México: De la expropiación a la desposesión petrolera (escrito por Arsinoé Orihuela en La Digna Voz)
Lunes, 26 de agosto de
2013
Fuente: La Digna
Voz
Si la
constitución decreta que una empresa estatal como PEMEX no constituye un
monopolio, es por un hecho incontrovertible: su razón social primaria no es la
utilidad; su propósito vertebral es la provisión de servicios públicos e
impulso del desarrollo radicalmente nacional... Twitter: @ladignavoz
El
18 de marzo de 1938, tras una negativa de las compañías petroleras foráneas
para dar observancia a las demandas de los trabajadores del sector, y después
de una disposición política acaso sin parangón en México, el usufructo
transnacional de la industria petrolera llegó a feliz término. Cabe destacar
que muchos mexicanos aportaron sus pírricos ahorros para la indemnización a las
empresas golondrinas, por concepto de la expropiación. Recursos e instalaciones
pasaron formalmente a manos de la nación. Más tarde se produciría la primera
traición a ese pueblo que con homéricos esfuerzos había conseguido recuperar
para sí el uso común de sus bienes e industria. La nomenclatura burocrática se
apropió abusivamente de la renta petrolera, y no pocas veces con fines
facciosos discrecionales. En este sentido, es necio obviar que la iniciativa de
reforma energética en puerta, supone tan sólo una escalada en la intensidad de
las políticas de desposesión, tan altamente apreciadas en las alturas del
poder, y cuyos ejecutores, promotores o cabilderos se distinguen por un extenso
historial de mercenarismo en provecho de las transnacionales y el hurto.
Hurto que se traduce en
traición
Más de una vez han
intentado la venta completa e integral de las reservas e industria. Pero el
gobierno se ha enfrentado a una irreductible oposición popular, que bien o mal
ha detenido la privatización total de PEMEX. Pero la tenacidad entreguista de
la élite política en este país no tiene límite. En ese rubro su éxito es épico.
Y de hecho recién se develó un informe que apunta en esta dirección de la
política rastrera correspondiente a los recursos petroleros. En adición al
saqueo vía tomas clandestinas que practican consuetudinariamente las bandas delincuenciales
al servicio del estado (el conocido “popoteo”),
se yergue una vasta red de holdings avecindada en países extranjeros,
que burlan sin decoro la legislación doméstica para apropiarse de una cuota
significativa de la renta petrolera nacional. La Jornada reporta:
“El gobierno de Felipe Calderón creó en
2010 una tesorería paralela de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en la que se
depositan las ganancias de las 39 empresas filiales de la
paraestatal que operan en el extranjero y que, de acuerdo con una muestra
elaborada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF), durante 2011
obtuvieron ingresos por cerca de 434 mil millones de pesos (¡sic!) que no
reportaron al erario… Las ganancias que obtienen las filiales extranjeras de
Pemex no pueden ser auditadas por el Congreso ya que las empresas no están
sujetas a la Constitución, ni a la Ley de Petróleos Mexicanos, ni a la
legislación que regula a las empresas de participación estatal mayoritaria...
La decisión de Calderón de crear una ‘tesorería falsa’, paralela a la de Pemex,
permite que los recursos generados por las filiales se manejen al margen del
Congreso…” (La
Jornada 18-VIII-2013).
¿Para quién trabaja el grupúsculo de ladronzuelos que sexenalmente se
apoltrona con vocación espuria en el poder?
Reforma transformacional o
saqueo imperial
En realidad, el capital
foráneo –representado esta vez por la tríada Royal Dutch
Shell-ExxonMobil-British Petroleum (aunque la parasitaria Repsol también se
frota las manos)– va tras los recursos y reservas. El cascarón infraestructural
(inmuebles e instalaciones industriales) no está entre sus prioridades.
Específicamente, las transnacionales buscan apoderarse del usufructo de aguas
profundas, pozos transfronterizos, y la obtención-comercialización de
hidrocarburos no convencionales, en particular el famoso gas esquisto, cuya
extracción, cabe recordar, está terminantemente prohibida en múltiples países
europeos (Francia, Bulgaria etc.), a causa de los ingentes daños ambientales
que acarrea esta aparatosa técnica de explotación, más conocida como fracking
o fractura hidráulica (utilización de extraordinarias cantidades de agua,
químicos de alta toxicidad, extensas perforaciones del territorio y de
formaciones rocosas de difícil acceso).
Vuelta al colonialismo. La reforma a la que se le ha endilgado la etiqueta
de “transformacional” (cuya connotación tiene aspiraciones progresistas),
apunta en la práctica a una regresión bien conocida: a saber, la de la
expoliación, devastación y desestabilización de la nación. Vuelta al saqueo
imperial.
Corporate PEMEX: la fetichización de la
industria nacional
Todo el discurso
privatizador se sostiene en una narrativa falsaria y corruptora. Se arguye, con
fines torpemente persuasivos, que PEMEX es un monopolio oneroso. Sin embargo,
cabe señalar que por definición constitucional, la paraestatal NO es un
monopolio. Remitímonos al artículo 28 constitucional: “No constituirán monopolios
las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas
estratégicas (…) petróleo y los demás hidrocarburos, petroquímica básica, (…)
electricidad…”
También es falso que la paraestatal sea onerosa. PEMEX tiene ventas
superiores a los 125 mil millones de dólares anuales, una cifra que de hecho
rebasa el PIB anual de algunos países de América
Latina (¡sic!).
Telmex, en cambio, sí es un monopolio, porque monopoliza la renta de la
empresa nacional de telecomunicaciones. Telmex –que atravesó en 1990 un proceso
de privatización análogo al que se trata de imponer ahora a la industria
petrolera– sí es oneroso: secuestra la renta de un patrimonio nacional, y
destina a las arcas de hacienda tan sólo el 6% de sus ingresos anuales (mientras
que PEMEX traspasa el 67.4% de sus entradas totales).
Si la constitución decreta que una empresa estatal como PEMEX no constituye
un monopolio, es por un hecho incontrovertible: su razón social primaria no es
la utilidad; su propósito vertebral es la provisión de servicios públicos y el
impulso del desarrollo radicalmente nacional. No es accidental que los
redactores de la letra constitucional blindaran a la empresa de una eventual
inserción en los mercados de competencia.
Insistimos, los impulsores de la reforma se valen de un metarrelato
artificioso, que sólo tiene consistencia en el marco de una tergiversación de
las prioridades. Ergo, una ulterior inauguración de los contratos de utilidad
compartida acarrearía una doble desviación: a saber, la priorización de
utilidades en detrimento del derecho público-desarrollo doméstico, y la cesión
de la renta nacional.
En suma, la iniciativa de reforma energética en curso sólo tiene
congruencia en un contexto de agresiva reconquista y desposesión de un pueblo.
Glosa de un inconforme
ciber-compatriota
“Un clásico: la reforma peñista no va tanto por privatizar a PEMEX, sino
para regularizar el robo ilegal de sus recursos, practicado durante más de un
cuarto de siglo, por quien controla las 39 y más lavadoras de dinero nacional.
¿A quiénes involucra –capitalistas, políticos, militares, hombres del culto,
académicos– la cohorte creada en torno del innombrable talento que, mientras
sus fortunas hacen palidecer a las de los jeques árabes, controlan en la
miseria, dóciles y apocados, a millones de intimidados compatriotas?”
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