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Cencos México D.F.
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de Prensa
CNPA-MN
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Video Conferencia de Prensa:
México
es considerado un paraíso fiscal para las mineras,
por las bajas cantidades que pagan las empresas anualmente por cada
hectárea concesionada; y las cuales por medio de la especulación generan
millones en ganancias en las bolsas de valores tan solo por la expectativa que genera concesiones mineras por
100 años.
Según la misma Secretaría de Economía, México tiene un riesgo-país bajo y
está clasificado como el cuarto en el mundo para inversiones mineras
favorables; tiene estabilidad política y financiera, así como sistemas legales
y contables acodes a los pedidos de los órganos financieros internacionales;
tiene baja tasa de impuestos y carece de regalías mineras; permite compañías
extranjeras, la propiedad extranjera y la repatriación de capital; tiene fuerte
apoyo gubernamental, burocrático, y el sector público para la minería cuenta
con una fuerza laboral bien entrenada y experimentada, y se encuentra
fácilmente disponible.
En el año 2013, según diversas fuentes, se estimaba que hasta fin de 2012,
56 millones de hectáreas, de un total de 200 millones que tiene el país,
se habían concesionado, aunque a principios de 2014 se habla que la cifra puede
alcanzar hasta 96 millones de hectáreas concesionadas a empresas y consorcios
mineros principalmente de Canadá. Es decir, casi la mitad del territorio
nacional estaría concesionado. Sin embargo, el efecto en la economía es mínimo,
pues solo pagan en promedio 1.5 % de impuesto federal, y NO pagan ningún
impuesto estatal o municipal donde se asientan.
La propia Secretaría de Gobernación ha documentado que empresas como la
First Majestic Silver, de Canadá, asentada en la mina La Encantada, Coahuila,
tuvo una utilidad anual de 1,464 millones de pesos, pero solo pagó impuestos
por 68,160 pesos, que significa 0.046%; la empresa La Fortuna Silver Mines, en San José, Oaxaca, tuvo ganancias
por 2,124 millones de pesos y sólo pagó impuestos por 4 millones 252 mil pesos,
que significa 2.001%. Por este último valor de ingreso en Canadá estarían
pagando 262 millones de impuestos estatales más 352 millones de impuesto
federal. Aunque la Reforma Fiscal recién aprobada propone que paguen impuestos del 7.5%, muy por debajo
de los impuestos a los contribuyentes cautivos, lo cierto es que estas grandes
empresas pelean, se amparan y amenazan con retirar sus inversiones y así
continuar con sus privilegios. Las mineras han resultado ser las más
beneficiadas por el trato legal y hacendarlo que México les ha permitido
durante tres décadas.
La afectación directa a ejidos y comunidades se hace sentir con rudeza. En
el estado de Puebla existen 375 concesiones siendo un total de 143,000 has, tan
solo en la Sierra Norte son más de 90 concesiones, las cuales abarcan un
porcentaje del territorio equivalente a más de 120 mil has; esto equivale a que
el 20% del territorio de la Sierra Norte y Nor-Oriental esté ya concesionado.
La mayoría de concesiones son para la exploración y extracción de oro, plata,
cobre y manganeso. Además, se han autorizado 8 proyectos hidroeléctricos en la
región los cuales una parte importante es para dotar de agua y electricidad a
estos proyectos de muerte, en una zona rica en recursos hídricos y biológicos
prácticamente virgen.
De la mano de las concesiones mineras, que requieren enormes cantidades de
agua para abastecerse, están los proyectos de presas. Las hidroeléctricas
aparte de privatizar el agua, también buscan alimentar de energía barata a las
mineras pues estas empresa consumen cantidades enormes de electricidad, con
esto se vuelve un negocio redondo pues además pueden vender sus excedentes de
electricidad a CFE.
En afectaciones directas a las comunidades tenemos por ejemplo que en el
municipio de Tlatlauquitepec se ha autorizado una concesión en el área que
colinda con el municipio de Cuetzalan, donde existen más de 7 mil has de Bosque
Mesófilo que alimentan de agua a más de 80 comunidades indígenas de la región.
Otro ejemplo es el Proyecto GAIA que se pretende desarrollar en San Juan
Taitic, Zacapoaxtla; se trata de un proyecto hidroeléctrico que utilizará tubos
y perforaciones en los cerros para generar presión derivando el río pues son
zonas de cascadas, esta energía servirá para alimentar a las minas que
pretenden implementarse.
El caso de Santiago Yahuitlalpan donde se pretende construir una
hidroeléctrica en la localidad de Cuamono; este es un proyecto de 141 millones
de dólares que afectaría a los municipios de Cuetzalan y Ayotoxco , aquí es un
proyecto cuya cortina mediría al menos 30 mts de altura y que generaría
inundación a parcelas de ambos municipios y donde Localidad Cuauhtémoc, tendría
que ser reubicada, pues está muy cerca del río Apulco, esta obra se ubica
dentro del programa de obras e inversión del sector eléctrico, 2010–2024, que
se anunció como “programa obras de gran
visión” del estado de Puebla, y en la región se están comprando terrenos
para el derecho de vía de torres de alta tensión. En su programa de “gran visión”, incluyen además la
construcción de Ciudades Rurales,
pese a que han demostrado su fracaso en el estado de Chiapas.
La mayoría de estos proyectos están asignados a Minera Autlán, de Javier
Hernández Larrea, primo de Germán Larrea de Grupo México; en la zona poniente
de Zacapoaxtla, se tiene una concesión a Minera Gavilán, filial de la
Canadiense Almadén Minerals. También está el Proyecto Hidroeléctrico San
Antonio, que impactaría a 6 municipios, entre ellos a Zacapoaxtla, Zochitlán,
Zoquiapam y Zapotitlán.
Como respuesta en la región las comunidades y pueblos afectados se están
aglutinando en torno al llamado Frente de Comunidades el cual aglutina ya a 85
comunidades y organizaciones, incluyendo autoridades locales y tradicionales,
esta viene realizando asambleas comunitarias; el resultado ha sido el rechazo
total de todas estas concesiones y se exige al gobierno federal su cancelación,
pues lo que se prevé es que haya desalojos de comunidades y la afectación
profunda a la tierra y los mantos acuíferos.
Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Michoacán tienen afectaciones similares por
minería. En Chiapas fue asesinado el compañero Mariano Abarca, por oponerse a
la minera canadiense.
En el Valle de Ocotlán, Oaxaca, fue asesinado el compañero Bernardo
Vázquez…
En Veracruz, hubo fuerte oposición al proyecto minero de Caballo Blanco, en
Actopan, Veracruz,
En San Miguel Aquila, Michoacán, el fondo del conflicto es con la empresa italo–argentina,
que extrae hierro de las tierras comunales, y que hasta hace poco NO daba apoyo
a sus propietarios originarios, fue a raíz de protestas y movilizaciones que la
empresa accedió a dar cierta regalías, mismas por las que luego el crimen organizado ha extorsionado y condujo a la
creación de guardias comunitarias…
Visto lo anterior, y escuchando el anuncio que hiciera Enrique Peña Nieto,
en el marco de la ceremonia por el 99 aniversario de la Ley Agraria, sobre una “profunda Reforma para el Campo Mexicano”, dijo también que “a través del diálogo con las organizaciones
campesinas y con legisladores impulsarían la transformación del marco jurídico
del sector agropecuario”. Como CNPA-MN nos pronunciamos de que el lenguaje
y el discurso se asemeja mucho al que hace 22 años hiciera Carlos Salinas de
Gortari, cuando propuso modificar el Artículo 27 Constitucional y declaró el
fin del reparto agrario. Y si se trataba de profundizar la cascada de Reformas
Estructurales aprobadas en 2013, entonces nos pronunciamos en contra.
Ha sido el Secretario de Agricultura, Enrique Martínez y Martínez, quien se
encargó de declarar la realidad de su propuesta de reforma manifestando que
para el gobierno federal, “el problema
principal del campo son sus productores de menos de 5 hectáreas”. Sí, para
el gobierno federal el problema somos la mayoría de campesinos del país, pues
el 77 % de tierra cultivable lo hacemos campesinos de menos de 5 hectáreas.
Y ante tal situación el
gobierno propone:
a) creación de clúster y
b) cambio de régimen de
propiedad.
Uno y otro concepto van asociados, clúster que para ellos significa asociación con la empresa privada
y cambio de régimen de propiedad, que para ellos significa pasar de propiedad
social que actualmente predomina al de propiedad privada. Ya con Carlos Salinas
de Gortari en el gobierno, se dio la posibilidad de que empresas privadas se
asociaran e invirtieran en el campo, de ese modelo de hace 22 años resultó la
apropiación de tierras ejidales y comunales a manos de particulares. Pero no
les parece suficiente, pues la resistencia de los pueblos asentados en ejidos y
bienes comunales NO fue la que esperaban; según la SEDATU, sólo 3 millones de
hectáreas cambiaron de régimen de propiedad social al dominio pleno y de ahí a
propiedad privada.
Pero en el momento actual, el régimen de propiedad social NO sólo es visto
por ellos como un problema productivo, agroalimentario, y por ello la
profundización de las reformas estructurales a los artículos 27 y 28. Si
consideramos lo expuesto antes sobre afectaciones por la Minería donde, la
mayoría de concesiones se dan en tierras ejidales y comunales a empresas
mineras transnacionales, entonces consideramos que su propuesta trae consigo la
profundización del despojo a nuestros territorios y sus recursos naturales. Y
de nueva cuenta, encuentran la resistencia de pueblos indígenas y campesinos
que reclamamos derecho a ser consultados. Estas son las razones por las que
AYER, en conjunto con Tétela hacia el Futuro, Movimiento Tlatlauquitepec,
Movimiento de Resistencia de Huachinango, Asamblea de Comunidades en Defensa
del Territorio nos manifestamos en la Sierra Nor–Oriental y el día de HOY nos
manifestamos en la Ciudad de Puebla para arribar mañana martes a la Secretaría
de Gobernación en la Ciudad de México.
¡No al cambio de régimen de propiedad social!
¡Alto a despojo de tierras y territorio de indígenas y campesinos!
¡No a la minería a cielo abierto!
¡Alto a los proyectos de muerte y destrucción ambiental!
¡Zapata Vive, la lucha sigue!
ATENTAMENTE:
CORDINADORA NACIONA PLAN DE
AVALA-MOVIMIENTO NACIONAL
TÉTELA HACIA EL FUTURO
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