EN EL CASO AYOTZINAPA “EL GOBIERNO TRATÓ DE ECHAR LA HEROÍNA DEBAJO DEL TAPETE Y DESAPARECERLA”: Témoris Grecko
LA RESPONSABILIDAD
DE LOS MILITARES EN LOS HECHOS DEL 26 DE SEPTIEMBRE DE 2014
Por Mathieu Tourliere ,
Proceso
03
marzo, 2017
Ciudad
de México (apro).- En el caso de la desaparición forzada de los 43 normalistas
de Ayotzinapa, “el gobierno federal trató
de echar la heroína por debajo del tapete y desaparecerla”, sostuvo el
periodista Témoris Grecko durante la presentación de su libro Ayotzinapa: Mentira Histórica, en la Feria del Libro
de Minería.
“En
Iguala el cultivo de amapola genera miles y miles de millones de dólares cada
año, y es evidente que cualquier investigador encargado del caso de los 43 iría
a ver desde un principio qué pasa con la heroína”,
planteó.
Añadió:
“¿Cuál es la palabra faltante en los más
de 200 tomos de la investigación oficial? ¿Cuál es la palabra que no existe en
el discurso de los políticos? ¿Cuál es la pregunta que ni el secretario de
Gobernación ni el presidente se atreven a mencionar?: Heroína”, subrayó
Grecko, colaborador de la revista Proceso y codirector del documental Mirar Morir, estrenado en septiembre de 2015.
El
periodista resaltó que la producción y el tráfico de heroína afecta tanto a
México como a Estados Unidos. Precisó que sólo una tercera parte de la ruta del
tráfico que sale de Iguala rumbo a Chicago atraviesa el país, mientras las
ganancias se lavan en los circuitos financieros y los paraísos bancarios.
A su
lado, Blanche Petrich, reconocida periodista de La Jornada, elogió la “gran aportación” del libro: exhibió la responsabilidad de los
militares en los hechos del 26 de septiembre de 2014, los cuales quedaron
encubiertos en la investigación oficial.
Destacó
que Guerrero es una de las zonas más militarizadas del país, donde la
inteligencia castrense ha sido “incapaz”
de alertar sobre el grado de penetración del narcotráfico en la vida política y
económica del estado.
“La inteligencia militar no se
distingue por sus éxitos al momento de descubrir cómo mueven tanta droga en el
estado o quiénes cultivan tantas cantidades de amapola”,
subrayó Petrich. “Son militares ciegos y
sordos”, añadió.
Recordó
que a lo largo de su amplia experiencia periodística cubrió varias guerras, e
insistió que siempre tuvo acceso a las fuentes militares. Sin embargo, subrayó,
en México las instituciones castrenses destacan por su opacidad, su
impermeabilidad y su negativa en rendir cuentas.
“Los
reporteros que cubren la Secretaría de la Defensa Nacional
(Sedena) nunca hacen una pregunta
insolente, Témoris hace todo lo contrario”, puntualizó.
De acuerdo con Petrich, el libro
editado por Ediciones Proceso es una puerta hacia el “pentágono de la heroína” en el estado de Guerrero, que cubre 6 mil
200 kilómetros –aproximadamente el tamaño de Haití– y donde se produce el 42%
de la amapola del país. “¿Por qué se ha
permitido que un territorio así en México se convierta en un país violento y
sin ley?”, preguntó.
A dos años y cinco meses de la
desaparición forzada de los 43 normalistas, Grecko aseveró en entrevista con Apro que
si bien el exprocurador Jesús Murillo Karam dio a conocer la llamada “verdad histórica” –según la cual los normalistas
fueron quemados en el basurero de Cocula por el grupo Guerreros Unidos–, el “verdadero
arquitecto” de la versión oficial fue Tomás Zerón de Lucio, entonces
director de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
El Grupo Interdisciplinario de Expertos
Independientes (GIEI) afirmó que Zerón tergiversó las evidencias en la
investigación del caso Ayotzinapa, y en noviembre pasado Proceso dio a conocer
el informe realizado por la visitaduría de la Procuraduría General de la
República (PGR) bajo la coordinación César Alejandro Chávez.
Ese informe señalaba una serie de
actuaciones irregulares de Zerón durante la indagatoria, que representaban
motivos suficientes para sancionarlo.
El visitador Chávez dejó su cargo
antes de dar a conocer los resultados de la investigación a Tomás Zerón, y la
PGR nunca publicó el documento. En su lugar, encomendó otro informe en el que
redujo a rango “administrativo” las
sanciones contra el exdirector de la AIC, cercano al presidente Enrique Peña
Nieto.
El pasado 24 de febrero, Tomás Zerón
–ahora al frente de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS)– refrendó la
versión oficial: declaró a reporteros que “la
verdad histórica la sigo yo soportando”.
El pasado miércoles 1, Jan Jarab,
representante en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derechos
Humanos, lamentó que el dictamen final de la Visitaduría General de la PGR
representara “una oportunidad perdida
para atender las serias violaciones cometidas en la investigación”.
Dijo que “a pesar de
que en un inicio la investigación de la Visitaduría estaba siendo integrada con
apego a los más altos estándares internacionales en materia de derechos
humanos, es lamentable el viraje que se produjo, cuyo resultado final significa
una oportunidad perdida para atender las serias violaciones cometidas en la
investigación del caso Ayotzinapa”.
El encubrimiento también abarcó a
Omar Hamid García Harfuch, quien en septiembre de 2014 se desempeñaba como
coordinador estatal de Seguridad Regional de la Policía Federal (PF), y
sustituyó a Zerón en la AIC.
En noviembre pasado, Proceso reveló que las autoridades mexicanas
ocultaron a los expertos del GIEI una libreta perteneciente a Sidronio
Casarrubias Salgado –a quien la PGR ha presentado como uno de los principales
líderes de Guerreros Unidos–, en la
que aparecía el número telefónico de García Harfuch.
Comentarios