Durante
estos últimos días el clima de violencia, inseguridad e impunidad impera en el
ejido Puebla, municipio de Chenalhó, Chiapas, y se ha encrudecido de manera
alarmante.
En
el comunicado del 22 de julio, la Junta de Buen Gobierno de Oventik denunció la
violencia que algunos priistas y perredistas están ejerciendo contra Bases de
Apoyo Zapatista que habitan el ejido Puebla. Dos de ellos, Mariano Méndez
Méndez y Luciano Méndez Hernández, estuvieron detenidos después de ser
golpeados y amarrados por los agresores, acusados falsamente de envenenar el
agua de la comunidad, la compañera Rosa Hernández Méndez también fue golpeada
por los partidistas. Desde entonces las agresiones no han cedido. Varias
familias de la comunidad se vieron obligadas a desplazarse a otras comunidades
entre los meses junio y julio de este año. El 20 de agosto una caravana de la
sociedad civil intentó acompañar estas familias para que pudieran retornar. La
caravana fue recibida por 100 personas que aventaron pierdas y agredieron
verbalmente, que amenazaron a los y las acompañantes de la Caravana, según
testimonios recabados por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las
Casas. Ante estas agresiones y el peligro que se corría, la caravana tuvo que
regresar.
El
22 de agosto el párroco Manuel Pérez Gómez fue retenido, golpeado, y amenazado
durante más de cinco horas por un grupo de diez personas del mismo ejido,
acompañadas por cientos de personas. El párroco fue liberado después de firmar
un acuerdo bajo presión de no denunciar penalmente o públicamente las
agresiones que sufrió.
La
organización Sociedad Civil de las Abejas, cuyos miembros están siendo
agredidos por los priistas y perredistas, ha denunciado incidentes de quemas de
casas, y que se escuchan disparos en las noches. La situación en la zona es
grave. El día 23 de agosto, por la violencia y el peligro que corren quiénes
son los blancos de la violencia, 70 personas del ejido Puebla se vieron
obligadas a desplazarse de la comunidad.
Se
ha pretendido presentar este conflicto como religioso, sin embargo, en realidad
sabemos que es de carácter político y que es parte de las tantas formas de
contrainsurgencia contra el proyecto zapatista y la organización de comunidades
y pueblos que han decidido organizarse por la defensa de su territorio y
construir su camino más allá del trato con el poder.
Como
Red contra la Represión y por la Solidaridad nos pronunciamos contra estas agresiones
y contra la impunidad que gozan los agresores. Afirmamos que el nivel de
violencia en el ejido Puebla aumentó después de la excarcelación de
paramilitares sentenciados por su participación en la masacre de Acteal, y en
particular la excarcelación del señor Jacinto Arias Cruz, quién fue presidente
municipal de Chenalhó en el año 1997. En aquel tiempo, Jacinto Arias Cruz fue
señalado como uno de los principales responsables locales detrás de la masacre
de 45 personas en la comunidad Acteal el 22 de diciembre 1997.
Denunciamos
también la implicación de las instancias municipales, estatales y federales en
esta grave situación, así como la total ausencia de garantías y de derechos
humanos básicos. Expresamos nuestra solidaridad con las familias agredidas y
desplazadas. Responsabilizamos de estos actos de violencia y de cualquier otro
que pudiera suceder al presidente municipal de Chenalhó José Arias Vázquez, al
gobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello, y las instancias
federales encabezadas por Enrique Peña Nieto.
Llamamos
a organizarnos para presionar y detener la violencia en la región, llamamos a
denunciar la impunidad con que gozan los agresores del ejido Puebla y lograr el
pronto regreso de los desplazados.
¡Alto
a la violencia y la impunidad en el ejido Puebla, en Chiapas!
¡Castigo a los
paramilitares y los responsables de la violencia en contra de nuestras y
nuestros compañeros!
¡Sí al retorno de los
desplazados a sus hogares!
¡Las Bases de Apoyo
zapatistas no están solas!
Contra el despojo y la represión:
¡la
solidaridad!
Red contra la Represión y por
la Solidaridad (RvsR)
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