México: Tecnocracia educativa al servicio del gran capital y en contra de los derechos educativos y laborales
por Partido Comunista de México
Oscar Barrera[i]
Martes, 24 de septiembre de 2013
La llamada reforma educativa impulsada por
el gobierno mexicano es la instauración, de facto, de un orden violatorio
de los derechos laborales del magisterio, de la tecnocracia en la rectoría en
materia educativa, así como de la bancarización y privatización de la
instrucción pública en México.
El ahora
todopoderoso Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE)
tendrá en sus manos la conducción ideológica de la educación, a través del
control de los planes y programas de estudio en la educación básica y media
superior; la orientación, dirección y capacitación del trabajo docente,
enfocado a capacitar a los estudiantes a obtener resultados eficientes en
exámenes internacionales que promuevan los valores económicos burgueses; la
evaluación del desempeño de los docentes, que se traducirá en la guillotina del
magisterio organizado, crítico y disidente, sobre todo de las entidades
federativas más pobres, que se traducirá en el desempleo de los mismos y su
persecución laboral y judicial.
La adición al
artículo 3º constitucional (del 26 de febrero de 2013), en la cual se da
autonomía constitucional al INEE, anunciaba el sentido que la clase dominante
buscaba en la educación, bajo el concepto de calidad con tintes empresariales.
La calidad a la que se hace referencia en dicho documento, al igual que la
autonomía del INEE, fueron pactadas por la exlideresa sindical Elba Esther
Gordillo, los exsecretarios panistas de educación, Alonso Lujambio y José Ángel
Córdoba y la entonces dirección y consejo de gobierno del propio instituto,
auspiciados por el Banco Mundial y la Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económico (OCDE). Cabe señalar, que esta última organización dictó
entre los años 2010 a 2012, desde París, los parámetros del perfil del “buen docente”, las medidas “recomendadas” para evaluar a los
profesores y la noción de calidad educativa, perfilada a la certificación de
competencias escolares dirigidas al trabajo manual al servicio del mercado.
Dicha orientación hace referencia esencialmente a la estandarización de
conocimientos, habilidades y valores (competencias educativas y docentes) y a
la eficacia y la eficiencia de recursos económicos, pero no a la promoción de
condiciones sociales que permitieran de manera justa la educación en el país.
Del mismo modo,
la reforma a la Ley General de Educación y, las expediciones de la de las leyes
del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y del Servicio
Profesional Docente son sólo reflejo de los acuerdos económicos y políticos de
las cúpulas empresariales a nivel nacional e internacional. Los vínculos de los
miembros de la Junta de Gobierno del INEE con organismos internacionales, como
la OCDE y el Banco Mundial, subordinan el derecho social a la educación a las
altas esferas empresariales nacionales y del capital financiero internacional.
Los decretos de dichas leyes, en conjunto, buscan eliminar todo rasgo del
derecho social a la educación en México y seguir los cánones educativos de las
escuelas privadas (quienes han obtenido las puntuaciones más altas en las
evaluaciones realizadas en México desde 2006 hasta la fecha, según datos del
propio INEE) y empresariales.
Ejemplo de estas
directrices son los artículos 27 y 28 de la Ley del INEE. Según el artículo 27,
fracc. XI, de la ley del INEE, esta institución tiene la facultad absoluta de
establecer vínculos con organismos públicos y privados, nacionales y
extranjeros, para establecer cuál es la supuesta educación que conviene a los
estudiantes mexicanos, según el orden económico mundial (competencias para la
vida evaluadas por PISA, pruebas administradas por el INEE en México).
Del mismo modo,
la Ley del Servicio Profesional Docente busca golpear a los docentes
organizados por la defensa de la educación y de sus derechos laborales de
manera sistemática. La supuesta “profesionalización”
de los docentes no es más que la facultad otorgada al INEE para seleccionar
profesores (art. 28, fr. III a) idóneos a la ideología imperante bajo la noción
ideológica del “perfil del buen docente”,
como lo llama la propia Junta de Gobierno de dicho instituto, e ir separando de
sus labores a los profesores disidentes bajo el argumento de no contar con la
calidad educativa deseada y (art. 28, fr. III b) sobre todo, los de las
entidades federativas más pobres, quienes según los propios informes de
evaluación, obtienen los resultados más bajos.
De igual manera,
se busca desmantelar las escuelas normales, bajo el supuesto ideológico de “una reestructuración” debido a que su
estructura actual no ha dado resultados benéficos para la formación y
profesionalización docente, ni responde a las necesidades de la actual
educación, aunque en realidad buscan la privatización de las mismas y evitar la
organización estudiantil y magisterial en defensa de derechos estudiantiles y
laborales, como en los casos de las Escuelas Normales rurales de Ayotzinapa
(Guerrero), Tiripetío, Cherán y Arteaga (Michoacán) y la extinta Luis
Villarreal de la comunidad El Mexe (Hidalgo).
El propio INEE,
en el texto Prácticas pedagógicas y desarrollo profesional docente en
preescolar (2013) menciona que los estudiantes que obtienen mejores resultados
son de escuelas privadas y con educadoras con formación universitaria y no
normalistas. De este modo, se orienta ideológicamente a la opinión pública para
que ésta apoye la privatización y elitización de la educación. De este modo, el
propio concepto de calidad educativa (orientada al ámbito empresarial) y la
evaluación a gran escala, violentan, en sí mismas, la labor docente en las
aulas, al no tomar en cuenta los métodos de enseñanza de los profesores en
contextos diversos, así como las carencias salariales, laborales además de la
escasa infraestructurales escolar que padecen.
Además, el
aparato represor burgués, busca tener mayor control de los centros escolares,
con la finalidad de detectar a los estudiantes y docentes que se organicen y,
con el empleo del instrumento de evaluación, expulsarlos de las escuelas y
rescindir los contratos de los docentes, quienes con la Reforma laboral,
perderán el derecho de antigüedad y estarán sujetos a renovar contrato por
periodos de seis meses, tal y como se efectúa en las escuelas privadas.
De esta manera,
los objetivos son múltiples con las modificaciones constitucionales del
artículo 3º y la Ley General de Educación, así como la promulgación de la Ley
del INEE y la del Servicio profesional docentes:
1) el
desmantelamiento de la educación pública y gratuita, así como la privatización
de la enseñanza en el país;
2) la violación de
los derechos laborales de los docentes;
3) la
estandarización de los procesos de enseñanza, orientados a la evaluación y
certificación de competencias educativas y laborales, al servicio de las
empresas del gran capital.
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