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por Orsetta Bellani (sobreamericalatina.com)
Artículo
publicado el 21.02.2014 en Noticias Aliadas: http://www.noticiasaliadas.org/articles.asp?art=6976
La violencia paramilitar no
termina en Chiapas, como demuestra el caso de los desplazados del Ejido Puebla.
Sin embargo, ahora la estrategia contrainsurgente se desarrolla sobre todo a
través de la financiación de programas gubernamentales.
Los patios frente a las casas
del Ejido Puebla, en el municipio de Chenalhó, en el sureño estado de Chiapas,
están regados de granos de café. Desde octubre pasado los habitantes de esta
comunidad indígena maya tzotzil, enclavada en un rincón de los Altos de
Chiapas, han empezado a cosechar los frutos que ahora están secando bajo el
sol.
El 17 de enero, tras cinco
meses de destierro, 14 de las 17 familias católicas desplazadas de la comunidad
decidieron regresar al Ejido Puebla acompañadas por observadores internacionales.
“En abril del 2013 los presbiterianos derrumbaron la
ermita que estábamos construyendo y en julio del 2013, sin tener pruebas, el
comisariado ejidal del PRI [el gobernante Partido Revolucionario Institucional] Agustín Cruz Gómez acusó a los dos zapatistas
del pueblo de haber envenenado el agua del tanque comunal. Desde entonces los
priístas empezaron a acosarnos”, explica a Noticias Aliadas Nicolás
Cruz Pérez, vocero de los desplazados. “Hoy
regresamos a nuestra comunidad, y encontramos a nuestras parcelas y casas
saqueadas”.
Las familias desplazadas del
Ejido Pueblo —bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional
(EZLN), e integrantes del Pueblo Creyente y de la Sociedad Civil Las Abejas de
Acteal, organizaciones católicas filozapatistas— se refugiaron en la comunidad
de Acteal donde en diciembre de 1997 unos 300 indígenas tzotziles de Las Abejas, como popularmente se le
conoce, fueron atacados por unos 100 milicianos del grupo Máscara Roja, afiliado al PRI. Asesinaron a 45 personas: 9 hombres,
15 niños y 21 mujeres, cuatro de ellas embarazadas.
La región era entonces
sacudida por la violencia paramilitar que se desató tras el levantamiento del
EZLN el 1 de enero de 1994 en defensa de los derechos de los pueblos indígenas,
y los hacendados organizaron grupos de choque para enfrentarlo.
Convivir con asesinos
Según la petición presentada en el 2005 ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por Las Abejas y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las
Casas (Frayba), admitida recién en
noviembre del 2010, efectivos de la Policía de Seguridad Pública se encontraban
a 200 m de la ermita y no hicieron nada por impedir la masacre. Además,
denunciaron la existencia de una política de Estado —que siempre ha negado su
responsabilidad en la masacre, justificando los hechos como el resultado de
conflictos religiosos entre grupos indígenas— “encaminada a cometer ataques generalizados y sistemáticos contra la
población civil, ejecutados por grupos paramilitares financiados, adiestrados y
protegidos por las mismas autoridades nacionales, para debilitar las bases del
EZLN y las comunidades que le habrían manifestado su simpatía”.
De los 75 paramilitares de Máscara Roja encarcelados por la masacre
de Acteal, 69 fueron liberados a partir de agosto del 2009 por irregularidades
en el debido proceso, como haber detenido a los presuntos culpables sin orden
de aprehensión. Muchos de ellos han regresado a la zona y, según denuncian Las Abejas, podrían nuevamente atacar.
“Algunos paramilitares que participaron en la masacre de
Acteal son originarios del Ejido Puebla. Uno de ellos es Jacinto Arias, que en
esa época fue presidente del Municipio de Chenalhó; estuvo en la cárcel 14
años, hoy está libre y regresó a la comunidad”, denuncia a Noticias Aliadas
Víctor Hugo López Rodríguez, director del Frayba, quien considera que existe un vínculo entre el regreso de
Arias y el desplazamiento de las familias de esa localidad.
También los pobladores de la
zona Selva Norte de Chiapas, a unos 200 km al norte de Acteal, deben convivir
con los asesinos de sus propios familiares: los paramilitares del grupo Desarrollo, Paz y Justicia que operan en
la zona desde la década de 1990. Según el testimonio que Armando Díaz, ex
paramilitar de esa agrupación, brindó al Frayba en el 2004, esta milicia
irregular se presenta públicamente como una organización de trabajadores
agrícolas y por eso recibe subsidios oficiales, que en realidad utiliza para la
compra de armas.
Guerra de baja intensidad
Entre el 6 y 7 diciembre del 2013 en la comunidad
chiapaneca de Susuclumil se llevó a cabo la preaudiencia del Tribunal
Permanente de los Pueblos (TPP) —tribunal no gubernamental internacional, cuyo
fin es denunciar a los autores de violaciones a los derechos humanos aunque sus
decisiones no son vinculantes— en su capítulo dedicado a la guerra de baja
intensidad en Chiapas.
En su intervención frente al
TPP, el abogado del Frayba Pedro Faro
aseguró que entre 1995 y 1999 —periodo en que estas milicias fueron más
activas—, Desarrollo, Paz y Justicia
y otras agrupaciones paramilitares fueron responsables de 81 ejecuciones
extrajudiciales, además de causar la desaparición de 36 personas y el
desplazamientos de más de 3,500 pobladores de las comunidades de los
alrededores de Tila, Sabanilla, Tumbalá, Yajalón y Salto de Agua, en la parte
norte de Chiapas.
Según Faro, el plan
contrainsurgente de la Secretaría de la Defensa Nacional llamado “Campaña Chiapas 94” se incubó primero
en esta zona y se desarrolló luego en Los Altos de Chiapas, privilegiando “la acción paramilitar con el fin de evitar
la influencia expansiva del EZLN, cometiendo ataques sistemáticos contra la
población civil.
Los grupos paramilitares, constituidos en su mayoría por
campesinos indígenas que pertenecían al PRI cometieron ejecuciones
extrajudiciales, desapariciones forzadas, amenazas, robos, quemas de casas y
desplazamientos forzados”.
A partir del 2000, continúa
Faro, con la llegada al poder del derechista Partido Acción Nacional (PAN), la
estrategia contrainsurgente cambió y se concentró sobre todo en la
implementación de proyectos asistencialistas gubernamentales que tenían
como objetivo dividir las comunidades y comprar a sus dirigentes.
El TPP, cuya próxima audiencia
se llevará a cabo en mayo del 2014 en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas,
concluyó que el Estado y las Fuerzas Armadas mexicanas son responsables de las
violaciones a los derechos humanos cometidas en Chiapas a partir de 1994, tras
el levantamiento del EZLN, por brindar cobertura y apoyo económico a los paramilitares.
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