libertades en internet porque:
a) les preocupa la “seguridad” y la amenaza del cibercrimen
y del “terrorismo”;
b) consideran que el
crecimiento y desarrollo económico son más importantes;
c) no ven (o no les
convencen los argumentos a favor de) la relación entre los derechos humanos y
el desarrollo; y
d) ven a la agenda de
libertades en internet como parte de las políticas exteriores y libre comercio
manejadas por EEUU como “líder del mundo
libre” a la vez que ayuda a las empresas norteamericanas a acceder a nuevos
mercados y hacer negocios sin pagar impuestos ni contribuir a las inversiones extranjeras
directas[15].
La
cultura política también contribuye a que los países respondan de manera
diferente a internet. Algunos
gobiernos, particularmente en África, desconfían de internet y de su impacto en
los valores tradicionales, la cultura y la identidad. Algunos simplemente sofocan la
libertad de expresión y asociación como un medio de control y retención de
poder. Esto es
particularmente evidente en países con instituciones estatales débiles y altos
niveles de corrupción. Los
funcionarios del Estado y los políticos temen las consecuencias de que los
ciudadanos tengan la capacidad de expresarse y participar de la esfera pública.
Brechas
en la investigación, el análisis, el discurso, la defensa y la creación de
redes
Estas
respuestas ambivalentes y polarizadas a las políticas y la regulación de
internet pueden atribuirse, al menos en parte, a brechas en la investigación,
el conocimiento y el discurso en materia de derechos humanos y de políticas de
internet. Estos vacíos son
los siguientes:
A)
BRECHA EN EL ENCUADRE: Se supone que todos
los derechos humanos –incluidos los derechos civiles y políticos y económicos,
sociales y culturales– son "indivisibles". Sin embargo, prácticamente todo el
encuadre en el discurso de la libertad de internet se ha hecho desde la
perspectiva de los derechos civiles y políticos[16].
B)
BRECHA EN LA PARTICIPACIÓN: La gran mayoría de los
participantes en el discurso de la "libertad
de internet" provienen de países desarrollados. Pocos tienen experiencia o
conocimientos en teoría, políticas o prácticas de desarrollo.
C)
BRECHA CONCEPTUAL: Internet se describe a menudo como
ubicuo e integral a la vida social, política y económica contemporánea. Pero no existe una conceptualización
coherente de internet desde la perspectiva de cómo el derecho, la política y la
regulación deberían tratarla. Muchos
gobiernos quieren un mayor control sobre internet, mientras que las empresas,
la comunidad técnica y la sociedad civil tienden a resistirse a esto, aunque no
siempre por las mismas razones.
D)
BRECHA DE INVESTIGACIÓN: Se ha investigado muy poco a
internet a través del prisma de los derechos económicos, sociales y culturales,
que es distinto al enfoque de los "TIC
para el desarrollo" (tecnologías de información y comunicación). Incluso dentro de la perspectiva de
los derechos civiles y políticos, la documentación está fuertemente orientada
hacia una estrecha gama de derechos civiles (libertad de expresión, privacidad
y libertad de asociación).
E)
BRECHA DE PRINCIPIOS: La mayoría de las
declaraciones de principios para las políticas, regulación y gobernanza de
internet se centran en la privacidad, la libertad de expresión y asociación, y
la protección contra la censura[17]. No sabemos de ningún conjunto
coherente de principios diseñados para la consideración efectiva de los
derechos económicos, sociales y culturales.
F)
BRECHA DE ACTIVISMO Y REDES: las organizaciones de
derechos humanos del Sur global enfocadas al desarrollo rara vez se centran en
los derechos relacionados con internet. El
resultado es una brecha en cómo los grupos de derechos humanos conceptualizan
la relación entre internet y los derechos económicos, sociales y culturales y
cómo éstos se relacionan con el desarrollo.
Las
implicaciones son claras: si queremos ampliar el discurso sobre un enfoque de
la gobernanza de internet basada en derechos, debemos ampliar el discurso para
incluir todos los derechos, incluidos los derechos
económicos, sociales y culturales. No
hacerlo sirve para reforzar las divisiones geopolíticas que condujeron a la
creación de dos instrumentos de derechos separados desde su origen -cuando un
único instrumento hubiera sido mucho más fácil de implementar y monitorear- y
afecta negativamente la creación de espacios de configuración y definición de
políticas como el Foro de Gobernanza de Internet.
Este
artículo es una versión reducida en español del artículo publicado en inglés
por APC en el Global Information Society Watch
2016: Economic, social and cultural rights and the internet, giswatch.org/node/5783/, como
parte del Monitor Mundial sobre la Sociedad de la información 2016 http://www.giswatch.org. El
contenido se halla bajo licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional –
NOTAS:
[1] La Rue, F. (2011). Informe del Relator Especial sobre la promoción
y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión (A/HRC/17/27)
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/17/27&referer=https://www.google.com/&Lang=S
http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/HRC/17/27&referer=https://www.google.com/&Lang=S
[2] APC. (2012, 28 junio). Internet: APC sees progress in the full
recognition of the freedom of association and assembly. APCNews. https://www.apc.org/en/node/14676
[3] Shaheed, F. (2012). Report of the Special Rapporteur in the field
of cultural rights, Farida Shaheed (A/HRC/20/26).
[4] Ruteere, M. (2012). Report of the Special Rapporteur on
contemporary forms of racism, racial discrimination, xenophobia and related
intolerance, Mutuma Ruteere (A/HRC/20/33).
[5] APC. (2012, 6 Julio). The UN recognises freedom of expression on the
internet as a human right. APCNews. https://www.apc.org/en/node/14772
[7] La coalición tuvo su sexta reunión en Costa
Rica en octubre de 2016. Para mayor información ver:
[11] El
reporte de Freedom House's Freedom on the Net
2012 considera a solo dos de los seis países de
África subsahariana como “libres”. Ver
[12] APC. (2012, 15 agosto). New regulation threatens anonymity on the
internet in Ecuador. APCNews.
11
octubre). Ethiopian Authorities Shut Down
Mobile Internet and Major Social Media Sites. Global Voices.
[14] Ver por ejemplo el reporte de la Oficina de
Alto Comisionado de Derechos Humanos, Resumen del Panel de Expertos del Consejo
de Derechos Humanos en libertad de expresión y la internet, Ginebra, 2012.
[15] Esto se refleja en la atención centrada en la
ciberseguridad en la Comisión de la Unión Africana y en la Unión Internacional
de Telecomunicaciones, un foro donde los países en desarrollo son en general
participantes activos, así como en las negociaciones relacionadas con la
revisión del Reglamento Internacional de Telecomunicaciones en la Conferencia
Mundial sobre Telecomunicaciones Internacionales en diciembre de 2012.
[16] Hawtin, D. (2011). Internet charters and principles: Trends
and insights. In Finlay, A. (Ed.), Global Information Society Watch
2011: Internet rights and democratisation. APC e Hivos.
[17] Hawtin, D. (2011). Op. cit. Ver como ejemplo el Charter de Derechos y
Principios de Internet de la coalición dinámica de derechos y principios de
internet (2011):
internetrightsandprinciples.org/site;
la Carta de Derechos en Internet de APC (2006):
https://www.apc.org/en/node/5677;
y el Bill of Privacy Rights (2010) de la Electronic Frontiers Foundation:
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