Viernes 31 de mayo de 2013
Hoy concluye la misión
internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT), con sede en
Ginebra, Suiza, y la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura
(ACAT), con sede en París, Francia, para dar seguimiento a las recomendaciones
emitidas por el Comité Contra la Tortura (CAT) de Naciones Unidas dirigidas a México
en diciembre de 2012.
La misión comenzó en
el Estado de Guerrero, donde destaca la reunión con Diputados locales y la
Comisión de Defensa de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero, en la que
se discutió el dictamen de reforma para tipificar la tortura. “La aprobación de esta reforma significaría
un gran avance y un ejemplo para otros Estados de armonización legislativa de
conformidad con los estándares internacionales, ya que se pretende incorporar
elementos encaminados a dotar de eficacia a la investigación de la tortura y
luchar contra la impunidad”, mencionó Andrea Meraz, Encargada de Derechos
Humanos de la OMCT.
Por otro lado, la
delegación internacional se mostró preocupada por la falta de sanciones a los
responsables de casos de graves violaciones a los derechos humanos cometidos en
Guerrero, como es el caso de Ayotzinapa, en el que el 12 de diciembre de 2011
se reprimió con violencia una protesta que resultó en la ejecución
extrajudicial de dos estudiantes así como casos de tortura, malos tratos y
detenciones arbitrarias, entre otras graves violaciones a los derechos humanos.
En el Estado de
Chihuahua, la delegación señala su preocupación ante la negación, por parte de
las autoridades, de la existencia misma de la tortura en el Estado, mientras
que las organizaciones de la sociedad civil han documentado numerosos casos de
violaciones a los derechos humanos, incluyendo tortura. Asimismo, las
organizaciones consideran inadmisible que representantes de los poderes
ejecutivo y judicial descalifiquen el trabajo de los defensores y defensoras de
derechos humanos al grado de afirmar que “inventan”
los casos para buscar “puestos políticos”.
Una autoridad judicial de alto rango planteó el ejemplo del joven Israel
Arzate, reconociendo que éste fue torturado pero afirmando que es culpable y
considerado como un “delincuente
peligrosísimo” cuando su caso se encuentra pendiente ante la Suprema Corte
de Justicia de la Nación. Esto resulta incompatible no solamente con la
presunción de inocencia sino con la independencia judicial.
“Estamos alarmadas por la situación en Chihuahua”, señaló Anne Boucher, Encargada de América Latina
de ACAT. “Las organizaciones de la
sociedad civil, medios de comunicación y familias siguen documentando abusos,
pero la tortura prácticamente no se investiga. Las víctimas de tortura no
pueden tener expectativas realistas de acceder a la justicia”.
En el Distrito
Federal, la delegación se reunió con representantes de los poderes ejecutivo,
legislativo y judicial. Algunas de las preocupaciones expresadas por las
organizaciones a nivel federal fueron la falta de independencia y prontitud en
la aplicación del Protocolo de Estambul y la vigencia de la figura del arraigo
penal, así como las iniciativas legislativas encaminadas a reducir en vez de
eliminar esta figura. Asimismo, se resaltó la necesidad de reformar el Código
de Justicia Militar para garantizar que todos los casos de violaciones de
derechos humanos cometidas por militares sean investigadas y juzgadas por
autoridades civiles. Otro de los temas abordados por la misión en el marco de
las discusiones del nuevo sistema de justicia penal fue la necesidad de
garantizar la exclusión de toda prueba obtenida bajo tortura y evitar resabios
del antiguo sistema inquisitorio.
En una reunión con
representantes de la oficina del Ministro Presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN), la delegación fue informada de diversos
protocolos y programas de capacitación dirigidos a autoridades judiciales
federales en materia de combate a la tortura, mismos que cobran especial
relevancia a la luz de las recientes reformas constitucionales en materia de
derechos humanos y amparo, así como en el marco de la transición al nuevo
sistema penal oral y acusatorio. Observamos que la SCJN en su 10ª Época ha
emitido tesis sobre la obligación de excluir pruebas obtenidas bajo tortura.
Esperamos que la actividad jurisdiccional y de capacitación del Máximo Tribunal
tenga un impacto amplio y medible en la manera de resolver casos de tortura en
los tribunales y juzgados del país.
ACAT y OMCT
recuerdan que el Estado mexicano debe enviar al Comité contra la Tortura un
informe de seguimiento de las recomendaciones en noviembre del año en curso. En
este sentido las organizaciones llaman al Estado mexicano a llevar a cabo todas
las diligencias de manera pronta para caminar hacia la erradicación de la
tortura y la impunidad en México.
Para
información adicional:
Andrea Meraz, OMCT: am@omct.org
Anne Boucher, ACAT: anne.boucher@acatfrance.fr
Andrea Meraz, OMCT: am@omct.org
Anne Boucher, ACAT: anne.boucher@acatfrance.fr
La Organización
Mundial Contra la Tortura (OMCT) constituye actualmente la principal coalición
internacional de organizaciones no gubernamentales (ONG) que luchan contra la
tortura y los tratos crueles, inhumanos o degradantes, con 311 organizaciones
distribuidas en todo el mundo, asociadas a la Red SOS-Tortura, y con miles de
corresponsales en numerosos países.
La Acción de los Cristianos
para la Abolición de la tortura (ACAT-France) es una ONG cristiana de defensa
de los derechos humanos, con sede en París, creada en 1974. Radicando su acción
en el derecho internacional, ACAT-France lucha contra la tortura, la pena de
muerte y para la protección de las víctimas, gracias a una red de 33,000
miembros y simpatizantes. En Francia, actúa sobre las condiciones de detención
y el derecho de asilo. Existen 30 ACAT en el mundo, miembros de la Federación
internacional de la Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura
(FIACAT)
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